Desactivar el conflicto del suelo

Los acontecimientos que han sobrevenido al temporal invernal han atizado, sin duda, la compleja hoguera del conflicto en el uso del suelo. Los millones de damnificados que perdieron su patrimonio bajo el agua, se han sumado a quienes reclaman la restitución de tierras, a la demanda gubernamental de suelos urbanizables, a los movimientos subrepticios para incitar acciones de hecho como las de Urabá y a los ambientalistas que exigen la protección de áreas ecológicas. Factores que han puesto a prueba la institucionalidad, para enfrentar un urgente reordenamiento territorial, que equilibre variables productivas, alimentarias, ambientales y de desarrollo humano, pero que, además, frene el colosal proceso urbanizador.

Ese es el descomunal reto del Estado para las décadas venideras. Hondura que será abordada en el próximo Informe de Desarrollo Humano del PNUD para Colombia, en el que decidimos consignar la visión del sector ganadero. La nuestra es una apuesta por un mejor futuro para el desarrollo rural, que pasa por el reordenamiento espacial de la producción agropecuaria, ambiental y minera. Los objetivos: aumentar y reubicar áreas de cultivos, reforestar, habilitar instrumentos para las compensaciones ambientales minero-energéticas, cerrar la frontera agropecuaria, demarcar el suelo urbanizable y las zonas de reserva y modernizar la producción agrícola y pecuaria, bajo criterios empresariales y ecológicos.

Esa ha sido la propuesta de los ganaderos desde principios del milenio. Y, en su condición de mayor usuario de la tierra rural, anunció en 2004 su intención de reconvertir no menos de 10 millones de hectáreas hacia usos forestales, agroalimentarios o de producción de biocombustibles y avanzar hacia sistemas intensivos de producción, ambientalmente sostenibles, sobre 28 millones de hectáreas con más del doble de la carga animal para 2019. Tarea que ya inició, con la instauración de sistemas silvopastoriles, que han demostrado sus bondades, para corregir prácticas nocivas del sector, hacer uso sustentable de la tierra e incrementar producción y productividad.

El proyecto es ambicioso y busca expandirse a un millón de hectáreas. Pero plantea desafíos al modelo de desarrollo económico, en los que la institucionalidad y los recursos, son claves para hacer posible la transformación del paisaje agropecuario. La “tasa de retorno” podrá medirse en términos de una mayor producción de bienes agroalimentarios, como también de materias primas para la generación de biocombustibles y como fuente de prestación de servicios ambientales, atada a la contención del cambio climático y el cumplimiento de las metas sugeridas en Copenhague.

Pero la transformación espacial del campo debe involucrar a todos los poseedores de la tierra rural, para favorecer un proceso racional e individual de reorientación productiva. Y, sin duda, la vía más expedita es la política fiscal, en dos componentes: el Avalúo Catastral y el Impuesto Predial. La invitación es a construir un sistema impositivo virtuoso que más allá de establecer las rentas prediales, sirva para orientar el desarrollo territorial y la transformación productiva, que sea percibido como un aliado del bienestar de los trabajadores del campo y su entorno productivo y no como una sobrecarga, que frene las decisiones de producción, inversión, ahorro, consumo, generación de empleo y reducción de la pobreza.

Sólo en la medida en que el sistema privilegie a los productores que destinan la tierra a sus usos potenciales, bajo condiciones sostenibles y sustentables y que, por otro lado, consulte la capacidad de pago real de los contribuyentes para asumir las cargas tributarias, la ruralidad podrá trascender a un entorno de desarrollo económico, social y ambiental, capaz de desestimular la “tierra ociosa” o vinculada a usos irracionales y, de paso, desactivar la violencia y las actividades ilícitas, que convirtieron la tierra en un activo de acumulación patrimonial.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.