domingo, 24 de febrero de 2013

Ley, constructora de tejido social

Por: José Félix Lafaurie Rivera*
@jflafaurie
Ahora que toma fuerza la iniciativa de llevar a Colombia a la OCDE, debemos admitir que buena parte de los avances que hoy nos reconoce esa Organización, iniciaron en la administración Uribe, con la política de Seguridad Democrática. Es evidente que, con la prevalencia de la Ley y la gobernabilidad legítima, estuvimos más cerca de los estándares que exigen los países desarrollados, para formar parte de ese exclusivo club. Un Estado fortalecido, que no trance la Ley, es y será el presupuesto básico para estimular el crecimiento económico, como resultado de la confianza de la sociedad en sus instituciones, a la par de cerrar la brecha de las desigualdades que arrastra el camino hacia el desarrollo. 
La visión integral de la política de Seguridad Ciudadana y Democrática se impuso como desafíos: fortalecer el capital humano, proteger los activos, generar ingresos y desarrollar oportunidades para los sectores más vulnerables, respondiendo al concepto de desarrollo humano. Esta renovada garantía de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales, hizo posible recomponer los vínculos de nuestra unidad nacional y las relaciones de confianza. Una veintena de programas sociales hicieron parte de estos propósitos, con tasas de ejecución reconocidas en el ámbito nacional e internacional.
Por supuesto, funcionaron porque en forma paralela se avanzó en la consolidación del Estado de Derecho y la presencia de su fuerza pública en el territorio nacional y, por ende, en la restauración del orden, la seguridad y la ley en donde antes sólo operaba el “seudo-estado” de los terroristas. El nuevo escenario de paz, estimuló un clima favorable para la confianza inversionista y una dinámica de crecimiento sano y sostenido. Se inauguraba así una era de mejores ingresos fiscales para el Gobierno –que aumentaron al 15,5% del PIB en 2009, frente al 10,9% del PIB en 2000– y con ella la posibilidad de hacer realidad una política de inversión social incluyente.
Imposible no contrastar las conquistas del Estado Comunitario, con los pálidos avances que registró esta sociedad haciéndole el juego a los violentos, flexibilizando o haciendo inoperante la Ley. Mientras que entre 1998 y 2002 la economía creció al 0,62% en promedio anual, con la Seguridad Democrática el PIB registró comportamientos históricos, con variaciones entre 4,7 y 6,9 durante cuatro años consecutivos. Pero, además, mientras le abrían campo a los terroristas en el Caguán, le cerraban el paso a la inversión extranjera que no alcanzaba los US$2.000 millones, frente a US$9.500 millones que luego cosechamos con un Estado fortalecido.
Para no mencionar la imposibilidad de activar los Objetivos del Desarrollo del Milenio, que sólo tuvieron salida cuando el gobierno Uribe pudo garantizar la presencia del Estado y sus instituciones en todo el país. La tasa de pobreza se redujo entonces 13 puntos porcentuales –de 49,7% a 37,2%–, la revolución educativa alcanzó cobertura universal en básica y media, la matrícula universitaria se duplicó de 18% a 37% y un programa como “Familias en Acción” pudo llegar sin problemas a 1.099 municipios, 2,8 millones de familias y 5.3 millones de niños afro-descendientes, indígenas, desplazados y de barrios marginales en las ciudades.
Pese a que estas victorias han tenido un impacto innegable sobre nuestro desarrollo y civilidad, estamos lejos de cumplir los estándares de la OCDE. Basta mirar el ingreso per-cápita europeo, superior 4.7 veces al nuestro, para entender la magnitud de las asimetrías. Lo que nos obliga a retomar las políticas que hasta hace poco permitieron mostrar resultados. No obstante, el sentir de la mayoría de los colombianos, es que se abandonó la estrategia para hacer frente a la inseguridad y retrocedimos volviendo a negociar con terroristas. No sólo se debilita el Estado de Derecho, sino que se deterioran la seguridad, el crecimiento, la inversión y la disponibilidad de recursos fiscales y, con ellas, se aleja la posibilidad para mejorar la calidad de vida, determinantes que en el pasado reciente habilitaron el sin igual auge de nuestra cohesión como nación.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.

