PE-066-2013
Bogotá D. C., 12
de febrero de 2013
Doctor
ALEJANDRO
ORDOÑEZ MALDONADO
Procurador
General de la Nación
E.S.D.
Respetado señor
Procurador:
Teniendo en
cuenta que usted es el representante de la sociedad, el defensor de los
derechos de los colombianos y del Estado de Derecho, quiero solicitarle su
intervención ante los siguientes graves hechos, a propósito del día
en que el mundo proscribe la utilización de los niños en los conflictos armados:
La semana
anterior los medios de comunicación registraron las declaraciones del
comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, general Tito Saúl Pinilla, respecto a
que las FARC ordenaron reclutar niños para sus filas. Tal noticia mencionó que
se trataba de una orden dada con el fin de fortalecer los frentes del grupo
terrorista que han sido afectados con la acción de la fuerza pública y
significa una nueva ola de vinculación a través de la fuerza de menores a su
aparato violento.
Por supuesto que
no es la primera vez que se conoce un anuncio de este tipo, pues las FARC han
perpetrado de manera sistemática este crimen de guerra desde su fundación.
Empero, la denuncia del comandante de la FAC se hace en un momento que merece
varias reflexiones.
Las
declaraciones registran que la guerrilla mantiene su decisión de continuar la
acción terrorista y que lejos de prepararse para su desmovilización, resultado
natural de un proceso de paz exitoso, está preparándose para continuar la
violencia y el delito. En diciembre pasado las autoridades denunciaron que las FARC
aprovecharon el denominado “cese unilateral de hostilidades”
para reentrenarse, reorganizarse, reaprovisionarse y rearmarse. Incluso
denuncias provenientes de las fuerzas militares del Ecuador revelaron que
estaban dedicadas a comprar armamento e ingresarlo por dicha frontera.
A pesar de eso
el Gobierno ha manifestado que tales ataques se producen en el marco de las
reglas pactadas para los diálogos, lo que resulta muy grave, tratándose de la
dignidad humana, vida y libertad de niños, ciudadanos, policías y militares,
que el Estado debe proteger.
Lo que se llama
reclutamiento de niños es un secuestro. Son menores que son sacados por la
fuerza de sus casas y escuelas para ser obligados, bajo la amenaza del
asesinato y el castigo, a empuñar un arma, instalar minas antipersonales y asesinar,
cuando no terminan siendo utilizados como objetos sexuales por los cabecillas
de las estructuras criminales.
A esto debe
agregarse que desde el inicio del proceso de paz las FARC han mantenido dicha
práctica, que ahora informan se intensificará. Solo dos, ejemplo, señor
Procurador:
El pasado 12 de
mayo, cuando la Mesa de La Habana ya estaba en pleno funcionamiento,
el Defensor del Pueblo de Colombia, Vólmar Pérez
Ortiz, informó: “Nos ha llegado una queja que da cuenta del
reclutamiento forzado, entre los meses de abril y mayo de los corrientes, de
más de 13 menores de edad que venían vinculados a cuatro internados en la zona
rural del municipio de Puerto Guzmán en el departamento del Putumayo,
presuntamente por integrantes de algún frente de las FARC”.
Ninguna
respuesta se conoció del Gobierno Nacional, tampoco de los organismos de
seguridad y de investigación sobre tan grave hecho.
Y en septiembre,
al tiempo que se anunciaban públicamente los diálogos, su sucesor, el doctor
Jorge Armando Otálora Gómez indicó que “las FARC pretenden reclutar a
los niños, niñas y adolescentes escolarizados y no escolarizados en la zona
rural del corregimiento departamental de Barrancominas, en el departamento del
Guainía y del municipio de Cumaribo, en el departamento del Vichada”.
Además alertó
sobre que la Defensoría del Pueblo, “conoció que presuntos integrantes del
frente 16 de las FARC están realizando una campaña de reclutamiento con el
propósito de fortalecer su estructura armada. El pasado 28 de agosto
establecieron contacto con 12 adolescentes y jóvenes, entre los 14 y los 17
años de edad, que están dentro del sistema escolar y que viven en difíciles
situaciones económicas, con la intención de vincularlos a las filas de la
subversión”.
Para septiembre
de 2012 el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría identificó 56
situaciones de riesgo de reclutamiento de menores por parte de las FARC de un
total de 72 que incluyen también a las bandas criminales. El
secuestro de niños, de acuerdo con dicho reporte, está presente
en 138 municipios de 20 departamentos del país.
Sobre tal
informe y el resultado de las alertas y denuncias tampoco se conoce respuesta
del Gobierno Nacional, ni de los organismos de seguridad e investigación.
El secuestro de
niños para la guerra no se puede soslayar con la excusa que hace parte de las
reglas de juego pactadas con las FARC sobre el no cese bilateral de
hostilidades y que por lo tanto el grupo continuará realizándolos, al igual que
el secuestro de soldados y policías.
Es importante
que el Ministerio Público investigue que acciones se han tomado ante los graves
casos de reclutamiento forzado de niños y cuáles son los resultados en materia
de prevención y de regreso a la libertad de los menores involucrados en los dos
casos mencionados del Putumayo y Guainía, al igual que con respecto a la
denuncia hecha por el General Pinilla.
Le agradezco su
gentil respuesta a esta comunicación.
JOSÉ FELIX
LAFAURIE RIVERA
Presidente
Ejecutivo
FEDEGAN
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