¿Acuerdo sin “acuerdo”?

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

El despliegue mediático para anunciar la firma de un acuerdo inconcluso en el tema agrario, fue un golpe de opinión. Una salida de doble filo, necesaria para el Gobierno ante la inminencia de mostrar resultados, pues ahora las negociaciones de paz son determinantes para la “reelección”. Pero si la pretensión era enviar un parte de tranquilidad, se logró el efecto contrario y las suspicacias saltan a la vista. No es posible que después de 6 meses, los plenipotenciarios escasamente arribaran al sobre-diagnosticado rezago del campo y a las demandas, estas sí históricas, de la inmensa deuda social con 14 millones de colombianos. Son más las omisiones y las dudas que el catálogo de buenas intenciones de lo acordado.

La hondura del “pacto rural”, debió pasar por asuntos de gran calado sobre los que se tendió una cortina de humo: la propiedad privada, las tierras improductivas, la explotación minera, la inversión extranjera, las Zonas de Reserva Campesina, la eliminación de los supuestos latifundios o los mecanismos y condiciones para la restitución de las tierras “ilegalmente habidas”, para dotar a 8 millones de campesinos despojados. Sólo se necesita leer la entrevista a Catatumbo, para entender los pendientes de la negociación rural.

A fin de cuentas, si algo han demostrado las Farc es su coherencia para perseverar en su discurso retardatario. Y, empoderadas como están, nadie cree que hayan bajado la cabeza para ceder a las presiones de acelerar el proceso. En cambio, la postura del Gobierno ha sido ambigua. Poco queda de los condicionamientos para “usar la llave de la paz” y de los inamovibles del acuerdo general de La Habana. Ahora, en su nueva condición de rehén electoral de las Farc, se desconoce el alcance de la letra menuda del contrato para hacer realidad el modelo socio-económico fariano en la ruralidad. En donde, por supuesto, es protuberante la ausencia del reclamo oficial a las Farc sobre la usurpación de tierras que protagonizaron, pero sí en cambio, las amenazas a las multinacionales y a la inversión privada.

Pero, más allá de si el primer punto de la agenda quedó o no negociado, es claro que el pago de la deuda social y económica con el campo, necesita más del tercio que le resta a esta administración para mover la locomotora y, además, sincerar el debate sobre cuánto costará. Ese riguroso ejercicio fiscal debe empezar por lo que realmente se negoció en Cuba, el costo de la implementación de la Ley de víctimas y restitución de tierras, sin olvidar las medidas para paliar los TLC, la inseguridad que campea o la ejecutoria de los recursos de la ola invernal o del DRE. 

El país no puede vivir de expectativas. Estamos frente a promesas que no se cumplirán. Entre otras razones porque más allá del tema rural, el éxito o fracaso de las negociaciones, depende de la suerte del marco jurídico para la paz. Es decir, de abordar la discusión pendiente sobre los mecanismos definitorios para la desmovilización y dejación de armas de las Farc, la desarticulación de sus estructuras, la justicia, la verdad y la restitución a las víctimas. Lo demás es seguir vendiendo una paz sin bases, a punta de demagogia con la tierra. Y ahora, en actitud pendenciera y delirante, Venezuela chantajea con retirar su apoyo al proceso de La Habana, por cuenta de Capriles.

Realidades sobre las que mucho tienen que opinar, por ejemplo, los campesinos testigos de las brutales masacres de funcionarios y soldados en La Guajira o Norte de Santander que, con lágrimas reconocieron su impotencia para auxiliarlos, por temor a las represalias de la guerrilla. O los miles de amedrentados que habitan las actuales Zonas de Reserva Campesina, que tras el acuerdo ven más lejos su liberación de las Farc. Y muy poco tienen para decir, los 2 o 3 voceros de la etérea “comunidad internacional”, que en su casa no dan tregua en separar el grano de la paja, pero en tierra ajena no distinguen narcoterroristas.

*Presidente ejecutivo de Fedegán.

¿Por el continuismo…?

