El costo de la Justicia Transicional

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie  

Tras el encuentro de esta semana en Oslo, el Congreso radicará casi de inmediato, los primeros proyectos reglamentarios del “Marco Jurídico para la Paz” e iniciará el conteo regresivo –de 4 años que otorga la enmienda constitucional– para regular la materia y alcanzar la paz negociada. Significa que, finalmente, esta sociedad definirá el tipo de Justicia Transicional que aplicará a las FARC, después de la experiencia con el paramilitarismo. Más vale que hayamos aprendido, porque replicar el esquema de “Justicia y Paz” –permeado por ánimos vindicativos y dilaciones para reparar a las víctimas– no es ideal para una reconciliación sanadora. Aunque bueno es reconocer que el sometimiento de los “paras” devolvió la tranquilidad a muchos colombianos. 

Los países que han aplicado exitosamente instrumentos de Justicia Transicional, son aquellos que han logrado irradiar los beneficios a TODOS los ciudadanos. Es decir, tanto a los actores armados, como aquellos que desde la sociedad civil padecen sus efectos. Los primeros, develando la verdad y reparando a sus víctimas y los segundos, aceptando un mínimo de justicia a cambio de poner fin a la incertidumbre social de combatir la criminalidad. Pero de esas premisas fundamentales, en Colombia sólo hemos percibido la cesación de la barbarie de quienes se acogieron a la Ley 975 de 2005. En lo demás, la sociedad quedó notificada de los falsos testigos y las injurias que algunos de ellos emplean, para retaliar política o personalmente, o distraer a los fiscales para evitar que sus fortunas reparen a las víctimas.

El tema no es de poca monta. Los postulados a la Ley de Justicia y Paz son 4.445 paramilitares y guerrilleros, pero sólo 14 han recibido sentencia y 128 cumplieron audiencias de legalización de cargos. Entre tanto, jueces y fiscales reciben a diario cientos de versiones libres, sin poder aclarar crímenes de lesa humanidad. ¿Cuál es la razón para que 7 años después, se mantenga el carrusel de versiones, y lo que ayer callaron hoy lo reivindiquen? El Fiscal fue categórico: aquellos que con falsas versiones afecten la aplicación de la justicia, saldrán de los beneficios de la Ley. Sin embargo, los hechos no lo acompañan: ni uno solo de los postulados ha sido retirado. Y es entendible, no es fácil para los operadores judiciales hacer una disección rigurosa entre los testimonios falsos y los verdaderos. Urgen reformas, pero también sanciones disuasorias. 

Estamos pagando los errores de haber replicado un sistema acusatorio, sin tener los instrumentos ni la cultura para garantizar su éxito. ¿Qué falló?: la poca capacidad de investigación del CTI, para no quedarse con la simple versión libre, sin adjuntar otras pruebas para controvertir hasta tener certeza. Y, más grave aún, nuestra educación que no privilegia la verdad. Los latinos somos más dados a mentir que los anglosajones, para sacar algún provecho. Los norteamericanos construyeron su sociedad sobre la base de creerle al ciudadano, hasta que la autoridad pruebe lo contrario. A partir de ahí, las cosas son a otro precio. Aquí es diferente y por el atajo de acusaciones descabelladas, no pocos inocentes están en cárceles o bajo detención preventiva, y a otros, como en mi caso, les fue mancillada su honra. ¿Hasta cuándo se puede mantener esta situación?

Sería deseable que la Fiscalía emprendiera ya la batalla, contra quienes buscan desviar la justicia, precipitar dictámenes erróneos y alimentar la impunidad. A fin de cuentas, ellos generaron una crisis en el sistema acusatorio y, de paso, en el primer intento de Justicia Transicional. No podemos esperar que a otros colombianos les pase lo mismo, para acometer las reformas o las acciones pertinentes. Son parte de las alarmas que debemos tener presentes, para reglar el escenario de Justicia Transicional para las FARC. Lo contrario en vez de habilitar la reconciliación, será fuente de mayores fracturas sociales.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.