¡Tres medidas indispensables!

El Gobierno se va a jugar la aceptación y confianza de los colombianos, en la forma como enfrente una de las peores tragedias naturales de nuestra historia. La emergencia invernal modificó severamente la apuesta de la administración Santos, para poner a funcionar las cinco locomotoras de la prosperidad democrática, no sólo porque tendremos agua y desafíos para rato, sino por el alto costo –más de $10 billones– para atender el desastre. Sin duda, una prueba de fuego para el gabinete ministerial, catalogado como un “dream team”.

Los temas son complejos. El primer compromiso será, sin duda, con los verdaderos damnificados, que urgen por la ayuda humanitaria. Basta asomarse al drama del sur del Atlántico. Si bien el costo supera $1.5 billones, el mayor problema radica en superar las fallas de la institucionalidad regional, para que las ayudas lleguen en forma efectiva a quienes perdieron sus techos y no a los “avivatos” de última hora. Luego vendrá la rehabilitación de la infraestructura para el desarrollo, “reto de retos” para el gobierno.

En el sector agropecuario, de lejos el más afectado, son muchas las acciones a emprender. A mi juico, son tres las prioridades, de cara a los pronósticos del Ideam y a la dimensión del desastre. La primera, la urgencia de recursos, de los comprometidos en créditos y los que requerimos para recuperar tierras, maquinaria, sistemas de riego, establos, animales y cultivos. Labor que tomará al menos un semestre, en el mejor de los casos.

Se necesita un respiro –al menos de un año– en el pago de intereses y capital de las obligaciones. Las medidas pueden cifrarse en declarar plazos muertos hasta 2012, para quienes fueron afectados de manera generalizada –casi todos– y exonerar el pago de intereses a quienes tienen sus predios bajo el agua, cuya recuperación se vislumbra a largo plazo. Una medida que, incluso, evitaría afectar el patrimonio técnico de la banca.Y, por otra  parte, créditos con plazos y tasas blandas, para abocar la reconstrucción productiva.

En segundo lugar, la nula capacidad de pago se hace extensiva a las cargas fiscales que pesan sobre la ruralidad. Sería deseable que no se realizara el reajuste anual en la base gravable del Impuesto Predial para 2011 y posponer el pago del gravamen –en cuotas tripartitas, entre 2012 y 2014 – para todos los afectados y su condonación para los arruinados por el temporal. Resultaría un contrasentido hablar de valorización, con 700 de los 1.100 municipios afectados, 2 millones de hectáreas anegadas, 300 mil viviendas destruidas o averiadas y un inventario de inmuebles en zonas rurales y semirurales de alto riesgo, sin cuantificar.

Finalmente, y no por ello el tema menos importante, es el grave problema de las vías. Hemos propuesto una estrategia tripartita de financiación, vía Fondos Concursales. La iniciativa comprende la participación del Gobierno, en al menos un 70% de los recursos para habilitar la red secundaria y terciaria, 20% a través de impuestos territoriales rurales –de aquellos con capacidad contributiva, destinando hasta el 50% del recaudo– y el 10% restante a cargo de los productores. Si todos ponemos, todos ganamos.

Es claro que el sector debe ser sujeto de una política que consulte las maltrechas condiciones productivas y la precariedad de las rentas presentes y futuras de la tierra. Más aún, la declaratoria de “emergencia”, debe pasar de la contingencia, al plano de soluciones definitivas. No podemos seguir enfrentando con paños de agua tibia, problemas que se materializan en el campo año tras año –en invierno o sequía– y admitir con resignación, que el país se paralice sin una política integral de “gestión del riesgo” y “desarrollo rural”.

 

Víctimas, tierra y ganaderos

La próxima semana será decisiva para la denominada “Ley de víctimas y de restitución de tierras”. Y, en contravía con la malintencionada postura de “opositores” que algunos le endosan a los ganaderos, queremos dejar claro que no seremos el palo en la rueda de este proyecto de justicia restaurativa. Saludamos las políticas transicionales para restituir derechos fundamentales a millones de víctimas que, como en el caso de miles de ganaderos, perdieron todo a manos de guerrillas y paramilitares, inclusive con mayor sevicia que en otros sectores y, por lo menos, tres décadas atrás de la fecha de corte propuesta por el Ejecutivo.

Nuestras víctimas son muchas más de las 3.423 asesinadas y secuestradas, cuyos nombres reposan, para la vergonzosa memoria de barbarie del país, en el libro “Acabar con el olvido”. Una edición que revelamos a las autoridades en busca de infructuosa justicia. Nombres que se suman a nuestros miles de desplazados, despojados de sus tierras, animales y cultivos. Nombres de quienes vendieron a pérdida o abandonaron sus parcelas obligados, entonces y aún hoy, por poderes mafiosos confabulados con actores armados, que hicieron de la tierra un activo de acumulación patrimonial, en donde medió el terror, pero también el dinero fácil que desató un “boom” ficticio sobre el valor de la tierra.

