Los gurús también lo dicen

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

Barranquilla fue escenario esta semana del Seminario Internacional del Sector Cárnico Bovino. Un enriquecedor debate que congregó a representantes del gobierno, gremios, productores, industriales y expertos internacionales, para refrendar los temores que de tiempo atrás hemos advertido frente a la profundización de los TLC. Las conclusiones fueron reveladoras y, lo más importante, abrazaron un ánimo propositivo y de trabajo conjunto, para desatar los nudos gordianos que limitan la competitividad de la cadena cárnica y la admisibilidad de nuestros productos en los mercados internacionales.

El evento, contó con la presencia de autoridades y protagonistas muy significativos en el sector cárnico procedentes de Brasil, Uruguay, Argentina, Reino Unido y Estados Unidos. Sus advertencias fueron en dos frentes: oportunidades y limitaciones. De un lado, alertaron sobre la disminución en la producción mundial de carne y, a su vez, el aumento en la demanda. Entre 2010 y 2020 podrían necesitarse 40 millones de toneladas adicionales, donde la bovina pasara de tranzar en el Mercado internacional 7,2 a 14,6 millones de toneladas. Un panorama que según Richard Brouwn, abre espacio para oferentes que, como Colombia, disponen de tierra, sol, agua y vocación ganadera.

Las malas noticias se centran en los requisitos para la comercialización de carne, cifradas en una legislación trasnacional exigente en el área fitosanitaria. Su alarma es clara: sin un sistema de control y vigilancia en materia de inocuidad alimentaria, sin trazabilidad animal y una mejora sustancial en la competitividad productiva del sector, Colombia nunca accederá a los mercados de Estados Unidos, la Unión Europea o Asia-Pacífico.

En otras palabras, todo aquel que quiera vender en esos mercados, tendrá que andar al mismo ritmo de otros jugadores de Talla mundial. No hay protocolos express para países amigos.

Si bien hemos avanzado, gracias a que hoy somos libres de aftosa con vacunación, las palabras de los expertos volvieron a poner sobre el tapete, la urgencia de acelerar los tiempos de la denominada agenda interna. Sin duda los Conpes Sanitarios de 2005 son la hoja de ruta de esa agenda de accesibilidad sanitaria y de inocuidad. Pero pasar de la formulación a la ejecución, ha resultado difícil.

Desde antes de negociara el TLC con USA, es decir hace más de diez años, conocíamos las amenazas y las debilidades. Pero no hemos hecho la tarea completa. Lo que nos convierte en carne de cañón, frente a los contingentes y desmontes arancelarios previstos en los TLC y, más aún, de cara a las restricciones sanitarias que hoy pesan sobre el sector. Al margen de lo que se pactó y en donde no fueron pocas nuestras voces de protesta, creemos que muchos propósitos siguen engavetados. Así ocurre con el Conpes para la reconversión de la Cadena Láctea y los Conpes sanitarios 3375 y 3376 de 2005. Su máximo desarrollo fue la expedición del Decreto 1500, cuyas prórrogas mantienen un sistema de sacrificio atrasado, financieramente irracional y que parece conminarnos al “doble estándar” que rechaza el comercio mundial. Lo que representa un enorme costo de oportunidad frente al TLC con Canadá o Estados Unidos.

Pero la invitación no fue sólo para el gobierno. El llamado para los productores, fue a escalar sistemas eficientes de producción, explorar tecnologías y aumentar la productividad por hectárea, incluyendo capacitación, formalización y manejo sostenible de la tierra y el agua, para evitar la dramática experiencia Mexicana que, de más de 280 mil ganaderos, hoy como resultado de su TLC con USA, apenas suman 32 mil productores.

Grosso modo, se trata de articular y ejecutar un plan de acción entre gobierno, gremio y productores, para gestionar una política exportadora identificada con el Programa de Transformación Productiva, del que hace parte la ganadería colombiana.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.

