miércoles, 29 de junio de 2011

Bienvenidas las exportaciones al Líbano

Bienvenidas todas las exportaciones que el sector ganadero pueda realizar. Bienvenida toda iniciativa que le sirva para crecer y consolidarse. Celebramos las exportaciones al Líbano, así como las iniciativas del Gobierno para fortalecer y crear condiciones para desarrollar a largo plazo el negocio ganadero y por cumplir su función de vigilar la conveniencia de tales negocios para el país.

¿Es que acaso, eran inconvenientes las exportaciones de ganado en pie que se estaban realizando y las que se continuarán efectuando? No, de ninguna manera. A nuestro entender, el Decreto tiene apellido propio: Venezuela. El Gobierno, en ejercicio de su potestad legislativa y de responsabilidad en el manejo de la política pública, lo impuso para preservar uno de los activos productivos más preciados del Estado colombiano: la ganadería.

Y aquí vale la pena hacer una nota. El Decreto no lleva la firma de Fedegán. ¡Ya quisiéramos! El Gobierno podía o no, consultar con los interesados, y no lo hizo con Fedegán. Pero este es un tema marginal para la tranquilidad de muchos que nos indilgan ese poder. Lo que interesa es mirar el contexto de la medida que prohíbe la exportación de hembras e impone un contingente de exportación de 14.000 machos.

Un país, como Colombia, que tiene vocación exportadora, debe aprovechar todas las oportunidades de exportación, pero debe cuidar aquellas variables claves para mantener los mercados. No nos ha sido fácil salir con éxito a los mercados internacionales. Salvo el tamaño del hato, no teníamos condiciones. Estábamos condenados a vender a un mercado interno reducido, con un consumo per cápita constreñido que había descendido de 30 a 17 kilos al año, por un problema estructural de eficiencia y costos de producción y, por consiguiente, de altos precios al consumidor.

Exportar sigue siendo, entonces, uno de los objetivos de los ganaderos, así como satisfacer el mercado interno. Esa es la razón de todos los esfuerzos que se han hecho desde Fedegán en sanidad, asistencia técnica, provisión de insumos, genética, y los que tenemos que seguir haciendo en trazabilidad y en el programa de transformación productiva. Sabemos que eso nos permite ser un jugador importante en un escenario de creciente demanda mundial de carne de bovino, y en donde los jugadores tradicionales se ven agotados para atenderla.

Un solo dato. De los 65 millones de toneladas de carne bovina que se consumen al año en el mundo, sólo 7 millones van al mercado internacional y, de acuerdo con estudios internacionales (GIRA), antes del 2020 se doblará esa demanda exportadora, sin que la oferta crezca, pues Oceanía no tiene más tierras disponibles; y USA y la Unión Europea, por sus altos consumos, son importadores netos. Queda América del Sur para satisfacer esa mayor demanda con Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay. Y ahí surge Colombia. Por eso me gustan las exportaciones de ganado en pie, al Líbano, pero me gustan más, las exportaciones con valor agregado, de carnes despostadas, como las que ya se iniciaron a Rusia, Egipto, las Antillas, y al Perú. Para el país eso traduce mayor empleo, mayor ingreso y más generación de riqueza. Todos ganamos.

Pero miremos un poco más de cerca el mercado de Venezuela, y sobre todo, recojamos la experiencia de los últimos años. Colombia colocó en ese mercado, animales en pie y productos cárnicos, entre enero de 2007 y junio de 2010, por US$1.811 millones de dólares, sin lácteos (149.419 animales en pie más 326.285 toneladas de productos cárnicos). Cifra que es, a todas luces muy importante y que no tiene discusión.

Pero en aras de un debate que nos conduzca a proyectar el futuro de la ganadería, ¿Colombia hizo eso en las mejores condiciones competitivas? La respuesta es no. Se logró gracias a un esquema cambiario impuesto en Venezuela que prohijó negocios no transparentes, y generó altos impactos en la producción ganadera y en el mercado de carne en Colombia, que se resume en precios del ganado gordo desorbitados y en una caída de 4 kilos de consumo per cápita.

