Pasados los días santos y luego de un intento por aclarar el meollo de Agro Ingreso Seguro en mi anterior artículo, es tiempo de hacer una reflexión más profunda. Aquí hay un problema ético y, por supuesto, una falla en la recta aplicación de la justicia. El encendido debate político, no sólo ha dejado en entre dicho la importancia del proyecto AIS para la ruralidad, sino que ya criminalizó, juzgó y emitió sentencia anticipada sobre todo el programa, 33 mil beneficiarios del mismo y los actores oficiales que lo diseñaron.
El indebido escándalo mediático, permeó la administración de justicia y con ello se borraron, de un plumazo, las posibilidades de honrar el principio de presunción de inocencia, el respeto por el buen nombre de los inculpados o las garantías de la independencia de la justicia. Una condición que no sólo se predica con respecto a los otros poderes, sino de cualquier influencia, que afecte las sentencias judiciales. A eso se denomina Estado Social de Derecho.
El entorno enrarecido en este y otros juicios políticos, en los que se busca “hacer justicia”, no ha permitido evaluar, en un escenario tranquilo y sin ruidos innecesarios, la responsabilidad que atañe a los involucrados, para diferenciar dónde existe un delito y dónde no lo hay. Dónde están los criminales y dónde la gente decente. Por esta vía, se truncaron carreras limpias al servicio del sector público, y se redujeron a la categoría de “hampones peligrosos”. Funcionarios íntegros y probos irán a la cárcel, para acallar los ánimos vindicativos de la opinión pública. Son los “chivos expiatorios”, del creciente problema de la corrupción.
No niego el deber de prevenir y castigar el delito y la corrupción. Eso no está en entredicho. Hablo de la tremenda injusticia que se está configurando. Hablo de los métodos, los excesos, las omisiones, los medios, el escarnio público, el desconocimiento de las “realidades” del programa AIS y del derecho a ser escuchados en un juicio imparcial.
Siempre he creído que para quienes tenemos íntegras nuestras fibras morales y éticas, la injusticia es la prueba más difícil y, a la vez, la más desmoralizante. Quedarme callado ante este horror, sería como participar en el despropósito de llevar gente de bien a una injusta picota pública, alimentar un clima de sospecha y zozobra sobre el sector oficial y crear un campo minado, en el que los funcionarios públicos nunca salen ilesos, porque todas sus actuaciones pueden ser judicializadas y meritorias de carcelazos.
Sería un cobarde sino admitiera mi indignación como persona, ciudadano y dirigente gremial por esta casería de brujas y mi respaldo a uno de los poquísimos programas, que se han concebido en muchas décadas a favor del sector rural, medido en términos de beneficiarios, recursos e impacto. Miles de ganaderos se favorecieron lícitamente de AIS. Grandes, medianos y pequeños. Porque no es cierto que se hubiera configurado para beneficiar exclusivamente a los grandes. Como sí ha ocurrido y, de muy vieja data, con políticas como la de zonas francas, el ICR en sus inicios o la propia conformación de la cartera crediticia. Y, aunque así hubiera sido, ello no determina per se un dolo.
Es el momento de hacer un alto. Nadie puede ser considerado o tratado como un criminal, mientras se le está investigando. Una apreciación errada en el diseño de una política pública, no puede equipararse con un delito ominoso. Urge reflexionar sobre éstas y otras sindicaciones que se están formulando en los estrados judiciales. A la postre, pisotean derechos fundamentales de los acusados y los resultados desdicen mucho del prestigio y la credibilidad de las instituciones.
*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.