viernes, 15 de febrero de 2013

La Ley, promotora de prosperidad



Por: José Félix Lafaurie Rivera*
@jflafaurie

Poco o nada llegó de las mesas de negociación de La Habana al Consejo Gremial.  Entre tanto, las Farc con su falso ideario de “paz con justicia social para el campo” son las vedetts, mientras las víctimas permanecen en la sombra. Irónico panorama. Cómo extrañamos la supremacía de la Ley y el Estado de Derecho, para llamar a los criminales a la justicia y recobrar los avances en seguridad y prosperidad. Bien lo decía un ejecutivo de Naciones Unidas: “el fortalecimiento de la Ley robustece el sistema multilateral, asegura la paz, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo”. Esa es la paz duradera que anhelamos.

La otra, a la que se llega con impunidad y sin la legitimidad de las instituciones, es la paz de utopías, momentánea y perecedera. La administración Uribe nos acercó a la paz robusta. La quería tanto –como el Presidente Santos– pero lo hizo sin transar con terroristas, sin resquebrajar el tejido social y sin comprometer las responsabilidades jurídicas y políticas del Estado. El asunto es que los resultados de los dos caminos han sido históricamente opuestos. En esos 8 años, avanzamos más que en los 30 años precedentes con procesos de paz. Las Farc quedaron desarticuladas y se combatió el hampa, mientras el bienestar y la prosperidad avanzaron.

Más aún, la presencia de las instituciones fue un “Rey Midas” para el desarrollo y para superar, en buena medida, el atraso al que nos condenaron las guerrillas –aunque hoy se vendan en el extranjero, como refundadoras de la ruralidad–. De la mano de un Estado fortalecido, el PIB nacional y el agropecuario remontaron y la industria, la minería y la construcción alcanzaron crecimientos récords. Con la Seguridad Democrática el campo reverdeció y miles de productores regresaron a sus fundos, se reactivó la producción, la inversión para tecnificar los sistemas productivos y modernizar el capital social. Volvimos a soñar con un país rural, ese sí con “justicia social”.  

Diferente de los episodios en los que cedimos porciones del Estado de Derecho. Mientras que entre 1998 y 2002 la economía creció al 0,62% en promedio anual, con la Seguridad Democrática se ubicó al 4,6%. La industria y la construcción repuntaron significativamente, al pasar la primera de 1,8% a 5.6% y, la segunda, de -3,7% a 9,8%. Un comportamiento que se tradujo en menores tasas de inflación, desempleo y pobreza y un aumento en los ingresos de los hogares. Sólo el PIB per-cápita pasó de US$2.312 en 2002 a US$5.279 en 2009. Igual ocurrió con la inversión extranjera que rondaba los US$2.134 millones y se trepó a US$9.500 millones y las exportaciones que de US$11.939 millones subieron a US$32.853 millones.

Lamentablemente, hoy volvemos a sentir el lastre de torcer el rumbo. Retrocedimos en el combate al crimen y corremos el riesgo de perder la paz y un mayor crecimiento económico. Las cifras del PIB al tercer trimestre de 2012 ya muestran síntomas de alarma. Con excepción de la minería –que desde el gobierno Uribe crecía al 7%– las demás locomotoras no arrancan. La industria está propensa a una recesión –sólo creció 0,7% en 2012–, la construcción se desaceleró y el sector agropecuario se juega su supervivencia en las lides aperturistas.

