La hora cero para el “agro”

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

Los diálogos con las FARC contribuyeron, irónicamente, a descongelar el debate sobre la política rural al más alto nivel del Estado y sus instituciones. Lamentable que hubiéramos tenido que esperar otro acercamiento con las guerrillas para ganar su atención y visibilizar las reiteradas demandas del sector. Pero preocupa que el futuro del campo se circunscriba al estrecho escenario de las mesas de negociación, donde priman intereses y visiones ilusas sobre su realidad. Un mal tratamiento a la cuestión rural o ceder a las presiones de la guerrilla, nos pueden dejar frente a una impracticable colcha de retazos de buenas intenciones o, en el peor de los casos, en el limbo del subdesarrollo.

Y es que luego del discurso de Márquez en Noruega, creo que nadie sabe para dónde va la negociación en materia de “Desarrollo Integral Rural”. Las posturas antagónicas, son apenas un indicio de lo mal que puede salir el experimento. El equipo negociador del gobierno ha mantenido una agenda acotada de seis temas –que no son de poca monta–. Entre tanto, el revisionismo de las FARC incluye todo lo que se mueva sobre el suelo, el subsuelo y el sobresuelo. Desde el modelo minero-energético, la propiedad de la tierra, el déficit presupuestal del sector, la institucionalidad y hasta el cierre a la internacionalización de la economía y la inversión extranjera.

Pregunto, por ejemplo, ¿Cómo desatar los nudos gordianos, para hacer compatible la posición extremista de las FARC frente a los TLC, con la política de Comercio Exterior que se trazó este gobierno? De hecho, 12 días antes de la inauguración de los diálogos en Oslo, empezó su tránsito por el legislativo el TLC con la Unión Europea, pese a que FEDEGÁN y el propio Ministerio de Agricultura –que entendemos asesorará al equipo del gobierno en el proceso de paz- advertimos sobre el impacto negativo de ese acuerdo para más de 350 mil productores lecheros medianos y pequeños.

Lo cierto es que estamos ante un momento retador para la humanidad, y el campo es un actor de primera línea en la configuración de esa nueva era –atada a la profundización de la globalización– que no podemos seguir ignorando. Allí están los recientes diagnósticos del PNUD, FAO, USDA y distintos “think thank” colombianos, en los que se ha llegado a un consenso: la urgencia de aprovechar la multifuncionalidad de la tierra, para concebir un desarrollo rural sostenible y sustentable, capaz de garantizar además del suministro agroalimentario, biocombustibles y servicios ambientales.

Pero nadie nos asegura que estas voces autorizadas serán escuchadas en La Habana. Esas mismas que saben que el problema del campesinado que tiene el 74% de la tierra –según el último informe del PNUD– no pasa por la concentración de la propiedad, sino que responde a fenómenos estructurales que –como la violencia, el narcotráfico, el aislamiento productivo y el abandono del Estado– se enquistaron en el modelo económico y minaron la posibilidad de generar ventajas competitivas. Un lastre que opacó las potencialidades comparativas del país rural y destruyó oportunidades de progreso para el capital social del campo.

Explican, sin duda, el predominio del modelo minifundista, incapaz de generar economías de escala, aprovechar las tecnologías o usufructuar el “agro-negocio” mundial. Con un reto para el Estado: pagar la deuda social que, en más de 200 años de vida republicana, acumuló con el campo. Es decir “administrar el bien-estar” para el 75% de los municipios del país que es rural. Nada menos que el 94% del territorio nacional –según el PNUD– y el 32% de la población –mientras que este último porcentaje apenas llega al 3% en Estados Unidos, por ejemplo– ¿Podemos con esa carga y, al tiempo, estimular una mayor fragmentación de la tierra?

