@jflafaurie
El Congreso de la República reunió a representantes del gobierno y la sociedad civil, con la intención de conmemorar el “Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas”. Allí estuvimos, representados en FUNDAGÁN, la fundación que creó el gremio hace más de 5 años para la proyección social de la ganadería, para tender puentes de tolerancia y solidaridad e iluminar la escena de la historia reciente, haciendo visibles a sus víctimas: las de la violencia armada y las que entraña la pobreza. También estuvieron otras víctimas, todas igualmente válidas y representadas. Sin embargo, un incidente deja un mal sabor: la actitud de un Representante a la Camará, quien intentó impedir la alocución de María Fernanda Cabal, presidente de FUNDAGÁN, porque “representaba la voz de los paramilitares”.
El incidente es fiel reflejo de lo que está sucediendo en el país. Un grupúsculo –entre los que figuran victimarios de ayer, que ahora posan como víctimas– se autoproclamó como vocero exclusivo de las víctimas. Desde sus columnas, curules o discursos deciden quiénes son las víctimas de primera y quiénes no. Cuáles tienen derecho a la reparación y cuáles, por el contrario, al desprecio y al repudio. Cuáles pueden ser visibles y tener voz y cuáles deben ser silenciadas moral y-ofísicamente.
Las lágrimas, la sangre y padecimientos de millones de víctimas no son propiedad de nadie, ni tienen estatus. Su condición hace legítima su causa, su voz y su derecho a ser reparadas simbólica, moral y materialmente. Pero, además, el descomunal esfuerzo fiscal que tendrá que hacer esta sociedad en la próxima década, estimado entre $54 y $164 billones –si hablamos de “reparación integral”– no puede ser apropiado por ningún sector o actor social. Más aún, si su cruzada contribuye a generar más odios, fracturas y formas de violencia y, muchos menos, si denigra de las propias víctimas.
No necesitamos falsos activistas ni voceros de alquiler, que manosean el dolor de las víctimas en una fingida e indecorosa defensa, que sólo delata su interés en usufructuar réditos políticos o electorales, sin meditar en las consecuencias de sus sentencias. Las “palabras” de ese pequeño, pero poderoso grupo, amén de despreciar a víctimas auténticas –como las miles que tenemos en el sector ganadero– más parecen extensiones de los cañones, las balas y los brazos de los asesinos, que empiezan a colgar lápidas, a diestra y siniestra, en especial al cuello de los ganaderos.
De eso habla la cacería de brujas, que ahora nutren con el desafortunado estigma de la “paraeconomía”. Es una estrategia aleve contra los derechos fundamentales no sólo de los ganaderos, sino de todos los moradores del campo, en donde hicieron y hacen presencia las alianzas criminales. Pero si se trata de sembrar un clima vindicativo, también podríamos exigir una celada contra quienes “financiaron” a las guerrillas o incluso contra quienes hoy fungen, de manera subrepticia, como sus ideólogos. Pero, ¿es esto lo que queremos? ¿Es esta la clase de catarsis que vamos a construir para reencontrarnos como nación? No creo.
Aunque la salida fácil es rasgarse las vestiduras, hacer señalamientos a dedo para saciar la sed de venganza y poner a los ganaderos como chivos expiatorios, es urgente que nuestros detractores hagan el esfuerzo de repensar nuestro pasado para imaginar un futuro diferente, que habilite caminos sinceros hacia la verdadera solidaridad y reconciliación. Caminos que pasan por dar un lugar digno a todas las víctimas y sus voceros, que como la Fundación Colombia Ganadera, FUNDAGÁN, ejercen representación válida ante el Estado para reclamar sus derechos. Es también parte de la deuda que tiene la sociedad con el campo colombiano.
*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.
El Congreso de la República reunió a representantes del gobierno y la sociedad civil, con la intención de conmemorar el “Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas”. Allí estuvimos, representados en FUNDAGÁN, la fundación que creó el gremio hace más de 5 años para la proyección social de la ganadería, para tender puentes de tolerancia y solidaridad e iluminar la escena de la historia reciente, haciendo visibles a sus víctimas: las de la violencia armada y las que entraña la pobreza. También estuvieron otras víctimas, todas igualmente válidas y representadas. Sin embargo, un incidente deja un mal sabor: la actitud de un Representante a la Camará, quien intentó impedir la alocución de María Fernanda Cabal, presidente de FUNDAGÁN, porque “representaba la voz de los paramilitares”.
El incidente es fiel reflejo de lo que está sucediendo en el país. Un grupúsculo –entre los que figuran victimarios de ayer, que ahora posan como víctimas– se autoproclamó como vocero exclusivo de las víctimas. Desde sus columnas, curules o discursos deciden quiénes son las víctimas de primera y quiénes no. Cuáles tienen derecho a la reparación y cuáles, por el contrario, al desprecio y al repudio. Cuáles pueden ser visibles y tener voz y cuáles deben ser silenciadas moral y-ofísicamente.
Las lágrimas, la sangre y padecimientos de millones de víctimas no son propiedad de nadie, ni tienen estatus. Su condición hace legítima su causa, su voz y su derecho a ser reparadas simbólica, moral y materialmente. Pero, además, el descomunal esfuerzo fiscal que tendrá que hacer esta sociedad en la próxima década, estimado entre $54 y $164 billones –si hablamos de “reparación integral”– no puede ser apropiado por ningún sector o actor social. Más aún, si su cruzada contribuye a generar más odios, fracturas y formas de violencia y, muchos menos, si denigra de las propias víctimas.
No necesitamos falsos activistas ni voceros de alquiler, que manosean el dolor de las víctimas en una fingida e indecorosa defensa, que sólo delata su interés en usufructuar réditos políticos o electorales, sin meditar en las consecuencias de sus sentencias. Las “palabras” de ese pequeño, pero poderoso grupo, amén de despreciar a víctimas auténticas –como las miles que tenemos en el sector ganadero– más parecen extensiones de los cañones, las balas y los brazos de los asesinos, que empiezan a colgar lápidas, a diestra y siniestra, en especial al cuello de los ganaderos.
De eso habla la cacería de brujas, que ahora nutren con el desafortunado estigma de la “paraeconomía”. Es una estrategia aleve contra los derechos fundamentales no sólo de los ganaderos, sino de todos los moradores del campo, en donde hicieron y hacen presencia las alianzas criminales. Pero si se trata de sembrar un clima vindicativo, también podríamos exigir una celada contra quienes “financiaron” a las guerrillas o incluso contra quienes hoy fungen, de manera subrepticia, como sus ideólogos. Pero, ¿es esto lo que queremos? ¿Es esta la clase de catarsis que vamos a construir para reencontrarnos como nación? No creo.
Aunque la salida fácil es rasgarse las vestiduras, hacer señalamientos a dedo para saciar la sed de venganza y poner a los ganaderos como chivos expiatorios, es urgente que nuestros detractores hagan el esfuerzo de repensar nuestro pasado para imaginar un futuro diferente, que habilite caminos sinceros hacia la verdadera solidaridad y reconciliación. Caminos que pasan por dar un lugar digno a todas las víctimas y sus voceros, que como la Fundación Colombia Ganadera, FUNDAGÁN, ejercen representación válida ante el Estado para reclamar sus derechos. Es también parte de la deuda que tiene la sociedad con el campo colombiano.
*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.
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