De las Naciones Unidas a La Habana

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

El discurso del Presidente Santos en pro de las negociaciones de La Habana –no de la paz– en el desolado auditorio de Naciones Unidas, fue reiterativo, a veces contradictorio y definitivamente inútil. El objetivo: descolgar el sambenito de las prohibiciones de la Corte Penal Internacional, para poder indultar narcoterroristas. En el entre tanto, Timochencko se encargó de pagar el favor poniendo una bomba de tiempo al proceso de paz, extorsionando al Gobierno con publicar todas las conversaciones que tienen 'reserva'. Presidente, mal paga el diablo a quien bien sirve.

No podía ser diferente. Ha sido la constante en acercamientos con esa guerrilla. Siempre lo he dicho: a las Farc hay que creerles. Si alguien dudaba sobre sus pretensiones de impunidad para crímenes de guerra y lesa humanidad, ahí tienen la confirmación. Las Farc no aprueban el Marco Jurídico para la Paz ni el Referendo Constitucional. Necesitan una Asamblea Constituyente para que los máximos responsables de graves violaciones al DIH, puedan hacer política y blindarse a futuro. Ahora se vienen con la amenaza de revelar episodios de los diálogos, los mismos que explican por qué Santos se convirtió en su rehén y, de paso, hacen saltar por los aires los ruegos de la alocución presidencial en la ONU.

Dijo Santos: “no habrá impunidad por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra…”. Pero a renglón seguido sostuvo que “no podemos investigar todos los hechos cometidos en medio siglo de violencia y procesar a todos los responsables…”. Especialmente, digo yo, si esos responsables son los mismos que quieren hacer política. Es la razón y no otra, para que el Presidente renegara, contra toda lógica jurídica y ética, del intervencionismo de la justicia internacional –léase Corte Penal Internacional y Estatuto de Roma– y para que un tema interno fuera llevado a esa instancia internacional. Pero no hubo compromisos, como no podía haberlos. ¿Cómo pretende el Gobierno indultar las condenas por crímenes de competencia de la CPI que hoy pesan sobre 218 miembros de las Farc, incluidos “Timochencko”, “Iván Márquez” o “Pablo Catatumbo”? 

Pero como si no fueran suficientes las ambivalencias discursivas del Presidente, sumó otros dos ingredientes: uno, el reconocimiento oficial del escaso avance en la agenda, cuando un año atrás había prometido en este mismo recinto, traer “buenas nuevas” de su gestión. Hoy, sólo un punto de los seis ha pasado por la mesa, obviando las gravosas “salvedades” del tema agrario. Y, dos, el osado ultimátum a las Farc en ese connotado escenario internacional. El punta pie final para la ira de “Timo”. 

Me gustaría saber cuál es la “estrategia realista de Justicia Transicional”, para salir de la encrucijada que le plantean Farc, Corte Penal Internacional, Corte Constitucional, víctimas y sociedad colombiana. Que sepa, nadie se opone a que una vez condenados exista una pena menor alternativa. Pero también es claro, que la Constitución y la CPI no permiten elegir a quienes tengan condenas. Por tanto, la respuesta no estará en llamar a la “cordura” a las Farc como hizo el jefe negociador, Humberto de la Calle, para que mantenga la “confidencialidad” y la ética. A fin de cuentas las Farc carecen de tales virtudes. Pero, tampoco podrá estar en el “canje” de “Justicia Transicional” por “Justicia Restaurativa”. El cinismo de las Farc de escudarse en un informe generalizado de una Comisión de Revisión del Conflicto, es el antecedente del escapismo a la Verdad Histórica. Las últimas amenazas al Gobierno, sólo darían pie a una salida: acabar con el circo de La Habana y volver a meter en cintura a las Farc. El retorno a ese tiempo, sí apremia para todos los colombianos.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.

Mambrú se fue a la guerra…

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

Colombia pertenece a un “club” de no más de 15 países, en donde es habitual el reclutamiento de niños, su asesinato, mutilación y toda suerte de vejámenes. La deshonrosa distinción en esa lista del Consejo de Seguridad de la ONU, se la debemos a los “actores persistentes” del infanticidio: las Farc y el ELN. Los mismos que hoy interactúan de “tú a tú” con la administración Santos. Primero los prostituyen y luego los inducen al crimen. Pero mientras la expectativa del Gobierno es desmovilizar a la guerrilla en pocos meses, los farianos en lugar de frenar la brutal práctica la intensificaron, como lo recuerda el reciente informe de la Fiscalía. Tendrán que rendir cuentas. Pese al vergonzoso lobby internacional por la indefensable impunidad, este es uno de los crímenes de guerra más repudiados y perseguidos por la Corte Penal Internacional.