Es el mapa que ya debería tener claro el equipo negociador del gobierno, pues toca temas relevantes que aflorarán en La Habana. Capacitación, transferencia de tecnología, innovación, encadenamientos productivos, bienes públicos, “aperturismo” a ultranza y, quizá la más importante: vías de comunicación para las zonas marginales. Ahí está el debate. En acordar los costos y la financiación del verdadero desarrollo rural. El campo no aguanta más discursos demagógicos. El ambiente que se respire el 15 de noviembre en Cuba, será clave para el futuro de la “Colombia rural” y su articulación con la “Colombia urbana”.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN

Tomar en serio a las FARC…

Por: José Félix Lafaurie Rivera

@jflafaurie

La mesa estaba servida, el momento cumbre e ideal el escenario, el que jamás soñó las FARC, para darse un respiro político y un baño de popularidad, después de más de una década de ostracismo internacional, desde cuando fue proscrita como una organización terrorista. Pero en realidad, la retórica de Márquez no sorprendió ni convenció. El sapo quizá lo tragarán en el viejo continente y habrá ofuscado a quienes ingenuamente creyeron en la sensatez de la guerrilla, para respetar los términos de la hoja de ruta de La Habana. Pero, para los demás, el pronunciamiento fue coherente con la visión obtusa, que desde hace 50 años mantienen. Ahora habrá que tomar en serio sus peligrosos anuncios, que sólo conducen a más pobreza y atraso, a mantener al país como paria de la globalización y al servicio de su causa.

Timochenko y los otros voceros de las FARC, ya habían anticipado la decepción que nos llevaríamos. Pero Márquez destapó todas las cartas y, para sorpresa de quienes se sentían a salvo y esperaban que sólo la ruralidad fuera llevada al patíbulo de la mesa de negociación, hoy nos encontramos con que sus intereses en materia económica también están en juego.  Afloró la misma agenda del Caguán y poco quedó de los cinco puntos acotados y aparentemente viables. Era evidente que sus reclamos irían al corazón de la verdadera riqueza nacional. Mientras el discurso del jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, se caracterizó por la mesura y la referencia exclusiva al pacto de Cuba, Iván Márquez se perdió en lo divino y lo humano.

Sus agresivos reclamos pasaron del “despojo legal” de la titulación de tierras de la administración Santos, pasando por el modelo de desarrollo, la economía de mercado, la propiedad privada, el ordenamiento democrático y el territorial. No escaparon a sus pretensiones la “extranjerización” de las tierras, el aperturismo, la política ambiental, la inversión extranjera y hasta el esquema de defensa y seguridad nacional. No escatimó en hacer señalamientos a dedo y con nombre propio, contra los más representativos empresarios del país, para referirse a lo que denominó el “hampa financiera que se está adueñando de la Orinoquia”. ¿Qué pensarán quienes comprometieron sus vidas y jugosas inversiones para construir riqueza, empleo y bienestar?

Pero si la alocución fue intimidante, también fue rica en omisiones y “mea culpa”. Las FARC reclama lo que nunca sembró: progreso y bienestar. Por el contrario, amén de la noche de terror que esparció, la guerrilla es responsable del atraso del país, en especial, del campo, escenario de su guerra. A ella debemos, en gran medida, la pobreza, la desigualdad, el daño ambiental, el incremento en los costos de producción, el lucro cesante de miles de parcelas plantadas con minas y la miseria de millones de campesinos despojados de sus tierras. Por supuesto, ahora pretende vender a la comunidad internacional la idea de que sólo el proceso de paz resolverá la deuda social que el Estado y los actores armados tienen con la ruralidad.

Tampoco habló de sus innumerables víctimas, del narcotráfico y los crímenes de su larga historia terrorista que hoy esperan verdad, justicia y reparación. En cambio,  condicionó la paz a cambios estructurales, mientras amenaza con más muertos y lisiados –“desmovilizarse es traición a la patria” – para tratar de imponer sus pretensiones, en una especie de revolución por contrato en la negociación de paz.

Ya está bueno. Debemos hablar de realidades, por lo menos en lo que toca al campo y los campesinos, que será el primer punto de la agenda en Cuba. Y si las FARC creen que es posible otro debate quimérico, para satisfacer sus viejas ideas de las luchas agrarias de principios del siglo pasado, el infructuoso discurso de la reforma agraria de los años 60 o sus anhelos de poder, la ruralidad y el sector agropecuario estarán perdidos. En el hipotético caso de que esta vez alcancemos la paz reconociendo su anacrónico discurso, habremos desperdiciado la última oportunidad, para que al menos echemos a andar las reformas que necesita el campo, para sellar su desarrollo y el bienestar de 11 millones de colombianos.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.

