¿Y la pobreza rural…?

Por: José Félix Lafaurie Rivera

@jflafaurie

La pobreza rural no desapareció como podría deducirse, erradamente, de las omisiones en el reciente informe oficial. Al contrario, la ruinosa situación de sus pobladores empeoró. Pobres y miserables aumentaron casi un punto porcentual en el último año. Hoy, 47 de cada 100 de sus habitantes malvive de sobras. Pero, como quien barre la basura bajo el tapete, el Gobierno prefirió encumbrar un discurso reeleccionista más rentable, basado en la reducción de la desigualdad nacional y urbana, para esconder la protuberante realidad del campo. Lo grave es que el pronóstico a futuro es peor. La precaria política agropecuaria, los TLC y las dádivas en La Habana, están generando factores suicidas para el desarrollo rural. Un escenario que a nadie parece importar.

El campo respira incertidumbre y desaliento. Entre 2012 y 2011 se rompió la tendencia descendente en los indicadores de pobreza y pobreza extrema. Ambos guarismos aumentaron 0,7 puntos porcentuales. Así, de sus escasos 11.2 millones de habitantes, 5.2 millones son pobres –46,8% de los cuales 22,8% es indigencia, es decir 1.2 millones. Vergonzosamente, la pobreza rural es superior en un 65% a la urbana y la miseria es 3,5 veces más alta. Un diagnóstico que confirma el indicador de Pobreza Multidimensional, que cuantifica en 48,3% la pobreza rural. Más del doble que su contraparte urbana, en donde el promedio no supera el 20,6%.

El asunto de fondo es que el deterioro en las condiciones de vida de campesinos y productores, amenaza con profundizarse. ¿De dónde proviene este malestar frente al futuro del desarrollo rural? Sin duda, es consecuencia de las decisiones e indecisiones del Alto Gobierno, no sólo en los procesos económicos, sino también en los políticos. La acelerada muerte de las instituciones sectoriales, asociada a la ausencia de una política pública agropecuaria capaz de corregir, por un lado, las distorsiones de mercado y, por otro, las carencias para la producción y la vida rural dignas, son verdades de apuño que este gobierno no ha podido corregir.

Antes bien, por la vía de priorizar la de Restitución de Tierras, se olvidaron de la política sectorial productiva. El Ministerio y el Incoder concentran la ejecución del gasto, con destinación casi exclusiva al tema de tierras. Lo que explica, en parte, por qué se han desatendido los subsectores productivos y los demás frentes del desarrollo rural. Más aún, aunque dicha Ley reivindica derechos innegables de las víctimas, también está erosionando la confianza inversionista y el crecimiento económico agropecuario, ya de por sí famélicos.

Pero, además, el manejo desacertado la tasa de cambio o la reciente ola aperturista, también han ido en contravía del propósito de superar las inequidades. Sólo por cuenta de los TLC, unos 350 mil ganaderos se sumarán al batallón de pobres, pues difícilmente el Plan de choque –PIPE– podrá remontar las dificultades de estos productores.

Desde el punto de vista político, el tema más delicado reside en los inciertos compromisos de La Habana. La percepción es que estamos ante un peligroso juego, donde están de por medio la propiedad de la tierra, el desarrollo rural, el futuro del campo y del país. La tierra ha dejado de ser un factor productivo, para convertirse en instrumento demagógico para ganar votos o levantar las banderas roídas de una izquierda que, desde las armas, dejó al campo en el peor de los atrasos. Son políticas torpes, por las que empezamos a pagar y pagaremos un alto costo en términos de oportunidades, precarización del ingreso y el empleo rural. De ahí a una mayor inestabilidad social, existe un paso. ¿Estamos dispuestos a seguir estos caminos sin miramientos? El “mea culpa” en el futuro puede ser devastador y también muy inútil.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN

La fuerza de los argumentos

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

Por invitación de “La silla vacía” y la Universidad Javeriana, participé en un debate en el que debíamos defender, si le conviene o no a la democracia otorgarle participación política a las Farc. El procedimiento consistía en hacer cambiar de opinión a 150 invitados ubicados en la sala contigua. Antes de exponer las posiciones se votaba y, al final, se volvía a votar. No ganaba el de mayor votación sino el que lograra, con la fuerza de sus argumentos, modificar la posición inicial del auditorio. El ejercicio, valioso en una democracia, da cuenta que sí es posible construir sociedad, a partir de una pedagogía directa con el ciudadano. Claro está, una cosa es alternar con universitarios y, otra distinta, con vastos sectores de opinión que no responden a los mismos estímulos y a los que la democracia llega por retazos. 

Se vive hoy una especie de dictadura por La Paz. Todo aquel que cuestione el proceso de La Habana, es tildado de guerrerista. De enemigo de La Paz. Y se le discrimina y en no pocos casos, se le retalía. Sin embargo, ejercicios como el descrito, dan una luz para mantener la fuerza de los argumentos de cara a la opinión. El debate en la Javeriana no era fácil. Mi contraparte, por el SI, era Antonio Navarro Wolff, un ex militante del M19, que incorporado a la vida civil ha tenido una trayectoria respetable. Sin embargo, los resultados me hacen pensar que no todo está perdido y que el disenso es el motor de toda democracia.