Los guarismos sobre homicidios, tortura, ultrajes contra la dignidad, secuestro y violencia sexual contra los niños raptados por y para la guerra, son inciertos. Los 3.000 desmovilizados de las Farc que reseña la Fiscalía, son la punta del iceberg. La Organización Internacional de las Migraciones estima que hoy 18.000 niños harían parte de grupos criminales y 100.000 más estarían vinculados a sus negocios ilegales. Ello supone una victimización incalculable en 50 años de conflicto. Sólo en las Farc 50% de sus actuales milicianos ingresó siendo niño y ahora 4 de cada 10 son infantes. Junto a las Bacrim son los mayores predadores de la niñez rural, pues 69% de estos inocentes “soldados” sale del campo a enfundar un arma o prestar “servicios sexuales” a los llamados “revolucionarios”.

Pero si algo tienen en común los esfuerzos por documentar el criminal alistamiento de menores, es el hecho de caracterizarlo como una práctica sistemática, asociada a planes deliberados del narcoterrorismo, para escalar el conflicto armado y con ocasión de este. Desde los años 80 y hasta nuestros días no ha cesado y su impacto se ha sentido en todo el territorio en una magnitud dramática, que “sentencia a muerte” nuestro futuro como sociedad. Los niños se convirtieron en objetivo y arma de canallas. Un crimen silencioso con altísimas dosis de impunidad, que de acuerdo con la CPI apenas ha recibido 31 condenas contra las Farc y 4 contra el ELN en la justicia interna.

Son factores determinantes de la futura intervención de la CPI, para asegurar el enjuiciamiento de los genocidas de nuestros hijos, aunque sea para los delitos cometidos desde noviembre de 2009, fecha de la vigencia del Estatuto de Roma en nuestro medio. Fue clara la Fiscal Fatou Bensouda, en sus cartas a la Corte Constitucional y en su “Reporte intermedio” de evaluación de crímenes de guerra y condiciones de su competencia en Colombia. Su arbitraje depende, grosso modo, de una máxima: opera la jurisdicción interna o la CPI entra a regir. Pero nunca crímenes internacionales quedarán sin castigo ni serán objeto de suspensión de penas, incluso en procesos de Justicia Transicional.

Pero la responsabilidad será compartida con el Estado, que ha perpetuado la miseria y la desprotección en el campo, avivando el clima malsano que agitó las Farc a favor del infame reclutamiento de niños. Pero ahí estarán también los gobiernos que auparon frustrantes negociaciones, que sólo fueron el parapente del ascenso de las cuadrillas guerrilleras a costa del futuro y la vida de miles de pequeños. Pero mientras eso ocurre ¿quién les explica a ellos y sus humildes familias, que este Gobierno ruegue ante el propio seno de las Naciones Unidas, “términos especiales” para indultar a los comensales de La Habana? ¡Qué horror, qué dolor, qué dolor, qué pena!

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.

¿Dónde va la Justicia Transicional?

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

Desconcierta la fractura entre la “verdad real” y la “verdad procesal” de la Justicia Transicional. Aterran sus métodos que convirtieron a delincuentes en “acusadores de oficio”. Inquietan sus fallos cargados de generalizaciones, peligrosas omisiones y graves sesgos políticos. Los verdugos de ayer, hoy son las víctimas y prima su “verdad vindicativa” a cambio de rebaja de penas. Es la impresión que deja el reciente auto de uno de los tribunales conocedores de los procesos de “Justicia y Paz”. ¿Acaso la re-victimización de la sociedad y la criminalización de las instituciones, permitirán nuestro reencuentro como nación? No lo creo. Lamentablemente es lo que se desprende del boletín con el cual se anuncia el fallo.

Hace siete años lo advertí y hoy asistimos a las gravísimas implicaciones de politizar la Justicia Transicional. Con todo respeto, no creo que el sistema pueda escamotear los principios de legalidad, independencia e imparcialidad en la administración de justicia. Una decisión ajustada a derecho debe ser producto del ejercicio autónomo de la revisión documental, pruebas y argumentos de los involucrados y del análisis exacto del contexto de los hechos, sin margen a dudas o prejuicios personales o ideológicos. Lo que me lleva a preguntar si un auto que “condena” al Estado y sus Fuerzas Armadas, a un Expresidente de la República, a un conjunto de sectores –ganaderos, comerciantes, mineros y bananeros– y a la sociedad como un todo de promover y financiar paramilitares, puede predicar esas virtudes.

