Por: José Félix Lafaurie Rivera*
@jflafaurie
El receso en las conversaciones de La
Habana es crítico. Sin duda, es sintomático del diferendo que suscitó el
delicado tema de las Zonas de Reserva Campesina. Las posiciones
irreconciliables entre las partes y la ausencia de mecanismos para dirimir el
conflicto –consecuencia de haber elevado a las Farc al mismo nivel del
Gobierno, como alta parte contratante– pueden conducir a un punto muerto.
Desbloquear la mesa, escapa al control del Presidente y convierte el próximo
encuentro, en una prueba ácida para el futuro de la salida negociada. El
resultado dependerá de qué tan limpio esté jugando la guerrilla y,
fundamentalmente, de su codicia sobre las ZRC que, sin llamarnos a engaños, hoy
son tierra de nadie y fortines inexpugnables de las Farc.
Las ZRC son el “tótem” de las ambiciones
del grupo narcoterrorista. Por ellas fueron a Cuba. Ceder a sus descabelladas
propuestas es como admitir que, en adelante, sean las Farc las que marquen,
unilateralmente, el ritmo en las mesas de negociación. Pero, pese a la
manipulación mediática de las Farc, a los aspavientos de sus defensores de
oficio y a las presiones que supone el oportunismo de la movilización del
Marcha Patriótica, nadie con tres dedos de frente puede desconocer la dramática
realidad de las actuales ZRC. Territorios sin Dios y sin Ley, donde echó raíces
el crimen y las vías de hecho convirtieron a los grupos armados ilegales en
amos y señores, a la sombra del abandono del Estado.
Inadmisibles “autonomías profanas”,
republiquetas que incubaron los malsanos propósitos independentistas y de
autogobierno de los farianos, que literalmente le torcieron el rumbo a la Ley
160, para conculcar los derechos fundamentales, civiles, sociales, económicos y
políticos de los campesinos y sembrar una larga estela de cultivos ilícitos,
minas antipersonales, fosas comunes, desplazados y despojo de tierras. Un statu
quo que ahora buscan elevar a rango constitucional –mediante un marco
legal, lo más parecido posible a esa perturbadora realidad– para mantener y
profundizar el control territorial y el dominio de bases sociales, constreñidas
a punta de plomo, terror y pobreza.
La película, al menos en este tema, la
tiene clara el Gobierno. Crearlas sin la garantía de la presencia de las
instituciones cívicas, militares y judiciales, fue el caldo de cultivo de lo
que hoy son las ZRC. A eso hay que ponerle fin. Con lo cual, nada hace
pensar que el Gobierno dará su brazo a torcer ante la desmedida pretensión de
autonomía, autogobierno, autogestión y autodeterminación que persiguen las
Farc. Pero, incluso en el hipotético escenario de ceder a la conformación de
las 11 nuevas ZRC, la clara advertencia es que lamentablemente, terminarán por
el mismo rumbo de las otras 6. A fin de cuentas las Farc saben que en más de
200 años de vida republicana, el Estado ha sido un fantasma en muchas zonas de
la geografía nacional.
La alternativa, la única posible, capaz
de corregir el rumbo errático de estos territorios, está por fuera de las mesas
de negociación. Sin margen político en este diálogo de sordos, el “as” está en
sostener los bastiones de un Estado de Derecho legítimo y eficiente. No sólo
para mantener la correlación de fuerzas a favor de su aparato armado y hacer
posible la prevalencia de la Ley –en los mismos términos en que se aplica para
el resto de los nacionales– sino, fundamentalmente, para garantizar la
presencia institucional de ese Estado en todo el país rural, en igualdad de
derechos para todo el campesinado y no sólo para quienes habitan las ZRC.
El acceso a los bienes públicos básicos,
éstos sí con rango constitucional, debe ser una realidad en el campo. Tanto
como el crédito en condiciones blandas, la infraestructura productiva de riego
y drenaje, las vías y los mercados, las condiciones macroeconómicas sanas y una
inversión, púbica y privada prolífica, estos sí inalienables e inembargables y
sin sacrificar la soberanía nacional.
*Presidente Ejecutivo de Fedegán.
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