Los violentos y la propiedad rústica

Las denuncias formuladas por el Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Vélez, que involucran algunas oficinas de registro y notarías en actos fraudulentos –que determinaron la titulación irregular, de al menos 120 mil hectáreas de tierras– me hacen quebrantar la premisa de mantenerme al margen de asuntos, sobre los que tuve alguna responsabilidad pública directa. ¿La razón? una retrospectiva de mi propuesta para interconectar las funciones de notariado y registro, en una sola gran base de datos operada centralmente, pudo haberle ahorrado al país el dolor de cabeza de tener que hurgar ahora, en casos presuntamente ilegales, para garantizar la seguridad jurídica y física de la propiedad inmobiliaria y evitar la manipulación de registradores cuestionados.

Aunque la propuesta se inicio en mi administración va lenta y siento que ahora que el tema de la propiedad rústica vuelve a estar en el centro del debate nacional, acelerar su implementación es más que necesario. La función de registrar es sensible y reglada, al grado que no admite mayores interpretaciones. Mientras al notario le corresponde dar fe sobre un acto de compraventa a través de la escritura pública -el título-, el modo de adquirir lo otorga el registro, instancia que finalmente confiere la propiedad al adquiriente. En consecuencia, una vez el notario cumple su función, el registrador sólo debe realizar la anotación en el folio de matrícula del predio, si los presupuestos de ley se cumplen. En caso contrario, la escritura vuelve al notario para solucionar los vicios, con el consentimiento de los otorgantes si por los intervinientes son subsanables.

Curiosamente, esta iniciativa que le habría significado al país un avance técnico y tecnológico en décadas, para garantizar la seguridad jurídica y física de la propiedad, recibió la oposición de los registradores y del sindicato. Los registradores no querían perder la “proximidad” con el demandante del registro y se opusieron a tener una sola base de información de todo el registro nacional, a cambio de 192 bases de datos fraccionadas y de 180  oficinas de instrumentos públicos diseminadas por todo el territorio nacional. Incluso argumentaron que se quería acabar con el registro público y la centenaria tradición francesa acuñada en el código civil napoleónico del Título y Modo, como forma de adquirir bienes inmuebles.

Nada más ajeno. Lo que se  pretendía era modernizar la función notarial y su integración con el Registro, como tuve la oportunidad  de presentar en el Congreso Mundial de Notarios en París en el 2003; congreso al que  fui invitado, sin ser notario y menos jurista, donde la nueva tesis tuvo acogida.

¿Por qué no gusto la tesis a los registradores? ¿Por qué el argumento de mantener las oficinas de registro en las regiones si estaban los notarios y ellos son los encargados de dar fe de los actos que requieren la solemnidad, como las escrituras públicas de compraventa o hipotecas de bienes inmuebles  y enviarlas en línea y en tiempo real al registro, gracias a los nuevos estándares de conectividad y seguridad informática con firmas digitales? No se. Lo que si estoy seguro es que la función registral se puede llevar centralmente y evitar “insanas discrecionalidades por proximidades que matan”, como las denunciadas esta semana por el Superintendente y las que, probablemente, saldrán a la luz pública e involucrarán a más criminales de la talla del tristemente célebre  “Cuchillo”.

*Presidente Ejecutivo de  FEDEGÁN

La locomotora agropecuaria

Justo sea abonarle al Plan Nacional de Desarrollo (PND) propuesto por el Gobierno, por el reconocimiento palmario de las enormes brechas económicas y sociales que surcan el país y por las loables metas para reducir el desempleo y la pobreza y afianzar el crecimiento y la seguridad. No obstante, la búsqueda de un desarrollo regional y rural más homogéneo, necesita miradas creativas para acercar e integrar. Mi sentir es que desborda optimismo, pero se queda corto en los lapsos y, más aún, en las estrategias para corregir dinámicas atávicas de abandono estatal y despilfarro e ineficiencia de las entidades descentralizadas.

De entrada, el plan invita a matricularnos en el “club de los países desarrollados”. Un “gran salto” que implica multiplicar por dos o tres nuestra productividad y no menos de una o dos décadas, para alcanzar un ingreso per-cápita comparable. ¡Qué más quisiéramos! Pero el asunto es que la única locomotora en marcha es la del sector minero-energético. Las demás cojean y la agropecuaria –clave en la generación de empleo, reducción de pobreza y seguridad alimentaria– tardará mucho en activarse. No sólo porque está bajo el agua –condición que plantea retos complejos para su reconstrucción–, sino porque su atraso es ancestral y superlativo.

El asunto es que seguimos apuntando a mayores niveles de apertura y competitividad, pero las decisiones se cifran en información poco confiable, que ha hecho terriblemente falibles las políticas públicas. Desde la década de los 70 no tenemos, por ejemplo, un censo nacional agropecuario y, por ende, tampoco una política pública integral de desarrollo rural. Ello explica por qué no logramos reconocer asimetrías intrasectoriales, para eliminar piedras en el zapato de los subsectores en temas como la intermediación, la estructura de costos de producción o la asistencia técnica.

Tampoco advertimos nuevos paradigmas para saldar las escasas articulaciones entre las geografías económicas –urbana y rural–, medidas no sólo por las distancias en la disposición de bienes públicos para una y otra, sino por la precariedad institucional –desde el centro y la subnacional– para impulsar esta locomotora. Basta mirar hacia el país que hoy está anegado. La ruralidad sigue reclamando banca de fomento, vigilancia y control epidemiológico y sanitario, gestión del riesgo ambiental, vías secundarias y terciarias. Pero también jueces, hospitales, escuelas, ejército y policía y la garantía de una interconexión logística, de comercialización y transporte entre las zonas de producción y las de consumo.

Vistas desde el sector rural, las metas de un crecimiento económico del 6% anual, de reducción de la pobreza –de 45,5% a 40%– y generación de empleo –2 millones de nuevas plazas– tendrán que pasar, por un examen exhaustivo de los ejes trasversales considerados hasta el momento. La revisión no puede desconocer el entono microeconómico de los productores, como tampoco las variables macro asociadas a la urgente reorganización del territorio productivo rural. La mirada que tendrá que abordar las articulaciones que se deben producir entre las regiones, las cinco locomotoras y los efectos de las leyes de víctimas y regalías, para sólo citar algunos factores.

Priorizar para el cuatrienio, articular y dar inicio a las obras de largo plazo, son acciones básicas, si lo que buscamos es romper con el inequitativo esquema de desarrollo regional. Más aún porque la magnitud del desastre invernal no da lugar a error y la exigencia de competitividad rural, no puede seguir esperando. Una locomotora no funciona sin la garantía de un escenario real para su desarrollo. Con todo y las buenas intenciones y el optimismo que desborda el PND, necesitamos debatir y consensuar, para que el bienestar llegue por capilaridad y consolidar “una sola Colombia”.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.