Caminos de herradura

Si de algo ha servido la intensa ola invernal ha sido para mostrar, una vez más, el pésimo estado de las vías terciarias. Una precaria red de trochas, colonizada por huecos, derrumbes y lodazales intransitables, que terminaron por desaparecer ante los permanentes aguaceros. Bien dicen que nada es, sino lo que parece y los nuestros, son caminos de herradura. Estamos rezagados 50 años y eso impide que el sector rural pueda desarrollarse dinámicamente, como piden algunos analistas que desconocen las dificultades, para incorporar la producción agroalimentaria a los mercados, simplemente con la propuesta equivocada de bajar los aranceles.

Me parece que una mirada más a fondo, para exigir competitividad al sector rural, debe pasar por reconocer la falta de infraestructura vial. ¿Seremos capaces de formular una propuesta, de la mano del Ministro Cardona, para que en 4 años demos el salto cualitativo? Esa parece ser, después de la Seguridad Democrática alcanzada en el Gobierno de Uribe, la prioridad del sector rural en la administración Santos.

Las emergencias se han hecho sentir especialmente, en municipios aledaños a los ríos Magdalena, Cauca, Sinú, San Jorge o Manzanares, que anegaron las “vías agropecuarias para el desarrollo”. Nadie pregunta cuánto cuesta este desastre. Quizá porque las erogaciones salen de los bolsillos de quienes lo padecen. Campesinos que pierden sus cosechas o como en el caso de los productores de leche, con los sobrecostos y descuentos en el pago que hace el industrial al ganadero. Condición que se suma a la gravosa baja de precios en invierno.

En este momento, en el que se discute la restitución de tierras a las víctimas, me pregunto cuál es la política para garantizar –a los que retornen y a los que han permanecido en los campos– condiciones productivas y competitividad. La “accesibilidad” es un derecho básico, pero no sólo con beneficios en una vía. Es decir, exclusivamente, para llevar alimentos y materias primas a las ciudades. Debe ser el canal para romper las brechas urbano - rural y las asimetrías que caracterizan el desarrollo regional.

Las mejoras en la accesibilidad deben reducir la pobreza y la vulnerabilidad logística de los habitantes rurales. Servir de atajo a bienes públicos, o lo que es lo mismo, llevar la institucionalidad pública al medio rural. Asegurar la comercialización de la producción en tiempos y costos razonables y garantizar su integración a las economías de escala. Con beneficios inmediatos en competitividad, asistencia social, empleo digno y formación de capital. 

En Portugal, Alemania y Hungría programas masivos de inversión en infraestructura vial, aceleraron la dinámica del desarrollo y el crecimiento económico. Brasil, Argentina, Costa Rica o Chile –con densidad de vías pavimentadas por millón de habitantes, muy superior a la nuestra– hoy tienen liderazgos incuestionables en la región. ¿Cuál sería el impacto de la adecuación de las redes secundarias y terciarias, que representan el 80% del total de las vías del país? Son más de 120 mil kilómetros en mal estado, incluso sin inventariar, que según el Ministro requieren una inversión de $500.000 millones. 

Se requiere, ahora más que nunca, hacer esfuerzos estratégicos, técnicos y financieros extraordinarios. Es una tarea inaplazable, que no se puede seguir diluyendo en el discurso de las restricciones fiscales. Necesitamos un modelo que constriña a las administraciones locales a crear fondos viales, la destinación de recursos que se “liberen” de las regalías para este fin y la decisión política, para ejecutar una planeación coherente para la ruralidad. Tengo la certeza que con el apoyo del Ministro, los ganaderos podemos estructurar una propuesta donde todos pongamos: gobierno, entes territoriales y productores, para que gane el país. Lo intentaremos.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN

¿Democratizar las regalias ?

Esta semana pasó su primera prueba de fuego el proyecto de acto legislativo, que busca modificar el Régimen de Regalías, pese a la incertidumbre y oposición que ha generado su trámite. Es resultado del interés de un mayor número de actores de participar de una cantidad inimaginable de recursos que hoy tiene el país, a diferencia de hace casi dos décadas cuando se establecieron las reglas de reparto. Al margen de la corrupción, que en efecto la hay y muy evidente –como en el caso de las brujas–, es un problema más de aritmética y menos de ética. Desafortunadamente.

Partamos en consecuencia, que el proyecto se aprobará. Un gobierno con alta popularidad y respaldo en el Congreso, no puede dejar que se hunda. Sería un golpe a la gobernabilidad. Pero, lo que no podremos consentir, es que estos recursos se licúen en el abultado déficit del Gobierno Central o para cubrir el desmonte de impuestos. Si el argumento es recuperar décadas en las que se benefició una minoría, por ineficiencia e iniquidad en el gasto que se financia con las regalías, no tendría sentido que desde el nivel central se usen para tapar un hueco, que también es hijo legítimo de la iniquidad con la cual se atiende la inversión en región.

Hoy las regalías apenas llegan a 16 departamentos y a 170 municipios, inclusive con fuertes asimetrías entre ellos. Sólo entre 1995 y 2009 el monto ascendió a $19 billones. El 80% –$15 billones– fueron girados a 7 departamentos. En 18 municipios, la mayoría de Casanare, el promedio per cápita por regalías petroleras fue de $11 millones, aunque en Castilla La Nueva ascendió a $50 millones. Así mismo, los montos que administran las gobernaciones son mayores a los que perciben las alcaldías.

