@jflafaurie
La
reciente invitación del Presidente Santos, para abrir algún camino hacia la
negociación del conflicto armado, no pudo recibir una respuesta más cobarde de
parte de las FARC. La masacre de los uniformados, no sólo descorazonó la
construcción del marco constitucional de Justicia Transicional, sino que echó
por tierra las pretensiones de algunos sectores de la opinión pública, que
insisten en presentar a las guerrillas como rebeldes a sabiendas de que no son
más que criminales. Por enésima vez, estamos delante de la verdadera cara de
los victimarios y nos estremece preguntar si puede haber un proceso de paz con
perpetradores de crímenes de lesa humanidad.
No es la
primera vez que lloramos a nuestros muertos o nos rasgamos las vestiduras por
la indolencia y la infamia de las guerrillas contra los secuestrados, sus
madres, esposas e hijos. Condenaron en vida a ciudadanos colombianos a ser
devorados por la selva, aniquilaron su futuro y sus sueños por más de una
década y finalmente los ultimaron a mansalva, indefensos y por la espalda. Un
horror que no ha dejado de atormentarnos, incluso en todas las coyunturas en
que esta sociedad, muy generosamente, accedió a dialogar sin recibir nada a
cambio, salvo más terror e indignación.
Entonces,
vuelvo a preguntar ¿qué es lo que vamos a “negociar” a cambio de décadas de
dolor, vejámenes y burlas? ¿Qué vamos a entregar en contraprestación por las
miles de víctimas de masacres, extorsiones o minas antipersonal, de las vidas
destrozadas de nuestros secuestrados o del aparatoso retraso del campo?
¿Cómo
justificar el discurso bizantino de mano tendida, con una horda terrorista que
arremete con una barbarie demencial e incongruente con las propias causas que
dice reivindicar?
Reconozcamos,
de una vez por todas, que la historia ha demostrado que la estrategia del
diálogo nunca sirvió ni servirá para hacer posible la paz en Colombia. No
porque hayamos sido incapaces de abocarla como sociedad, sino porque la propia
guerrilla envileció y deshumanizó el conflicto y despreció los gestos de
apertura que se tendieron desde el gobierno del Presidente Belisario Betancur.
El
exitoso pulso de la estrategia militar en la lucha frontal contra la guerrilla,
debe sugerirnos algo. Han sido nueve años en los que el campo ha resucitado, en
que miles de ganaderos –víctimas por antonomasia de las guerrillas– han podido
volver a producir sin el terror a cuestas. Años en que los asesinatos,
secuestros y extorsiones disminuyeron ostensiblemente.
Años en
que logramos configurar el monopolio de las armas para el Estado con una superioridad
sin precedentes, que ha permitido desmantelar de manera irreversible a esa
organización terrorista. Entonces ¿Por qué menguar el combate frontal si ha
mostrado resultados, más aún si una rendición incondicional parece inviable,
como lo hicieron saber Cano y ahora Timochenko?
El “nuevo
plan de guerra” que están diseñando los generales parece más aconsejable, que
el ambiguo discurso de abrir la puerta de la paz y otorgar prerrogativas
políticas a desmovilizados que cometieron crímenes de guerra.
Necesitamos
proteger los derechos humanos y caminar en pos de la nueva legislación que los
tutele. Un escenario que constriña las posibilidades de los terroristas e inste
la liberación de los secuestrados y la dejación de las armas como un acto de
rendición unilateral, fruto del reconocimiento de la inferioridad militar de
las guerrillas, de su derrota moral y de la ausencia de una justificación
plausible para un conflicto éticamente inaceptable.
Esta
sociedad no puede ser inferior a su responsabilidad histórica. No queremos más
tomas de Patascoy o Las Delicias. No queremos más campos de concentración en
medio de la selva, ni más ajusticiamientos. Pero tampoco queremos más Caguanes.
Son verdades de apuño, que pasan por demandar al Estado, al Gobierno Nacional y
a sus fuerzas Militares que sigan cumpliendo sus obligaciones constitucionales
de proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de nuestra nación.
*Presidente
Ejecutivo de FEDEGÁN.
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