El burro hablando de orejas

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

No es la primera vez que Human Rights Watch (HRW) despliega su desconcertante discurso en defensa de los derechos humanos con un doble y amoral rasero y un reduccionismo argumentativo, que evidencia su animadversión por la institución castrense. Sólo que esta vez cayó en una indebida intromisión por no ser vocero oficial del gobierno americano. Su advertencia, de llevar al país ante la Corte Penal Internacional o reducir la ayuda militar, no asustó el Ministro de Defensa. En cambio, sus demandas para desmontar el Fuero Militar de la Reforma a la Justicia, tuvo un sonoro “Pues NO” del titular de Justicia. Y sonó a un intento por amordazar a nuestros militares y descalificar al Estado en su legítima lucha contra el terrorismo.

¿Qué hay detrás del activismo de HRW que exculpa a criminales, pero hostiga a las fuerzas armadas? ¿Por qué no se pronuncia sobre el “Marco jurídico para la paz”, que abre troneras a las amnistías, desconoce normas internacionales en DDHH y DIH y permite que criminales amnistiados participen en política? ¿Por qué calla sobre la propuesta de las FARC para elevar a norma constitucional el canje humanitario, como si se tratara de una mercancía? ¿Dónde están sus pronunciamientos en favor de los 7.000 militares asesinados y los 20.000 heridos en la última década? ¿Por qué no hace sus discursos en el Batallón de Sanidad, donde asisten 4.600 hombres caídos en las minas que siembran las guerrillas?

Sus dardos contra el artículo que busca restituir y fortalecer el Fuero Penal Militar, acusan ignorancia y olvidan los derechos humanos de los militares, que también los tienen. El gobierno ha sido claro. El Fuero Penal Militar no es un privilegio, no es un instrumento de impunidad o un esguince a la comisión de delitos de lesa humanidad. Es, ante todo, una garantía de defensa técnica, para que la fuerza pública tenga como juez natural a aquellos que conocen el terreno y las particularidades de la guerra contra el narcoterrorismo.

La hostilidad ideológica de HRW, que presiona para que la Justicia Ordinaria conozca la totalidad de los hechos, desconoce al menos tres aristas: La primera, radica en la eficacia de la Justicia Ordinaria. Un reciente estudio de ANIF demuestra que sus resultados son “bastante mediocres”. Para sólo mencionar un indicador: tiene pendientes por evacuar 2.9 millones de procesos, 6.337 por cada 100.000 habitantes en 2010, en comparación con 6.226 de 2000. Es decir, continúa acumulando una década después.

La segunda, es que existen tácticas e infracciones de la estrategia militar, que son de estricta competencia de la jurisdicción castrense. Por tanto, requieren jueces especializados en la naturaleza del accionar en combate. Con un atenuante, los problemas de independencia que reclama HRW, hace rato fueron superados. Los jueces militares de hoy cumplen funciones exclusivas en este frente, que dejan sin piso la carencia de objetividad por la relación en la línea de mando. 

Finalmente, el propio Ministro de Defensa designó a una comisión de expertos, de distintos linajes ideológicos, que tendrá la última palabra para el ajuste integral de la Justicia Penal Militar, en la que han estado empeñados los últimos gobiernos. De este esfuerzo es de donde surgirá un aparato fortalecido y aún más eficiente, incluido el Fuero Penal.

Por todas estas razones carece de fundamento su indebida intromisión. En cambio, bueno es decir, que todos los países en el mundo tienen para sus FFAA el fuero, en especial USA que incluso impide que sus nacionales en funciones oficiales sean juzgados en terceros países. Por qué HRW no hace lo propio con su principal financiador? Es esa la amoralidad con la que actúa? El burro hablando de orejas.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN

El gran despojo de las FARC

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

La declaración del Presidente Santos, después de la directa sindicación proferida por el Director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, es el primer intento honesto para determinar la contrarreforma agraria que libró las FARC en el país. Sin duda, el de Santos, es un paso histórico en la vía correcta para identificar a las FARC como la gran usurpadora de la propiedad rural. Y, más aún, para derribar las injustas segregaciones que distinguen entre víctimas de primera y segunda categorías que, como en el caso de los ganaderos, llevaron a estigmatizarlos como victimarios, cuando han sido las principales víctimas.

