miércoles, 28 de agosto de 2013

Carta al presidente de la República: Fedegán pide al gobierno concertar medidas de choque

PE-184-2013
Bogotá D.C., 27 de agosto de 2013


Doctor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
Casa de Nariño
Ciudad


Señor presidente:

A través de un pronunciamiento público de la Cámara Gremial de la Leche, de FEDEGÁN, que reúne a los principales gremios de productores del país, manifestamos nuestra posición de no participar en el paro agrario, respetando, sin embargo, la de quienes decidieran adherirse a la protesta legítima y pacífica que garantiza nuestro ordenamiento democrático, pues tenemos claro que la decisión de no participar nada tiene que ver con el reconocimiento de las causas que justifican el malestar de muchos productores agropecuarios, los de leche entre ellos.

Nuestras razones han sido confirmadas, pues una de ellas, la infiltración terrorista de las Farc pretendiendo deslegitimar la protesta, resulta evidente en algunas regiones y ha sido reconocida por el Gobierno mismo. También sostuvimos que, a pesar de sus razones, los pequeños ganaderos serían los primeros perjudicados, pues derivan de la leche sus únicos ingresos regulares -la quincena lechera- y como “las vacas no paran”, la no recolección por cuenta de los bloqueos ha causado pérdidas inmensas con gran impacto en los sectores más pobres.

Pero los incuestionables motivos de la protesta, señor presidente, no son de ahora. Durante medio siglo, -unos más, unos menos-, todos los gobiernos han hecho algo por el campo, pero ninguno ha tenido la voluntad política para darle un vuelco al modelo de desarrollo y quitarle el sesgo prourbano que lo caracteriza, devolviéndole a la producción rural el lugar que le corresponde como baluarte de la seguridad alimentaria y la generación de riqueza. Este sesgo evidente está detrás del proverbial abandono del campo y de la acentuada pobreza rural con todas sus consecuencias, y por supuesto, de la crisis estructural del sector agropecuario en general y de la producción lechera en particular.

Los TLC, como estrategia para enfrentar el imperativo de la globalización no son, en sí mismos, ni buenos ni malos; por eso nunca los hemos rechazado y los entendemos como oportunidad, siempre y cuando avance la agenda pública interna en la cual se pueda apoyar el esfuerzo privado hacia el logro de la competitividad, para así nivelar las asimetrías con nuestros nuevos socios comerciales. Si ello no sucede, los tratados se convierten en instrumentos de una sola vía, verdaderos embudos para recibir importaciones, sin que  nuestros productos puedan salir hacia esos mercados, y lo que es peor, sin que podamos competir con ellos en nuestro propio mercado, lo cual lleva irremediablemente a la quiebra de renglones enteros de la producción rural.

La producción lechera en riesgo

La leche es uno de estos renglones. No obstante, aunque los TLC no son la causa única, sí acentuaron una crisis que ya era estructural, caracterizada por los siguientes elementos.

-          Mucha leche y poco procesamiento. De 6.400 millones de litros anuales, la industria solo procesa 2.900. El resto se dedica al autoconsumo o se distribuye en la informalidad con bajos precios al ganadero.



-          Muchos ganaderos vendedores -cerca de 450.000- y pocos industriales compradores. Solo cinco (5) industrias procesadoras absorben cerca del  60% del acopio formal.

-          El consumo per cápita (141 litros) está por debajo de la recomendación mundial de la FAO (180 litros) y es asimétrico. Mientras los estratos altos consumen 170 litros, en los bajos el fenómeno es de infraconsumo, con 38 litros por habitante.

-          Falta de articulación de cadena para la transmisión de valor y precio. Hace 20 años el ganadero recibía el 70% del precio del litro al consumidor; hoy ese porcentaje se ha invertido y apenas supera el 30%, mientras los costos de producción se incrementan.

Para superar estos elementos estructurales que se atraviesan a la competitividad del sector, la Agenda Interna debe concentrarse en el diseño y ejecución de política pública en tres aspectos cruciales a saber:

1.       Intervención en la estructura de costos
2.       Condiciones para la reconversión productiva
3.       Acceso a mercados

Los costos
Es un tema que está en la base de la actual protesta popular

-          Mientras el ajuste al precio al productor fue de 1,2%, por debajo inclusive de la inflación, el incremento de costos de producción para el ganadero en 2012 alcanzó el 7,9%, lo que, además, ha sido una tendencia durante la última década, con incremento de costos de producción por encima del de los precios de la economía medidos por el IPC.

