Paz… ¿a qué precio?

Mientras en algunos escenarios se anuncia el combate frontal del terrorismo y el fortalecimiento del control territorial, tras bastidores se estaría evaluando un nuevo marco jurídico, para negociar con los grupos armados ilegales su salida del conflicto. Este ambiguo discurso causa desazón. No entendemos las razones para volver a crear falsas expectativas, que nos pueden conducir a una situación de mayor inseguridad y polarización social. No olvidemos que llegamos a la senda de la derrota militar de la guerrilla, justamente, después de los frustrantes “acuerdos” del Caguán y que urge apretar las operaciones militares ante la creciente ola de criminalidad.

No podemos equivocarnos. En Córdoba, Arauca, Caquetá, el Magdalena Medio, Nariño, Putumayo o el Valle los secuestros, la extorsión y el abigeato volvieron a sumarse a las fuentes de financiación de las FARC y el ELN. Para el último año, las cifras oficiales dan cuenta de un aumento del 29% en los secuestros totales y del 6% en los extorsivos. Pero, también las víctimas de minas antipersonal, masacres y homicidios están a la orden del día, aunque con un importante subregistro a nivel central. Fenómeno asociado, según el propio General Naranjo, a desapariciones forzosas, fosas comunes y un retroceso real en la denuncia. Hay temor y en sectores como el ganadero, empieza a evidenciarse en una nueva oleada de abandono de las fincas.

Entonces, ¿con qué criterios se está volviendo abrir la peligrosa puerta de la negociación con las guerrillas? ¿Qué se va negociar y bajo qué condiciones? ¿Cuál es el marco de “justicia transicional” que se está construyendo, afín a los intereses de los grupos armados irregulares? ¿Qué hay de los instrumentos que hemos ratificado en materia de Derechos Humanos, que hacen inviable la impunidad para los actos terroristas, la amnistía y los indultos? No es realista pensar que la guerrilla se acogerá dócilmente a los mandatos constitucionales, legales y jurídicos o que llegará a las mesas sin pretensiones explícitas.

Del triunvirato heredero de Tirofijo –constituido por el “Mono Jojoy”, Reyes y Cano– sólo queda el ala más recalcitrante de la izquierda ideológica y armada. Alfonso Cano es el miembro vivo más antiguo del Secretariado, con una curtida formación dogmática en la JUCO de los años 70 y al menos cinco décadas de vida revolucionaria. De él se ha dicho que despreció los acuerdos de desmovilización del EPL, el PRT, el Quintín Lame y M-19 en los noventa y que volvió a hacerlo en el Caguán. Pero, además, que no es el más proclive a las negociaciones, sin obtener a cambio el “as” del control político. Entonces, ¿cuánto está dispuesta a ceder esta sociedad, que nunca ha visto en la guerrilla una muestra para humanizar el conflicto, ni voluntad para poner fin a la barbarie?

El día que los violentos quieran sentarse a negociar, tendrán que hacerlo sobre la base de los postulados del Derecho Internacional Humanitario, que acogimos en nuestra legislación y que obligan al cese total de las violaciones contra los derechos humanos y las libertades fundamentales, a restituir, indemnizar y rehabilitar a las víctimas y enjuiciar y castigar a los infractores. ¿Eso es posible? Dado que la respuesta parece ser no, la coyuntura permeada por un incremento real de la criminalidad, demanda una respuesta unánime, para cerrar filas contra la barbarie de los métodos terroristas y clausurar la dolorosa página del conflicto. No podemos ser inferiores a nuestra responsabilidad histórica. Equivocarnos sería un error imperdonable. Una disyuntiva, sólo puede conducirnos a darle un nuevo aire a las FARC, afectando el manejo del orden público y generando un mayor desasosiego entre quienes vivimos de cerca el terror.

Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.