Bienvenida la avalancha de acontecimientos que acompaña la política de restitución de tierras, pues está llevando a la construcción de escenarios inéditos de la memoria histórica, que parecía imposible en medio del conflicto. Hoy cobran vida, para asombro de los analistas, las denuncias que reiteró Fedegán y que tantas veces subestimaron, sobre las explotaciones en manos de testaferros de las guerrillas en Caquetá, Meta, Arauca, Casanare, Vichada o Huila –para sólo mencionar las más protuberantes– y de rebaños enteros de ganados hurtados, en una perenne trashumancia desde hace medio siglo, que dejaron miles de huérfanos y viudas y quiebras sin par de la mano de los secuestros y las extorsiones. 

De esas denuncias, aún recuerdo una visita del presidente de un comité de ganaderos y dirigentes de San Vicente del Caguán a mi despacho. Para mi sorpresa, más allá de sus intenciones de afiliación, terminé al frente de un personaje que identificaron como el “veterinario del Mono Jojoy”. Fue en los albores de mi arribo a Fedegán, con la  evocación aún fresca del frustrado atentado con rocket, perpetrado por milicianos de las FARC, contra Jorge Visbal.

Esperamos que la nueva mirada acerque al país a la real magnitud del despojo de las FARC. De lejos el agresor natural, el mayor usurpador y victimario del conflicto armado, por su prolongada existencia y por la extensa geografía que cayó bajo su influjo a sangre y fuego, en una permanente degradación narco-terrorista. Ello sin perjuicio de las décadas de contrainsurgencia del paramilitarismo que estremeció campos y ciudades, con igual o mayor crueldad.

El anhelo, en esta etapa, es abocar un ejercicio de memoria colectiva integral, que además de identificar los crímenes del paramilitarismo haga lo propio con las FARC y el ELN. Sabemos de la enorme batería de insumos que se utilizó para judicializar a los primeros. En tanto que la información contenida en los PC incautados a Reyes, el Mono Jojoy o Cano, sigue siendo objeto de especulaciones. Allí tienen que estar los nombres de sus testaferros y la demarcación ilegal de sus tierras. ¿Son estas las fuentes que guían el buen olfato del Presidente Santos?

Nos urge trazar el mapa de la guerra, que ha sido el mismo del narcotráfico, pues los dos se traslapan con el mapa del despojo y de las víctimas. A fin de cuentas paramilitares, BACRIM, FARC o ELN, tienen como elemento articulador de su vulgar connivencia: el narcotráfico, fuente principal de financiación y acumulación de su riqueza. La expoliación de la tierra no fue para adquirir un activo productivo, sino como control territorial para instrumentalizar la producción de coca y tender corredores para el narcotráfico.

Necesitamos el retorno de todos los despojados al campo. Y en esta tarea es fundamental que los colombianos tengan claro quiénes son las víctimas y quiénes los victimarios, con la plena identificación de la cartografía de su ignominia. Sin estos insumos la catarsis del pasado será incompleta. En este ejercicio Fedegán y Fundagán estarán al lado de miles de víctimas ganaderas para “Acabar con el olvido”.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.

La carta de “Timo-chenko”

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

La misiva de “Timo-chenko” al Presidente Santos no pudo ser más desafortunada. El cinismo de esa organización narco-terrorista es desconcertante. Sin mayores argumentos,  lanzó otra vez el cañazo de las “mesas de conversación”, a ver si esta sociedad vuelve a morder el desprestigiado anzuelo y reiniciamos un nuevo ciclo de apaciguamiento. Una cosa debemos aceptar del esfuerzo epistolar:  vuelve a poner sobre la mesa una opción que creíamos descartada, cuando la inmensa mayoría de los colombianos espera la rendición incondicional, la judicialización de sus crímenes atroces y el perdón que le deben a miles de víctimas.

No se puede volver a la disyuntiva entre derrotar la criminalidad o abrir la puerta de la negociación. El país superó ese experimento, que siempre terminó siendo adverso para los gobiernos que lo intentaron.  En hora buena la postura que asumió la administración Santos con la negativa rotunda a la pretensión de retomar la agenda del Caguán.

El gobierno deja además explícito, que el único camino es aplicar la legislación para judicializar la criminalidad sin importar su origen, porque todas están comprometidas con el narcotráfico y violan los más elementales derechos de los ciudadanos. De ahí lo inconveniente del proyecto que cursa en el Congreso, mal llamado “Marco jurídico para la paz”. Una iniciativa que bajo el pretexto de constitucionalizar la Justicia Transicional, abre troneras para facilitar amnistías, desconocer normas internacionales suscritas en materia de DDHH y DIH y, más grave aún, levantar las prohibiciones para que criminales amnistiados participen en política.

