Cuba, armas y Farc

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

 

Este debe ser el único país donde una alarma contra la seguridad nacional, pasa inadvertida para la opinión pública. Pero más abrumador resulta el hermetismo del Gobierno, luego de las versiones que señalan la frontera ecuatoriana, como destino del cargamento ilegal de armas fletado por Cuba, en el buque norcoreano retenido en Panamá. Aunque políticamente sea inconveniente reconocer un hecho incómodo –que, en todo caso, es un misterio– el silencio no ayuda, ni tiene justificación. Entre otras razones, porque la convergencia: Cuba, armas, Farc y negociaciones de paz, es demasiado fuerte –y no de ahora– como para creer que el incidente no tiene ninguna conexión con esta realidad. No de otra forma se explica el inesperado encuentro: Santos-Obama.

 

En este país donde los hechos superan la ficción, no es alucinante pensar que detrás de una operación de esta envergadura, pudieran estar las guerrillas. Basta recordar el secuestro del avión de Aeropesca, que protagonizó el M-19 hace 3 décadas, para hacerse a un contrabando de armas procedente de Panamá. En ese golpe medió un engaño a la compañía aérea, un aterrizaje en pistas clandestinas de La Guajira y un acuatizaje sobre el río Orteguaza, para llevar los fusiles al corazón de la selva. Ocurrió en 1981 y bajo la autoría de un grupo con menor capacidad ofensiva y sin el dinero del narcotráfico, que hoy exhiben las Farc. ¿Cuánto más podría hacer esta guerrilla, luego de 8 meses de estar reeditando su poder, bajo la protección de un régimen afín a sus propósitos?

 

Y es que algo huele mal. No convencen las explicaciones de Cuba, sobremantener su “capacidad defensiva para preservar la soberanía”. Como tampoco los supuestos reclamos de Pyongyang, acerca de un contrato legal para reparar el cargamento de armas “sin declarar”, pues sería tanto como aceptar sus operaciones clandestinas, violatorias del embargo de la ONU. Más aún, sorprende la postura del gobierno americano, el todopoderoso espía internacional, que muy seguramente sabe más de lo que reconoce, en sus “sospechas” sobre movimientos de narcóticos. Por supuesto, hará parte de los secretos de la cumbre de los mandatarios en Washington.

 

Por lo pronto, la renovada fraternidad entre el régimen castrista y las Farc, genera suspicacias frente a los riesgos que se podrían estar configurando, por cuenta de unos diálogos con un desenlace incierto. Nadie desconoce la influencia cubana en la fundación de las Farc y el ELN. Nunca, desde mediados del siglo pasado, Cuba ha dejado de ser un imán para alienar incautos o favorecer el accionar de las armas, en alianza con regímenes “malditos”. De ahí que el silencio del gobierno resulte preocupante, frente a la amenaza que se podría estar revitalizando.

 

La evidencia de que las Farc ambicionan –o han estado cerca de tener misiles tierra-aire– no es nueva, pero sí extremadamente peligrosa. Con uno solo de los artefactos incautados a Cuba, por obsoleto que sea, podrían derribar cualquier avión de nuestra Fuerza Aérea e inclinar la correlación de fuerzas a su favor. No olvidamos que el gobierno no juega con el látigo sino con el tigre. Uno –que según la historia– se acostumbró a recurrir a los diálogos como táctica, para recargar su artillería. Es una de sus formas de lucha para ocultar su plan de escalamiento bélico, el único que le interesa desde su séptima conferencia de 1982 y que replica negociación tras negociación, de las que siempre sale fortalecida.

 

Nada hace pensar que esta vez sea diferente. El escalamiento terrorista, la retoma de sus territorios, las emboscadas como las que protagonizó contra miembros del ejército en Arauca y Caquetá –en abierta violación de los derechos humanos– son una manifestación de la paz que quieren las Farc. A ello se sumó su oferta de acompañar con armas la revuelta en Catatumbo y el incidente del tráfico de armas en el navío “Chong Chon Gang”. Un panorama que da una idea de que en esta nueva negociación, tenemos todo para perder y nada a ganar.

 

*Presidente Ejecutivo de Fedegán.

