El Gobierno se va a jugar la aceptación y confianza de los colombianos, en la forma como enfrente una de las peores tragedias naturales de nuestra historia. La emergencia invernal modificó severamente la apuesta de la administración Santos, para poner a funcionar las cinco locomotoras de la prosperidad democrática, no sólo porque tendremos agua y desafíos para rato, sino por el alto costo –más de $10 billones– para atender el desastre. Sin duda, una prueba de fuego para el gabinete ministerial, catalogado como un “dream team”.
Los temas son complejos. El primer compromiso será, sin duda, con los verdaderos damnificados, que urgen por la ayuda humanitaria. Basta asomarse al drama del sur del Atlántico. Si bien el costo supera $1.5 billones, el mayor problema radica en superar las fallas de la institucionalidad regional, para que las ayudas lleguen en forma efectiva a quienes perdieron sus techos y no a los “avivatos” de última hora. Luego vendrá la rehabilitación de la infraestructura para el desarrollo, “reto de retos” para el gobierno.
En el sector agropecuario, de lejos el más afectado, son muchas las acciones a emprender. A mi juico, son tres las prioridades, de cara a los pronósticos del Ideam y a la dimensión del desastre. La primera, la urgencia de recursos, de los comprometidos en créditos y los que requerimos para recuperar tierras, maquinaria, sistemas de riego, establos, animales y cultivos. Labor que tomará al menos un semestre, en el mejor de los casos.
Se necesita un respiro –al menos de un año– en el pago de intereses y capital de las obligaciones. Las medidas pueden cifrarse en declarar plazos muertos hasta 2012, para quienes fueron afectados de manera generalizada –casi todos– y exonerar el pago de intereses a quienes tienen sus predios bajo el agua, cuya recuperación se vislumbra a largo plazo. Una medida que, incluso, evitaría afectar el patrimonio técnico de la banca.Y, por otra parte, créditos con plazos y tasas blandas, para abocar la reconstrucción productiva.
En segundo lugar, la nula capacidad de pago se hace extensiva a las cargas fiscales que pesan sobre la ruralidad. Sería deseable que no se realizara el reajuste anual en la base gravable del Impuesto Predial para 2011 y posponer el pago del gravamen –en cuotas tripartitas, entre 2012 y 2014 – para todos los afectados y su condonación para los arruinados por el temporal. Resultaría un contrasentido hablar de valorización, con 700 de los 1.100 municipios afectados, 2 millones de hectáreas anegadas, 300 mil viviendas destruidas o averiadas y un inventario de inmuebles en zonas rurales y semirurales de alto riesgo, sin cuantificar.
Finalmente, y no por ello el tema menos importante, es el grave problema de las vías. Hemos propuesto una estrategia tripartita de financiación, vía Fondos Concursales. La iniciativa comprende la participación del Gobierno, en al menos un 70% de los recursos para habilitar la red secundaria y terciaria, 20% a través de impuestos territoriales rurales –de aquellos con capacidad contributiva, destinando hasta el 50% del recaudo– y el 10% restante a cargo de los productores. Si todos ponemos, todos ganamos.
Es claro que el sector debe ser sujeto de una política que consulte las maltrechas condiciones productivas y la precariedad de las rentas presentes y futuras de la tierra. Más aún, la declaratoria de “emergencia”, debe pasar de la contingencia, al plano de soluciones definitivas. No podemos seguir enfrentando con paños de agua tibia, problemas que se materializan en el campo año tras año –en invierno o sequía– y admitir con resignación, que el país se paralice sin una política integral de “gestión del riesgo” y “desarrollo rural”.
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