Los ganaderos no somos los grandes usurpadores de la tierra, ni los concentradores de la propiedad rural. De eso tendrá que dar cuenta el Gobierno, cuando desmonte las cadenas del testaferrato y se busque la responsabilidad en sectores que no están relacionados con la ganadería. Ellos tendrán que explicarle al país y a los colombianos. Porque no se puede llamar ganadero a quien compra tierras y reses con el producto de una actividad ilícita o seguir mancillando el nombre de generaciones que crecieron honradamente con la cría de bovinos.

Se culpa a la ganadería de usar mucha tierra y no lo hemos negado. Pero no se indaga sobre los fenómenos socio-económicos o las fallas en los modelos, que llevaron a que la ruralidad transitara hacia el desorden territorial productivo que hoy acusa. Habría que decir que son igualmente responsables los gobiernos y las políticas que ocasionaron el empobrecimiento de amplios sectores productivos tradicionales y dependientes de la economía campesina, siendo la ganadería el único reducto para sobrevivir muy de lejos de las oportunidades que genera la agricultura comercial de ciclo corto o de tardío rendimiento.

Es hora de sincerarnos, si la meta última es la reconciliación nacional. Una catarsis en la que dicho sea de paso, los ganaderos estamos llamados a salir de del mutismo, para convertirnos en actores de primera línea, para evitar que la tierra vuelva a convertirse en bandera política. Y, más aún, para impulsar una visión prospectiva del campo, frente a las enormes oportunidades que se están abriendo en los mercados doméstico e internacional. Temas en los que, tristemente, ha echado raíces la parálisis propositiva.

Necesitamos abrir una discusión de política pública sobre qué hacer con el insumo tierra. Urge reordenar el territorio productivo rural y hacer un uso más eficiente de las muy escasas tierras de buena calidad que posee. Desde FEDEGÁN hemos desarrollado tecnologías para reducir el área y aumentar el hato, pero requerimos crédito, infraestructura y provisión de bienes públicos para consolidar este proceso. Exigimos instrumentos que no sesgue el modelo de desarrollo y condiciones para generar riqueza, superar los desequilibrios sociales y ambientales e invertir las dinámicas de incompetencia.

Alianza para el desarrollo

En el pasado Congreso Nacional Ganadero celebramos que el Gobierno haya llevado al centro de atención de la política pública al sector rural, y refrendado el compromiso de mantener la seguridad y el desarrollo rural. Pero celebramos más el clima de receptividad y entendimiento con que fueron recibidas las propuestas del gremio.

Puntual y concreto, el Presidente Santos, revisó cada una de las propuestas planteadas y fue dándoles respuesta, al igual que hicieron los ministros de Agricultura, Comercio Exterior y el de Transporte, con la aceptación de las propuestas. La verdad es que existe total sintonía entre las tesis que hemos planteado en Fedegán con lo señalado en el Plan de Desarrollo 2010-2014.

“Más empleo, menos pobreza y más seguridad” –los axiomas que rigen el Plan–, es una apuesta para disminuir la brecha y la desigualdad entre las regiones y entre los colombianos, que responde, colateralmente, a los retos que impone a nivel mundial la seguridad alimentaria, la seguridad energética y la sostenibilidad ambiental.

De ahí que la tarea inmediata es trabajar de la mano con el Gobierno para concertar una agenda conjunta que nos lleve a darle operatividad a esos acuerdos, apostándole a la solución de esos retos, porque tenemos unas condiciones geográficas que lo permiten. Así también lo ven entidades como la FAO, que ha señalado que Colombia hace parte del reducido grupo de países que podría proveer alimentos. Piénsese no más que el hato bovino mundial se concentrará en un 80% entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, precisamente donde está ubicado nuestro país.

La tarea que debemos realizar con el Gobierno nos debe permitir elevar, en forma rápida y contundente, la competitividad del sector agropecuario, desanclarlo de la serie de obstáculos que no le permiten crecer, y rodearlo con las necesarias medidas para sacarlo de la crisis originada en las condiciones climatológicas extremas de sequia e invierno y que se han traducido en verdaderos desastres.

Hoy todo el sector agropecuario –y más concretamente el pecuario bovino– atraviesa por una crisis originada en dos factores: Uno, en los altos costos de producción y bajos precios de la leche cruda y del ganado en pie, en un escenario de gran incertidumbre frente a los mercados; y dos, en la informalidad de las cadenas cárnica y láctea.

Por eso vamos a trabajar en la creación de instrumentos transparentes y por el tiempo que requiera la recuperación de la infraestructura pública y privada de producción y otras medidas para ir ganando en competitividad, como las relacionadas con la energía eléctrica, la reconstrucción y mantenimiento de la red terciaria, la implantación de un sistema nacional de garantías, la utilización del catastro como factor de ordenamiento territorial y productivo, y la ampliación de la cobertura de conectividad y TIC al sector rural.

Pero no todo es tarea que resulte de la alianza gobierno sector privado. A mediano plazo se imponen dos paradigmas que además de orientar la política pública ganadera, deben convertirse en el referente cotidiano del ganadero y de todos los eslabones de las dos cadenas: la Formalización y la Transformación Productiva. Es indudablemente una alianza para el desarrollo en la que ganaremos todos los colombianos.