La reducción de penas para crímenes atroces, sigue esperando la moneda a cambio: la verdad material. Pero los fallos nos dicen que los “señores de la guerra” decidieron enlodar en sus “versiones libres”, la honra de cuanto colombiano se atraviese en su camino. Pero, además, la propia justicia está desconociendo circunstancias de tiempo, modo y lugar que determinaron la victimización de millones de compatriotas en la ruralidad. Negar que la hoguera de la violencia se prendió con la precariedad del Estado, es tanto como obviar que las Farc crecieron a su amparo para sembrar terror entre la población indefensa y erigir la extorsión, el homicidio, el secuestro y el narcotráfico a niveles industriales. Verdades incontrovertibles que el Tribunal calla sin justificación y que advierten sus inclinaciones políticas. 

Son omisiones imperdonables en el fallo de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín que explican, pero no justifican la generalización de sus juicios, que criminalizan a sectores que, como el ganadero, han sido víctimas sin salvamento ante el salvajismo de las guerrillas. Algunos, no todos y no sólo en la ruralidad, conformaron cooperativas de seguridad obrando dentro de la legitimidad que otorgó la Ley y, otros, cayeron por un error invencible en la ilicitud, impulsados por miedo y coacción ajena insuperables. Conductas que el Código Penal reconoce como causales de exculpación, pero que la Justicia Transicional parece ignorar condenando a diestra y siniestra.

Siempre lo he dicho, al campo le han faltado amigos y ha tenido muchos enemigos por acción y omisión. Una máxima que aplica a las fuerzas armadas que habiendo dejado todo en batalla, son dolientes de una campaña de desprestigio, mientras los genocidas se regodean en La Habana. Una mano oscura que incluso se ha extendido sobre personalidades como el expresidente Álvaro Uribe, cuyo gobierno sometió al paramilitarismo y llevó a sus cabecillas a la extradición, en un contrasentido frente a las mezquinas imputaciones. Es mejor no ponerle el cascabel al gato. Un día caerá la venda de la crueldad de las Farc y las verdaderas víctimas volverán sobre sus derechos. Entre tanto, callar no es una opción. Toda nuestra solidaridad a Luis Alfredo Ramos y a Óscar Arboleda. Sabemos de su rectitud.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN

El “Gran Pacto Agrario”

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

El peligroso escalamiento de la violencia durante el paro nacional, es un mal precedente para el “Gran Pacto Agrario”. Las regiones saben que los disturbios no responden a los reclamos legítimos y pacíficos de los campesinos, sino a la infiltración de guerrillas y la izquierda radical, que buscan aupar una campaña intimidatoria para incendiar el país y arrinconar al estamento. Una trampa pre-revolucionaria para doblegar al Gobierno en los “pendientes” de la agenda agropecuaria de La Habana, que parece haber dado resultado. No de otra forma se explica la intención de inaugurar la jornada del 12 de septiembre, con la discusión de proyectos de ley que están lejos de solucionar el malestar de los verdaderos campesinos empobrecidos. Juega el Gobierno con candela. El descontento campesino y sus justas solicitudes, no aguantan más demagogia y concesiones a las Farc, mientras el campo muere de hambre.

Esta coyuntura me recuerda, guardadas proporciones, la Francia pre-revolucionaria. Mientras Luis XVI, el más torpe de los borbones, intentaba apaciguar los ánimos desde los inútiles “Estados generales”, afuera las masas enardecidas por la pobreza, las cargas impositivas y el mal gobierno, gestaban la revolución. Ya debe saber el Ejecutivo que los legítimos campesinos, que son millones, se pusieron la ruana y esperan respuestas a la crisis que enfrentan, como resultado de la caída del ingreso familiar. Aquí no hay guillotina, pero el inconformismo puede convertirse en una piedra en el zapato más incómoda e inestable que los propios narcoterroristas apostados en Cuba, que siendo un puñado han recibido toda la atención del Gobierno.

Se requiere coherencia para aprovechar un escenario inédito en siglos. El éxito de esta mesa centralizada –que el Presidente había rechazado– dependerá de la representatividad y la forma cómo se aborden las demandas subsectoriales, que hoy distan mucho del asunto de los Baldíos, la Altillanura o el Proyecto de Desarrollo Rural. Lo cierto es que nadie quiere la mesa de La Habana en Bogotá, ni a sus comensales ni sus mil y una propuestas irrealizables. El Gobierno conoce los diagnósticos y no ignora las soluciones. Muchas de ellas tienen Conpes, decretos y proyectos diseñados, que fueron engavetados por el Ministro Juan Camilo Restrepo. Iniciativas que de haber alcanzado su trámite institucional, habrían evitado este doloroso trance.