 

 

¿Quién incendió el país?

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

 

Los “indignados” del campo y la ciudad, se están tomando el país. Lo grave del fenómeno es que puede acentuarse en lo que resta de esta administración, por cuenta de las crecientes demandas sociales sin atender y el pobre crecimiento económico. La percepción es que el Gobierno perdió el rumbo de la realidad nacional y las dinámicas regionales. Una peligrosa vía que lo llevó a tomar decisiones erróneas, que dilapidaron el buen clima de seguridad ciudadana, los favorables vientos económicos y la bonanza de recursos –fiscales y del entorno inversionista– que tuvo entre sus manos. Hoy, preso de sus apuestas arriesgadas, el Gobierno luce sin margen de maniobra para impulsar el aparato productivo, atajar la protesta social o reactivar la lucha anti-terrorista.

 

En el frente económico, por ejemplo, aunque el Gobierno le apunta a un crecimiento del 4.5% para 2013, no da muestras de corregir la extrema volatilidad de la tasa de cambio, como para que abriguemos su optimismo. De hecho, el crecimiento del PIB ha venido desacelerándose desde finales de 2011, sin muestras de revertir su tendencia. Un comportamiento atribuido en buena medida a la revaluación, que ha sido dramática sobre muchas variables y sectores que intervienen en la formación del PIB. Si la actividad económica sigue esta peligrosa senda, su efecto será trágico sobre el empleo y, de rebote, sobre el consumo y las metas de recaudo del Gobierno, que ya patinan en su cuestionada reforma tributaria.

 

Y es que el tema de los ingresos cobra relevancia, a la luz de la creciente movilización social, pues el Gobierno se vería abocado a financiar, con deuda pública, el nuevo gasto para atender las demandas legítimas de la población. Una verdad que incluso habla mal de la ejecución del rubro de inversión del Presupuesto, que pese a ser el más alto en la historia del país –$43,7 billones– presenta rezagos imperdonables. Nota característica de esta administración. Así, mientras sectores como el agropecuario enfrentan situaciones críticas de cara a los TLC, que demandan inversiones urgentes para apalancar su competitividad, el nivel de ejecución real no supera en promedio el 35% a mitad de año.

 

Esto en buena parte como resultado de los mensajes equívocos que ha enviado este Gobierno y que hoy lo tienen apagando incendios. Pero, sigamos. En política de seguridad el retroceso ha sido incuestionable. Aumentaron los secuestros, la extorsión, el hurto y el terrorismo. Enfrentamos la retoma de territorios por parte de las Farc y el ELN, el rediseño de las Bacrim, la consolidación de sus alianzas y hasta la diversificación de sus fuentes de financiación. El asunto es que mientras se exigen resultados a la tropa, se negocia con los narco-terroristas toda suerte de prerrogativas en La Habana y se propone la despenalización de las drogas, a sabiendas que ha sido su combustible.

 

Y, claro, han sido 3 años haciendo demagogia con la tierra, cuya primera expresión hoy la padecen miles de habitantes y productores del Catatumbo. Una crisis que amenaza con salirse de madre, entre otras razones por que su solución está atada a los mandatos de Cuba. Es más fácil armar la mesa de negociación del Catatumbo en La Habana que en Tibú. Honradamente, creo que el Catatumbo merece un futuro con esperanza. Tanto como los mineros artesanales o los lecheros, arroceros, algodoneros, paneleros, cafeteros o trabajadores de la industria siderúrgica, actividades de las que dependen miles de familias.

 

Ya está bien de sembrar vientos para recoger tempestades. Es hora de levantar el ancla y corregir el incierto rumbo, que supera con creces la infiltración de la extrema izquierda o la derecha. Pero es una tarea que no podrá hacerse cediendo a las vías de hecho que instigan las Farc, sino desde un Gobierno consciente de sus funciones, conocedor de la realidad regional, con capacidad de ejecución y más cercano a las necesidades de los colombianos que trabajan desde la legalidad.