Sin embargo, siento que pese a la sed de paz esta sociedad no ha caído, por fortuna, en el estrabismo. La escalada de violencia nos sacude y nadie quiere volver a “pescas milagrosas”, paros y tomas guerrilleras, que nos dejaron famélicas tasas de crecimiento y vergonzosos indicadores de calidad de vida. Nos “bien acostumbramos”. Necesitamos, entonces,  restablecer la ley, como garantía de paz. ¿Para qué cambiar la estrategia? Los 9 millones de colombianos que optamos por el fortalecimiento del Estado de Derecho, reclamamos el terreno perdido de la paz forjada con el monopolio de la fuerza, el imperio de la Ley y gobernabilidad legítima.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.

jueves, 14 de febrero de 2013

Presidente de Fedegán envía carta al Procurador General ante la preocupación por el reclutamiento de niños por parte de las FARC




PE-066-2013
Bogotá D. C., 12 de febrero de 2013


Doctor
ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación
E.S.D.

Respetado señor Procurador:

Teniendo en cuenta que usted es el representante de la sociedad, el defensor de los derechos de los colombianos y del Estado de Derecho, quiero solicitarle su intervención ante los siguientes graves hechos, a propósito del día en que el mundo proscribe la utilización de los niños en los conflictos armados:

La semana anterior los medios de comunicación registraron las declaraciones del comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, general Tito Saúl Pinilla, respecto a que las FARC ordenaron reclutar niños para sus filas. Tal noticia mencionó que se trataba de una orden dada con el fin de fortalecer los frentes del grupo terrorista que han sido afectados con la acción de la fuerza pública y significa una nueva ola de vinculación a través de la fuerza de menores a su  aparato violento.

Por supuesto que no es la primera vez que se conoce un anuncio de este tipo, pues las FARC han perpetrado de manera sistemática este crimen de guerra desde su fundación. Empero, la denuncia del comandante de la FAC se hace en un momento que merece varias reflexiones.

Las declaraciones registran que la guerrilla mantiene su decisión de continuar la acción terrorista y que lejos de prepararse para su desmovilización, resultado natural de un proceso de paz exitoso, está preparándose para continuar la violencia y el delito. En diciembre pasado las autoridades denunciaron que las FARC aprovecharon el denominado “cese unilateral de hostilidades” para reentrenarse, reorganizarse, reaprovisionarse y rearmarse. Incluso denuncias provenientes de las fuerzas militares del Ecuador revelaron que estaban dedicadas a comprar armamento e ingresarlo por dicha frontera.

A pesar de eso el Gobierno ha manifestado que tales ataques se producen en el marco de las reglas pactadas para los diálogos, lo que resulta muy grave, tratándose de la dignidad humana, vida y libertad de niños, ciudadanos, policías y militares, que el Estado debe proteger.

Lo que se llama reclutamiento de niños es un secuestro. Son menores que son sacados por la fuerza de sus casas y escuelas para ser obligados, bajo la amenaza del asesinato y el castigo, a empuñar un arma, instalar minas antipersonales y asesinar, cuando no terminan siendo utilizados como objetos sexuales por los cabecillas de las estructuras criminales.

A esto debe agregarse que desde el inicio del proceso de paz las FARC han mantenido dicha práctica, que ahora informan se intensificará. Solo dos, ejemplo, señor Procurador:

El pasado 12 de mayo, cuando la Mesa de La Habana ya estaba en pleno funcionamiento, el Defensor del Pueblo de Colombia, Vólmar Pérez Ortiz, informó: “Nos ha llegado una queja que da cuenta del reclutamiento forzado, entre los meses de abril y mayo de los corrientes, de más de 13 menores de edad que venían vinculados a cuatro internados en la zona rural del municipio de Puerto Guzmán en el departamento del Putumayo, presuntamente por integrantes de algún frente de las FARC”.

Ninguna respuesta se conoció del Gobierno Nacional, tampoco de los organismos de seguridad y de investigación sobre tan grave hecho.

Y en septiembre, al tiempo que se anunciaban públicamente los diálogos, su sucesor, el doctor Jorge Armando Otálora Gómez indicó que “las FARC pretenden reclutar a los niños, niñas y adolescentes escolarizados y no escolarizados en la zona rural del corregimiento departamental de Barrancominas, en el departamento del Guainía y del municipio de Cumaribo, en el departamento del Vichada”.

