Las trampas del desarrollo

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

Nunca como ahora el país necesita acelerar su competitividad. Buena parte de los tratados comerciales están en ejecución y el boom minero-energético genera rentas que al monetizar revalúan el peso, facilitando las importaciones y haciendo más difícil exportar. El sector productivo, en especial el campo, debe hacer esfuerzos extraordinarios para mejorar su competitividad o su destino será la quiebra. Y nada mejor que incorporar tecnologías para evitar el colapso.

El boom minero-energético es parte de la solución. Serán $360 billones al término de 2020 –$100 por regalías y $260 por impuestos–. Aunque el ideal sería redistribuir la totalidad de estos recursos para impulsar la competitividad, por lo pronto, exigimos el cumplimiento de las promesas que nos vendieron para crear el nuevo Sistema General de Regalías (SGR). Pues, tras un semestre de su vigencia, aún esperamos que estos dineros –$9.1 billones para 2012– se irriguen a proyectos productivos.

No nos engañemos. Dependemos del auge minero-energético y del manejo de los dineros provenientes del mismo. No es sólo por el peso de esta locomotora en el PIB, las exportaciones y la inversión, sino también en las finanzas del Gobierno Central y los fiscos territoriales y, por ende, en el desarrollo regional del país. Razón de más para preocuparnos, pues pese a la abundancia, nos acosan restricciones para su eficaz ejecución.

La más perversa, está asociada con las trabas para acceder a los multifondos del SGR. Una cosa fue la asignación de los $2.7 billones para los 3 fondos –de Ciencia Tecnología e Innovación, Desarrollo y Compensación Regional– y otra el tortuoso proceso para ejecutarlos. Desde las Entidades Territoriales y desde el propio FEDEGÁN sentimos que, luego de meses de trabajo, los proyectos que estructuramos con alcaldías y gobernaciones pueden quedar inactivos en las incipientes OCAD´s o en Planeación Nacional, que tiene la última palabra.

La viabilidad de un proyecto pasa por el lleno de 22 requisitos, que van más allá de los estudios de mercado o de costeo. El análisis incluye la medición del impacto territorial, económico, social, cultural y ambiental, su contribución en la integración municipal, regional, nacional y fronteriza y hasta en la reforestación y recuperación de ecosistemas. ¡Hágame el favor! Me pregunto si los gobiernos subnacionales están listos para responder a estas exigencias? Lo dudo.

Mientras tanto, crece la incertidumbre sobre la duración de esta bonanza por cuenta de la crisis global, que deprime la demanda y las cotizaciones del crudo. Y, además, está de por medio la viabilidad fiscal para monetizar la riqueza minero-energética, pues las regalías quedaron atadas a la regla fiscal. Con lo cual, más valdría sincerar el discurso, pues mientras que en unos círculos se mantiene “una postura fiscal para impulsar el desarrollo económico y social del país”, en otros, se habla de ahorrar y mantener las regalías en el exterior.

El palo no está para cucharas. Es momento de acelerar la modernización y competitividad del país, ante una posible destorcida global, que nos coge en condición menos favorable que en 2008, considerando el frenazo del PIB nacional. Inversiones a “cuentagotas” o su desviación hacia las crecientes obligaciones fiscales del gobierno, podrían hacer agua esta oportunidad histórica, para acometer las inversiones que necesita la economía.

Si no viabilizamos los recursos para el desarrollo regional y los que soportarán las inversiones en ciencia y tecnología, mucho me temo que la capacidad de respuesta del aparato productivo, será insuficiente. Más crítico en el campo, por su baja formación bruta de capital fijo y la poca tecnología asociada a los sistemas productivos. Advertimos, para que después los mismos, no vengan con el cuento de que somos ineficientes.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN

¡Cuánto hemos retrocedido!

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie
 
Duelen las repudiables agresiones físicas y morales, de miembros del pueblo Nasa contra los soldados apostados en Toribío. Es el ataque más duro que ha recibido el Ejército desde la sociedad civil y, más grave aún, de una etnia especialmente protegida por nuestros uniformados. Como si no fuera suficiente con la orfandad que les prodiga esta ingrata sociedad y el trato en los estrados judiciales, nuestros militares debían ser pateados, arrastrados y humillados, para mañana exigirles su vida a cambio de nuestra seguridad. Vergonzoso, ahora que el crimen volvió a las primeras planas y ya no preguntamos cuánto avanzamos, sino cuánto retrocedimos.

 
El episodio en Cauca fue emblemático de la historia de vejámenes, a los que hemos sometido a nuestros hombres en armas. Cuánto de la reciente escalada de violencia se la debemos a las estrategias de los grupos armados y cuánto al “desaliento” en nuestra Fuerza Pública, víctima del asedio jurídico e ideológico de los enemigos de la paz. O lo que es lo mismo, de los amigos de la impunidad y los despejes. Los mismos que hicieron juego a las ONG extranjeras, para aprobar el Marco Jurídico para la Paz, pero congelaron el Fuero Penal Militar.

