33 Congreso Nacional de Ganaderos

Por: José Félix Lafaurie Rivera*
@jflafaurie

A finales de esta semana, 29 y 30, más de mil ganaderos delegados de todas las regiones del país, se reunirán –como cada 2 años– en el 33 Congreso Nacional de Ganaderos que se celebrará en Santa Marta. El encuentro tiene particular importancia, no sólo porque en 2013 Fedegán llega a sus primeros 50 años de existencia y se cumplen 2 décadas de la Parafiscalidad Ganadera, sino porque asistimos a una coyuntura extremadamente sensible para el sector. Desde múltiples orillas, globales y nacionales, se han venido sumando retos y oportunidades, pero también riesgos y estrecheces, para alcanzar la competitividad y el desarrollo rural, así como para asegurar la resolución definitiva del conflicto por la tierra. Temas centrales de la agenda académica para este año.

Lo interesante es que el análisis técnico, científico, económico, social y político de estas preocupaciones, contará con la participación de especialistas en la materia y de los propios ministros de Transporte, Ambiente, Comercio, Defensa y Agricultura, en torno a 4 ejes. El primero, la problemática de la infraestructura para la competitividad rural, en particular, la asociada al pésimo estado de la red vial secundaria y terciaria que, con más de 30 años de atraso y los peores indicadores en calidad y cobertura en el ámbito latinoamericano, poco le aportan a la ruralidad para hacer frente a la internacionalización de la economía, que es el segundo aspecto de discusión en el congreso.

Aunque el sector ha venido advirtiendo, desde hace más de una década, sobre los peligros de avanzar en una política indiscriminada de exposición de la producción agropecuaria a las importaciones subsidiadas de los países desarrollados, hoy hemos suscrito tratados con más de 40 economías y al menos 11 de estos acuerdos rigen actualmente nuestras relaciones comerciales, en condiciones leoninas para la actividad ganadera. Pero, además, está próximo a ser ratificado el TLC con la Unión Europea, que bien podría significar la “muerte productiva” de más de 350 mil productores lecheros medianos y pequeños, para quienes aspiramos a encontrar respuestas a su problemática en este congreso ganadero.

Muy asociado a estas preocupaciones de carácter global está, en tercer lugar, el interés del sector en que se despeje el camino para la formulación de políticas públicas que materialicen, realmente, el desarrollo rural integral y de la actividad ganadera, en particular. No podemos seguir ignorando las señales y las exigencias de los mercados internacionales en orden a optimizar la producción y la productividad agropecuaria, establecer estándares de sostenibilidad ambiental –incluso en conexión con la industria extractiva minero-energética–, hacerle frente al cambio climático y a la mayor demanda de alimentos de origen animal y de agrocombustibles.

Finalmente, y no por ello el asunto menos importante en un contexto de negociaciones de paz con las FARC, está el tema de la seguridad humana y la jurídica de la propiedad rural en el campo. Sin duda, centro de múltiples incertidumbres que los ganaderos quieren despejar en esta reunión cumbre, considerando que el futuro del campo se debate entre las pretensiones de la guerrilla en La Habana, la nueva escalada de violencia y la implementación a marchas forzadas de la Ley de víctimas y restitución de tierras, la Ley de Extinción de Dominio y la definición de un proyecto de Desarrollo Rural.

La agenda es ambiciosa, como compleja la realidad que enfrentamos y los desafíos que se aproximan. Razón de más para que los ganaderos participen de manera proactiva en este congreso ganadero, con una mirada renovada sobre “lo rural”. Sabemos que debe primar el interés legítimo en la tierra como factor de producción y productividad de la “locomotora agropecuaria”, pero también una genuina preocupación por el malestar de miles de campesinos, que claman por políticas públicas que sopesen los costos sociales y ambientales de la urgente transformación que requiere el campo.

Con la premisa de que necesitamos ideas frescas que equilibren y complementen desde lo público, la tarea que desde hace 50 años ha venido realizando la institucionalidad ganadera gremial, hacemos un llamado a los productores pecuarios para seguir escribiendo la historia del sector y aportar insumos a los tomadores de las decisiones públicas, para que florezca un campo más incluyente, con paz y bienestar para todos.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN

¿Por qué no le apostamos a los TLC?