Además alertó sobre que la Defensoría del Pueblo, “conoció que presuntos integrantes del frente 16 de las FARC están realizando una campaña de reclutamiento con el propósito de fortalecer su estructura armada. El pasado 28 de agosto establecieron contacto con 12 adolescentes y jóvenes, entre los 14 y los 17 años de edad, que están dentro del sistema escolar y que viven en difíciles situaciones económicas, con la intención de vincularlos a las filas de la subversión”.

Para septiembre de 2012 el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría identificó 56 situaciones de riesgo de reclutamiento de menores por parte de las FARC de un total de 72 que incluyen también a las bandas criminales. El secuestro de niños, de acuerdo con dicho reporte, está presente en 138 municipios de 20 departamentos del país.

Sobre tal informe y el resultado de las alertas y denuncias tampoco se conoce respuesta del Gobierno Nacional, ni de los organismos de seguridad e investigación.

El secuestro de niños para la guerra no se puede soslayar con la excusa que hace parte de las reglas de juego pactadas con las FARC sobre el no cese bilateral de hostilidades y que por lo tanto el grupo continuará realizándolos, al igual que el secuestro de soldados y policías.

Es importante que el Ministerio Público investigue que acciones se han tomado ante los graves casos de reclutamiento forzado de niños y cuáles son los resultados en materia de prevención y de regreso a la libertad de los menores involucrados en los dos casos mencionados del Putumayo y Guainía, al igual que con respecto a la denuncia hecha por el General Pinilla.

Le agradezco su gentil respuesta a esta comunicación.




JOSÉ FELIX LAFAURIE RIVERA
Presidente Ejecutivo
FEDEGAN

viernes, 8 de febrero de 2013

La Ley, garantía de paz

Por: José Félix Lafaurie Rivera*
@jflafaurie

El país está confundido. Negociar con el terrorismo no trae la paz. Distintos sectores de opinión, mal o bienintencionados, piensan que el “mal menor” de negociar la Ley para ponerle fin al conflicto a través de diálogo, es mejor que hacer cumplir los principios de nuestro Estado Derecho. Es decir, abandonar la Ley como principio general del ciudadano ante el Estado. Por esta vía peligrosa, retornamos a la permisividad del delito para unos pocos, que aprenden que trasgredir la Ley no genera consecuencias. Ahí está la raíz de nuestros males y la esencia de la dinámica criminal del país, que empeoró con la decisión del gobierno de dialogar con terroristas y abandonar la “Seguridad Democrática”. Política que demostró las bondades de mantener con firmeza los preceptos de la legalidad.

No se puede negar la reducción en todos los indicadores de violencia al término de la administración del Presidente Uribe. No sólo menguaron los crímenes asociados con el conflicto y el accionar de las guerrillas, sino también los de “inseguridad ciudadana”. Los homicidios cayeron 47%, los secuestros disminuyeron 90%, los actos terroristas 71%, el hurto y la extorsión más del 30%. Fue una carrera para superar la debilidad estructural del Estado de Derecho, que nos condenaba con mayor intensidad a ser víctimas de los delincuentes. Alcanzamos un buen escenario de paz, seguridad y respeto por los derechos humanos, que reactivaron la producción, la inversión extranjera y la economía en general.

En contra partida, en los últimos 3 años desandamos la ruta para combatir la criminalidad pero, además, nos sentamos nuevamente a manteles con los terroristas. Volvimos al camino de negociar el Estado de Derecho. Aunque se evoquen sus beneficios, se encubre una desoladora realidad: la Ley no se respeta y el fin justifica la violencia y el crimen, sin castigo. Por es vía se negocian indultos a cambio de una precaria paz.