-          El precio de la droga veterinaria es el mayor de América. Un medicamento que en Colombia vale US$100, en Brasil cuesta US$45, en Uruguay US$55, en México US$56, en USA US$75, en Argentina US$81 y en Inglaterra US$87.

-          El precio de los fertilizantes está entre 25% y 35% por encima del internacional, y los minoristas, con un 15% más de margen, está cerca de 45% sobre el precio internacional.

-          El combustible en Colombia es de los más caros del mundo. La gasolina en Corea del Sur es más barata, a pesar de ser importada desde nuestro país. Y adicionalmente, el Gobierno avanza en la tendencia a nivelar con el de la gasolina el precio del ACPM, que enciende tractores, motobombas y tanques de frío, e impacta también los costos de transporte. 

-          Para 2011, el sector industrial colombiano tenía los valores más altos de energía en Suramérica, con 15 centavos de dólar  por kwh, seguido por Chile y Uruguay con 10 centavos por kwh. La comparación es más gravosa con nuestros nuevos competidores, pues en Carolina del Norte, por ejemplo, el mismo kwh cuesta apenas 6 centavos de dólar.

-          A pesar de una reconocida tendencia de crecimiento, en Colombia solo el 3,8% del crédito total es orientado al sector agropecuario, y el 67% de los ganaderos no tiene acceso a financiación.


Las condiciones para la reconversión
La reconversión productiva debe ser un esfuerzo del sector privado, pero a partir de unas condiciones para el desarrollo que le corresponde al Estado suministrar. Es muy amplio y conocido el listado de estas carencias en todos los frentes de la oferta de bienes públicos, pero, indudablemente, la de mayor impacto es la red vial terciaria, con más de 130 mil km, de los cuales apenas el 3% está en estado de transitabilidad adecuado para movilizar la producción rural, lo cual tiene un impacto muy alto sobre el costo de transporte de insumos y productos.



Ya en  el ámbito de la producción, aunque ha existido política pública para la reconversión competitiva desde que se empezó a hablar de TLC en Colombia -Conpes 3376 de 2005, sobre política sanitaria y de inocuidad; Decreto 616 de 2006, para formalizar la cadena; Conpes 3675 de 2010, para mejorar la competitividad láctea; Programa de Transformación Productiva-, se trata de iniciativas que, o bien se han derogado o modificado como el Decreto 616, o no se han dotado de los recursos ni la institucionalidad que garanticen el logro de sus objetivos de competitividad, mientras los tiempos corrieron en contra de la producción lechera, que hoy se enfrenta muy expuesta a la suma de todos los TLC.
El acceso a mercados
Es un factor que tiene su foco en los temas sanitarios, de inocuidad y de trazabilidad, sin los cuales no se abrirán las puertas de los mercados internacionales para los productos colombianos, algo que requiere de un decidido fortalecimiento de la institucionalidad y de una activa diplomacia especializada en esos temas. El caso del ICA es emblemático, pues percibimos, más bien, una tendencia en dirección contraria, toda vez que el cuadro amplio de sus nuevas competencias, incluida la trazabilidad, requiere de una mayor fortaleza técnica y profesional, con mucha mayor presencia en las regiones productoras.

En suma, la situación es de una gravedad que no hemos dejado de advertir desde hace años, en los espacios que nos corresponde y con la verticalidad y el respeto que también corresponden. No se trata de una denuncia de ocasión, sino de un estado de alerta con el que hemos recorrido el país  lechero. Lo cierto es que hoy, en Colombia el consumidor paga prácticamente lo mismo por un litro de agua -$2.200-,  que por uno de leche -$2.600-, y de este último valor el ganadero solo recibe menos de la tercera parte, entre 400 y 700 pesos por litro, que no alcanzan a cubrir los costos de producción. Por ello es razonable la inconformidad generalizada de los productores.

Por tal motivo, señor presidente, es importante acelerar el avance de las mesas de trabajo para conciliar el proyecto de ley para la reconversión del sector lácteo que le presentamos hace ya más de tres meses, las cuales requieren de una mayor dinámica en las instancias competentes. Pero no menos importante, frente a la actual coyuntura, es hacer lo necesario para concertar medidas de choque que ataquen los principales factores de competitividad de la producción lechera, con un marcado énfasis en la racionalización de los costos, como primer paso para salir de lo más agudo de la crisis -para sacar la cabeza- y poder evaluar con más sosiego el mediano y largo plazo.

