@jflafaurie
Avanza en el Congreso un proyecto de Acto Legislativo, que busca restringir la inversión extranjera en el sector rural. No deja de extrañar que siendo la actividad agropecuaria una de las más necesitadas de inversión, para superar su ancestral atraso tecnológico y las fallas estructurales de su capacidad competitiva, ahora se pretenda cercenar una fuente que, bien controlada, podría contribuir a financiar su crecimiento y desarrollo. El “agro” nunca ha gozado de una fluida irrigación crediticia o destinaciones presupuestales generosas. Mucho menos de inversión directa. Me pregunto si el Senado hubiera votado en favor de este despropósito, en ausencia de un proceso de paz con las FARC. La duda queda. Y afecta.
Lamentable que vuelva a operar cierto relativismo económico, que desde siempre ha jalonado beneficios para sectores pudientes y urbanos, en perjuicio del agropecuario, en donde urge corregir graves asimetrías. Están de por medio las formidables oportunidades del agro-negocio mundial y los retos de la puesta en vigor de leoninos TLC. Las cifras son dicientes: La participación del sector en el total de la inversión nacional de maquinaria y equipos para la producción o para desarrollar mejoras productivas –indicador que los economistas denominan Formación Bruta de Capital Fijo, FBKF– nunca ha pasado del 3% anual en más de una década y al primer semestre de este año cayó 2,4%, cuando la actividad contribuye con el 6,3% del PIB y el 18% del empleo. Aporte que podría ser más alto, si se eliminaran los sesgos en especial, para la inversión extranjera.
Avanza en el Congreso un proyecto de Acto Legislativo, que busca restringir la inversión extranjera en el sector rural. No deja de extrañar que siendo la actividad agropecuaria una de las más necesitadas de inversión, para superar su ancestral atraso tecnológico y las fallas estructurales de su capacidad competitiva, ahora se pretenda cercenar una fuente que, bien controlada, podría contribuir a financiar su crecimiento y desarrollo. El “agro” nunca ha gozado de una fluida irrigación crediticia o destinaciones presupuestales generosas. Mucho menos de inversión directa. Me pregunto si el Senado hubiera votado en favor de este despropósito, en ausencia de un proceso de paz con las FARC. La duda queda. Y afecta.
Lamentable que vuelva a operar cierto relativismo económico, que desde siempre ha jalonado beneficios para sectores pudientes y urbanos, en perjuicio del agropecuario, en donde urge corregir graves asimetrías. Están de por medio las formidables oportunidades del agro-negocio mundial y los retos de la puesta en vigor de leoninos TLC. Las cifras son dicientes: La participación del sector en el total de la inversión nacional de maquinaria y equipos para la producción o para desarrollar mejoras productivas –indicador que los economistas denominan Formación Bruta de Capital Fijo, FBKF– nunca ha pasado del 3% anual en más de una década y al primer semestre de este año cayó 2,4%, cuando la actividad contribuye con el 6,3% del PIB y el 18% del empleo. Aporte que podría ser más alto, si se eliminaran los sesgos en especial, para la inversión extranjera.
La razón es una: el campo no tiene como fondearse. El crédito Finagro apenas alcanza el 1,2% como proporción del PIB. Pero, además, de la cartera total de la banca tradicional, escasamente se destina el 3% a las actividades agropecuarias. A su turno, el gasto fiscal en el sector ha venido cayendo desde principios de los 90, cuando representaba el 0,66% como porcentaje del PIB al 0,36% en 2010. Aunque en los últimos años ha habido un relativo aumento es imposible superar la brecha y, en todo caso, el sector sigue siendo uno de los grandes marginados en las decisiones de inversión pública. Para 2013 su participación en el total del presupuesto no supera el 1,4%.
El asunto es, que justo ahora que empezaba a fluir un interés renovado de los inversionistas extranjeros –esos que este año han girado US$11.754 millones a nuestra economía, 82% para el sector petrolero– se diseña una política para limitar su ingreso, si tiene como destino el “agro”. Entonces, ¿cómo hacer posible la FBKF y elevar la competitividad de la locomotora agropecuaria? Creo que los temores son infundados. Es un hecho que la tierra es un bien inamovible y, por tanto, no se la pueden llevar. Pero, además, su explotación está regulada e incluso se puede endurecer la normatividad, para evitar que la producción sea exportada sin límite. Argentina, por ejemplo, fijó un arancel para la exportación de carne del 35%.
Por otra parte, las economías modernas están otorgando un mayor valor estratégico a los activos de las industrias de telecomunicaciones o del conocimiento, muy por encima del concedido a la tierra. Entre otras razones, porque ahí está la mayor acumulación de riqueza −no es gratuito que Carlos Slim o Bill Gates sean los más ricos del planeta−. Con una connotación adicional: sus externalidades, laborales o de comercialización, son más difíciles de administrar por parte del país receptor, pero a nadie se le ocurriría limitar la inversión extranjera. Lo que si ocurre con la tierra. Si no existiera un relativismo económico, que sesgara contra la ruralidad, no tendría explicación limitar la inversión extranjera, cuando es evidente que es el sector que más la necesita y mejor puede controlar la producción, el comercio y la mano de obra.
Es curioso: pero parece que entre más pobre y afectado el campo, mejor se tiene para abonar el discurso retardatario de la izquierda. Ya Márquez habló de la extranjerización de la tierra y también tildó a los inversionitas nacionales de filibusteros. Aquí, al parecer, nos damos el lujo de despreciar la inversión en la ruralidad. Eso sí, sorprenden los argumentos y hacen pensar –quizá por coincidencia de tiempos– que antes de empezar los diálogos, ya estamos cediendo a las pretensiones de las FARC.
*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN
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