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

El TLC con la Unión Europea entró en la recta final. Su ratificación en el Congreso dará el banderazo inicial, a una dura competencia para el sector ganadero con gigantes mundiales y abrirá un escenario de mayores incertidumbres y quiebras, para la población más vulnerable de la ruralidad. No me cansaré de señalar las amenazas para la mediana y pequeña ganadería, no sólo del TLC con Europa, sino de la combinación de éste con los ya negociados −Mercosur y USA−. Lo peor, es que nada hace pensar que los renglones favorecidos, permitirán a los ganaderos hacer valer sus poderosas razones ante el Legislativo. No obstante, hace más de dos años radicamos ante el Congreso un extenso diagnóstico, con la advertencia de no acompañar la aprobación de la Ley ratificatoria, si persistían las condiciones actuales.

Las asimetrías siguen siendo notables y cambiarán la estructura productiva, tal y como ocurrió en México, en donde 2 de cada 3 ganaderos desaparecieron con la vigencia del Nafta. En Colombia será peor por las precarias condiciones de desarrollo intrarregional y la falta de infraestructura para la producción, en especial para los 244 mil ganaderos que tienen menos de 10 animales, entre los que campea la miseria y el hambre o de los 403 mil que poseen menos de 50 reses y cargan con las trampas y las estrecheces de la pobreza.

Desafortunadamente, las advertencias que el gremio ha reiterado cada vez que ha sido necesario volver sobre estos temas, no han tenido eco ni consecuencia alguna. Poco o nada se ha avanzado y el camino es duro y exigente. Veamos algunas de las más notables diferencias para comprender mejor el tamaño del desafío:

La tasa de natalidad bovina en USA o en UE es del 85%, mientras que en Colombia es de 53%. Esta distancia les permite tener tasas de extracción promedio de 35,7%, que en Colombia no pasa de 17,7%. Estados Unidos dispone de 9,1 millones de vacas lecheras, 1,7 millones más que en Colombia, pero produce 14 veces más leche. Para no hablar de la UE que tiene 23,5 millones de vacas −casi el equivalente al total del inventario bovino nacional− y produce 134 mil millones de litros al año, mientras que nosotros apenas acopiamos 6.400 millones.

La alimentación bovina en Europa o USA está soportada en pastos y granos forrajeros −especialmente maíz, que producen con enormes incentivos estatales− y sistemas de confinamiento y corrales de engorde, que favorecen ganancias de peso diario por animal de hasta 1,6 kilogramos. Este indicador en Colombia no pasa en promedio de 380 gramos. Ello explica por qué en Estados Unidos un animal alcanza un peso para el sacrificio de 600 kilos en 24 meses, mientras que nosotros necesitamos 42 meses para que lleguen a 457 kilos.

Los concentrados y sales mineralizadas representan cerca del 50% de los costos de producción de leche en Colombia, con precios que superan sustancialmente los que pagan sus competidores. Igual ocurre con las drogas veterinarias que cuestan más del doble. Pero hay más. En Colombia los recursos que llegan a la ruralidad −crediticios, fiscales o de inversión extranjera− son escasos, en esas economías el Estado sostiene los programas de certificación sanitarios y en muchas temporadas subsidia a los ganaderos por no producir. De hecho, reciben más subsidios por vaca, que el valor comercial de un bovino en Colombia.

En Europa y USA todos los productores son profesionales en ramas afines con la ganadería y cuentan con el respaldo de las principales universidades en programas de extensión, inversión, capacitación en buenas prácticas y tecnologías. En Colombia sólo el 1,6% de los profesionales que se graduaron en la última década, lo hicieron en programas agropecuarios y de ellos apenas 4.800 trabajan en el sector.

Alguien podría decir que los ganaderos no hicimos la tarea, pero han sido 50 años de violencia, sin vías, sin mercados y sin institucionalidad agropecuaria. Así es imposible. Ahora el problema no es sólo de reconversión productiva, lo es también social. Son 400 mil campesinos que quedarán al límite de su capacidad y de sus ingresos. Ignorarlos, es ignorar la suerte del país que, paulatinamente, sentirá el peso del drama de los excluidos del aperturismo comercial.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.