Para ello, señor presidente, se requiere de su liderazgo directo, pues solo así los compromisos del Gobierno se traducirán en avances concretos hacia la búsqueda de soluciones, sin que el productor se sienta impelido a la protesta pública legítima, con los riesgos y las grandes pérdidas que ella entraña. De nuestra parte, reciba la mejor disposición para el diálogo y la concertación, para lo cual recojo su ofrecimiento de concederme una cita, cuando usted a bien tenga, para tratar los grandes temas que afectan a la ganadería colombiana.

Quedo en espera de su confirmación, al tiempo que le reitero nuestra posición de apego a la ley y respeto por el orden y la seguridad, que ha caracterizado al gremio ganadero colombiano.





domingo, 25 de agosto de 2013

¡Pudo haber sido peor!

Por: José Félix Lafaurie Rivera*
@jflafaurie

No deja de sorprender la falta de coherencia de este Gobierno en el manejo de las tensiones sociales. La protesta legítima ya no es válida, es inocua porque no impacta: no conduce a nada. El Ejecutivo se volvió experto en ceder al chantaje de los violentos. Las armas y el delito son los que capturan su atención para el trámite de los reclamos. El Estado quedó hipotecado en La Habana. Las Farc lo saben y el Gobierno también. De ahí la negativa a establecer una mesa única para conjurar el paro agrario, so pretexto de que sería trasladar a Bogotá las negociaciones con las Farc en Cuba. Ahora no puede negar que es rehén de los diálogos.

Así las cosas, si el Gobierno es consciente que desde La Habana programaron una estrategia de paros escalonados y de largo plazo ¿por qué no enfrenta el tema? Incluso, si tiene clara la infiltración guerrillera en las manifestaciones –la de “dignidad cafetera”, el Catatumbo y ahora la agropecuaria– pregunto ¿por qué en lugar de traer la mesa de La Habana a Bogotá, no lleva los paros a Cuba y suspende la negociación, hasta que exista garantía de que en “la calle” están los legítimos afectados, es decir, los productores agropecuarios arruinados y no los milicianos farianos que propician los desórdenes? Ahí está la clave.

Pero el Gobierno prefiere subestimar el fermento real del malestar social y menospreciar la protesta pacífica. Un camino peligroso que le puede dejar sorpresas indeseables. A fin de cuentas sus anuncios de millonarias inversiones ya no convencen y es evidente la fractura de la confianza ciudadana. El Gobierno no escucha, no resuelve, no previene, interviene en forma torpe y tardía, promete pero no cumple y su tecnocracia acusa una parálisis insostenible. Ahí está la crisis del sector cafetero, los transportadores o los lecheros que llevan años, no meses, tratando de hacerse oír por las instituciones que, según el Presidente Santos, son el canal para resolver los disensos. Pero, claro, como no hay violencia no hay negociación, ni trámite efectivo de los derechos.

Causa escozor la conclusión del Presidente frente al paro agropecuario: “no ha sido de la magnitud que se esperaba”, menos en las regiones donde las guerrillas activaron las vías de hecho para debilitar políticamente al Gobierno. A esos puntos violentos, no llegan los escuadrones del Esmad, sino los ministros. En Pasto, por ejemplo, se prohibió el ingreso de los lecheros a la mesa de concertación con los indígenas, cuando son ellos los que están atizando las refriegas y generando perjuicios a la economía regional. ¿Cuánto tiempo debe esperar, entonces, el sector productivo para que el Gobierno separe el grano de la paja, asuma la responsabilidad ante la problemática acumulada en estos años y dialogue con los actores legítimos?

