viernes, 25 de julio de 2014

Parafiscalidad agropecuaria



 José Félix Lafaurie Rivera
@jflafaurie

Además de los cuestionados “parafiscales laborales”, hay en Colombia otras formas de parafiscalidad no menos importantes, la agropecuaria entre ellas, que consiste en el aporte de contribuciones obligatorias por parte de los productores de diferentes renglones de la economía rural, destinadas al fomento de dichas actividades y administradas por sus gremios más representativos, bajo el control del Estado, a través de los llamados Fondos de Fomento.

Se trata de un instrumento de política pública que el país poco conoce, aunque está detrás de logros como la promoción internacional del café colombiano a través de la marca Juan Valdez, la certificación internacional del país como libre de fiebre aftosa, definitiva para la ganadería, el crecimiento del consumo nacional de carne porcina y de pollo, la investigación para el desarrollo del cultivo de palma africana y un sinnúmero de resultados en otros renglones, que nunca se habrían logrado con los recursos siempre escasos del presupuesto nacional para el sector agropecuario.

No obstante, la parafiscalidad agropecuaria también ha recibido ataques periódicos desde diferentes frentes: los gurús que defienden teorías económicas en boga sin conocer la realidad rural más allá de sus fincas de recreo; los competidores internacionales que intentaron exigir su eliminación en las negociaciones de los TLC; e incluso los gobiernos en respuesta a presiones de sectores interesados, ya sea en la eliminación de las contribuciones o en hacerse a su administración. Un exministro de Agricultura llegó a proponer, hace varios años, echar a una sola olla todos los renglones de la producción y hacer un solo fondo agropecuario –literalmente un sancocho–, imposible de administrar y de controlar.

Otro exministro más reciente decidió usar la parafiscalidad para retaliar contra quienes osaban asumir posiciones legítimas pero apartadas de las del Gobierno, lo cual derivó en una verdadera persecución contra Fedegán principalmente, como entidad administradora del Fondo Nacional del Ganado, persecución que hacía parte también de un singular desprecio por la institucionalidad gremial, para dar protagonismo a movimientos más “populares” que apoyaran las negociaciones de La Habana, aunque terminaron mordiéndole la mano a su protector y protagonizando los paros agrarios más violentos y perjudiciales de los últimos tiempos.

Se prendió una chispa que hoy es incendio amenazante para la parafiscalidad agropecuaria y la institucionalidad gremial. El Ministerio de Agricultura del primer gobierno Santos llegó a contratar una auditoría externa millonaria – ¡mil millones del erario público! – contra el Fondo del Ganado y otros dos fondos, contratación que no solo desestimó la función fiscalizadora de la Contraloría General de la República, sino que fue cuestionada por este órgano de control del Estado.

No obstante, la Contraloría misma, contagiada del mismo mal, lanzó un libro sobre el tema que deja muchas dudas en cuanto a su objetividad, no solo por sus imprecisiones, el sesgo en sus conceptos y el manejo de PERCEPCIONES ANÓNIMAS, sino por el bochornoso espectáculo que propició en el acto académico de su lanzamiento, en el que Fedegán, uno de sus invitados, fue objeto de un ataque absurdo y calumnioso por parte de uno de esos actores espurios que alimentó el exministro Restrepo para deslegitimar la institucionalidad gremial, sin que la entidad anfitriona hiciera algo por preservar su obligada neutralidad.

A la parafiscalidad agropecuaria la defienden sus resultados. Es hora de que los funcionarios públicos entiendan que se deben a la Ley y no a subalternos intereses, utilizando sus cargos y las instituciones del Estado para retaliar contra quienes opinan diferente, así se lleven por delante un instrumento tan valioso como la parafiscalidad.  Mientras este país sea un Estado de derecho, defenderemos nuestras instituciones.