Mi postura, por el NO, estaba soportada en conceptos de democracia, haciendo énfasis en que comporta valores y referentes éticos. No se desprende el individuo de su libertad natural, si del Contrato Social no devienen deberes y derechos fundamentales que todos debemos respetar. Al expresarse la soberanía popular, a través del sufragio libre para elegir no sólo a quienes han de administrar el Contrato (el ejecutivo) sino a quienes deben establecer el marco de entrega de la libertad natural del Contrato Social que demandan los asociados (el legislativo), no puede quedar en aquellos que han vulnerado sistemáticamente los derechos humanos. Lo contrario mandaría un mensaje devastador para la construcción de democracia. 

¿Cuál sería la lección moral? ¿Que el ejercicio de la política no es el resultado de ganar la representación popular a partir de las ideas, sino de victimizar a la sociedad para después negociar con ella? ¿Vamos a sentar el referente ético de que la violencia y el delito sí pagan y son una estrategia electoral válida? ¿Cómo otorgarle participación política a un guerrillero narcotraficante y negársela a un narcotraficante de cualquier Bacrim? ¿Más aún, el indulto que supone esa prerrogativa, tendría que hacerse extensivo a los militares comprometidos en “falsos positivos” o a los parlamentarios de la “parapolítica” o la “farcpolítica”? Y ¿qué vendrá después? ¿El que tenga más capacidad de generar terror podrá reclamar extorsivamente participación política y, en consecuencia, el siguiente paso será negociar con las Bacrim?

¿Cuáles son los límites de “negociar por Contrato”? Es sin duda el “quid” que debió legitimar previamente esta sociedad en los escenarios de la democracia, para avanzar en los diálogos de La Habana. En esta ocasión la fuerza de los argumentos, logró cambiar la postura inicial del auditorio –de un 77% por el “sí”, es decir a favor de la participación en política de las Farc, contra un 23% por el “no” o en contra–, a un resultado diferente: de 61% por el “sí” y 39% por el “no”. Un 26% cambió de opinión: 39 asistentes. De eso trata el juego de la democracia. Esperemos que cuando el gobierno someta los resultados de La Habana, el disenso logre construir mayorías para avanzar en el respeto por la Ley. 

*Presidente Ejecutivo de Fedegán

En la calle…

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

Todo estaba dispuesto para que la jornada del 9 de abril fuera masiva, pero apenas alcanzó un éxito relativo en Bogotá. Sin duda, porque detrás de la movilización capitalina, se aliaron intereses políticos disímiles, pero vitales para cada sector convocante. La declaratoria de “día cívico” con invitación a marchar “por la paz, la democracia y la defensa de lo público”, sumada a la participación de las entidades gubernamentales, con Presidente y ministros a bordo, fueron parte de la estrategia. Como nunca antes, agua y aceite cuajaron y, a su lado, también Marcha Patriótica desplegó operativos –financiados por las Farc, según el MinDefensa– para sumar adeptos. En medio quedaron los ciudadanos que caminaron por la paz, inocentes del trasfondo que se cocina en La Habana.

La marcha dio para todos, menos para las víctimas. El Gobierno despachó temprano su obligación legal de hacerles un homenaje y se dedicó a meterle “oxígeno popular” a las negociaciones con las Farc con propósito reeleccionista. Marcha Patriótica se propuso encumbrar a las Farc y darse vitrina como el actor político que espera, algún día, cobijar a los parlamentarios farianos. Y lo logró, como coprotagonista al lado del Presidente y el Alcalde de Bogotá, después de un extraordinario esfuerzo económico para traer desde todos los puntos cardinales del país rural, indígenas y campesinos que repetían consignas ajenas y enarbolaban la bandera Chavista. 

Así, la solidaridad con las víctimas y la paz quedó relegada, sólo reivindicadas por algunos incautos. Una multitud heterogénea que no marchó por la negociación con un grupo narcoterrorista –que en el día de las víctimas seguía negando su condición de victimario–, ni por un acuerdo del que nada conoce, porque el Gobierno, como el Pibe, se limita a declarar que “todo va bien”. Tal vez marcharon por un anhelo de paz que todos compartimos, aunque habrían salido espantados si se les dicen que en Cuba se negocia una precaria paz, con la promesa de curules para “Timochencko”, “Iván Márquez” o “Catatumbo”.

La calle, lejos de aclarar el panorama lo enrareció. Evidenció la polarización y las dudas frente al proceso de La Habana. El ausentismo en el resto del país, fue una condena de las mayorías contra las Farc y de espaldas al mismo proceso. El gentío y los discursos no fueron suficientes para dar legitimidad a las negociaciones. Por el contrario, alimentaron la frustración de los colombianos que anhelamos la paz y sabemos que el camino no ha sido el correcto y traería efectos perversos que nadie incluye en sus cálculos políticos.