Esta sociedad cansada de tanta violencia no va a justificar ni política ni ideológicamente el terrorismo. Por el contrario, el país debe exigir continuidad en la política de Seguridad Democrática, la liberación de los secuestrados por parte de las FARC y la dejación de las armas, como un acto de rendición unilateral, fruto del reconocimiento de su inferioridad militar, su derrota moral y la ausencia de justificación del conflicto, que se ha degradado a niveles dramáticos.  No podemos conformarnos con menos.

Si las FARC olvidaron la noche de terror que esparcieron por todo el país o la burla de las negociaciones de paz, a esta sociedad le sobran viudas, huérfanos, desplazados y camposantos de NN´s, que pueden refrescar su memoria o la de aquellos que aún justifican una salida política. O me pregunto de qué verdad, destierro o justicia habla Timochenko. Cuál es ahora su discurso, si lo que vemos es la misma fosilizada ideología que mantiene vigente su proximidad a regímenes dictatoriales fracasados?

El terror no fue sólo contra ganaderos, agricultores o comerciantes. Su crueldad aún tiñe de rojo los resguardos indígenas en Catatumbo, Cauca o la Sierra Nevada, aunque ahora pretenda reivindicarlos en su comunicado. Un genocidio, en términos de Acnur. El Quintín Lame sólo fue una expresión de la desesperación de esas “gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas”. Este hecho o los más recientes, al asesinar a indefensos uniformados que llevaban media vida secuestrados, hacen inmoral su petición.

El costo de esta absurda guerra en términos de vidas, pobreza, daños ecológicos y atraso es incalculable. La destrucción de infraestructura, de pueblos enteros con cilindros bomba, de campos minados o plagados de narco-cultivos y el robo de erarios públicos, hacen que nos mantengamos anclados en el subdesarrollo. Pero no va a ser con un nuevo diálogo, que más parece un nuevo aire a la guerrilla para favorecer su rearme, como vamos a superarlo. El camino se abrió en el gobierno de la Seguridad Democrática. Lo aprendimos con demasiada sangre y lágrimas como para olvidarlo.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN

El derecho a la legítima defensa

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

Hablar de “desarmar a la sociedad” en un país como Colombia, con un conflicto armado que lleva décadas e incluye la connivencia entre grupos criminales, terroristas y narcotraficantes, no puede tratarse con ligereza. No serán los hampones ni los sicarios los que hagan caso a las normas, sino los ciudadanos que las adquirieron legalmente para protegerse.

La intención del alcalde Petro o del proyecto de ley que el Gobierno piensa llevar al Legislativo aparece como viable, pero deja a los criminales armados y los ciudadanos expósitos. Las solas estadísticas no les dan la razón. De 1.800.000 armas adquiridas legalmente, 700 mil perdieron sus permisos. Entre tanto, más de 7 millones pululan ilegalmente y con ellas se cometen la mayoría de los crímenes. 

La situación tiene un agravante: las armas se consiguen a precio de huevo en un mercado negro que se alimenta del narcotráfico y el contrabando, operados por mafias trasnacionales que nadie puede contener, y compradores anónimos difíciles de identificar. El propio Navarro Wolf admitió que en Bogotá hay oficinas de alquiler de armas para delincuentes. Ahí está el problema y no en las armas con salvoconducto. 

¿Por qué un ciudadano debe renunciar al derecho a la legítima defensa, que tiene larga tradición y sustento legal? Está de por medio la seguridad como bien público y la capacidad del Estado para garantizarla a través del monopolio de las armas. Debe ser cauto el Gobierno y, en especial, las Fuerzas Armadas, para no caer en compromisos que después no puedan honrar. La intervención de la Fuerza Pública ha dado frutos extraordinarios para controlar la criminalidad, pero también es bueno aceptar que no basta para que el ciudadano del común no sienta temor.

Los resultados de las campañas de desarme en Bogotá, Cali o Medellín han sido marginales, no sólo por el número de armas entregadas voluntariamente, sino por el descenso real de la criminalidad. El flagelo está correlacionado con el número de grupos delincuenciales o milicias terroristas que operan, asociadas con el microtráfico en las ciudades y el narcotráfico en las fronteras.

Algunos estudios demuestran que las armas en poder de particulares pueden disuadir a los criminales, con lo cual la violencia es mucho mayor donde están prohibidas que donde están permitidas. Pero si se trata de controlar el número de armas en manos de particulares, lo deseable sería que la Fuerza Pública fuera la encargada de continuar entregando los avales y la competente para establecer si habilita o no su porte bajo determinadas circunstancias. Entre otras razones, porque ella tiene la obligación Constitucional de garantizar la seguridad en el territorio y, en consecuencia, puede de manera excepcional permitirlas a aquellos ciudadanos que den garantías de buen uso.