 

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN

El “efecto” Catatumbo

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

No es casualidad que el Catatumbo convulsione justo ahora, que las Farc creen haber coronado en La Habana su reforma agraria expropiatoria. Como tampoco es gratuito, que sus ideólogos hayan infiltrado la movilización, para instigar la violencia. Los bloqueos y transgresiones a los derechos humanos, son parte de la maniobra guerrillera para medirle el aceite al Gobierno, con un abrebocas de lo que serán las nuevas y peligrosas Zonas de Reserva Campesina. Van por el control de otro corredor estratégico, uno de los más codiciados por el narco-terrorismo. Una extensa zona de frontera que opera como puerta giratoria para criminales, enclave de cultivos ilícitos, minería ilegal y contrabando, en donde planean afincar su “autonomía armada”, acosta de la indefensa población.

El Gobierno –que no se ha percatado del gravísimo efecto “Catatumbo”– apaña con agua tibia el primer envión de la guerrilla, para trocear 9 millones de hectáreas en 30 o 40 nuevas Zonas de Reserva Campesina. Proyectos bien ubicados que tomarán el mismo rumbo de los otros 6 constituidos. A fin de cuentas la colonización de estas áreas, que el Estado abandonó a su suerte, ha sido pan comido para delincuentes de todos los pelambres. La inequidad, falta de oportunidades, carencia de bienes públicos e institucionalidad, dejaron a la población expuesta al narco-terrorismo. Es el drama del Catatumbo, pero también del Sumapaz, el Valle del Río Cimitarra, el Bajo Cuandí, el Pato-Balsillas, el sur de Bolívar o el Guaviare, donde operan las actuales ZRC.

Pero la pobreza de las gentes del Catatumbo o cualquiera de estas zonas, contrasta con sus riquezas que atraen a la criminalidad como la miel a las moscas. La extracción ilegal de recursos maderables, carbón, oro o coltán, está desplazando a la coca y el secuestro como fuente de financiación de guerrillas y Bacrim. Los corredores selváticos que las surcan, no sólo ocultan indignantes encierros para secuestrados, laboratorios y narcocultivos, sino la trayectoria de usurpación de tierras a campesinos. Como paso obligado de poliductos y gasoductos, son base para la extorsión a multinacionales y, por supuesto, son hábitat de cabecillas de las Farc y sus bases sociales, constreñidas a punta de terror.

Eso es lo que esconde la incendiaria revuelta de las Farc en Catatumbo. Sus gentes de bien hoy enfrentan la profundización de su crisis socio-económica y humanitaria, con impredecibles consecuencias, luego de un mes de hostigamientos de la guerrilla. Una verdad de a puño que, pese a la represión armada, ha logrado tener eco y confirma las denuncias del Ministro de Defensa, que deslegitiman la protesta y la negociación, sembradas nuevamente sobre sangre de inocentes. Si inteligencia desenmascaró los cerebros detrás del Catatumbo ¿por qué el Gobierno no actúa en consonancia? ¿Cuál es la razón para volver a ceder a presiones de la guerrilla?

Sabe el Gobierno que el camino es aplicar la política de consolidación del Estado Social de Derecho en Catatumbo, con efecto de choque. Es decir, llevar a sus gentes lo que nunca han tenido: desarrollo y autoridades de seguridad y justicia, Gobierno e instituciones presentes y actuantes. Prioridades muy distintas a las pretensiones de las Farc, de instituir un “protectorado” fariano en la frontera para salvaguardar, ahora y en un eventual posconflicto, su accionar delictivo. No de otra forma se explica la soberbia de los “líderes” de estos desórdenes, al subestimar las inversiones por $2 billones, que podrían propiciarse en la zona.

Ya lo había advertido. Hoy es el Catatumbo. Mañana serán la región del Lozada- Guayabero, las cuencas de los ríos Güejar y Cafre en San Juan de Sumapaz, los Montes de María, el Cesar, Arauca y la zona del Ariari. Áreas en donde históricamente han hecho presencia las Farc y que ya reclamaron como suyas. Tremendo caldo de cultivo para encender más la hoguera del conflicto en la ruralidad. Ahí está: tanto va el agua al cántaro, hasta que por fin se rompe.

*Presidente Ejecutivo de Fedegán.