En el caso de la ganadería el esfuerzo de Fedegán y los productores ha sido intenso. Hicimos el ejercicio de medir las graves asimetrías en producción, procesamiento y distribución en las cadenas cárnica y láctea, exacerbadas ahora por los TLC. La problemática y sus soluciones quedaron planteadas en los Conpes 3375 y 3376 de 2005, el Decreto 616 de 2006 y fueron actualizados en el Conpes 3676 de 2010 y en un proyecto de ley que entregamos al Presidente, para la reconversión productiva del sector. Demandas que apenas fueron escuchadas con la llegada de Francisco Estupiñán al MinAgricultura y que podrían tener una salida más expedita desde el “Gran Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural”.

Pero nadie sabe lo que puede salir de allí. A unos días de su realización, ni quiera se conocen los mecanismos de convocatoria, las Farc continúan azuzado la anarquía, el Gobierno sigue subestimando el verdadero trasfondo de la protesta y la institucionalidad agropecuaria anda manga por hombro. Así, el instrumento nace muerto. Se necesita construir sobre la improvisación, canales de interlocución oficiales del lado del Gobierno y los campesinos, para que no se diga que en esa mesa no están todos los que son, ni son todos los que están. De ello dependerá la legitimación de los acuerdos y la voluntad política para hacer de las propuestas de los campesinos un propósito de Estado, con metas definidas, recursos garantizados e instituciones actuantes.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN

Presidente de Fedegán se solidariza con el Sector Lechero Colombiano ante el peor momento de la ganadería del país

PE-182-2013

Bogotá, D.C. Septiembre 4  de 2013

Amigos ganaderos:

Ante los hechos que está viviendo el país, especialmente nuestra ganadería, quiero manifestar mi total solidaridad con el Sector Lechero Colombiano, pues es claro que estamos  atravesando por el peor momento de nuestra historia.

Las acciones y políticas erradas que han tomado los diferentes gobiernos, son una de las principales causas por las cuales la situación para los productores primarios es insostenible. Los altísimos costos de producción, las asimetrías y distribución inequitativa entre los márgenes de rentabilidad de la cadena, la posición dominante e indolente de la industria, así como  la ausencia de una política lechera clara y con visión de largo plazo, van en total contravía con los innumerables esfuerzos que desde nuestras fincas los ganaderos hacemos día a día para sacar adelante nuestras familias.

El pasado treinta (30) de agosto reunimos las Juntas Directivas de FEDEGAN y del FONDO NACIONAL DEL GANADO, en las cuales estuvimos esperando al Señor Ministro de Agricultura,              Dr. Francisco Estupiñan, para expresarle con la vehemencia que amerita esta situación, y como lo he venido haciendo en diferentes oportunidades acompañado por los 30 miembros de la Cámara Gremial de la Leche de FEDEGAN, que los ganaderos de Colombia no aguantamos ni un segundo más de indolencia, que no aceptamos más anuncios de medidas que nunca se materializan y que EXIGIMOS al unísono SOLUCIONES INMEDIATAS a esta situación que además de habérsele salido de las manos al Gobierno, puede tener consecuencias aún peores de las que ya está viviendo en el país. Sin embargo, por motivos de la situación de orden público y otros compromisos, el                Dr. Estupiñan no pudo asistir a la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ganado.

Así las cosas y ante la grave situación que en las regiones se está viviendo, he solicitado al Señor Presidente de la República Dr. Juan Manuel Santos, una nueva cita para buscar un acuerdo con el Gobierno que permita dar solución a los problemas coyunturales que deben ser atendidos de inmediato, y por supuesto a los problemas estructurales que deberán ser tratados con medidas de mayor profundidad como las esbozadas en el proyecto de ley que personalmente le entregué al          Dr. Santos el pasado mes de Mayo y sobre el cual aún no hemos obtenido respuestas efectivas; infortunadamente nos hemos podido reunir en una (1) sola oportunidad con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-MADR para revisar el Proyecto de Ley en mención, pues las entidades oficiales no han acudido a la citación del Ministerio.

Por otro lado, FEDEGAN ha logrado avanzar en la formulación y presentación de un proyecto ante el MADR para brindar asistencia técnica a través de los Asistegan Lecheros-ALE, dirigido a los ganaderos de las diferentes regiones productoras de leche del país; sin embargo estamos a la espera de la aprobación de dicho proyecto por parte de este Ministerio, para poder impactar a un número importante de ganaderos. Sabemos que este será un proyecto interesante, pero insuficiente ante la magnitud de la problemática lechera.