Prohibir o restringir a rajatabla, sólo incrementaría la vulnerabilidad de algunos ciudadanos y la probabilidad de éxito para los criminales. Para evitarlo necesitaríamos incrementar exponencialmente el pie de fuerza para cubrir las necesidades de protección. ¿Podemos hacerlo? Ya se oyen voces que consideran inapropiado el alto gasto en seguridad, con problemas sociales sin resolver. ¿Será que países con democracias consolidadas como Estados Unidos, con regímenes de control de criminalidad policivos, se equivocan al permitir a sus ciudadanos estar armados para garantizar su propia seguridad y la del mismo Estado?

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN

Desafiando el pesimismo de Durban

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

La Cumbre Climática de Durban evidenció, una vez más, la falta de compromiso de las naciones industrializadas para contener el cambio climático y la efímera esperanza para consensuar una legislación vinculante en la materia. La postura contrasta con los ingentes esfuerzos de los países de menores ingresos para “limpiar” la atmósfera, de lejos los menos responsables de este desastre planetario. Razón tienen quienes aseguran que la intransigencia inmoral de los ricos, dejó la política climática mundial en un limbo, que ha terminado por depender del esfuerzo espontáneo y altruistas que se realice en el ámbito local, en municipios o regiones productivas de los países en desarrollo.

Así lo entendió la ganadería colombiana. Entre otras razones, porque es imposible ignorar las valoraciones apocalípticas y los efectos de la variabilidad extrema del clima que nos están pegando de frente. El impacto devastador de las dos Niñas, son sólo una muestra de lo que está por venir, según los entendidos. De hecho, Colombia junto con Guatemala y Pakistán, encabezan la lista de países con mayor vulnerabilidad y riesgo ante desastres naturales que, paulatinamente, se profundizarán al ritmo de la producción de gases de efecto invernadero en Estados Unidos, China, India, Rusia, Japón, Alemania o Canadá, responsables de más del 50% de las emisiones que le están subiendo la temperatura al planeta.

En contra del pesimismo que generó la deserción de Canadá del cuestionado Protocolo de Kioto, nuestros esfuerzos han sido descomunales y en buena medida, han estado asociados a instrumentos que generó ese pacto. El primer envión, busca migrar en menos de una década, un millón hectáreas hacia sistemas silvopastoriles, bajo esquemas de uso sustentable de la tierra y pagos por la prestación de servicios ambientales. El proyecto cuenta con US$19,9 millones, US$7 millones donados por el GEF del Banco Mundial, al que se ha sumado la cooperación técnica y económica de productores, sector oficial y organismos nacionales e internacionales como CIPAV, Catie, The Nature Conservancy (TNC) y el Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez.

Un segundo esfuerzo comprende un ambicioso programa de cooperación con el Gobierno Británico, que involucra recursos por 15 millones de libras, con el objetivo de mitigar el cambio climático, apoyar el proyecto de ganadería sostenible y favorecer la emergencia de nuevos servicios ambientales. Aunque no son los únicos propósitos para el próximo año, pues hemos estado explorando la alternativa de mitigar el impacto ambiental ocasionado por la extracción minera, por la vía de expandir sistemas silvopastoriles a sus áreas de influencia.

Si bien los proyectos han mostrado resultados verificables, debemos reconocer que para hacer realidad el desarrollo sostenible de la ganadería, necesitamos el reconocimiento político sobre la complejidad del cambio climático y su impacto sobre sectores sensibles al mismo. Un esfuerzo que pasa por entender que su resolución involucra las esferas económica y productiva, que tocan de frente la justicia y la equidad, en la medida en que está ligado a la seguridad alimentaria, ambiental y energética. Pero, fundamentalmente, que está atado al diseño del modelo de desarrollo económico.

Por esta vía no será difícil articular esfuerzos para financiar nuestro propio “Fondo Verde del Clima”, para garantizar políticas públicas que incentiven la inversión en prácticas conservacionista, el uso sustentable de los recursos naturales en la ruralidad y la reconversión productiva ganadera. Sólo este último esfuerzo demanda recursos entre $4 y $5 millones por hectárea, lo que lleva a un cálculo de $5 billones para un millón de hectáreas. Son decisiones que involucran no sólo a los productores, sino al Gobierno y a los actores descentralizados, en una responsabilidad que, por razones de éticas y humanitarias, compromete a todos.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.