Eso es grave, más en un escenario donde el precio de venta de Colombia doblaba el de los mercados internacionales. No era la competitividad la que había impulsado a tener ese volumen de comercio.

Y ¿cuál es el problema si hoy tenemos precios competitivos? Frente a exportaciones, como las del Líbano, donde hay una clara ventaja de precios relativos, ninguna. Frente a mercados como el de Venezuela, toda la prevención del mundo.

Ese margen competitivo que tenemos (Colombia US$1,62 contra US$2,26 en Brasil; US$2,13 en Uruguay y US$1.86 en Argentina), se acaba en un santiamén al repetir la historia con Venezuela. Muy pronto los precios se igualarían y, en ese evento, no solo se pierde el mercado de exportación sino que se arriesga el mercado interno por los Tratados de Libre Comercio firmados. Ya veremos a las multinacionales del comercio, que son las que tienen un alto nivel de movilidad en los mercados, haciendo fiesta con la importación de carne y leche.

Entendemos el disgusto de muchos comerciantes que quieren exportar -sin ton ni son- hacia Venezuela –porque además ellos, cuando el negocio se ponga malo, se retiran y no pierden nada, el que pierde es el país–. Y por eso también entendemos que el Gobierno se pare en la raya. Exportar a mercados que no nos generen distorsiones, bienvenidas. Estamos seguros que con un buen control, el Gobierno aceptará, y el mismo Fedegán promoverá, la apertura de nuevos cupos cuando se requieran. El tema es así de simple.

Presidente ejecutivo de FEDEGÁN

martes, 21 de junio de 2011

Por la moral de las tropas

La fuerza pública asiste a una coyuntura sensible, que puede determinar su devenir. Lo doloroso de los cambios, es que no derivan de un proceso político maduro, en orden a materializar el Código Penal Militar –que cobró vida en esta administración–, sino de un clima malsano, precipitado por un lenguaje ideológico apasionado y un entorno jurídico ambiguo o, al menos incierto, en el plano procesal penal militar. Empero, las medidas anunciadas por el Ministro, Rodrigo Rivera, son tal vez el primer intento sincero, por ratificar el respeto y continuidad de la Justicia Penal Militar (JPM) y por levantar matices en torno a hechos que comprometen a la institución, en infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Sin duda, la vigencia de la JPM es vital para un país en donde el conflicto armado ha alcanzado niveles de barbarie, que exigen condiciones ajustadas a esa realidad, para quienes legítimamente deben responder por mantener el monopolio de la fuerza, garantizar la democracia y el orden constitucional. Con lo cual, desde las filas militares y los sectores productivos que hemos sido testigos de la disciplina del Ejército y la Policía, aprobamos los mecanismos para frenar los desmanes de una despreciable minoría, que ha irrespetado el honor y el uniforme de las huestes castrenses, pero también de aquellas que buscan robustecer, justamente, la Justicia Penal Militar.

La pregunta obligada gira, entonces, en torno a la naturaleza de la JPM que debe regir en un país con un conflicto armado interno vigente. Y, enfaticemos: no estamos en transición desde una dictadura hacia una democracia, ni en tiempo paz. Tres momentos, sustancialmente, distintos que ameritan herramientas de JPM diferenciadas. Bajo esta consideración y las limitaciones de este escrito, me voy a referir a tres características que, inclusive, ha mencionado el Ministro, pero siguen en deuda de reglamentación.

La primera es la creación de la Fiscalía Penal Militar, con jueces de control de garantías, conocimiento y ejecución de penas, un Cuerpo Técnico de Investigación y que conserve el fuero militar, para que sean los mismos militares quienes juzguen y enjuicien a sus hombres, bajo los principios de un proceso penal garantista y el pago de penas en reclusorios militares. Las razones: no es un secreto que muchos casos dirimidos por la Justicia Ordinaria, han estado viciados con testigos falsos y construcción fraudulenta de escenas de crimen y, por otro, que resultaría peligroso la convivencia de la delincuencia con quienes la han combatido.