Por todo lo anterior amigos ganaderos y ante la crítica situación que el sector primario está viviendo en las regiones, quiero que tengan la plena seguridad que seguiré dando la pelea por ustedes sin descansar ni un segundo, hasta que este Gobierno entienda la magnitud de la problemática tanto económica como social  que está llevando a una quiebra sistemática a los más de 350.000 productores que derivan su sustento de la producción de leche.

Señores líderes gremiales, les pido encarecidamente hacer extensivo este mensaje a todos los ganaderos de sus  regiones,  pequeños, medianos y grandes, pues representarlos y defender sus intereses, son la razón de ser de FEDEGAN y por su puesto de mi gestión como líder de esta FEDERACIÓN.

Espero que más pronto que tarde podamos tener soluciones que hagan de la actividad lechera un negocio viable, rentable y sostenible.

Nudo gordiano

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

Es evidente la desesperación a medida que se acercan los comicios, como protuberantes los dilemas de ética democrática que el Gobierno debe resolver. Cuando creíamos que nada volvería a sorprender en el corto año que le resta, lanza en medio del prolongado paro, el “referendo electorero de los amigos por la paz”. Los reveses políticos no se hicieron esperar. Saltaron las posiciones irreconciliables de Cuba, con las exigencias de las Farc de una Constituyente e impunidad garantizadas. Al punto de rechazar el “regalo de las curules”, si el precio es el Congreso para unos y la cárcel para otros, según Márquez. Y para cerrar, la Corte Constitucional declaró exequible el Marco Jurídico para la Paz condicionado a la desmovilización, la entrega de armas y sin impunidad. En línea con la Corte Penal Internacional. Recordatorios al Gobierno de que no se manda solo y que la búsqueda de la paz tiene límites.

Es evidente que el estrecho “timing electoral” llevó al Ejecutivo a saltar al sexto punto del Acuerdo, cuando está lejos de un texto definitivo en la negociación. La intención es pegar las elecciones al Referendo para manipular a los electores, con un tarjetón que busca avalar los acuerdos, pero atado a una cacería de votos reeleccionistas que se definirá entre “amigos” y supuestos “enemigos” de la paz. Solo así se explica la pretensión de modificar la independencia y especial atención que debe tener el ciudadano, para apoyar o rechazar las reformas de gran magnitud a la Constitución. Premisas consagradas en la Ley 134 de 1994 y que la Corte Constitucional exaltó en su examen a la norma.

En medio está el nudo gordiano de la pretensión de las Farc de coronar una Constituyente, para garantizar la “paz con impunidad”. Su desconfianza en el establecimiento –exacerbada por el anuncio unilateral del Referendo– y una Corte Penal Internacional “injerencista y sesgada”, en términos de Timochenko, les dice que es el único mecanismo para evitar que sus demandas sean impugnadas. Y, entonces, ¿cómo hacer compatible ese escenario con los requisitos de la Corte para aplicar la Justicia Transicional? Acaso ¿es previsible el fin del conflicto y el desmonte de las estructuras criminales, antes de alcanzar la norma constitucional o votar el Referendo? No lo creo.

Peor aún es realizar un Referendo para garantizar a los bandidos una paz impune, llevando al elector a través de sus estructuras armadas con el negocio del narcotráfico. Es tanto como reeditar dolorosas historias que mezclaron votos con armas, como la emergencia de la UP o los comicios con dineros calientes del “8.000”. Ahora será peor con un marco intimidatorio de armas, dinero del narcotráfico y votos. Vamos camino a un régimen Castro-Chavista. 

Aunque el Gobierno ha tratado de salir al paso, cacareando incluso la decisión de la Corte que a todas luces lo pone contra la pared, es evidente su falta de coherencia. Atrapado en sus contradicciones de poco le servirá su “tarjetón electoral por la paz” para encontrar un punto intermedio a todas las partes: los altos tribunales, los narcoterroristas, las víctimas y la sociedad QUE DETESTA A LAS FARC, rechaza en un 80% la impunidad y desconfía del proceso forzado de respaldo ciudadano en las urnas, con los criminales presionando y coartando su libre determinación.

Honradamente creo que la generosa salida que el Gobierno está diseñando con los narcoterroristas, crea más elementos de fractura, que de reconciliación. Así lo demuestra el vandalismo armado que, aprovechando la pauperización del campo, están promoviendo por los comensales de Cuba. El Gobierno perdió con esta mala receta todo Principio de Autoridad y no lo recobrará hasta que cese en su empeño de imponer una paz insostenible y suspenda los diálogos de La Habana.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.