Relativismo económico

Por: José Félix Lafaurie Rivera

@jflafaurie

Avanza en el Congreso un proyecto de Acto Legislativo, que busca restringir la inversión extranjera en el sector rural. No deja de extrañar que siendo la actividad agropecuaria una de las más necesitadas de inversión, para superar su ancestral atraso tecnológico y las fallas estructurales de su capacidad competitiva, ahora se pretenda cercenar una fuente que, bien controlada, podría contribuir a financiar su crecimiento y desarrollo. El “agro” nunca ha gozado de una fluida irrigación crediticia o destinaciones presupuestales generosas. Mucho menos de inversión directa. Me pregunto si el Senado hubiera votado en favor de este despropósito, en ausencia de un proceso de paz con las FARC. La duda queda. Y afecta.

Lamentable que vuelva a operar cierto relativismo económico, que desde siempre ha jalonado beneficios para sectores pudientes y urbanos, en perjuicio del agropecuario, en donde urge corregir graves asimetrías. Están de por medio las formidables oportunidades del agro-negocio mundial y los retos de la puesta en vigor de leoninos TLC. Las cifras son dicientes: La participación del sector en el total de la inversión nacional de maquinaria y equipos para la producción o para desarrollar mejoras productivas –indicador que los economistas denominan Formación Bruta de Capital Fijo, FBKF– nunca ha pasado del 3% anual en más de una década y al primer semestre de este año cayó 2,4%, cuando la actividad contribuye con el 6,3% del PIB y el 18% del empleo. Aporte que podría ser más alto, si se eliminaran los sesgos en especial, para la inversión extranjera.

La razón es una: el campo no tiene como fondearse. El crédito Finagro apenas alcanza el 1,2% como proporción del PIB. Pero, además, de la cartera total de la banca tradicional, escasamente se destina el 3% a las actividades agropecuarias. A su turno, el gasto fiscal en el sector ha venido cayendo desde principios de los 90, cuando representaba el 0,66% como porcentaje del PIB al 0,36% en 2010. Aunque en los últimos años ha habido un relativo aumento es imposible superar la brecha y, en todo caso, el sector sigue siendo uno de los grandes marginados en las decisiones de inversión pública. Para 2013 su participación en el total del presupuesto no supera el 1,4%.

El asunto es, que justo ahora que empezaba a fluir un interés renovado de los inversionistas extranjeros –esos que este año han girado US$11.754 millones a nuestra economía, 82% para el sector petrolero– se diseña una política para limitar su ingreso, si tiene como destino el “agro”. Entonces, ¿cómo hacer posible la FBKF y elevar la competitividad de la locomotora agropecuaria? Creo que los temores son infundados. Es un hecho que la tierra es un bien inamovible y, por tanto, no se la pueden llevar. Pero, además, su explotación está regulada e incluso se puede endurecer la normatividad, para evitar que la producción sea exportada sin límite. Argentina, por ejemplo, fijó un arancel para la exportación de carne del 35%.

Por otra parte, las economías modernas están otorgando un mayor valor estratégico a los activos de las industrias de telecomunicaciones o del conocimiento, muy por encima del concedido a la tierra. Entre otras razones, porque ahí está la mayor acumulación de riqueza −no es gratuito que Carlos Slim o Bill Gates sean los más ricos del planeta−. Con una connotación adicional: sus externalidades, laborales o de comercialización, son más difíciles de administrar por parte del país receptor, pero a nadie se le ocurriría limitar la inversión extranjera. Lo que si ocurre con la tierra. Si no existiera un relativismo económico, que sesgara contra la ruralidad, no tendría explicación limitar la inversión extranjera, cuando es evidente que es el sector que más la necesita y mejor puede controlar la producción, el comercio y la mano de obra.

Es curioso: pero parece que entre más pobre y afectado el campo, mejor se tiene para abonar el discurso retardatario de la izquierda. Ya Márquez habló de la extranjerización de la tierra y también tildó a los inversionitas nacionales de filibusteros. Aquí, al parecer, nos damos el lujo de despreciar la inversión en la ruralidad. Eso sí, sorprenden los argumentos y hacen pensar –quizá por coincidencia de tiempos– que antes de empezar los diálogos, ya estamos cediendo a las pretensiones de las FARC.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN