Por: José Félix Lafaurie Rivera*
@jflafaurie
La Cumbre Climática de Durban evidenció, una vez más,
la falta de compromiso de las naciones industrializadas para contener el cambio
climático y la efímera esperanza para consensuar una legislación vinculante en
la materia. La postura contrasta con los ingentes esfuerzos de los países de
menores ingresos para “limpiar” la atmósfera, de lejos los menos responsables
de este desastre planetario. Razón tienen quienes aseguran que la
intransigencia inmoral de los ricos, dejó la política climática mundial en un limbo,
que ha terminado por depender del esfuerzo espontáneo y altruistas que se
realice en el ámbito local, en municipios o regiones productivas de los países
en desarrollo.
Así lo entendió la ganadería colombiana. Entre otras
razones, porque es imposible ignorar las valoraciones apocalípticas y los
efectos de la variabilidad extrema del clima que nos están pegando de frente.
El impacto devastador de las dos Niñas, son sólo una muestra de lo que está por
venir, según los entendidos. De hecho, Colombia junto con Guatemala y Pakistán,
encabezan la lista de países con mayor vulnerabilidad y riesgo ante desastres
naturales que, paulatinamente, se profundizarán al ritmo de la producción de
gases de efecto invernadero en Estados Unidos, China, India, Rusia, Japón,
Alemania o Canadá, responsables de más del 50% de las emisiones que le están
subiendo la temperatura al planeta.
En contra del pesimismo que generó la deserción de
Canadá del cuestionado Protocolo de Kioto, nuestros esfuerzos han sido
descomunales y en buena medida, han estado asociados a instrumentos que generó
ese pacto. El primer envión, busca
migrar en menos de una década, un millón hectáreas hacia sistemas
silvopastoriles, bajo esquemas de uso sustentable de la tierra y pagos por la
prestación de servicios ambientales. El proyecto cuenta con US$19,9 millones,
US$7 millones donados por el GEF del Banco Mundial, al que se ha sumado la
cooperación técnica y económica de productores, sector oficial y organismos
nacionales e internacionales como CIPAV, Catie, The Nature Conservancy
(TNC) y el Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez.
Un segundo esfuerzo comprende un ambicioso programa de
cooperación con el Gobierno Británico, que involucra recursos por 15 millones
de libras, con el objetivo de mitigar el cambio climático, apoyar el proyecto
de ganadería sostenible y favorecer la emergencia de nuevos servicios
ambientales. Aunque no son los únicos propósitos para el próximo año, pues
hemos estado explorando la alternativa de mitigar el impacto ambiental
ocasionado por la extracción minera, por la vía de expandir sistemas silvopastoriles a sus áreas de influencia.
Si bien los proyectos han mostrado resultados
verificables, debemos reconocer que para
hacer realidad el desarrollo sostenible de la ganadería, necesitamos el
reconocimiento político sobre la complejidad del cambio climático y su impacto
sobre sectores sensibles al mismo. Un esfuerzo que pasa por entender que su
resolución involucra las esferas económica y productiva, que tocan de frente la
justicia y la equidad, en la medida en que está ligado a la seguridad
alimentaria, ambiental y energética. Pero, fundamentalmente, que está atado al
diseño del modelo de desarrollo económico.
Por esta vía no será difícil articular esfuerzos para
financiar nuestro propio “Fondo Verde del Clima”, para garantizar políticas
públicas que incentiven la inversión en prácticas conservacionista, el uso
sustentable de los recursos naturales en la ruralidad y la reconversión productiva ganadera. Sólo este último
esfuerzo demanda recursos entre $4 y $5 millones por hectárea, lo que lleva a
un cálculo de $5 billones para un millón de hectáreas. Son decisiones que
involucran no sólo a los productores, sino al Gobierno y a los actores
descentralizados, en una responsabilidad que, por razones de éticas y
humanitarias, compromete a todos.
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