PND… freno a la locomotora agropecuaria

Son pocos los que entienden los procesos políticos que se libran para consolidar un plan de desarrollo. Más que una carta de navegación, su concertación nos demuestra que se arman como colchas de retazos, que reivindican una que otra acción asistencialista y presupuestos que benefician, mayoritariamente, a un sector: al industrial o al urbano. Y eso está pasando, una vez más, con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, que no se compadece con la realidad del campo colombiano. Pero más grave aún es que se propone una reforma tributaria que frena su desarrollo. El sector ganadero no se siente representado, ni incluido en esta visión de prosperidad para “todos”.

Aunque la actividad agropecuaria es considerada como una de las grandes locomotoras, en la lectura del articulado del Plan, no se aprecia la configuración de una política pública –con instrumentos, acciones e institucionalidad–, para habilitar su salto cualitativo o para corregir las ancestrales asimetrías y abandonos estatales que ha padecido. Apenas se advierten, a lo sumo en 10 de los 225 artículos, algunas intenciones diseñadas específicamente para el sector primario. Así no es posible sentirnos reflejados en este articulado y mucho menos en su Plan Plurianual de Inversiones.

Tampoco es posible correlacionar estas intenciones con las latentes dificultades del sector –que se incrementaron exponencialmente con la ola invernal– o con el entorno socio-económico mundial de crisis agroalimentaria, altos precios de los commodities o crecientes riesgos climáticos –como lo recordó el ex vicepresidente Al Gore–. No hay elementos de política explícita para corregir en la ruralidad el analfabetismo, la pobreza y los déficits habitacionales y de servicios públicos básicos o para aliviar los problemas que afrontan campesinos y empresarios para producir y comercializar los bienes.

Los ganaderos hicimos, desde hace más de seis años, el único esfuerzo gremial para desarrollar una mirada prospectiva al año 2019 sobre nuestra actividad, pero ninguno de estos elementos de política, ni de aquellos en los que pudimos avanzar –al menos en el ámbito legal– están contemplados puntualmente. Están ausentes nuestras reiteradas demandas en materia de vigilancia y control epidemiológico y sanitario, en infraestructura vial y acceso a crédito o para concatenar la prosperidad minero-energética con el desarrollo del campo colombiano, para poner a producir el suelo mientras se explota el subsuelo.

A la locomotora del sector agropecuario le va a pasar lo mismo que a las tracto-mulas cuando se varan en la mitad de una carretera: la musculatura de unos ayudantes puede tratar de activar su movimiento pero, a la postre, no serán capaces de encender la máquina y no porque ésta no tenga la fuerza suficiente, sino porque no tiene los insumos básicos para su funcionamiento. Esta locomotora aún está bajo el agua, y la ayuda y la institucionalidad patinan en la urgencia y magnitud de las obras que se requieren para dar “soluciones definitivas”, como lo anunció el Presidente Santos.

Qué bueno que en la discusión en el Congreso los gremios tengamos alguna posibilidad para decirle al país, que bajo estos presupuestos, los informes que proclaman la prosperidad para reducir la pobreza o el desempleo a partir de la locomotora del sector agropecuario, no van a ser una realidad. No se sienten opciones que claramente impulsen y aceiten esta máquina. La supuesta transversalidad de las políticas contenidas en el plan, está concebida, como siempre, con un sesgo pro urbano, que en nada enriquece el progreso y el desarrollo del sector rural.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN

¿Qué pasa con la BMC?

La renuncia de Juan Carlos Botero a la presidencia de la Bolsa Mercantil de Colombia –anterior Bolsa Nacional Agropecuaria–, es el preámbulo de la urgente restructuración que requiere la entidad, de cara al anhelo de consolidar un mercado de capitales para el campo. A decir verdad, han sido 32 años de intentos, que terminaron por reducir los escasos instrumentos de negociación y quebrar la Cámara de Riesgo Central de la BMC. Noticia que sepulta cualquier posibilidad para los mercados de futuros y opciones de productos agropecuarios y, con ello, los beneficios en materia de formación de precios y financiamiento alternativo para el sector.

Hoy los registros representan el 96,5% del valor de los negocios de la BMC y el 80% de sus ingresos operacionales, en tanto que los productos financieros escasamente participan con un 3,5% del total de las operaciones. En otras palabras, las transacciones que deberían posicionarse como una verdadera alternativa para el desarrollo del sector agropecuario, no arrancaron. Entre 2000 y 2009 los Contratos Ganaderos a Término representaron 0,09% del monto negociado en la BMC, los Avícolas el 0,75% y los porcícolas el 0,27%. Sin contar que para 2011 la entidad presentó un presupuesto a pérdida, tras varios años de consolidar cifras en rojo.

Aunque la bolsa funge como una sociedad de economía mixta, la participación del gobierno –que en sus inicios era de 49,6%– hoy es apenas del 11,8% de un total de 423 accionistas. De los cuales 4 tienen una participación igual o superior al 5% de las acciones en circulación. Es, en la práctica, un negocio de particulares, con un capital altamente democratizado, que debería responder a la modernización, competitividad y creciente necesidad de ampliar las coberturas, frente a los riesgos que imponen la globalización y la dinámica del mercado interno.