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Otro “conejo” sanitario

El TLC con Canadá no sólo es el primero que ratificamos con uno de los ocho países más industrializados. Es, ante todo, el primero que negociamos bajo parámetros aceptables de reciprocidad y complementariedad. Sobre el papel, Canadá habilitó la desgravación total para el 98% de nuestras exportaciones –incluida la carne bovina–, con acceso inmediato y preferencial, salvaguardias y desmonte de subsidios y aranceles a nuestro favor. La mala noticia, es que estas condiciones excepcionales siguen siendo ajenas a la ganadería colombiana. Pese a las enormes posibilidades, seguimos sin respuestas en materia de admisibilidad sanitaria, clave para el frustrado intento de globalizarnos.

Alguien debe explicar a la opinión pública y al país ganadero ¿por qué sólo hemos abierto mercados de papel para los productos cárnicos o lácteos? ¿Cuáles son los impedimentos para avanzar en los protocolos de admisibilidad sanitaria? ¿Cuándo entrarán en vigencia los mecanismos de inspección, control y vigilancia para el sacrificio de ganado, avances que el Invima no ha presentado a las autoridades Canadienses?

Desde el inicio de esta reciente ola aperturista, no hemos hecho nada en estos frentes. Instancias como Invima o el ICA difícilmente pueden operar controles sanitarios de su competencia, sin laboratorios ni personal suficiente. Y todavía nos preguntamos, si la Dian está en capacidad de administrar y contabilizar los contingentes de importación vía TLC´s, activar salvaguardias para volúmenes superiores a los autorizados, monitorear los aranceles preferenciales o supervisar cláusulas técnicas de origen.

Sin estas condiciones ¿Cómo negociamos con Canadá, el reconocimiento de nuestro estatus como país libre de aftosa con vacunación, después de invertir US$500 millones en su erradicación? o ¿Cómo definimos mecanismos de evaluación de riesgos, para que ellos certifiquen y habiliten nuestras plantas para exportarles? Así no llegaremos a Canadá, México o Suiza, ni en el futuro a Chile, la UE o Estados Unidos. Es imposible con meras ventajas arancelarias, aunque se nos haga agua la boca con imaginar las oportunidades.

Sólo Canadá es un mercado de 34.5 millones de habitantes, un desarrollo económico siete veces superior al nuestro, altos índices de ingresos e importación per-cápita y, además, tenemos una balanza comercial deficitaria. Incluso la industria bovina canadiense está enviando señales favorables. La carne ocupa el sexto lugar en sus importaciones agroalimentarias, con un crecimiento promedio anual de 3,1% entre 2001 y 2010 y una diversificación de sus proveedores desde Suramérica. Además, los costos de producción y el clima le pasan factura. Su inventario bovino ha disminuido desde 2006. A enero de 2011 tenía 12,5 millones de cabezas, 3,4% menos que en 2010, comportamiento que ha seguido el hato de carne que cayó 2,7%. ¡Es una excelente oportunidad!

No obstante, “internacionalizar” la economía a punta de mercados de papel, no es garantía para el desarrollo y el crecimiento. Corresponde al gobierno subsanar los obstáculos al acceso real, para renglones “punta de lanza” del Comercio Exterior, incluidos en el Programa de Transformación Productiva. Con un atenuante: los cambios deben producirse antes de la total desgravación. Evento que está a diez años o menos. ¡Preocupante! Sólo el ajuste fitosanitario tomará una década, si empezamos ya.

¿Qué hacemos mientras tanto? Maldecir pasito, dicen los abuelos y mirar como entran las primeras 5.250 toneladas de carne de Canadá. ¡Una pequeñez! –nos dicen–. Habría que sumar lo que ofrecimos en los TLC, considerar los bajos precios que desgarrarán la producción local y la estrechez para ajustarnos. Si realmente queremos avanzar en la apertura, urge aprovechar el tiempo y acelerar la agenda interna. Lo contrario, es sepultarnos en una política que sólo está asegurando inundar el mercado de importados y la quiebra de sectores vulnerables como el ganadero.

Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN

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Pisar el acelerador

Bajos precios, altos costos y progresivo deterioro del orden público, conforman una peligrosa tripla en el entorno productivo de nuestra ganadería. El precio promedio del ganado flaco en la costa Caribe, que llegó a estar en $3.360/kilo en junio de 2009, descendió en los siguientes siete meses a ¡$2.519! En ese lapso se perdió el 33.4% del precio de venta. Posteriormente, después de unas pequeñas alzas, se situó en $2.837 (mediados de julio/11). La tendencia del precio del ganado gordo, es igual. ¿Qué sector económico puede resistir una drástica reducción de sus ingresos, como la que ha soportado todo el sector ganadero, especialmente en el Caribe colombiano?

A este desbarajuste en los precios, se une el constante incremento de los costos de producción, de más de 3,6% en 2010 y de 3.1% en lo corrido de 2011 a marzo, jalonado por insumos tan importantes como la urea, los concentrados, las sales mineralizadas, las semillas y la droga veterinaria, que reducen peligrosamente el margen de rentabilidad de todas las orientaciones del hato, especialmente en cría y ceba. ¿Cómo puede crecer un hato bajo estas condiciones?

El tercer elemento no es menos preocupante. Hasta antes del primer trimestre de 2010, 1 de cada 10 ganaderos señalaba deterioro del orden público, y a partir de ese trimestre encontramos que 6 de cada 10 ganaderos percibía mayor deterioro. Lo grave es que este indicador, al finalizar el II trimestre de 2011, se elevó: ahora son 7 de cada 10 ganaderos los que señalan deterioro del orden público (Encuesta de Opinión Ganadera, Eogan - II trimestre de 2011). En los últimos nueve meses (sept 15/10 a jul 15/2011), según las estadísticas de Fundagán, el número de casos de ganaderos extorsionados suma 80; secuestrados, 43; ASESINADOS, 38; y de los que han sufrido abigeato, 68. ¿Puede el sector ganadero soportar esa condición, que no sólo atenta contra su vida y bienes, sino contra la estabilidad del negocio ganadero?

Frente a esos síntomas urgen medidas de fondo. En el corto plazo, lo más importante, es mejorar los ingresos al ganadero. Las exportaciones son la única opción posible frente a las restricciones estructurales del mercado interno que por cuenta de la informalidad no ha permitido transferirle al consumidor los menores precios del ganado gordo para el sacrificio. Es el Gobierno quien tiene la palabra frente a esa situación, como también frente a las exportaciones. Está el caso del Líbano que nos permitiría ir saliendo un poco del atolladero, y las exportaciones hacia Venezuela, que contribuirían en forma importante, siempre y cuando se realicen sobre las nuevas realidades.

Pero, algunas dificultades en los trámites se atraviesan en el camino. Esta vez por cuenta en la demora de la expedición de una norma que le permita al sector colocar el contingente autorizado por el Gobierno. Ya ha transcurrido más de un mes desde que el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior adoptó la decisión de ampliar el contingente de exportación y la medida no ha entrado a regir, pues el Decreto correspondiente aún se encuentra en trámite.

Pero aún más, la decisión de asignar cupos máximos de 90 animales por empresa señalado por el Ministerio de Agricultura, impide realizar una operación de comercio exterior económicamente viable. En buena hora el ministro Juan Camilo Restrepo, aceptó la sugerencia de Fedegán de revisar el sistema de administración de contingentes, y para su definición, adelantará una mesa de trabajo, en la que participarán las empresas exportadoras.

Sobre los otros dos temas que me ocuparé en otra oportunidad, Fedegán hace un nuevo llamado al Ministerio de Agricultura para que analice la dinámica de los costos de producción, sobre todo de sales mineralizadas, medicamentos, concentrados y fertilizantes, y al Ministerio de Defensa, para contener la ola de violencia, pues bajo ese entorno de bajos precios, altos costos y mayor inseguridad, estamos próximos a la entrada en vigencia de tratados de libre comercio. No queda otro remedio que acelerar las soluciones.