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

En Casa de Nariño la campaña por las elecciones 2014-2018 empezó hace meses. No obstante, la confirmación en “código morse” de la candidatura del Presidente, deja otros bemoles más protuberantes. El “continuismo de las políticas” –esguince que usó Santos para bajarle la temperatura al anuncio de su reelección–, puede leerse también como la oportunidad para asegurarle a las Farc, el tiempo indefinido que demanda el proceso de La Habana. Rompe el límite para negociar hasta “noviembre” y se convierte en “rehén” de la guerrilla que, ahora tiene entre manos su triunfo o derrota.

Tras estos erráticos pasos, la pregunta es cuánto más puede flexibilizar el Presidente su postura en Cuba para alcanzar la reelección. Porque hasta donde sabemos, la “lista de mercado” de las Farc –cifrada en más de un centenar de exigencias, sólo para el primer punto del desarrollo rural integral–, ha sido ampliamente revisada, según Iván Márquez. Pero, por supuesto, no se ve humo blanco, porque aún les falta llenar la canasta. Por eso, la decisión del Presidente "libera" las negociaciones de "presiones innecesarias de tiempo… para construir un buen tratado de paz", en palabras de Rodrigo Granda. Aunque la cuenta, en términos reales no va por 6 meses, sino por 3 años. Pero quieren más y mayores ganancias, incluso por fuera de la agenda, como la “reforma” a las fuerzas armadas. 

Ahí es donde entra a jugar el aval a la reelección que otorgó el Canciller de las Farc. Un hábil favor político que no será gratuito y puede salirle costoso al país, en especial a la ruralidad. A fin de cuentas, el gobierno adelgazó tanto la línea limítrofe entre su deber de gobernar y su dependencia de los diálogos de paz para reelegirse, que nadie sabe qué pueda pasar en el último tercio de esta administración y, peor aún, en una eventual prolongación de las negociaciones por 4 años más. Lo que parece no tener claro el gobierno y su equipo de escuderos, es que 87 de cada 100 colombianos no le juegan a lo que se está cocinando de fondo en La Habana.

El real anhelo de paz, parece haber sido confundido con un cheque en blanco para girar todo a favor de los victimarios y eso no ha pasado desapercibido para los colombianos. Pero además, la opinión podría pasarle factura al gobierno, justamente, por haber abocado una negociación con un grupo narcoterrorista, que no estaba incluida en su pasado proyecto de campaña y por el que no fue electo. El continuismo que entonces se buscaba era el de la Seguridad. Variación que, dicho sea de paso, lleva implícito un ingrediente de desconfianza sobre las preferencias que el electorado puede estar eligiendo realmente.

No olvidamos que Pastrana y Uribe recibieron, desde distintas orillas, las presiones electorales de las Farc para acceder al poder. Pastrana, con la iniciativa de embarcarse en los diálogos del Caguán, con generosas concesiones. Uribe para hacerles frente y construir  la política de Seguridad Democrática –una lonchera de la que muchos comieron y luego patearon–. Pero la ruleta volvió a girar y Santos que se eligió bajo las condiciones de Uribe, ahora intenta ser reelegido, bajo las mismas condiciones de Pastrana: dar continuidad a otra negociación. ¿Cuál será el precio en términos de concesiones, si en el pasado no fue suficiente con cederles la soberanía sobre más de 42.000 kilómetros cuadrados de patria? ¿Cuánto más puede costar esta etérea “Justicia Transicional”, para lograr el favor electoral de las Farc? ¿Qué tanto está dispuesto a transar este gobierno en favor de los victimarios y en contra de las víctimas?

El anuncio de la reelección o del continuismo de las políticas, abre el abanico de las preferencias sobre las cuales tendremos que manifestarnos 47 millones de colombianos en las urnas. Pero desde ya la transparencia del proceso nace muerta, ante el oscuro escenario del “intervencionismo electoral” de las Farc. Fatídico inicio de la justa electoral.

*Presidente Ejecutivo de Fedegán.