Al paso, la guerrilla volvió a instalarse en 50 municipios donde había sido desterrada. Los hostigamientos se triplicaron en comparación con 2008. Los retenes ilegales crecieron 151% -el más alto en los últimos 5 años y el triple de 2008-. La extorsión aumentó 26%, el secuestro total 8% y, de éste, el simple se disparó un 67%, casi el doble que al cierre del gobierno Uribe. El narcotráfico y las BACRIM están desbordadas y los indicadores de inseguridad ciudadana -atracos, robos, delitos sexuales- rompieron las barreras, así como la violencia intrafamiliar.

Esto obliga a preguntarnos: ¿Qué paz queremos? ¿Podemos alcanzarla por la vía de los diálogos y la fractura de la legalidad? Si la definimos por su contrario, ausencia de violencia, nos enfrentamos a una tautología. La violencia guerrillera no representa más del 10% del crimen que se registra en el país. Detrás de la inmensa mayoría de los delitos se esconden pandillas, apartamenteros, sicarios, traficantes, falsificadores o psicópatas. En otras palabras, el mal llamado “delito político” no pesa tanto como las venganzas personales, la intolerancia o el vandalismo. Pero, además, está demostrado que en el posconflicto aumenta la violencia y, como si fuera poco, cuando hay señales equívocas sobre el respeto a la Ley, la criminalidad y el narcotráfico no mueren con sus auspiciadores.

Ahora bien, si definimos la paz por sus principios básicos: preservar para el Estado el monopolio de las armas y mantener el “gobierno de las leyes”, sabemos que el desarrollo, el respeto y reconocimiento de los derechos y libertades individuales se dan como resultado inevitable. La democracia se fortalece derrotando el terrorismo y nunca negociando con él. Después de 30 años fallidos de haber creído que a través del diálogo y negociando la Ley se conseguiría la paz, tenemos la certeza de que la política de Seguridad Democrática es la única opción que tiene la sociedad para fortalecer el Estado y avanzar en el camino de la civilidad.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.

miércoles, 6 de febrero de 2013

FEDEGÁN Y CÁMARA GREMIAL DE LA LECHE ENVÍAN CARTA A PRESIDENTE SANTOS, SOBRE IMPACTO NEGATIVO DE IMPORTACIONES LÁCTEAS A PRECIOS MÁS BAJOS QUE LOS NACIONALES




PE – FEP-063-2013
Bogotá, D.C., 30 de enero de 2013

Doctor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
Casa de Nariño
Ciudad


Señor Presidente:

Como hemos tenido oportunidad de manifestarlo en distintos escenarios, para la comunidad ganadera y, en particular, para el subsector lácteo, la entrada en vigencia de los diversos Acuerdos Comerciales suscritos por el país ha generado un impacto negativo en el sector, debido al ingreso masivo de importaciones a precios más bajos que los nacionales, situación que amenaza seriamente la sostenibilidad de la actividad láctea y, especialmente, el ingreso de más de 400.000 pequeños productores y sus familias.

En particular, el análisis de las estadísticas oficiales de importación revela que, durante el periodo enero - octubre de 2012, se importaron 28.594 toneladas de productos lácteos, equivalentes a un incremento del 369% respecto a las importaciones realizadas en el mismo periodo de 2011.

La difícil coyuntura por la que atraviesa el sector lácteo colombiano fue motivo de amplio debate y análisis en la última sesión de la Cámara Gremial de la Leche de FEDEGÁN, un espacio de concertación gremial cuyo objetivo es la defensa de los intereses de los productores lecheros del país, integrado actualmente por 26 organizaciones gremiales ganaderas1. Como resultado de este proceso de análisis, se acordó presentar al señor Presidente un consolidado de las profundas preocupaciones que en la actualidad manifiestan los productores lácteos de todo el país, las cuales reseñamos a continuación:

1 Actualmente la Cámara Gremial de la Leche está integrada por los siguientes Miembros: Fedegán; Asoayrshire; Asocebú; Asocriollo; Asoholstein; Asojersey; Asodoble; Asonormando; Asopardosuizo; Asosimmental; Asociación Colombiana de Criadores de Búfalos-ACB; Ucebul; Unaga; Asoganorte; Asoganaderos; Asogaboy; Comité de Ganaderos del Area 5; Comité de Ganaderos de Caldas; Comité de Ganaderos de Caquetá; Comité de Ganaderos del Cauca; Comité de Ganaderos del Meta; Fabegán; Fedelán; Sagán; Fedegasán; Ganacor.