Las dudas del 6D

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

La marcha del 6 de diciembre convocó a la sociedad, una vez más, a repudiar el crimen de guerra cometido por las FARC contra los 4 uniformados que había secuestrado hace más de 12 años, sin olvidar los vejámenes y la violencia sin sentido, que ha protagonizado ese grupo terrorista contra los colombianos durante medio siglo. Pero “la calle”, que el 4 de febrero de 2008 sirvió para marcar un hito en el despertar de la protesta, esta vez no fue tan multitudinaria, tan rotunda, tan contundente. Prefiero pensar que la lluvia espantó los ánimos, en lugar de creer que a una parte de esta sociedad la está devorando una disfunción moral, que le impide reprobar la barbarie.

¿Qué está pasando? ¿Por qué no exhibimos el mismo rechazo que mostramos ayer para condenar el terrorismo? Ya lo hicimos contra los crímenes del paramilitarismo. Esta sociedad no dudó en descalificar sus atroces métodos y su brutalidad. No hubo ningún actor ni estamento público o privado, que no rechazara cualquier espacio que pudiera servir para reivindicar sus acciones. Sin embargo, no sucede igual con los crímenes de las FARC. ¿Por qué ese relativismo moral?

Al parecer ha prosperado el activismo de algunos sectores de la opinión, interesados en desplegar una ideología de tolerancia hacia la guerrilla. Pero a sus discursos reivindicativos, las FARC agradecen con un bombazo, masacre o secuestro.  Entre tanto, en el plano político ha echado raíces la ambigüedad y otra vez se oyen propuestas de diálogo que le hacen flaco favor al empeño de alinderar esfuerzos y cerrar filas contra el terrorismo.

Las enseñanzas de España son elocuentes. La dimisión de las armas de Eta, no fue el fruto de una negociación, ni del triunfo operativo de esa organización. Sus derrotas militares, políticas y morales precipitaron sus bases. La contundencia de las fuerzas de seguridad, una justicia operante, la proscripción de Batasuna y la condena a rabiar de la sociedad ibérica contra el terrorismo y su apoyo al Estado –incluso desde la izquierda Abertzale–, hicieron irreversible su desplome. Como escribió Santiago Montenegro: fue “un triunfo completo del Estado y la democracia española y una derrota del terrorismo”.

El grito de la sociedad española fue nítido y sin concesiones al terrorismo. “Deben rendirse incondicionalmente y pedir perdón a las víctimas”, han dicho. Colombia no puede dejarse engañar otra vez. La demanda de las FARC para un nuevo diálogo, en la conferencia de la recién inaugurada CELAC, es una desfachatez a pocos días de haber cometido un crimen de guerra. Esta sociedad tiene derecho a no creer después de década de chantajes, discursos apolillados y de un conflicto, marcado por las agresiones terroristas de las FARC, que se prolongaron y degradaron injustificadamente.

No estamos ante rebeldes, estamos ante criminales y para ello existe una legislación, aunque moralmente parece pesar más en la comunidad internacional que en la sociedad colombiana, al decir del intento de reforma constitucional para establecer un nuevo marco legal para la Paz y la Justicia Transicional, que le permitiría a los miembros de grupos armados que se desmovilicen –gracias a un proceso de paz– ser elegidos o nombrados en cargos públicos.

¿Qué vamos a decir a las víctimas? ¿Cómo vamos a pasar por alto el Derecho Internacional Humanitario, los protocolos de Ginebra y la Corte Penal Internacional? Los crímenes de lesa humanidad ya no prescriben. Volvemos a tambalear, dudamos y si algo sabemos es que la duda mata. Y, mientras tanto, después de 9 años de la más fuerte arremetida contra las FARC, su frente 41 vuelve a poner un retén en Becerril-César con saldo de varios vehículos incendiados. 

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.