Renuncia “motivada”

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

Cuando Juan Camilo Restrepo asumió como Ministro de Agricultura, hubo consenso sobre su idoneidad. Él mismo se comprometió a revertir el drama del sector. No obstante, la “revolución agraria” no llegó. En su lugar, echó raíces un creciente inconformismo en los subsectores productivos, tras una ineficiente gestión que incluso reprobó la Contraloría General. Lejos del hombre de Estado que conocimos, impuso un tono político contestatario y personalista que lo llevó a trabajar a espaldas del campo, los productores y los gremios. Con todo respeto, creo que su dimisión puede contribuir a retomar la extensa agenda de asuntos rurales sin resolver y corregir las decisiones sobre el gasto público sectorial.

Los paros de los productores de café, cacao y papa –resueltos con paliativos– y la seguidilla de anuncios de protestas de arroceros, algodoneros, productores de maíz y leche –conjurados con promesas–, sólo han sido una expresión de las limitaciones y fallas institucionales, que han caracterizado estos 3 años de parálisis sectorial. Nos quedamos esperando una política integral de desarrollo rural y decisiones de asignación del gasto fiscal que arroparan, equitativamente, los intereses más amplios –económicos, sociales y productivos– del campo. Pero centró su atención, como él reconoció, en la restitución de tierras y en atender las demandas de la guerrilla en La Habana.

Con estas directrices y considerando que el Ministerio concentra además de la planeación sectorial, la ejecución sobre el 60% del presupuesto público agropecuario –seguido de lejos por el Incoder, que administra otro 18%–, se entiende por qué los demás rubros de inversión –responsables de las fallas estructurales del sector para su competitividad y la dolorosa pobreza que lo ronda–, quedaron en la trastienda. Aunque nunca habíamos tenido presupuestos tan abultados –$1.6 billones a 2013, 31% más que en 2010–, no llegaron al productor. Como tampoco se solucionó la desarticulación de cadenas o las gravosas distorsiones de mercado, inducidas por la desprotección cambiaria, los bajos precios y los elevados costos de producción. 

La gestión sanitaria, responsable de nuestra exclusión en los mercados de los socios-TLC, nunca estuvo en la agenda del Ministro. Y cuando al fin lo hizo, tomó decisiones equivocadas. La inversión fue pobre, los desatinos superaron los instrumentos de política económica y pasaron por la incompetencia institucional. Las normas fitosanitarias se quedaron en papel, el control en fronteras al contrabando de alimentos o animales vivos no funcionó –aunque a través de la prensa hizo creer que la responsabilidad era de otros– y, más grave, la movilización interna de ganado retrocedió un década. Pero tampoco estuvo en la mira del Ministerio, la ruina que se avecina para los productores lácteos, por efectos del TLC con Europa. El Conpes lácteo apenas recibió una asignación de $42 mil millones en 3 años, para atender a más de 300 mil ganaderos que caerán en desgracia.

  
No extraña, entonces, que en la última auditoría realizada por la CGR, el Ministerio recibiera una calificación desfavorable –sólo 43 puntos de 100 posibles– y que su gestión financiera fuera catalogada como ineficiente. Más aún, su cuenta no feneció, pues se registraron 60 hallazgos con posible alcance administrativo, 1 penal, 6 disciplinarios y 5 fiscales. Lo que me lleva a recordar sus injuriosas denuncias contra Fedegán, con base en un informe preliminar de una auditoría privada, cuando la Contraloría había fenecido la cuenta del Fondo Nacional de Ganado, calificando su gestión con 82 puntos.

El balance no es bueno. Un fracaso asociado, sin duda, al nulo diálogo con los gremios de la producción. En nuestro caso, sentimos que cazó rencillas por no estar Fedegán en la misma orilla ideológica de la defensa de los diálogos con un grupo narcoterrorista. Cerramos el capítulo, a la espera de que el nuevo Ministro habilite canales expeditos, para reconciliar a los productores con la gestión de esa cartera. Vamos a necesitarlo, para evitar que se profundice la inmensa deuda del país urbano con el rural, por cuenta de los diálogos en Cuba, que pronto destaparán sus cartas en el primer punto de la agenda de negociación.