1. Política Comercial
a. Medidas de Defensa Comercial - Salvaguardia
A través de diversos medios de comunicación hemos tenido conocimiento de la decisión del Gobierno Nacional de adoptar una medida de salvaguardia para las importaciones de leche en polvo originarias de Argentina, la cual se aplicaría sobre un total de 1.057 toneladas, para las cuales el arancel preferencial se incrementaría de 6.6% a 20%.

Sobre el particular, agradecemos las gestiones que, desde los ministerios de Agricultura y Comercio, se están adelantando para atender esta coyuntura; no obstante, persiste la preocupación de los ganaderos por el impacto que las importaciones seguirán teniendo sobre la producción nacional, toda vez que el anunciado sobrearancel para la leche en polvo originaria de Argentina solo aplicaría para un 5% de las importaciones de este producto que ingresaron al país hasta octubre del año pasado, las cuales ascienden a 20.259 toneladas.

 De hecho, como tuvimos oportunidad de manifestarlo en la reunión convocada por el Ministerio de Agricultura el pasado 23 de enero, el incremento de las importaciones lácteas no obedece solamente al comportamiento de las ventas argentinas, sino que es el resultado acumulado de la entrada en vigencia de los distintos Tratados de Libre Comercio, de manera que, a octubre de 2012, se observa que un 27% de las importaciones proviene de Chile, mientras que Ecuador, Estados Unidos, Uruguay y Bolivia responden en conjunto por el 42% de las importaciones, es decir, un 69% de las importaciones sobre las cuales actualmente no opera ningún mecanismo de defensa comercial.

Teniendo en cuenta lo anterior, reiteramos nuestra solicitud del pasado 21 de diciembre, relacionada con la necesidad de reforzar las acciones adelantadas por parte del Gobierno Nacional, para la adopción de instrumentos de defensa comercial que permitan corregir efectivamente las distorsiones que, actualmente, está causando el ingreso masivo de importaciones lácteas originarias, no solo de Argentina, sino de nuestros principales socios comerciales.

b. Control efectivo a los contingentes de importación negociados en los Acuerdos de Libre Comercio Vigentes
En cuanto al caso particular de las importaciones provenientes de Mercosur, queremos llamar la atención del señor Presidente sobre la urgente necesidad de un control efectivo al ingreso de los contingentes pactados, ya que a pesar de las múltiples solicitudes en este sentido a la DIAN y a los Ministerios de Agricultura y Comercio, vemos con suma preocupación que, a la fecha, no se han tomado las medidas necesarias para atender nuestra solicitud.

Este tema es de especial importancia, pues el ingreso desmedido de importaciones se explica, en parte, por las fallas en el control de los cupos de importación otorgados a los países del Mercosur, los cuales se sobrepasaron en leche en polvo para 2011 y 2012. Específicamente, en el caso de Argentina, para 2012 el cupo de acceso preferencial otorgado por Colombia fue de 1.900 toneladas de leche en polvo; sin embargo, según las estadísticas de comercio -fuente DIAN- solo en el periodo enero - octubre ingresaron 5.703 toneladas que pagaron un arancel preferencial de 8% . Es decir, el cupo otorgado se superó en 3.803 toneladas, que deberían haber pagado un arancel de 98%, según las condiciones pactadas con Mercosur desde hace ocho años.

Tal fue la causa real del incremento de las importaciones desde el país gaucho, por lo cual hemos solicitado insistentemente controles efectivos por parte de nuestra autoridad aduanera, para evitar que esta situación se repita en 2013. De hecho, aunque a mediados del año pasado la DIAN
informó, mediante un comunicado de prensa, que se estaban adelantando las gestiones para sancionar a los comercializadores que, una vez superado el cupo, siguieron importando con aranceles preferenciales, con sorpresa encontramos que, en septiembre y octubre de 2012, continuaban ingresando al país importaciones de leche en polvo desde Argentina, bajo condiciones preferenciales.