La segunda es una instancia capaz de dirimir, con transparencia y acierto jurídico y probatorio, los casos en los cuales existe plena competencia de la JPM o de la Ordinaria. Si bien, hay un consenso frente a la jurisdicción ordinaria para el conocimiento de los delitos de lesa humanidad o que atenten contra el DIH, una institución de esta naturaleza tendría la misión de poner los hechos en lenguaje imparcial bajo consideraciones del contexto de guerra, limar la aversión hacia las esferas militares y policiales y desmontar la “automaticidad” que rige esta decisión, sin miramientos sobre sus particularidades y la presunción de inocencia.

Finalmente, la reglamentación de una defensa técnica e integral para los militares y policías, que existe desde 2008 con un fondo cuenta para tales fines. Hace parte, del derecho al debido proceso y la defensa. El asunto es que necesitamos levantar el peso que ha sepultado las presunciones que existen en la Constitución y las normas, para trabajar también en los Derechos Humanos de los militares. Parafraseando al actual director de la DEMIL, no podemos tener una Justicia castrense avanzada en lo constitucional y jurídico, pero satanizada en lo político e ideológico.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.

lunes, 13 de junio de 2011

Más de cal que de arena

Esta semana el mundo tenía sus ojos en el pleno de la OPEP. Desde muchas instancias se esperaba un aumento en la producción petrolera, suficiente para descolgar los precios del crudo. Empero, el fracaso en el consenso dejó un sabor agridulce, que no es ajeno a Colombia. En plata blanca significa más recursos para el gobierno –dueño del 90% de Ecopetrol–, pero también una expectativa de mayores precios para los combustibles. Uno de los rubros del grupo de productos y servicios regulados con tendencia onerosa, que el gobierno no puede seguir ignorando. A menos que esté dispuesto a sumar, paulatinamente, presiones inflacionarias.

La perspectiva de un mayor costo de vida –relativamente controlado por el momento– no es sólo del Emisor. Pagarían los transportadores, los hogares en especial los más vulnerables, los empresarios, la economía vía competitividad y los productores del sector agropecuario. Como si no tuviéramos suficiente con los estragos del invierno –que empezaron a sumar a los precios de los alimentos–, las elevadas bases gravables del Predial o los incrementos en concentrados y fertilizantes derivados del petróleo, como para sumar en peajes, fletes y pasajes. Costos que tendrían que trasladarse al consumidor final.

Y es que en el sensible tema del precio de los combustibles, surgen ambigüedades con un tinte más político que técnico y de conveniencia eminentemente fiscalista. Y, aunque no reñimos con eso, sí duele que para sectores como el agropecuario, sean más las de cal que las de arena. Lo cierto es que esa realidad nos dice que sería posible una intervención del Estado, para contener las previsibles alzas del combustible. El cuarto más costoso en el mundo, por encima incluso de Estados Unidos, con incrementos muy de lejos por encima del IPC.

Pregunto, por ejemplo, ¿por qué si las cotizaciones internacionales del crudo y la gasolina, actúan como predictores de los precios internos, la dinámica siempre funciona cuando van para arriba, pero no cuando descienden? Si es claro que la fórmula contiene un alto porcentaje de impuestos en su estructura –cerca de 30% por galón– ¿Quién responde por las inversiones de la sobretasa –12% de los ingresos tributarios locales– que deberían destinarse a malla vial? ¿Quién indica a los agricultores y ganaderos cómo sacar los productos hacia centros de consumo, si a todas luces la sobretasa nunca alcanzó para financiar vías terciarias?

Con todo respeto con el Ministro de Minas, pero el déficit del Fondo de Estabilización de Precios o la modernización de las refinerías, no pueden ser excusa. A fin de cuentas, sólo el 10% de Ecopetrol es capital privado. La coyuntura amerita una institucionalidad aguda, que no cuelgue más lastres a la demanda agregada –sentenciada por el Emisor, vía tasas de interés–. Así lo requiere la maltrecha locomotora agropecuaria, que está jalando el desempleo a la baja y puede mantener activo el consumo de los hogares. Y no, precisamente, el sector minero-energético, que apenas genera 1% del empleo y está empeorando la condición cambiaria –que ni siquiera se ha trasladado a las importaciones de los derivados del crudo–.