*Presidente Ejecutivo de Fedegán.

Se Maduró la “petrodemocracia”

José Félix Lafaurie Rivera

@jflafaurie

La crisis venezolana tiene visos de terminar en una implosión social de incalculables proporciones. La polarización social, tras los dudosos comicios que dieron la victoria a Maduro por un estrecho margen y su impugnación por parte de la oposición, dejan al nuevo gobierno en el incómodo terreno de una débil legitimidad. El impasse no sólo compromete la gobernabilidad para rescatar al país de la parálisis económica, sino que además, desnuda el régimen anti-democrático que operaba. Cayó la máscara y con ella crece el descontento popular, que ahora el oficialismo ataja infundiendo terror y acallando a golpes a la oposición, de mano de la “petrodiplomacia” hemisférica. Suficientes fermentos, para que Colombia sopese sus efectos.

Han sido casi 3lustros de maduración del Socialismo del Siglo XXI. Chávez se cuidó de mantener los procesos electorales, como único pilar de fachada democrática, con resultados más o menos creíbles. Aunque las restricciones a las libertades públicas, la persecución política, la censura, la inexistente separación de poderes o la violación de los derechos humanos y de la propiedad, hacían evidente el camino hacia la dictadura. No obstante, la jornada del 14 de abril y los acontecimientos post-electorales, dieron el puntillazo final y, bajo el influjo de Cuba, crece la sombra del totalitarismo.

La sucesión previa de hechos inconstitucionales, daban cuenta de la estrategia para asegurar la profundización del socialismo a cualquier precio, en la era post-chavista. Venezuela pasó de una situación de facto –pues Chávez nunca tomó juramento tras los comicios de 2012–, a la inhabilidad de Nicolás Maduro para asumir como presidente y, además, para fungir como candidato desde esa posición. Con otros ingredientes: acondicionó al electorado a sus preferencias con un ilimitado abuso del poder y demonizó a la oposición hasta el radicalismo, que cobra 3 golpizas contra sus diputados por reclamar el derecho a disentir en la Asamblea Nacional.

Tras una campaña vacía en propuestas –pero cargada de violencia verbal contra el candidato de la oposición, Capriles Radonski– y una cuestionada jornada en las urnas, no era de esperarse el reconteo de votos, reconocer el derecho a la protesta o cambiar el tono de insultos y amenazas. Pero si internacionalmente no se ha reconocido la forma como se ha desdibujado la democracia venezolana, menos aún el régimen acepta la papa caliente que se cocina al calor de la inflación, la creciente deuda externa, el desabastecimiento, la dependencia de importados y la pérdida de poder adquisitivo, entre otros factores, que caracterizan el panorama económico de nuestros vecinos.

No extraña entonces, la indigna salida de desviar la atención, con la teoría del complot para asesinar a Maduro por parte de paramilitares al servicio del expresidente Uribe. Un expediente muy recurrido del régimen cubano, para desviar a la opinión de los problemas internos. En consecuencia, más allá del malestar por la crisis de nuestros hermanos venezolanos, que nos aflige por igual a los colombianos, los hechos obligan a una reflexión sobre sus efectos para nuestro país y la región. Más, si se trata de un gobierno sin “personalidad” propia, un burdo continuismo del chavismo, cuya estrategia se basa en “comprar” la conciencia hemisférica, para legitimar desde afuera un gobierno ilegítimo e inestable.

Preocupa que desde nuestra orilla, falte contundencia para rechazar la destrucción de la democracia venezolana. Ahí está el tímido reclamo de nuestro gobierno, luego de la grave afrenta contra el expresidente Uribe. Nos preguntamos si Colombia va avalar un gobierno, que cada vez se parece más una dictadura y menos a una democracia. ¿Colombia es consciente del grave daño de tener en la región a una Venezuela no democrática y, al tiempo, con una situación económica y social explosiva? Son más de 5 millones de colombianos que residen allí, pero que podrían terminar como “refugiados” en su propia patria. La paz en Colombia pasa por una democracia real en Venezuela. Es hora de mirar la situación con más rigor y menos entusiasmo, por cuenta de los diálogos en La Habana que no van a ninguna parte.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.