En este sentido, respetuosamente acudimos a sus buenos oficios para que la institucionalidad competente trabaje de manera coordinada, para hacer un efectivo control de los contingentes arancelarios otorgados por Colombia en virtud de los distintos Acuerdos Comerciales vigentes.

2. Política Sanitaria
Como es de su conocimiento, el sector ganadero, en conjunto con las autoridades sanitarias, ha realizado grandes esfuerzos e invertido importantes recursos humanos y económicos para mejorar las condiciones sanitarias del hato bovino colombiano, lo que permitió que, en 2009, Colombia alcanzara la certificación de país libre de aftosa con vacunación por parte de la OIE. Así mismo, el sistema de pagos que hoy en día aplica para el productor de leche, exige el cumplimiento de una serie de requisitos en materia de calidad e inocuidad para acceder a las bonificaciones establecidas. Sin embargo, observamos con suma preocupación que, para el ingreso al país de leche importada, nuestras autoridades sanitarias no realizan las mismas exigencias. De hecho, durante el año 2012 ingresaron 3.892 toneladas de leche en polvo originarias de Ecuador y Bolivia, países que, a pesar de contar con un estándar sanitario más bajo que el nuestro, pueden exportar leche a Colombia sin que el ICA y el Invima realicen con anterioridad controles y verificaciones previas.

No sucede así cuando una empresa colombiana tiene interés en exportar, pues el país de destino realiza previamente una evaluación sanitaria del país, así como inspecciones y auditorías en las plantas de producción para verificar que las condiciones de inocuidad se ajustan a los requisitos exigidos por el mercado de exportación. No obstante, como nuestras autoridades sanitarias no cuentan con las facultades legales para realizar este tipo de inspecciones y verificaciones previas, se configura, sin duda, una clara competencia desleal frente a la producción nacional y un desestímulo al productor primario, en su esfuerzo por mejorar los niveles de calidad de sus productos. Por lo tanto, solicitamos acciones urgentes por parte del Gobierno Nacional, para dotar a las autoridades sanitarias de los instrumentos y competencias que permitan la inspección previa de las condiciones sanitarias del país y de las plantas lácteas que deseen exportar a Colombia, y se les exija el cumplimiento de las mismas condiciones que deben acreditar los productores nacionales.

3. Vida útil de Leche en Polvo
Luego del cierre de la negociación con la Unión Europea, el Ministerio de Protección Social expidió el Decreto 1673 el 13 de Mayo de 2010, por medio del cual se estableció que, al momento de ingreso de la leche en polvo en sacos al país, la fecha de vencimiento debería tener mínimo doce (12) meses de vida útil. Sin embargo, luego de la intervención dela Unión Europea ante el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC, el decreto fue declarado como una medida discriminatoria al comercio internacional, por lo cual tuvo que ser derogado.

Ante la derogatoria, el sector lácteo solicitó al Gobierno Nacional abordar de manera urgente la debilidad del sistema colombiano de inspección, vigilancia y control en los procesos de importación y comercialización de leche en polvo. No obstante, hasta el momento el sector no se ha recibido respuesta alguna, por lo cual ingresan al país productos lácteos próximos a vencerse sin ningún tipo de control, situación que no solo afecta a los productores nacionales, sino que pone en riesgo la salud de la población colombiana.

Frente a este tema en particular, solicitamos la creación de una mesa técnica que evalúe la situación actual y recomiende la expedición de una nueva reglamentación, sin vulnerar los compromisos multilaterales adquiridos por Colombia.