Necesitamos una salida que, sin afectar las finanzas territoriales, considere los costos de producción, nuestro ingreso per cápita, el elevado margen que se llevan los productores de gasolina y diesel y que, sobre todo, genere una sana lógica en el proceso y detenga las alzas. O quizá sea hora de considerar una propuesta del Ex Ministro Ocampo, en el sentido de financiar el subsidio de hidrocarburos con las regalías. Lo que no podemos hacer, es acomodarnos y recaudar impuestos y divisas, sin mirar a los lados de la boyante locomotora energética.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN. 

jueves, 9 de junio de 2011

Nos quedamos Moody´s

 No quiero ser aguafiestas pero la reciente decisión de las firmas Standard & Poor’s y Moody’s para devolverle al país el grado de inversión, llega en un momento, francamente, complejo. La sorpresiva noticia –luego de más de una década de espera– deja la esfera económica para coger con pinzas. Los efectos de una mejor calificación para nuestra deuda pública, en una coyuntura de fuerte revaluación del peso frente al dólar y tasas de interés en ascenso, podrían sumarse para estrangular la economía. Todo puede pasar, a menos que vayamos más allá de los inútiles instrumentos de control de cambios y de la política contraccionista del Emisor.

En la práctica, el voto de confianza de las calificadoras significa, por un lado, que nuestro atractivo para la inversión extranjera –de por sí elevado– crecerá. Y, por otro, que el “riesgo país” se reduce a su mínima expresión. Con lo cual, el costo del capital externo se torna aún más barato, generando mayor endeudamiento, público y privado. Lo cual no es bueno, considerando que, justamente, el ingreso de dólares por estas fuentes, está ejerciendo una fuerte presión sobre la revaluación. Sólo en lo corrido de 2011 la IED aumentó 41% y, en el último año, el saldo de la deuda externa privada creció 54%.

Esto nos conduce al segundo tema: un sistema financiero poco competitivo, que nunca ha bajado sus tasas de colocación y que, ahora sigue nutriéndose de la escalada alcista de las tasas de intervención, que reiniciara el Banco de la República en febrero pasado. Una condición que presiona aún más el endeudamiento externo y, además, castiga el consumo, determinante para el crecimiento y la producción –maltrecha por los malos precios internacionales para nuestras mercancías–. Si me preguntan, creo que la inflación se convirtió en la horma del zapato del Emisor y por lo tanto no tiene interés en atajar la revaluación.

¡Peor el remedio que la enfermedad! Si no, rememoremos la recesión del 98 que tubo prácticamente los mismos canales de transmisión. O, para no ir tan lejos, el manejo de la política monetaria entre 2006 y 2008, mediante la cual el Banco aumentó fuertemente la tasa de intervención de 6% hasta 10%, haciendo que la tasa cambiaria se situara por debajo de los $1.700 y el PIB –que venía creciendo al 7%– terminara cayendo por debajo de 2%, con indicadores de desempleo por encima del 11%. Concluya.

Ahora que el país iniciaba una senda de reactivación, con un PIB al cierre de 2010 de 4,3%, que el índice de inflación básica se mantenía inalterado y que el IPC de abril fue inferior en 0,34 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior y 0,48 puntos por debajo del promedio del primer trimestre de este año –presentando un inflación controlada– y que el único problema, es con los precios de los productos regulados, no me atrevo, francamente, a especular sobre la lógica que está guiando las decisiones del Banco de la República para “frenar la inflación”.