El precio de un paro prolongado, con bloqueo de vías y violencia rampante, es alarmante en Meta, Arauca, Boyacá, Risaralda, Nariño, Putumayo, Antioquia y Cauca. Sabe el Gobierno que el impacto de la eventual pérdida de la producción de café, arroz, papa, cebolla, leche, legumbres o frutas, no se sentirá únicamente en el campo y el bolsillo de los colombianos, sino en las cifras de la economía. Es hora de remontar en el desastroso manejo de la crisis y habilitar un ejercicio democrático, para atender los reclamos legítimos, sobre la base de que la autoridad no es negociable. En ese esfuerzo el Ejecutivo está obligado a sincerar el diagnóstico, para atender problemas comunes a los subsectores y, sobre todo, acabar con la arrogancia que discrimina y retalia en privado, pero en público esgrime un discurso demócrata y amplio.
*Presidente Ejecutivo de Fedegán.

domingo, 18 de agosto de 2013

Pescando en río revuelto

Por: José Félix Lafaurie Rivera*
@jflafaurie
El paro nacional agropecuario del 19 de agosto es legítimo porque sus causas lo son. La crisis de sectores, como el lechero, justifica la protesta civilizada. Mal haría Fedegán en no respetar el derecho a la “calle” para exigir soluciones, tantas veces prometidas e inexplicablemente aplazadas. Lograr la visibilidad del drama que afrontan los productores rurales se volvió imperativo ante la pasmosa indiferencia estatal. Sin embargo, los informes de inteligencia corroboran nuestros temores: la intromisión de las Farc y otros grupos terroristas busca repetir las violentas jornadas del Catatumbo, infiltrando la jornada con vías de hecho que Fedegán condena abiertamente.
Los ganaderos rechazamos el terrorismo que aprovecha las expresiones legítimas de inconformidad para promover la cultura de las armas y la violencia, el bloqueo de vías y el irrespeto a la autoridad. Mecanismos que las Farc han usado desde el violento paro armado de 1977, para ganar protagonismo político local e internacional “pescando en río revuelto”. Las Farc nunca han representado los intereses del campo, del que han sido sus verdugos y solo le han dejado 50 años de barbarie y atraso, para que ahora pretendan ser los mecenas del desarrollo rural. ¡Faltaría más!
Una realidad distinta a la protesta social pacífica y legal que alienta a lecheros, mineros artesanales, arroceros, algodoneros, paneleros, cafeteros, cerealeros o cacaoteros, que muestran su descontento ante la imposibilidad del Gobierno para resolver la creciente problemática que enfrentan. El caso ganadero es representativo y aunque los 25 gremios que afilian a los lecheros expresaron su malestar en comunicado de julio pasado, solo ahora sus demandas están siendo escuchadas. No son solicitudes recientes, pues año tras año pedimos al exministro Restrepo aplicar los Conpes y los Decretos para la reconversión productiva, que nunca arrancaron.
Los ganaderos avanzamos con el Gobierno en un proyecto de reconversión lechera, que esperamos continúe en dirección correcta. Pero urge una Política Nacional Agropecuaria que no administre una inversión a cuentagotas, cuando el sector está agobiado por el incremento en los costos de producción, la infraestructura vial jurásica y el deterioro del ingreso. Necesitamos instrumentos que apuntalen la competitividad, de cara a la entrada masiva de leches y lactosueros vía TLC, e instituciones eficientes para controlar el contrabando y las importaciones ilegales, así como de poner al día el sistema zoosanitario, responsable de nuestra exclusión de los mercados.
Vamos al compás del nuevo Ministro de Agricultura, a sabiendas de que tendremos que remontar sobre la quiebra, ya inevitable, de muchos ganaderos, con el anhelo de pasar de una política “apaga incendios” a reformas verdaderamente estructurales. No tenemos dudas sobre la actitud del Ministro, quien ha mostrado disposición para corregir el rumbo, pero al cierre del primer semestre la ejecución del presupuesto de inversión agropecuario era apenas del 24% y en entidades como Invima no superaba el 10%, el ICA el 20% y el Invías el 23%.
Para 2014 ya se redujo un 25% el presupuesto de inversión sectorial. De $1.6 billones disponibles, un 25.1% irá a planes preelectorales “taquilleros”: tierras y viviendas, mientras lo urgente –competitividad y productividad– seguirá en pañales. Al Ministro Estupiñán debemos apoyarlo en su demanda por mayores recursos para el sector, más ahora que el gobierno dice que “le llegó el tiempo al campo”, a propósito de los diálogos de La Habana.
No se puede decir, entonces, que no tenemos motivos para preocuparnos. Fedegán estará al lado de los ganaderos apoyando sus intereses, en especial de los productores de leche, que hoy se juegan su supervivencia. Incluso a riesgo de los tenebrosos propósitos de las Farc, el gremio ganadero respetará a quienes este lunes marchen pacíficamente, con un llamado a la civilidad, para que no permitan que un derecho justo se convierta en arma para los desbordamientos criminales que agitarán las Farc. En suma, estamos ante un paro que las Farc intentarán ilegitimar con su oportunismo.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.

domingo, 11 de agosto de 2013

La Paz: quizás, quizás, quizás...