*Presidente ejecutivo de Fedegán.

¡No hay derecho!

El mapa de las tierras de indígenas y afrodescendientes no se traslapa accidentalmente con el de las guerrillas y las bandas criminales. Los hechos recientes en Cauca y los ataques que han sufrido estos pueblos en Chocó, Nariño, Caquetá, la Sierra Nevada y los antiguos territorios nacionales, evidencian su valor estratégico para los violentos. La indefensión de estas comunidades y las prerrogativas que les ha otorgado el Estado, a favor de su autonomía territorial y su autogobierno, las ha hecho presas de los grupos alzados en armas, que las usa como escudos humanos y para mantener cultivos ilícitos, corredores para el tráfico de drogas, armas o secuestrados. Una realidad que no podemos seguir ignorando.

A manos de la colonización armada y la coca, nuestras etnias en especial los indígenas, asisten a un retroceso real de sus derechos y son cada vez más permeadas por el terrorismo y los terroristas. Han venido perdiendo el control de sus territorios, la autodeterminación de su desarrollo y la garantía del respeto a sus vidas. Ellos mismos han denunciado el reclutamiento forzoso de sus niños y jóvenes y algunos han protagonizado disturbios, que poco tienen que ver con sus Mingas. Pérdidas que se hacen extensivas al gobierno, que de un lado, ha implementado los mandatos constitucionales para habilitar los derechos de estas minorías y, del otro, ha visto debilitada su capacidad para protegerlos.

El fuero propio que rige los resguardos y los principios de consulta y concertación previa, para el trámite de leyes y decisiones de política pública, han inhibido en buena medida, la inversión productiva y el combate a la criminalidad en los 39 millones de hectáreas, que albergan los resguardos y las comunidades negras. Limitantes que también se perciben para erradicar cultivos ilícitos o asegurar la integridad de la población y el control de sus propiedades. Condición que los grupos alzados en armas, han capitalizado exitosamente.

El desangre de estos pueblos ha sido doloroso. En 2010 el 23,2% de los desplazados correspondió a población indígena y afrodescendiente, con una tasa de 443,8 desplazados por cada cien mil habitantes de estos pueblos, que apenas suman 5.7 millones de almas. Entre 2002 y marzo de 2011 fueron asesinados 884 indígenas –un poco más que las muertes violentas de concejales, maestros y sindicalistas juntos–. Pese a su declarada neutralidad en el conflicto, o quizá por ella, los indígenas son uno de los grupos más vulnerables al homicidio.

¿Cómo entender, entonces, las demandas de nuestras etnias que sólo conducen a un mayor grado de indefensión? A pocos días de los ataques del pasado 9 de julio, la misiva de los pueblos destruidos al norte del Cauca por la acción terrorista de las FARC, apuntaba en esa dirección. Se ha sumado la marcha en Toribío y la protesta que bloqueó la carretera panamericana, que en el fondo, develan su malestar por la instalación del nuevo batallón de alta montaña para la zona. Como si la salida del Ejército asegurara el respeto al Derecho Internacional Humanitario por parte de las FARC, el ELN o las BACRIM.

Esta sociedad no puede seguir cruzada de brazos mientras se libran combates y se levantan plantaciones de coca, sobre los territorios colectivos de estas minorías. No hay derecho que mientras el Estado se esfuerza por reconocer sus garantías constitucionales, los alzados en armas, el narcotráfico y las BACRIM hagan su agosto con esas prerrogativas, asegurando una mayor pauperización, el exterminio de estos pueblos y el desasosiego de nuestra sociedad. La defensa de las etnias no se producirá, precisamente, atando de pies y manos a la fuerza pública. Necesitaríamos ser muy ingenuos.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.

¿En qué estamos?

Hay sociedades que son capaces de remontar el fenómeno y el efecto devastador del terrorismo, porque todos sus ciudadanos cierran filas para cuestionar sus métodos, e incluso su motivación.