El costo de la Justicia Transicional

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie  

Tras el encuentro de esta semana en Oslo, el Congreso radicará casi de inmediato, los primeros proyectos reglamentarios del “Marco Jurídico para la Paz” e iniciará el conteo regresivo –de 4 años que otorga la enmienda constitucional– para regular la materia y alcanzar la paz negociada. Significa que, finalmente, esta sociedad definirá el tipo de Justicia Transicional que aplicará a las FARC, después de la experiencia con el paramilitarismo. Más vale que hayamos aprendido, porque replicar el esquema de “Justicia y Paz” –permeado por ánimos vindicativos y dilaciones para reparar a las víctimas– no es ideal para una reconciliación sanadora. Aunque bueno es reconocer que el sometimiento de los “paras” devolvió la tranquilidad a muchos colombianos. 

Los países que han aplicado exitosamente instrumentos de Justicia Transicional, son aquellos que han logrado irradiar los beneficios a TODOS los ciudadanos. Es decir, tanto a los actores armados, como aquellos que desde la sociedad civil padecen sus efectos. Los primeros, develando la verdad y reparando a sus víctimas y los segundos, aceptando un mínimo de justicia a cambio de poner fin a la incertidumbre social de combatir la criminalidad. Pero de esas premisas fundamentales, en Colombia sólo hemos percibido la cesación de la barbarie de quienes se acogieron a la Ley 975 de 2005. En lo demás, la sociedad quedó notificada de los falsos testigos y las injurias que algunos de ellos emplean, para retaliar política o personalmente, o distraer a los fiscales para evitar que sus fortunas reparen a las víctimas.

El tema no es de poca monta. Los postulados a la Ley de Justicia y Paz son 4.445 paramilitares y guerrilleros, pero sólo 14 han recibido sentencia y 128 cumplieron audiencias de legalización de cargos. Entre tanto, jueces y fiscales reciben a diario cientos de versiones libres, sin poder aclarar crímenes de lesa humanidad. ¿Cuál es la razón para que 7 años después, se mantenga el carrusel de versiones, y lo que ayer callaron hoy lo reivindiquen? El Fiscal fue categórico: aquellos que con falsas versiones afecten la aplicación de la justicia, saldrán de los beneficios de la Ley. Sin embargo, los hechos no lo acompañan: ni uno solo de los postulados ha sido retirado. Y es entendible, no es fácil para los operadores judiciales hacer una disección rigurosa entre los testimonios falsos y los verdaderos. Urgen reformas, pero también sanciones disuasorias. 

Estamos pagando los errores de haber replicado un sistema acusatorio, sin tener los instrumentos ni la cultura para garantizar su éxito. ¿Qué falló?: la poca capacidad de investigación del CTI, para no quedarse con la simple versión libre, sin adjuntar otras pruebas para controvertir hasta tener certeza. Y, más grave aún, nuestra educación que no privilegia la verdad. Los latinos somos más dados a mentir que los anglosajones, para sacar algún provecho. Los norteamericanos construyeron su sociedad sobre la base de creerle al ciudadano, hasta que la autoridad pruebe lo contrario. A partir de ahí, las cosas son a otro precio. Aquí es diferente y por el atajo de acusaciones descabelladas, no pocos inocentes están en cárceles o bajo detención preventiva, y a otros, como en mi caso, les fue mancillada su honra. ¿Hasta cuándo se puede mantener esta situación?

Sería deseable que la Fiscalía emprendiera ya la batalla, contra quienes buscan desviar la justicia, precipitar dictámenes erróneos y alimentar la impunidad. A fin de cuentas, ellos generaron una crisis en el sistema acusatorio y, de paso, en el primer intento de Justicia Transicional. No podemos esperar que a otros colombianos les pase lo mismo, para acometer las reformas o las acciones pertinentes. Son parte de las alarmas que debemos tener presentes, para reglar el escenario de Justicia Transicional para las FARC. Lo contrario en vez de habilitar la reconciliación, será fuente de mayores fracturas sociales.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.

Las víctimas ganaderas

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

El pasado 30 de septiembre conmemoramos el “Día del Ganadero”. Una vez más recabamos en la memoria para honrar a nuestras víctimas. Desde el asesinato en cautiverio del primer ganadero, Oliverio Lara –en 1965–, pasando por el magnicidio de Raimundo Sojo, el atentado a Jorge Visbal y el genocidio de miles de ganaderos más, victimizados en medio siglo de conflicto. Una tragedia que aumenta con la indiferencia y el silencio institucional y, ahora más, con el discurso negacionista de las FARC en torno a los crímenes que perpetraron. Suficientes agravios para acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que nuestros NN recobren el rostro que aquí se pretende ignorar.

