No son desconocidas las intenciones de muchos columnistas, de crear desasosiego en torno a la marcha y continuación de la política de seguridad democrática, como tampoco la de hacer mella sobre las actuaciones de la Fuerza Pública. Pareciera que obedecen, por la simultaneidad y la temática, a un plan preconcebido para crear entre los colombianos percepciones que distorsionan la realidad. Infortunadamente son propósitos que cabalgan en algún lunar negro, y, sobre ellos, generalizan y desdibujan los avances que con tanto dolor y dificultad Colombia ha trasegado en la última década. ¿Le conviene al país esta desmedida aversión a las políticas de seguridad y paz? O mejor, ¿a quién le conviene crear un caos en esos frentes?
No se trata de desconocer principios fundamentales, como el ejercicio de la libre opinión, ni tampoco de minimizar los hechos que han ensombrecido la acción del Estado o de la Fuerza Pública. Claro que problemas y distorsiones han ocurrido. Lo no creíble sería que no hubiesen sobrevenido. Tampoco se trata de un respaldo emotivo a unas políticas e instituciones que están haciendo viable vivir y ser próspero en el campo –aunque aún no en las proporciones deseables por la coexistencia de otros factores–.
No se puede desconocer que aún se mantienen los factores generadores de violencia: una guerrilla que eligió la vía del narcotráfico para subsistir, y unas bandas criminales que también hacen del narcotráfico su modus vivendi. No nos llamemos a engaños. Mientras subsista el narcotráfico y su inagotable flujo de dinero, habrá corrupción y violencia. Y en esa misma medida la efectividad de la Fuerza Pública para darle el golpe de gracia a estos generadores de violencia, se verá disminuida. El país no puede enredarse en la pragmalingüística.
Existen otros elementos de fondo, que son desdeñados por estos columnistas, que afectan la paz y la seguridad. Me refiero a la incapacidad de la sociedad para visualizar y asumir los escenarios del posconflicto.
¿Qué buscan entonces estos columnistas? No se me ocurre otra cosa que el debilitamiento institucional y en especial el de la Fuerza Pública, y polarizar al país en lo político y en lo social. El tema de la tierra es un ejemplo por excelencia de esta intencionalidad. Pretenden convertir la tenencia de la tierra en una bandera política y volver a las discusiones ideológicas de los años 60´s, cuando hoy la dinámica económica y social en el mundo indica que está debe verse como un activo productivo. De hecho, el narcotráfico la convirtió en un activo de acumulación patrimonial estratégico que defiende a como dé lugar –utilizando a las guerrillas y a las bandas criminales, hasta utilizar las más censuradas prácticas como es el uso de las minas quiebra-patas–.
Colombia no debe dejarse llevar por esos embelecos. No podemos olvidar que la paz es el fin último de todo ese esfuerzo que se ha realizado por muchas décadas. Lo realizado en los últimos años es lo que más nos ha aproximado a la paz. Lo peor que le puede pasar al país es atizar la violencia. No podemos entrar en el juego de debilitar la capacidad ofensiva de las instituciones, porque ello nos conduce a incrementar los factores de inseguridad, estimulando de esta manera el círculo perverso de atraso, pobreza y marginalidad en nuestros campos. Hay mucho en juego.
* Presidente ejecutivo de Fedegán.
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