En cualquier régimen democrático, en donde los conflictos hacia el interior de una sociedad pueden ser dirimidos a través del voto o incluso, de instrumentos de resolución civilizados, usar la fuerza de las armas, o peor, el miedo, como herramienta para acorralar a una sociedad, no tiene razón de ser.

España es un país que ha sufrido, en mucha menor escala, la acción insurgente de un grupo de ciudadanos que ha pretendido imponer, por la fuerza, su visión de nación. Los separatistas vascos encontraron en el terrorismo de la ETA, desde las épocas de Franco, la expresión política de su inconformidad. La respuesta de España ha sido siempre coherente: NO AL TERRORISMO. Incluso, la respuesta del Constitucional fue categórica ante el intento del proscrito partido de Herri Batasuna de constituir por otros medios otra fuerza política que la reemplazara: NO A LA CREACIÓN DE UN PARTIDO QUE SEA EL VOCERO POLÍTICO DE UNA EXPRESIÓN ARMADA TERRORISTA, como la ETA.

Aquí en Colombia la cosa no ha sido igual. Después de décadas de violencia, tortura, extorsión, secuestros, bombazos, etc., y de la enorme desproporción de los actos de la guerrilla en términos de destrucción y sevicia contra los más débiles, aun hay quienes creen que es posible brindar espacios políticos al terrorismo armado. Los hechos recientes en la que otra vez las FARC y el ELN han venido afectando la tranquilidad pública, con los mismos actos de terrorismo y violencia, no ha tenido una respuesta categórica de ciertos sectores de la sociedad.

¿En nombre de qué doctrina aceptamos que la guerrilla hable de “efectos colaterales”? ¿Por qué opera un “doble discurso” que pregona, por un lado, la rendición, la prevalencia de la ley y la justicia, y por el otro, manda señales para buscar un diálogo que no aguanta escrutinios del DIH? No se entiende si son señales equivocas o equivocadas.

Desde cuando se estableció la primera comisión de paz encabezada por el ex presidente Carlos Lleras Restrepo, en 1981, pasando por las incontables opciones que se abrieron a partir del gobierno de Belisario Betancur, de los diálogos en México, España, Venezuela, Alemania y Cuba, de las consejerías y comisiones de reconciliación y hasta la humillante zona de despeje del Caguán, el sabor de frustración ha sido la constante de la sociedad colombiana que no encontró respuesta del terrorismo armado.

Hoy, la sistemática negativa de los grupos alzados en armas para agotar las vías no violentas, hacen moralmente inaceptable este conflicto y sus métodos. ¿Están, entonces, las FARC y el ELN dispuestas a pagar el precio de sus crímenes? ¿Acaso, para ellos, una rendición incondicional es viable?

Décadas de violencia indiscriminada y de oportunidades desaprovechadas de la sociedad, dan la respuesta. Entonces, ¿por qué menguar el combate frontal si mostró sus resultados? ¿Por qué pregonar un doble discurso que, a la postre ha dado un nuevo aire a las FARC, afectando el manejo del orden público y generando un mayor desasosiego entre quienes vivimos de cerca el incremento de los hostigamientos? ¿En dónde radica el interés, si es evidente el avance alcanzado hacia un escenario de prevalencia del Estado Social de Derecho? ¿Con qué argumentos algunos sectores de la sociedad piensan justificar lo indefensable y tapar con las manos la salvaguardia de los Derechos Humanos para justificar los actuales crimines de las FARC? ¿En qué quedará la ejecución de la Ley de Victimas?

Nada de esto será posible si la sociedad no cierra filas contra el terrorismo y cualquier manifestación de combinar todas las formas de luchas. El momento histórico demanda una respuesta coherente, porque de ella depende dejar atrás la negra época de la violencia y el terrorismo, o volvernos a sumergir en la misma. ¿Habrá derecho a repetir la historia?

*Presidente ejecutivo de FEDEGÁN.