4. Contrabando
Como lo denunció FEDEGÁN el pasado mes de diciembre, durante el año 2012 las relaciones comerciales con Venezuela se han ido restableciendo gradualmente; sin embargo, para el sector ganadero ya comienzan a evidenciarse los efectos negativos de un comercio distorsionado por la política cambiaria y de control de precios que impera en Venezuela.

En particular, en el sector lácteo tenemos conocimiento de que por la frontera con Arauca ingresan al país leche en polvo y quesos fabricados con leche subsidiada en Venezuela, que luego son reempacados y comercializados en Cúcuta, e incluso en Bogotá, agudizando la ya difícil situación del sector frente al ingreso de importaciones legales al amparo de los Tratados de Libre Comercio.

Por ello, señor Presidente, apelamos nuevamente a sus buenos oficios para que el Gobierno Nacional tome medidas urgentes que permitan frenar las prácticas ilegales que se vienen configurando en el comercio binacional con Venezuela, en especial en zonas críticas como Guajira, Arauca y Cúcuta, que además se caracterizan por ser netamente ganaderas. En particular, es fundamental que se instalen puestos de control a lo largo de toda la frontera, con presencia permanente de las autoridades sanitarias y aduaneras, lo cual debe ser combinado con operativos conjuntos en lugares estratégicos, como carreteras y expendios.

5. Reglamento Bebidas Lácteas
La fabricación y comercialización de las denominadas bebidas a base de leche y mezclas lácteas en polvo, continúa siendo una grave problemática para el sector, debido a que algunos procesadores inescrupulosos utilizan sueros líquidos procedentes de las fabricas de quesos, y lactosueros en polvo para adulterar leche, la cual es comercializada, empacada, rotulada y denominada como producto lácteo, con el consecuente engaño para el consumidor final y detrimento para el sector.

Teniendo en cuenta que, desde aproximadamente hace dos(2) años, se encuentra en trámite en el Ministerio de Salud y Protección Social, un proyecto de reglamento técnico sobre los requisitos que deben cumplir los derivados lácteos para consumo humano, en el cual se dictan disposiciones en relación con las bebidas a base de leche y mezclas lácteas, respetuosamente nos permitimos solicitar que previa a la promulgación y sanción de la norma mencionada, ese Ministerio estudie detenidamente la alternativa de independizar, mediante un reglamento técnico especial, los requisitos sanitarios que deben cumplir las bebida a base de leche y las mezclas lácteas en polvo, en cuanto a su verdadera denominación. Lo anterior con el fin de evitar confusiones en los rótulos de los envases y reglamentar debidamente las condiciones de fabricación, transporte y comercialización que deben cumplir dichos productos, para no inducir a engaño a los consumidores.

Así mismo, la expedición de este Reglamento Técnico facilitaría la vigilancia y control por parte de los organismos competentes y contribuiría a fortalecer al sector lacteo, al fomentar el procesamiento y comercialización de leche, con el cumplimiento de todas las características establecidas en la reglamentación sanitaria.

Finalmente, esperamos que las inquietudes y preocupaciones aquí expresadas sean de utilidad para la toma de decisiones por parte del Gobierno Nacional, no solamente para atender la difícil coyuntura por la que atraviesa el sector lácteo colombiano, sino para avanzar en su proceso de urgente reconversión, asumido como uno de los compromisos surgidos a partir de la negociación con La Unión Europea, siempre con la mirada puesta en el futuro de 400.000 familias campesinas en todo el país, con todo lo que ello implica para el equilibrio económico y social en el campo colombiano.

Del señor Presidente,
Cordialmente,

JOSÉ FÉLIX LAFAURIE RIVERA MARIANO RESTREPO FLORES
Presidente Ejecutivo FEDEGAN 


MARIANO RESTREPO FLORES
Presidente Cámara Gremial de la Leche


c.c. Dr. JUAN CAMILO RESTREPO SALAZAR - Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
Dr. SERGIO DIAZ- GRANADOS GUIDA - Ministro de Comercio, Industria y Turismo
Dr. ALEJANDRO GAVIRIA URIBE - Ministro de Salud y Protección Social