El crimen de las FARC

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

La reciente invitación del Presidente Santos, para abrir algún camino hacia la negociación del conflicto armado, no pudo recibir una respuesta más cobarde de parte de las FARC. La masacre de los uniformados, no sólo descorazonó la construcción del marco constitucional de Justicia Transicional, sino que echó por tierra las pretensiones de algunos sectores de la opinión pública, que insisten en presentar a las guerrillas como rebeldes a sabiendas de que no son más que criminales. Por enésima vez, estamos delante de la verdadera cara de los victimarios y nos estremece preguntar si puede haber un proceso de paz con perpetradores de crímenes de lesa humanidad.

No es la primera vez que lloramos a nuestros muertos o nos rasgamos las vestiduras por la indolencia y la infamia de las guerrillas contra los secuestrados, sus madres, esposas e hijos. Condenaron en vida a ciudadanos colombianos a ser devorados por la selva, aniquilaron su futuro y sus sueños por más de una década y finalmente los ultimaron a mansalva, indefensos y por la espalda. Un horror que no ha dejado de atormentarnos, incluso en todas las coyunturas en que esta sociedad, muy generosamente, accedió a dialogar sin recibir nada a cambio, salvo más terror e indignación.

Entonces, vuelvo a preguntar ¿qué es lo que vamos a “negociar” a cambio de décadas de dolor, vejámenes y burlas? ¿Qué vamos a entregar en contraprestación por las miles de víctimas de masacres, extorsiones o minas antipersonal, de las vidas destrozadas de nuestros secuestrados o del aparatoso retraso del campo?

 ¿Cómo justificar el discurso bizantino de mano tendida, con una horda terrorista que arremete con una barbarie demencial e incongruente con las propias causas que dice reivindicar?

Reconozcamos, de una vez por todas, que la historia ha demostrado que la estrategia del diálogo nunca sirvió ni servirá para hacer posible la paz en Colombia. No porque hayamos sido incapaces de abocarla como sociedad, sino porque la propia guerrilla envileció y deshumanizó el conflicto y despreció los gestos de apertura que se tendieron desde el gobierno del Presidente Belisario Betancur.

El exitoso pulso de la estrategia militar en la lucha frontal contra la guerrilla, debe sugerirnos algo. Han sido nueve años en los que el campo ha resucitado, en que miles de ganaderos –víctimas por antonomasia de las guerrillas– han podido volver a producir sin el terror a cuestas. Años en que los asesinatos, secuestros y extorsiones disminuyeron ostensiblemente.

Años en que logramos configurar el monopolio de las armas para el Estado con una superioridad sin precedentes, que ha permitido desmantelar de manera irreversible a esa organización terrorista. Entonces ¿Por qué menguar el combate frontal si ha mostrado resultados, más aún si una rendición incondicional parece inviable, como lo hicieron saber Cano y ahora Timochenko?

El “nuevo plan de guerra” que están diseñando los generales parece más aconsejable, que el ambiguo discurso de abrir la puerta de la paz y otorgar prerrogativas políticas a desmovilizados que cometieron crímenes de guerra.

Necesitamos proteger los derechos humanos y caminar en pos de la nueva legislación que los tutele. Un escenario que constriña las posibilidades de los terroristas e inste la liberación de los secuestrados y la dejación de las armas como un acto de rendición unilateral, fruto del reconocimiento de la inferioridad militar de las guerrillas, de su derrota moral y de la ausencia de una justificación plausible para un conflicto éticamente inaceptable. 

Esta sociedad no puede ser inferior a su responsabilidad histórica. No queremos más tomas de Patascoy o Las Delicias. No queremos más campos de concentración en medio de la selva, ni más ajusticiamientos. Pero tampoco queremos más Caguanes. Son verdades de apuño, que pasan por demandar al Estado, al Gobierno Nacional y a sus fuerzas Militares que sigan cumpliendo sus obligaciones constitucionales de proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de nuestra nación.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.