Desde que instituimos el “Día del Ganadero” para reclamar justicia, han pasado siete años sin respuestas, sin registros, sin memoria, sin duelo. Siete años en los que hemos percibido impunidad, relegados a “víctimas de segunda” y rotulados infamemente de “paramilitares” o “terratenientes”. Siete años en los que inclusive, tuvimos que levantar nuestro propio obituario. Uno a uno recogimos los nombres en una publicación que intitulamos “Acabar con el olvido”, cuya segunda versión entregaremos en el Congreso Nacional de Ganaderos. Compendio que servirá para visibilizar los crímenes de lesa humanidad contra ganaderos y para acudir a los estrados internacionales.

La Fundación Colombia Ganadera, Fundagán, instancia que sirve en el recaudo de información y acompañamiento a las víctimas, lidera ese proceso. Su labor no terminará hasta que no quede un solo ganadero sin haber narrado su historia de violencia y cuyos derechos hayan sido restablecidos. Fundagán y Fedegán tienen la obligación de luchar por la reivindicación de la condición de estos colombianos y reclamar para ellos el mismo trato consagrado en la Ley 1448 de 2011, exigiendo los mismos estándares internacionales en términos de verdad, justicia, igualdad, garantía de no repetición, restitución de tierras, atención, asistencia y reparación integral. 

Es nuestra forma de decir “nunca más” a los crímenes de lesa humanidad contra quienes trabajan el campo, por cuenta de guerrillas, paramilitares, narcotraficantes, delincuencia común y bandas criminales. Han sido miles los secuestrados, asesinados y desaparecidos. Hasta ahora, son 5.780 los que han solicitado la asesoría de Fundagán para reclamar sus derechos, cifra sin precedentes, no comparable con ningún grupo victimado en la sociedad colombiana –aunque similar al exterminio de los militantes de la Unión Patriótica–. No obstante, la expoliación a los nuestros incluyó, además, extorsión, abigeato, destrucción de fincas, desplazamiento forzoso, secuestro y un enorme atraso social y económico.

Razones para no detener nuestros cuestionamientos ante la indolencia general de las autoridades judiciales con el genocidio ganadero y repudiar, tanto el discurso de los jefes negociadores de las FARC –cuando aseguran que “nunca” expropiaron tierras, ni extorsionaron, que jamás hicieron “sufrir a nadie”, que no tienen secuestrados y que las FARC es una “víctima” más de esta guerra–; como también el de los jefes paramilitares, que años después de acogerse a la Ley de Justicia y Paz, distraen a jueces y fiscales, sin decir la verdad, sin reparar a sus víctimas y manteniendo sus fortunas en manos de testaferros.

En un escenario de diálogos de paz, estas palabras no rebotan en el inconsciente colectivo. Más aún, con un preacuerdo tan deleznable en el tema víctimas como el que se pactó en Cuba, el discurso de las FARC es una nueva afrenta, un motivo más de desconfianza en el proceso y una alerta ante el peligroso y ambiguo escenario de Justicia Transicional. Por ello, nos sumamos a las voces que piden un puesto en las negociaciones, para exigir toda la verdad, la reparación y la restitución para las víctimas y el máximo posible de justicia, para que los crímenes no sigan quedando en el limbo de amnistías e indultos. Son mínimos para habilitar la reconciliación.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.

LAFAURIE DESCALIFICA ACUSACIONES DE BENITO OSORIO

*Es otra invención de Mancuso, esta vez a través de un presunto testaferro, afirma el presidente de Fedegán.

Octubre 01 de 2012- Desde Wisconsin, donde se encuentra con 200 ganaderos colombianos realizando una gira técnica internacional, el presidente de FEDEGÁN, José Félix Lafaurie Rivera, rechazó las acusaciones de Benito Osorio, exgobernador encargado de Córdoba y exgerente del Fondo Ganadero del mismo departamento, las que calificó de cortina de humo de Mancuso, esta vez a través de un presunto testaferro, para distraer a los fiscales y evadir toda la verdad de sus delitos y la reparación de sus víctimas. 

Según la versión publicada por El Tiempo, Lafaurie habría buscado a las AUC para presionar ante la Corte Suprema la designación de Mario Iguarán como Fiscal General. Frente a esta versión, que calificó de ridícula, el dirigente gremial recordó que “primero fue el mismo Mancuso hace unos meses, quien convirtió un encuentro casual y momentáneo en el aeropuerto de Montería, en una cita para concretar un maquiavélico plan para presionar a la Corte, que incluía la novela de un maletín lleno de dólares recogidos por un funcionario de Fedegán entre los paramilitares de la zona. Ahora, como nadie le dio credibilidad a semejante novelón, por cuenta de uno de sus presuntos testaferros en busca de beneficios ante la justicia, aparece una nueva reunión, anterior a la del aeropuerto y mucho más importante -¿se le olvidó a Mancuso la primera vez o se la inventaron en el entretanto?-, en la que estuvo presente el señor Osorio y en la que soy mensajero del Ministro del Interior de la época para impulsar  una candidatura a la Fiscalía”.

“No sólo es una cortina de humo para engañar a la justicia, a las víctimas y al país, buscando además conservar su inmensa e ilícita riqueza -reiteró Lafaurie-, sino que es una versión realmente estúpida. Para esa época, el Ministro Pretelt se reunía legalmente con la cúpula de las AUC -y por supuesto con Mancuso- en el marco de las negociaciones de Santa fe de Ralito. No necesitaba mensajeros de ninguna clase. Pero además, pretender que el Ministro Pretelt me utilizó como mensajero ante una Corte permeada por el paramilitarismo, es sencillamente delirante, si tenemos en cuenta que se trata de la misma Corte que fue tan dura con los procesos de parapolítica. No solo es una falta de respeto con la Corte, que atenta contra la dignidad de ese alto tribunal, sino una acusación gravísima contra sus miembros, quienes seguramente habrán de pronunciarse sobre tal despropósito.

“Soy amigo de Sabas Pretelt. De él sí -añadió el presidente de Fedegán-, pero reniego de ser calificado como uno de “los mejores amigos” del señor Osorio, a quien conocí como parte de mis relaciones institucionales, como quiera que Benito Osorio fue Gerente del Fondo Ganadero de Córdoba y también Presidente de la Federación de Fondos Ganaderos. Y en esa condición, solo en esa, conocí al señor Osorio.

“Pero aun así -insistió Lafaurie-, también reniego de haber tenido siquiera “amistad institucional” por razones de mi oficio, con quien se confiesa -él sí- amigo cercano de paramilitares, amigo del alma de Sor Teresa, la mayor despojadora de tierras, y  de quien dice conocer, además, de cuerpos enterrados en las fincas del paramilitarismo, lo que lo convierte en presunto encubridor de estos crímenes.

Hasta cuándo -se preguntó finalmente el presidente de Fedegán- la justicia colombiana va a permitir que, al abrigo de la burla sistemática a la Ley de Justicia y Paz, presuntos delincuentes persistan en el carrusel de versiones que se les ocurren, de un momento a otro, para instrumentar su venganza contra el Gobierno que los extraditó y, de paso, llevarse por delante a quien sea, para evadir la verdad de conductas criminales y conservar la inmensa riqueza que usurparon”.

“En mi caso, debo reiterar que antes de ser llamado a la Presidencia de Fedegán estuve dedicado durante muchos años al servicio público en Bogotá, y ocupé, entre otras posiciones, la de Vicecontralor durante cuatro años y Superintendente de Notariado y Registro durante dos.  Quienes me conocen, saben que  estuve alejado voluntariamente del torbellino de violencia en que se desarrollaba la actividad  agropecuaria; saben que mi familia ni siquiera es de Córdoba y que nunca tuve relación con Mancuso, como para que alguien me considerara un buen intermediario. Definitivamente, la del señor Osorio es otra versión delirante de ese carrusel que está enredando a la justicia y alejando al país de la verdad.

Finalmente, Lafaurie manifestó que a su regreso  al país formulará las denuncias penales a que haya lugar, porque la calumnia no se puede entronizar en el país como un delito impune; y desde ya se pone a disposición de la Fiscalía para dar las explicaciones y aclaraciones que ésta considere necesarias.

Comunicado oficial de Fedegán