Negociando en una vía

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

El segundo capítulo de las conversaciones en La Habana, es una réplica exacta del primero. La misma dinámica de demandas a granel por parte de las Farc, idéntica secuencia de advertencias inútiles del Gobierno para que se ciñan al “Acuerdo General” y hasta supuestos inamovibles, que frenarían las pretensiones de los ilegales. A la final, emitirán otro “informe conjunto”, para comunicar las nuevas imposiciones de la guerrilla –esta vez en “participación política”–. Todo a cambio de nada, tal como ocurrió con el “acuerdo agrario”. El panorama es preocupante. El Gobierno dilapidó el poder que le otorgaba la victoria en la lucha narcoterrorista y ahora es él quien pide concesiones a la guerrilla.

Para las Farc, la negociación no es un medio para alcanzar la política. Es un fin en sí mismo, que comulga con el “uso de todas las formas de lucha”, para conseguir el poder absoluto. Ya supuestamente concretó el “asunto de la tierra”, con una propuesta expropiatoria y reforma agraria incluida. Un protocolo que el Gobierno avaló sin mayores explicaciones, comprometiendo el futuro agropecuario, la vida de los pobladores del campo, la propiedad privada y el desarrollo rural. Es mucho lo que el Gobierno pretende entregar según los textos divulgados.

Pero ¿cuánto más podría ceder, en su búsqueda por el “Acuerdo final para la terminación del conflicto”? Entre las “salvedades” del acuerdo agrario y los puntos que restan por negociar, todo puede pasar. Basta analizar las estrafalarias demandas para la “participación política”. Comprenden reestructurar el Estado de Derecho y los poderes públicos, incluida una reforma político-electoral. Los objetivos: redefinir los mecanismos de participación política, modificar el Poder Legislativo –mediante la conformación de una Cámara Territorial, que sustituiría la Cámara de Representantes–, otorgar plenas garantías a las organizaciones guerrilleras y sus combatientes para el ejercicio de la política y hasta extender el actual periodo presidencial. Pero hay más: rediseñar la descentralización y el orden jurídico-económico, reconvertir las Fuerzas Militares y proscribir doctrinas y prácticas contrainsurgentes, democratizar los medios de comunicación y, por supuesto, convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Casi nada!

Pero, mientras la guerrilla toma la iniciativa y adelanta una exitosa campaña de persuasión a nivel internacional –que cala sin problemas en Bogotá–, el Gobierno da pasos temerosos y hace lánguidos pronunciamientos. No se percibe un manejo certero de la información, no anticipa escenarios, no mide el costo-beneficio de las demandas de las Farc y tampoco presenta planteamientos públicos, para reaccionar o dirigir las conversaciones. Se limita a conceder más de lo que debería y reiterar tímidas solicitudes a las Farc sobre la “dejación de las armas”, su “reincorporación a la vida civil… dentro de las reglas de la democracia” o “el respeto por los derechos de las víctimas”, aunque obtenga a cambio las mismas cínicas respuestas de los narcoterroristas.

¿Qué van a poner las Farc en esta “negociación? Al parecer Nada. O quizás, modificarán su oferta extorsiva para dejar de atormentar a los colombianos, si el Gobierno cumple sus exigencias en la mesa. Sin embargo, en las regiones pensamos que deberían responder por las 800 mil hectáreas que han despojado, entregar las armas, las rutas del narcotráfico, el ganado que han robado y los mapas de las zonas minadas. Así como devolver a sus familias a los menores reclutados, la dignidad y el respeto a miles de mujeres que han prostituido, liberar a los secuestrados, a los “raspachines” que usan para la siembra de coca y a los campesinos que explotan en la usurpación ilegal de recursos mineros y pagar por los miles de asesinatos, masacres y desaparecidos. Y, además, dejar de promover revueltas como la que hoy se vive en el Catatumbo.

Pero nada de eso parece posible ante la postura del Gobierno, que luce comprometido en una sola vía: la de hacerle el juego a las Farc, entregando el campo y el Estado Social de Derecho. Sin duda, el Gobierno está atrapado en la reelección. Es rehén de las Farc.

*Presidente Ejecutivo de Fedegán.