Más allá de modificar su razón social y reducir su operación a los simples registros, quienes creemos en un sistema bursátil para bienes agropecuarios, esperamos que se estimule el mercado con productos probados internacionalmente que, como los derivados financieros, pueden hacer posible la formación y estabilización de precios de los agroalimentos, de manera real y transparente. Un efecto que favorece dinámicas como la regulación y planificación de las actividades agropecuarias y la transformación del modelo productivo.

Una verdadera bolsa de productos agropecuarios, debe actuar como eje de la comercialización sectorial, con las prerrogativas de un mercado abierto, regulado y con igualdad de condiciones para las transacciones entre productores y consumidores pero, además, como un sistema capaz de generar mecanismos de financiación, frente al canal tradicional, que poco ha creído en el campo.

En este anhelo, resultan útiles los futuros y las opciones para actividades que, como la ganadería, demostraron su habilidad para desarrollar una oferta exportable superior a los US$1.000 millones. La razón es que estas operaciones amparan a productores, industriales, comercializadores, importadores y exportadores frente a las inseguridades asociadas a la producción agropecuaria, a través de la Cámara de Compensación. Las protecciones incluyen variables climáticas, cambiarias, biológicas y la misma violencia, eliminando imprevisiones para compradores e inversionistas de contratos a futuro.

Mi apuesta por estas operaciones, se basa en la posibilidad de racionalizar y maximizar la producción, garantizando un oferta confiable, en cuanto a precio y cantidad para los plazos acordados, recursos frescos para el campo derivados de la sana interacción entre la economía urbana y la rural y un mecanismo para aliviar las dolorosas asimetrías que hoy caracterizan el mercado del crédito y la comercialización de los productos primarios. Podemos hacerlo, pero requerimos la Bolsa y estamos dispuestos a hacer lo necesario para que funcione.

*Presidente Ejecutivo  de FEDEGÁN

¿Atajando la inflación?

La decisión del Emisor de aumentar las tasas de interés terminó con una etapa de casi dos años de política monetaria expansionista que, en buena medida, hizo posible la leve reactivación de la economía en 2010. El crédito, el consumo y la inversión, tomarán ahora un camino incierto. El Banco se apresuró y no dio un compás para mitigar los efectos invernales. A la vieja usanza, seguirá privilegiando su política de “inflación objetivo”, aunque implique pasar por alto la apreciación de la moneda, destruir empleo y ponerle mayor freno a la economía.

Ese fue el mensaje del Banco de la República y es de esperar que no sea la única alza de la tasa de interés. ¡Cómo para estrangular la economía! La inflación no es el problema más grave que tenemos y no creo que el Emisor la pueda controlar. La razón es sencilla: las presiones inflacionarias derivan de los altos precios de los alimentos en el frente externo (la FAO pronostica una mayor y sostenida demanda) y en el interno, por una diminución en la oferta.

De hecho, los precios de los alimentos, al igual que precios regulados como los de combustibles, servicios públicos o transporte, están excluidos de la canasta de “inflación básica”, ésta sí del resorte de la política monetaria. Con una connotación adicional: la variación anual de la “inflación básica” ha permanecido en un promedio de 2,4% desde diciembre de 2009. Sólo en enero de este año se ubicó en 2.68, es decir 0,13 puntos porcentuales menos que en enero de 2009 y dentro de los rangos del Emisor. Me pregunto, ¿hasta dónde nos lleva el ajuste? ¿No sería menos dañino un punto más de inflación y propiciar a cambio un crecimiento más robusto y sostenido, que reduzca la pobreza y genere empleo, con crédito disponible, con una ruralidad menos vulnerable y sin profundizar la apreciación del peso?

Sólo miremos. En el tercer trimestre de 2010 el PIB de Perú fue de 9,5%, el de Chile de 7%, el Brasil de 6,7% y el Argentina de 7,9%, Colombia apenas creció al 3,6%, inferior frente a los trimestres anteriores. La apreciación del peso frente al dólar –que se incrementará con las decisiones del Emisor– ha hecho lo suyo sobre la competitividad de las exportaciones –que crecen marginalmente en valor, pero poco en volumen–. A su turno, la baja en los aranceles estimuló un histórico incremento en las importaciones del 23%, aunque en la última década se triplicaron. Por cuenta de este fenómeno y del invierno, la destrucción de empleo en el sector primario ha sido monumental.

Somos el único país en la región con un desempleo de dos dígitos. Su anémico descenso mantendrá la desconfianza entre los colombianos, y su impacto en el consumo será de gran trascendencia, pues el precario incremento del salario mínimo se lo “comerá” la inflación.

Pero mientras las decisiones del Banco podrían deprimir aún más la economía real y hasta incrementar el déficit del gobierno, la especulativa, es decir la financiera, seguirá siendo la gran vencedora. El incremento en las tasas de referencia, presionará aún más las de colocación del sistema y con ello se exacerbará su reticencia, para soltar crédito a los afectados por la ola invernal. Este panorama deja solo al gobierno. Quebrar la tendencia del desempleo, estimular las locomotoras y la economía estarán atados, en adelante, a las tareas de reconstrucción. Acciones que, con todo y las buenas intenciones, necesitan un enorme empujón para hacerle el quite a fenómenos dolorosos.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.