¿Inimputables…?

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

El Gobierno Nacional no ha entendido que al afectar la correlación de fuerzas frente a las Farc, aleja la posibilidad de una negociación viable. Sus decisiones militares y políticas –antes y durante los diálogos– marcan la diferencia. Llegó a La Habana con el antecedente funesto de haber cortado la maduración del fin del conflicto, que estaba garantizado con la política de Seguridad Democrática. Acorralada como estaba la guerrilla y con un inmenso desprestigio internacional –catalogada como "narco terrorista”–, se vuelve a la errada opción de darle oxígeno. Ahora no desperdicia una sola oportunidad, para escalar en sus pretensiones e inclinar la balanza a su favor. 

El paréntesis de la negociación aplazó su derrota. El cambio de estrategia, sumado a la legitimación de las Farc –con la apertura del diálogo– fue determinante para resucitarlas y alimentar sus pretensiones. En el camino el Gobierno se ha encargado de nutrir al moribundo, al generar expectativas en la opinión pública sobre una paz frágil. De ese empeño hacen parte los foros, la pasada marcha o las declaraciones de los partidos de la mesa de “unidad nacional” que, han contribuido a empeorar la correlación de fuerzas. Una situación que las Farc no han dudado en capitalizar, para elevar sus ambiciones y profundizar la pendiente en el pulso de su contraparte.

Nadie está midiendo el costo de estas dinámicas. Pero, a futuro, ceder más de lo recomendado o de los parámetros que la opinión pública está dispuesta a aceptar, pueden dar al traste con el proceso. Basta sopesar los recientes pronunciamientos de Jesús Sántrich, que resumen el máximum de las pretensiones de las Farc: “Los tribunales colombianos no tienen la dignidad, el decoro y la competencia, porque este ha sido un Estado criminal. Tiene que haber una política de Estado para resolver el problema de la guerra”. En consecuencia, la justicia colombiana no puede juzgarlos y más que impunidad, buscan ser declarados inimputables.

En otras palabras, como las Farc han venido elevando sus demandas, ahora pretenden ser “eximidos de responsabilidad penal por no poder comprender la ilicitud de un hecho punible o por actuar conforme a dicha comprensión”, según la definición de inimputable. Por eso no extraña su discurso plagado de epítetos, sobre el “Estado victimario”, los “prisioneros de guerra” para referirse a los secuestrados, autodenominarse como “víctimas” y usar al “pueblo oprimido” para justificar su lucha. Cuando no optan por banalizar el pasado sangriento que desataron, desdeñar a las víctimas y su derecho a la verdad y hasta negar su evidente derrota militar. Todo vale para no pagar un día de cárcel y dar el paso, automático y gratuito, de las armas a las urnas, incluso de quienes ordenaron sistemática y masivamente secuestros, reclutamiento de menores, masacres y atentados.

Hasta ahora sus conquistas incluyen otros trofeos, tanto o más graves, como el control de las Zonas de Reserva Campesina para desmembrar el territorio nacional. Pero quieren más, amparadas en ese cambio en la correlación de fuerzas: buscan diezmar a las fuerzas armadas con una reforma que anule su derecho al fuero militar y disminuya su tamaño y mantienen el inamovible de la Asamblea Constituyente, en donde ellos participarían con el 50% de los miembros. No les sirve el referéndum. 

No son conscientes de la desproporción de sus exigencias, que inviabiliza un acuerdo final en La Habana y, además, del rechazo popular que despiertan. Con suerte, esa será la pared con la que chocarán las Farc. Nadie quiere la mezcla siniestra de armas, plata del narcotráfico, votos y criminales haciendo política. Como dice el adagio: la ambición rompe el saco y la guerrilla está haciendo méritos para que, tarde o temprano, el Gobierno escuche la voz de la mayoría que pide a gritos, frenar la arrogancia de sus exigencias y retornar al camino de la Seguridad Democrática.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.