Por: José Félix Lafaurie Rivera
@jflafaurie


Por primera vez desde que iniciaron las negociaciones de paz, esta sociedad está aterrada con las mil y una exigencias de las Farc. Sus pretensiones, hasta el momento, son tan inverosímiles como irrealizables. Los intereses político-estratégicos de las Farc, rebasan cualquier cálculo presupuestal, político y temporal. Aunque, si de algo ha servido la sumatoria de demandas, ha sido para notificarnos que esta apuesta del narcoterrorismo para refundar el Estado, podría salir muy costosa y hacer inviable un acuerdo, con este o cualquier otro gobierno.
La propuesta en juego no es otra que la expresada en su “Octava Conferencia Nacional”, de principios de los noventa. El objetivo: materializar –por la vía política, armada o la combinación de ambas– una reforma política, económica y social del Estado. Lo que explica por qué permanecen en La Habana, pues aunque no se concrete el acuerdo, el envión en Cuba habrá sido demasiado importante para sus propósitos. Así, mientras la guerrilla mantiene un discurso que aprovecha las inequidades sociales –no porque les interese, sino porque les resulta políticamente rentable–, el gobierno se rasca la cabeza tratando de imaginar la Colombia del posconflicto, les obsequia un escenario interno e internacional para hacer política, suaviza la lucha contra el terrorismo y hiere de muerte la maduración y el fin de la guerra.
Las Farc quieren el poder. No importa si no representan a nadie, si no tienen el favor popular o han cometido crímenes atroces. Por esta razón exigen garantías para el ejercicio de los derechos políticos –a elegir, ser elegidos o conformar partidos– para todos los guerrilleros, incluidos los “prisioneros de guerra”. Pero, además, una “circunscripción especial de paz”, para asegurar su “participación directa” en el Poder Legislativo, Asambleas y Consejos, eliminando cualquier impedimento. Ello “sin menoscabo del otorgamiento extraordinario de curules”, sin votos que la respalden en franca lid.
Además, exigen financiamiento para sus partidos, eliminación del umbral y acceso a los medios–cuya propiedad deberá ser democratizada–. No obstante, el Estado tendrá que proveerles un canal de TV, uno de radio, un periódico, una revista, internet y otros que se les ocurra, eso sí con cobertura nacional. A la par quieren participar en las instancias de planeación, presupuestación e “integración de Nuestra América”, buscan asiento en el Consejo Nacional Electoral, el CONPES, el CONFIS, la Junta del Banco de la República y, por supuesto, en cuanto consejo y comisión exigen crear.
Pretenden, además, instituir un proceso de adoctrinamiento social generalizado, para transformar la cultura política, con programas para la apropiación del Acuerdo de Paz, abolir prácticas contrainsurgentes y hasta una reforma a las Fuerzas Armadas para inactivarlas. Eso sí, dejan claro que no les sirve el Marco Jurídico para La Paz, no entregarán las armas, no se acogerán a una Justicia Transicional que les implique pagar un solo día de cárcel y menos reconocer y reparar a sus víctimas. 
 No es difícil entender que las Farc exigen la rendición del Estado y la sociedad, para imponer el modelo cubano o bolivariano que les sirve de referencia. En el fondo, su memorial de agravios por los menos favorecidos –tan inverosímil como sus requerimientos políticos– no ha sido más que su intento fallido por justificar sus crímenes, amasar –en la nariz del gobierno– un capital político que no poseían y avanzar en su objetivo de subvertir el sistema vigente.
Si no es lo que queremos, ¿por qué no detenemos la farsa de La Habana? ¿Por qué se empeña el presidente Santos en asegurar que firmará La Paz, cuando todas las evidencias apuntan en contrario? ¿Cómo un gobierno que se empeñó en reconocer a las víctimas las Farc son de lejos el mayor victimario permite la burla a la memoria de miles de ellas, cuando en tono jocoso Márquez pregunta a Santrich si estarían dispuestos a pedirles perdón, la respuesta en medio de risas fue: "Quizás, quizás, quizás".

Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.




viernes, 2 de agosto de 2013

A llorar sobre la leche derramada

Por: José Félix Lafaurie Rivera
* @jflafaurie

En el momento más crítico para la ganadería, con una inflexión negativa nunca antes sentida y sin instrumentos de reconversión productiva, se puso en vigor el TLC con la Unión Europea. Será el responsable de la quiebra de los primeros 40.000 productores, de muchos más que se sumarán, a medida que se profundice el efecto agregado de todos los acuerdos suscritos. No acabamos de recoger los pedazos que dejó el remezón inicial del TLC con Estados Unidos, cuando ya debemos enfrentar el más lesivo de los tratados. ¡Sálvese quien pueda! Es el mensaje a las 390 mil familias productoras de leche y a los 600 mil campesinos que emplean. Al parecer a nadie importa su suerte, ni lo que representan en la construcción y mantenimiento del precario tejido social rural.

Honradamente, nos quedamos cortos en los cálculos sobre la velocidad con que se propagaría el desastre económico y social sobre el sector. O acaso alguien puede explicar ¿cómo vamos a competir con la UE, mayor productor y exportador de lácteos, que más subsidia a sus lecheros? Si no estábamos listos cuando se negoció –y lo advertimos–, ni en enero –cuando se frenó su “aplicación provisional”–, lamentablemente tampoco lo estamos ahora. Si existe un consenso, es sobre la fragilidad de los productores nacionales de cara a los nuevos socios. Pero no sólo se desconoció esta realidad, sino la del mercado interno, en donde el eslabón primario –que produce más de 6.400 millones de litros/año–, ya cargaba con asimetrías frente a los industriales, que acopian y procesan menos del 50%. 

Ahora, sin las mínimas condiciones y en el peor de los mundos, los vaticinios son funestos para las regiones ganaderas de Antioquia, Quindío, Caldas, Valle, Risaralda, Nariño, la Costa Norte, Tolima, Cauca o Huila, en donde se concentra el 42% del hato, en su mayoría de pequeños y medianos productores. ¿Cómo evitar su ruina, cuando el precio por litro de leche cayó más del 12% el último año, mientras los costos de producción aumentaron 18%? O ¿Cómo justificar que en muchas regiones, se dejó de comprar la leche o se impusieron restricciones de acopio a determinados días, por cuenta de las importaciones?

La situación es crítica. Las importaciones, vía TLC, de Estados Unidos, Chile, Mercosur y CAN, principalmente, inyectaron 33.097 Ton. de lácteos en 2012. Un 125% más que en 2011 y 3 veces más que el promedio del último lustro. Sólo las importaciones de leche en polvo aumentaron 177% y las de lactosueros y quesos 57% y 60%, respectivamente. Entre tanto, Colombia apenas exportó 1.477 Ton, con una caída de 28% frente a 2011.

Para 2013 esta balanza comercial negativa se profundizará por el TLC con la UE. Se espera que ingresen 36.561 Ton. USA, Mercosur, México y la UE tendrán la prerrogativa en leche en polvo, descremada y entera con 20.476 Ton. Ello bajo el supuesto de que las autoridades podrán controlar los cupos. Una premisa en entredicho, pues entre 2011-2012 entraron 5.227 ton. de Argentina, adicionales a las permitidas con arancel preferencial, sin que la Dian lo notara. No contamos, además, que tendremos libre comercio con Chile y que los lactosueros y leches líquidas de USA ya tienen cero arancel.

Aunque este semestre la industria ha echado mano de sus inventarios de leche en polvo, para paliar los altos precios internacionales –ocasionados por el verano en Nueva Zelanda y Australia–, es previsible que en la segunda parte del año volvamos a la dinámica de importaciones, de la que ya no podremos salir. Sin Conpes lechero, sin normas fitosanitarias, con una anémica ejecución del gasto público, inundados de leche, con una demanda deprimida y un creciente contrabando, es poco lo que podemos hacer los productores. Bien dicen que para cazar al lobo, hay que parecerse al lobo, pero la negligencia institucional apenas dio para dejar al sector en condición de presa. Abandono e indiferencia, mezcla explosiva para la protesta legítima.

*Presidente Ejecutivo de Fedegán.