Ganaron las Farc, no sólo por la ventana de legitimación política, nacional e internacional, sino porque gracias a la marcha se inició el camino para el Foro, que habilitará la participación en política de uno de los principales victimarios. Al menos el Ministerio Público recogió las inquietudes que he reiterado desde el inicio del proceso de paz: la imposibilidad de garantizar los derechos de las víctimas, la de cercenarle las manos a la justicia para condenar a quienes ordenaron y ejecutaron delitos de lesa humanidad y, por esta vía, hacer agua la no repetición.

No fuimos a la marcha, como no lo hicimos al “Foro Agropecuario”, ni iremos a ningún evento que promuevan las mesas de negociación, hasta tanto tengamos claridad sobre los tangibles e intangibles que se están entregando a las Farc. Hasta tanto se de visibilidad y reconocimiento a las víctimas en su justa medida y se garantice a esta sociedad que, luego de 50 años de barbarie, no seremos gobernados por quienes ordenaron masacres y secuestros. Mínimos para una catarsis que nos conduzcan a una reunificación estable como nación. Bien dice el Procurador, la paz no puede ser pretexto para la impunidad.

*Presidente Ejecutivo de Fedegán

Punto ciego en La Habana

 Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

El receso en las conversaciones de La Habana es crítico. Sin duda, es sintomático del diferendo que suscitó el delicado tema de las Zonas de Reserva Campesina. Las posiciones irreconciliables entre las partes y la ausencia de mecanismos para dirimir el conflicto –consecuencia de haber elevado a las Farc al mismo nivel del Gobierno, como alta parte contratante– pueden conducir a un punto muerto. Desbloquear la mesa, escapa al control del Presidente y convierte el próximo encuentro, en una prueba ácida para el futuro de la salida negociada. El resultado dependerá de qué tan limpio esté jugando la guerrilla y, fundamentalmente, de su codicia sobre las ZRC que, sin llamarnos a engaños, hoy son tierra de nadie y fortines inexpugnables de las Farc.

Las ZRC son el “tótem” de las ambiciones del grupo narcoterrorista. Por ellas fueron a Cuba. Ceder a sus descabelladas propuestas es como admitir que, en adelante, sean las Farc las que marquen, unilateralmente, el ritmo en las mesas de negociación. Pero, pese a la manipulación mediática de las Farc, a los aspavientos de sus defensores de oficio y a las presiones que supone el oportunismo de la movilización del Marcha Patriótica, nadie con tres dedos de frente puede desconocer la dramática realidad de las actuales ZRC. Territorios sin Dios y sin Ley, donde echó raíces el crimen y las vías de hecho convirtieron a los grupos armados ilegales en amos y señores, a la sombra del abandono del Estado.

Inadmisibles “autonomías profanas”, republiquetas que incubaron los malsanos propósitos independentistas y de autogobierno de los farianos, que literalmente le torcieron el rumbo a la Ley 160, para conculcar los derechos fundamentales, civiles, sociales, económicos y políticos de los campesinos y sembrar una larga estela de cultivos ilícitos, minas antipersonales, fosas comunes, desplazados y despojo de tierras. Un statu quo que ahora buscan elevar a rango constitucional –mediante un marco legal, lo más parecido posible a esa perturbadora realidad– para mantener y profundizar el control territorial y el dominio de bases sociales, constreñidas a punta de plomo, terror y pobreza.

La película, al menos en este tema, la tiene clara el Gobierno. Crearlas sin la garantía de la presencia de las instituciones cívicas, militares y judiciales, fue el caldo de cultivo de lo que hoy son las ZRC. A eso hay que ponerle fin. Con lo cual,  nada hace pensar que el Gobierno dará su brazo a torcer ante la desmedida pretensión de autonomía, autogobierno, autogestión y autodeterminación que persiguen las Farc. Pero, incluso en el hipotético escenario de ceder a la conformación de las 11 nuevas ZRC, la clara advertencia es que lamentablemente, terminarán por el mismo rumbo de las otras 6. A fin de cuentas las Farc saben que en más de 200 años de vida republicana, el Estado ha sido un fantasma en muchas zonas de la geografía nacional.

La alternativa, la única posible, capaz de corregir el rumbo errático de estos territorios, está por fuera de las mesas de negociación. Sin margen político en este diálogo de sordos, el “as” está en sostener los bastiones de un Estado de Derecho legítimo y eficiente. No sólo para mantener la correlación de fuerzas a favor de su aparato armado y hacer posible la prevalencia de la Ley –en los mismos términos en que se aplica para el resto de los nacionales– sino, fundamentalmente, para garantizar la presencia institucional de ese Estado en todo el país rural, en igualdad de derechos para todo el campesinado y no sólo para quienes habitan las ZRC.

El acceso a los bienes públicos básicos, éstos sí con rango constitucional, debe ser una realidad en el campo. Tanto como el crédito en condiciones blandas, la infraestructura productiva de riego y drenaje, las vías y los mercados, las condiciones macroeconómicas sanas y una inversión, púbica y privada prolífica, estos sí inalienables e inembargables y sin sacrificar la soberanía nacional.

*Presidente Ejecutivo de Fedegán.