 
Un legítimo malestar social está subiendo como espuma, tanto como el abatimiento que se respira en la tropa. Una realidad que tiene que ver con el recrudecimiento de la violencia y la siniestra credibilidad que están ganando en los estrados judiciales, quienes otrora fueran victimarios. Así, mientras que desde una orilla, las alianzas criminales suman el producido de las crecientes extorsiones, secuestros y asesinatos –con un peligroso subregistro oficial–, desde de la otra, empapelan a nuestros militares, con ayuda de aliados en la “legalidad”.

La estrategia, quizá menos efectista que la de Toribío, pero sí más segura para frenar la tropa y su moral de combate, ha generado 1.486 investigaciones, por los mal llamados “falsos positivos”. Una encrucijada insensata de denuncias, muchas asociadas con la estrategia militar de combate al narcoterrorismo en una nación en guerra. Un atenuante que legitima la actuación de nuestros hombres y su derecho constitucional a un fuero especialísimo, por la muy exigente función de contener la violencia y proteger la vida de los colombianos.

 
Son mandatos que el pueblo Nasa ha puesto a tambalear, al negar el ejercicio de la soberanía del Estado en sus resguardos, por la vía del uso legítimo de las armas. Aunque creo, que lo que está ocurriendo en Cauca, es parte de la inocultable retoma del control territorial de los narcoterroristas, para el cultivo y tráfico de narcóticos y secuestrados. Así ha ocurrido, a sangre y fuego, en Urabá, los llanos, el Catatumbo, Nariño, el sur de la Guajira o Putumayo.

 
Entre tanto, 441 uniformados ya recibieron sentencias, muchas injustas, alejadas del debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a una defensa técnica. Aunque miles están en fila de espera, dispuestos a aceptar las penas, con tal de poner punto final al escarnio, suyo y de sus familias. Pero, además, siguen cayendo muertos o heridos en el campo de batalla –24.834 en la última década–, sin que haya un solo responsable en las filas enemigas por estos hechos.

Erigir un verdadero Fuero Penal Militar se ha convertido en una obligación para nuestros legisladores. Pero mientras se produce el trámite de la ley estatutaria –que debe refrendar la Corte Constitucional para su vigencia–, es deber del Gobierno habilitar una salida al convenio que se firmó con la Fiscalía y que hoy tiene a nuestras Fuerzas Armadas en la picota pública. Les debemos ese reconocimiento. Un sentimiento que creo que todos los colombianos compartimos, luego del indignante trato que recibieron en el Cauca.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN

¿Cómo mover la locomotora agropecuaria?

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

La difícil situación que afronta el sector agropecuario y la dimensión de los retos asociados con la puesta en vigor de los TLC, hacen indispensable como nunca antes, la activación real del crédito y la inversión. Vías expeditas para mover la locomotora y sacarla del camino de la desaceleración que parece seguir. Pero, siendo realistas, estos apoyos no avanzan a nuestro favor. La banca enfiló baterías para restringir la “recalentada” oferta crediticia, llevándose por delante las esperanzas del campo. A diferencia de los pudientes sectores urbanos, la ruralidad nunca les ha sido atractiva. No es sujeto de préstamos, pero tampoco de inversión. Hoy las vedettes, industrial y minera, incluso el consumo, acaparan los privilegios.

La coyuntura vuelve a ventilar males estructurales, que perpetúan las brechas ciudad-campo. Mientras en la primera están los clientes “triple A”, que satisfacen las exigencias del sistema financiero –con rentas elevadas y bajos riesgos– al otro lado, la búsqueda de prestatarios se agota. Allí el peligro de la cartera aumenta, las garantías no sirven y la rentabilidad es baja. Esa es la fría lectura que hacen los banqueros. Así se desprende de la última encuesta realizada por el Banco de la República y se ratifica con la negativa de los intermediarios, para colocar créditos a los afectados por la ola invernal, aunque tenían asegurado su margen de ganancia y los recursos eran del Estado.

Las cifras son elocuentes. El crédito de fomento alcanza el 1,2% como proporción del PIB de 2011, en tanto que la cartera comercial asciende al 21%. De este monto, el 64% se concentra en 4 subsectores –industria, comercio, intermediación financiera y construcción– mientras que la participación de todas las actividades agropecuarias no pasa del 3,1%. Lejos de promedio en América Latina que es del 9%. Además, la dinámica al primer trimestre de 2012, muestra que la cartera agropecuaria sólo creció 4,2%, pero en sectores como el constructor aumentó 37%, en comercio el 11%, y en minería el 17%. Asombra la lenta irrigación de recursos hacia el campo, cuando se adelanta la reconstrucción de los sistemas productivos tras el fenómeno de La Niña y se apresta a enfrentar los TLC.

Me pregunto ¿por qué un sector como el agropecuario, que pesa el 6% del PIB y genera el 18% del empleo, sólo recibe el 3% del crédito? Entre tanto, la industria –que participa con el 12% del PIB y crea el 13% de los puestos–usufructúa el 21% de los préstamos ¿Cómo hacer posible la formación bruta de capital fijo y elevar la competitividad y rentabilidad de la locomotora agropecuaria, sin apalancamiento financiero? Y es que los recursos no llegan ni por la banca nacional, ni por los inversionistas extranjeros, ni de la mano del Estado.