No en vano el llamado del presidente Santos y hasta de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, así como los precios regulados, la política fiscal también está dejando un sinsabor. No se escucha por ningún lado el tema del ahorro fiscal y, por el contrario, lo que se aproxima es un mayor gasto, inducido indudablemente por las condiciones que dejó la ola invernal, la ley de víctimas, etc. Es evidente que el gobierno debe entender que en épocas de vacas gordas, es necesario hacer ahorro primario. Sin ese mecanismo, es imposible atajar la revaluación y, en consecuencia, el sector productivo puede verse afectado. ¡Ojo Señor Ministro!

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN

El “recorderis” del Ministro

¡Al caído… caerle! Ese parece ser el objetivo del pronunciamiento del Ministro de Hacienda, de cara a los damnificados por el invierno, con su “recorderis” sobre la obligación de pagar impuestos, aunque estén con el agua al cuello. Su perentorio llamado es tan desafortunado como la decisión de la Corte, al declarar inexequibles los alivios tributarios de la emergencia, cuando pudo fallar modularmente para dar tiempo al gobierno de enmendar sus errores, sin prejuicio del rigor constitucional.  Lo que no puede pasar es que la tecnocracia se conforme con advertencias. Su obligación es buscar salidas, para atemperar los pagos no sólo de Renta y Patrimonio, sino del Predial que afecta a pequeños y medianos campesinos y productores, que ni siquiera lograron salvar las escrituras de sus predios.

Cualquiera que ponga un pié en los miserables albergues donde malviven los afectados o en las zonas de cultivos y ganadería convertidas en barrizales, advierte la crítica situación que atraviesan. Así como no tienen para pagar los inexistentes servicios públicos, menos para los impuestos de Renta y Patrimonio o el Predial de una casa en ruinas o de una finca improductiva. Una realidad que convierte en confiscatorio los cobros de los impuestos.

Y es que después de un año de lluvias ininterrumpidas, el país parece no darse cuenta del drama de 3 millones de colombianos, que hoy exigen al Estado el efectivo reconocimiento y protección de sus derechos fundamentales. No creo que los afectados en Gramalote, Villapinzón, Ubaté, San Vicente de Chucurí, Tunja, la Mojana o la Costa Caribe, estén en condición de esperar el trámite de una reforma tributaria. Muchos de ellos ni siquiera han sido reconocidos como damnificados y no han podido acceder al primer auxilio del gobierno.

Se necesita una acción urgente, que consulte las maltrechas condiciones productivas y la precariedad de los ingresos presentes y futuros de los arruinados por el invierno. Más aún porque la Corte ni siquiera dejó en pié el decreto que buscaba crear los empleos de emergencia. Razones que llevaron a FEDEGÁN a elevar una solicitud al Presidente, consciente de las limitaciones constitucionales y legales para modificar el Predial. Nuestra propuesta es que, como parte de su convocatoria a la solidaridad nacional, inste a los Consejos Municipales para que eximan a ese 7% de los colombianos, del pago de este gravamen en las próximas dos vigencias.

Es una petición relacionada con principios de justicia, flexibilidad, coherencia, neutralidad y equidad, que se deberían predicar de todo sistema impositivo. Quizá sea hora de entrar al debate de la teoría fiscal, sobre la necesidad de medir la capacidad de pago de los contribuyentes para asumir las cargas fiscales y asignarlas en consonancia con el ingreso, productividad o renta de la tierra, consumo y riqueza: “dar trato igual a iguales y gravamen adecuado a personas en situación diferente”. Pero, además, con base en la eficiencia y calidad en la asignación y el gasto público que se financia con esos recaudos, medidas en términos de desarrollo de quienes los pagan.

Una postura que bien podría habilitar una política diferencial, que tienda al equilibrio y justicia en la imposición, no sólo entre contribuyentes, sino entre sectores o incluso ámbitos geográficos, que acusan marcadas asimetrías, como entre la periferia y el sector urbano. Supuesto que difícilmente se podría derivar del pago del Predial. La carga no sólo ha aumentado más que desproporcionalmente entre unos y otros, sino que la asignación actual dista mucho de consultar la productividad de la tierra o el bolsillo del contribuyente. El cobro a los damnificados es sólo el vergonzoso colofón, de una teoría fiscal aplicada a rajatabla.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.