Los escasos avances para cerrar las brechas sociales, poco tienen que ver con las regalías y, en cambio sí mucho con la vigilancia sobre la inversión de los fondos del Sistema General de Participaciones. Un albur en el caso de las regalías, que se atomizan incontroladamente. Y, por supuesto, no tengo que ahondar en los incrementos de pobreza, déficit habitacional y coberturas de saneamiento básico, comunes en municipios que perciben regalías, en especial en la periferia.

Empero, es una situación que no sólo está atada a la precaria ejecución, sino al incremento en la corrupción en todos los niveles. De ahí que si el proyecto corrige elementos de iniquidad territorial, debe también hacerlo, en grado sumo, en materia de trasparencia, para evitar que se repitan funestas experiencias. Y es que si de algo ha servido la actual rapiña verbal, ha sido para sincerar el debate.

Queremos regalías distribuidas con eficiencia, transparencia y que lleguen con equidad, a todos los ciudadanos. Queremos que termine la iniquidad –consentida por décadas, en las que la inversión sólo tocó determinadas regiones– para que lleguen recursos a zonas con mayor atraso relativo. ¿Cuántos años la Costa ha tenido que pagar energía más cara, sólo porque no genera con hidráulica? ¿Por qué el registro mercantil sólo favorece a un puñado de ciudades, cuando las mismas empresas operan en todo el territorio? ¿O cuál es la razón para privilegiar a unos con grandes obras de infraestructura, cuando otros siguen con vías de herradura?

Si las regiones productoras ceden en favor del resto del país, debe ser a cambio de un manejo justo y razonable. Así tendremos un Estado que lleve a todos los rincones del país escuelas, alcantarillados, distritos de riego, vías secundarias y terciarias y, por capilaridad, a toda la población vulnerable –en su mayoría rural–. ¿Será capaz el país de generar un modelo de desarrollo, que no sesgue la inversión y las oportunidades en favor de los mismos? Ese es el verdadero dilema.

De la otra verdad, justicia y reparación

La operación Sodoma es de lejos el golpe más certero de las Fuerzas Armadas a las FARC. No sólo dieron de baja al máximo jefe militar de esa organización, sino que la información contenida en los 15 computadores y 98 memorias, incautadas en el búnker de La Macarena, no tiene precedentes. En volumen, supera 11 veces la hallada en el campamento de Raúl Reyes y su aporte en la reconstrucción de la memoria histórica y como elemento probatorio en los procesos transicionales de verdad, justicia y reparación, levantará un impresionante espejo retrovisor, sobre la tenebrosa campaña que sembraron por más de 40 años en la ruralidad.

Si los computadores de Raúl Reyes le dieron al país la comprensión de la deformada visión ideológica de las FARC, la dimensión de sus tentáculos internacionales y la precaria moral de combate de sus menguadas filas, los de “Jojoy” tienen, ni más ni menos, la información de la guerra. Esa que enlutó, empobreció y minó la confianza entre los habitantes del campo, que escaló el crimen y la barbarie por los vínculos de esa guerrilla con el narcotráfico y que también sembró de fosas comunes y ajusticiamientos la geografía rural, que vio pudrir sus vidas en una lucha sin rumbo.

Esos computadores están llamados a abrir la caja de Pandora de los sangrientos combates, librados con cilindros en pueblos y corregimientos pobres de nuestra periferia, de los carro-bomba en Bogotá, Pitalito o Puerto Rico y las mal llamadas “pescas milagrosas”. Pero además será el timonel que le falta a la Farcpolítica, que sólo ha dado tumbos en el esclarecimiento de los oscuros vínculos de la clase política con las FARC, e inclusive sobre la participación de actores de la sociedad civil, que juegan subrepticiamente en los dos bandos, con una desmedida doble moral pública.

Mucho dirán los PC del despojo de tierras en Meta, Caquetá y en todo el suroccidente del país, de las reses robadas, de las casas de habitantes y productores agropecuarios que fueron minadas y de los secuestros, extorsiones y asesinatos de miles de ganaderos. Episodios de lesa humanidad que FUNDAGÁN ha develado desde varias tribunas. La celebración el pasado 30 de septiembre del Día Nacional del Ganadero sirvió, justamente, para recordar a más de 3.000 víctimas y emprender, en su nombre y por la reconciliación nacional, un programa para donar una vaca preñada a familias pobres de la ruralidad. Una iniciativa que nos dejó absortos, ante la generosidad del país urbano con el rural.

Los colombianos deberíamos exigir que toda esa información sea puesta en manos de las autoridades y la sociedad, para conocer la cara oculta de los verdaderos agresores y servir a los propósitos de políticas centrales de la actual administración. Las Leyes de Restitución de Tierras o de Víctimas, también requieren esclarecer los móviles y la magnitud del desplazamiento ocasionado por la guerrilla, la “colonización armada” y las cadenas de testaferrato que construyeron en sus zonas de control, tal y como se ha hecho con el paramilitarismo.

Es un pasado que cala hasta los huesos y que lleva a causar escozor, cuando escuchamos declaraciones como las del octogenario dictador cubano, destacando la figura de “Tirofijo”, cuestionando el operativo en el que murió el “Mono Jojoy” o la destitución de la senadora Piedad Córdoba. Como si de suyo la Revolución Cubana no hubiera contribuido ideológicamente, en el escalamiento de nuestro conflicto. Más aún, cuando hacía poco, Fidel, se había pronunciado sobre el derecho que le asiste a Colombia de alcanzar la paz e incluso calificó de “objetivamente crueles” e injustificables los métodos de la guerrilla.