De los US$8.950 millones que han ingresado al país en lo corrido de este año por Inversión Extranjera Directa, el 82% se ha dirigido a petróleo y minería y sólo el 1% ha virado hacia los sectores agropecuarios. Pero, además, de los $5.3 billones que ha invertido el Gobierno Nacional para solventar los estragos invernales, apenas el 8% se ha destinado para atender a ganaderos y agricultores, los mayores afectados del histórico desastre natural.

No podemos seguir por esta senda. Nunca como ahora habían sido tan gravosas las condiciones para la ruralidad, con la resaca del invierno, las deplorables condiciones sociales y de violencia y el escenario de mayores importaciones agroalimentarias. El panorama obliga a buscar alternativas de crédito y facilitar el acceso al mismo. Necesitamos aumentar la dinámica de los programas de financiación derivada de la iniciativa y los recursos de Estado y reformular la política crediticia de la banca comercial. Puntos neurálgicos para incentivar el desarrollo agropecuario.

*Presidente Ejecutivo de Fedegán.

Superando el silencio

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

Una avalancha humana nos sacudió el pasado fin de semana en San Juan del Cesar –sur de La Guajira– durante la segunda jornada del Programa de Acompañamiento a las Víctimas Ganaderas del Conflicto, que desarrollan Fedegán y Fundagán. Allí como en Chigorodó –Urabá antioqueño– donde cumplimos la primera convocatoria, el miedo dio paso a las búsquedas de verdad, justicia y reparación consagradas en la Ley 1448 de 2011. Las intensas romerías no sólo confirmaron el carácter masivo de la victimización de los ganaderos sino que, además, evidenciaron lunares institucionales frente al desafío de aplicar la norma. Fatales, de cara a las expectativas que se han generado.

El balance al término de las 2 primeras jornadas fue esclarecedor. Más de 1000 ganaderos solicitaron asesoría para reclamar sus derechos. Un alto porcentaje asociado a extorsiones y robo de ganado, que luego dieron paso a secuestros y asesinatos. Víctimas que se suman al obituario que publicamos en “Acabar con el olvido”, donde registramos más de 3.000 homicidios y secuestros de ganaderos. Aunque el drama continúa, pues al cierre de 2011 se reportó el asesinato de 52 y el secuestro de 37.

El programa de Fedegán-Fundagán hace parte, justamente, de la cruzada para llegar a todas estas víctimas en todos los rincones del país, con la meta de reconstruir la memoria de barbarie contra el sector. No terminará hasta que no quede un solo ganadero, cuya historia de violencia no haya sido narrada y cuyos derechos no hayan sido restablecidos. En esta tarea serán vitales las alianzas con más de 300 gremios ganaderos regionales, que habilitaron 87 oficinas para apalancar este proceso que, dicho sea de paso, ha recibido el aval de las poblaciones que hemos visitado.

Según estos ciudadanos, ha habido poca pedagogía de la norma y el alud de solicitudes de registro sobrepasó la capacidad logística y humana en muchas Personerías, puerta de entrada al Registro Único de Víctimas. En Valledupar, por ejemplo, se estima que existen 80 mil víctimas y escasamente se han registrado 300. Aunque la Personería estableció 2 días semanales para atender los trámites, sólo dispone de 2 profesionales que tienen copada la agenda hasta el 31 de diciembre de este año. A ese paso requerirán 60 años para cubrir la demanda.

El sistema que erigió la Ley de Víctimas, maneja unos tiempos que no comulgan con la marcha forzada que enfrentan las Entidades Territoriales y las sedes del Ministerio Público. El ajuste institucional que debería ser un hecho, considerando que pasó un año desde la sanción presidencial de la norma, todavía está en entre dicho y arrastra con el monumental rezago del registro de víctimas.

En la práctica, pasó el primero de 10 años presupuestados para la ejecución de la Ley. Es decir, para que el Estado “reconozca” a las víctimas de hechos ocurridos entre 1985 y 2021 –incluido el abigeato– y para repararlas. Con una connotación: de los 4 años establecidos para reclamar los derechos, ya pasaron 6 meses –los que lleva de vigencia la Ley– perdidos para miles de víctimas del sector ganadero, que ni siquiera han entrado a la fila del sistema.

El panorama es crítico y nos enfrenta a la urgencia de debatir la forma como esta sociedad debe responder a la enorme complejidad de resarcir a sus víctimas. Al término de este cuatrienio apenas 450 mil serán reparadas, de un total estimado en 4 millones. Necesitamos un proceso digno y razonable con la magnitud del problema, que además no discrimine como pretenden en algunas regiones con las solicitudes de los ganaderos. Es nuestro derecho y es la obligación de esta sociedad frente a los daños, morales y materiales, que han cargado por décadas millones de compatriotas.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.