La coherencia de las FARC

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

Desde Oslo la suerte del proceso de paz estaba echada. Así como no hubo sorpresas en el discurso de Márquez, tampoco las ha habido en La Habana. Las Farc han refrendado la coherencia de una estrategia concebida en 50 años de lucha armada. De ahí su repudio por el Estado de Derecho, la Constitución o el modelo económico, pasando por el desprecio a la justicia, la negación de la barbarie, la búsqueda de impunidad y tiempos relajados para reconstruir la imagen de “actor político” que les obsequiaron en bandeja de plata. Entre tanto, el Gobierno está en la otra orilla: la incoherencia. Creyó erróneamente que los astros estaban alineados y de tanto pensar con el deseo, quedó atrapado en hondas ambigüedades éticas y políticas. Una burla que cobra un año sin tangibles. Demos un vistazo:

Los tiempos: “La pretendida paz exprés sólo conduciría a la frustración”: 10/18/12. “No hay ningún compromiso bilateral, ni en el acuerdo general, ni entre las delegaciones, que ponga un plazo fijo": 10/13/13.

El estatus político: “Somos una fuerza beligerante”. “Volvemos a una mesa reconocidos como adversarios militares y políticos. Acompañados y avalados por la comunidad internacional”: 9/4/12.

Víctimas, no victimarios: “No hemos hecho sufrir a nadie. Somos víctimas de esta guerra”. “Antes que victimarios somos víctimas”: 9/22/12.

Sin rendición: “Desmovilizarse es entrega cobarde, rendición y traición a la causa popular y al ideario revolucionario”: 10/18/12. “Las armas no se entregarán, desaparecerán, así como aparecieron para enfrentar el asedio de terratenientes, militares y paramilitares” 5/13/13. “Las armas se silencian cuando la voluntad de dispararlas cese. Eso ocurrirá cuando se cumpla lo que estamos llevando a la negociación”: 6/16/13.

Por la Asamblea Constituyente: “Estamos en armas porque no acatamos la Constitución vigente”. “La Asamblea Nacional Constituyente es la única instancia que puede garantizar legitimidad y seguridad jurídica al proceso de paz”: 1/23/13.

Contra el Estado de Derecho: "La paz no significa el silencio de los fusiles. Abarca la transformación de la estructura del Estado y las formas políticas y militares": 10/18/12. “Colombia requiere hondas trasformaciones, sus instituciones están podridas. El Estado ha devenido en garante del enriquecimiento del sector pudiente y en máquina para someter violentamente la inconformidad. Eso debe cambiar”: 10/3/13.

Inimputables: “Los tribunales en Colombia no tienen la legitimidad, el decoro, la competencia porque este Estado es un Estado criminal”. “Aquí el imputable es el Estado, aquí hay terrorismo de Estado”: 4/30/13. "No hemos combatido toda una vida para terminar engrilletados en las cárceles de los victimarios”: 3/31/13. “¿Quiénes y con qué propósito amarraron a Colombia en medio de un conflicto al Estatuto de Roma para obstruirle el camino hacia la paz?: 3/31/13. “(Las Farc) no van a pagar ni un día de cárcel”: 6/16/13.

Víctimas invisibles: "Quien debe confesar la verdad y reparar a las víctimas son los victimarios atrincherados en la espuria institucionalidad": 10/18/12. “(El marco jurídico para la paz) es un absurdo que pretender colocar en condición de victimario unilateral al movimiento guerrillero, a sabiendas que las víctimas lo son del conflicto” 9/19/13.

Negación del narcotráfico: "No tenemos nada que ver con el narcotráfico": 9/6/12. “Ni los cargamentos son nuestros, ni somos narcotraficantes”: 4/1/13.

Ocultando el despojo. "Los predios que se dice arrebatamos (a los campesinos)… (son una) campaña dirigida a escamotear la necesaria reforma agraria”: 2/2313.

Ante esto ¿qué puede hacer el Gobierno? En Cuba no hay dos negociando. Sólo oímos el descarado monólogo fariano, que tiene al Gobierno en un auténtico callejón sin salida que lo llevó a aprobar, sin oficio aparente, un referendo constitucional. No nos llamemos a engaños. Seis meses en el punto agrario y cuatro para el de participación política sin resultados, son suficientes para clausurar el diálogo irracional de sordos.

*Presidente Ejecutivo de Fedegán.

Gobernando con agendas trastocadas

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

Los diálogos de La Habana son una perversa dictadura contra la gobernabilidad. De eso dan cuenta los bandazos en el intento por corregir la crisis del sector agropecuario. Aunque el MinAgricultura conoce la problemática y las soluciones, carga con la camisa de fuerza que impuso la Mesa Nacional Agropecuaria –MIA– para levantar el reciente paro nacional. Sus peticiones, que parecen una copia de las irrealizables pretensiones agrarias de las Farc, paralizan cualquier decisión sensata de política pública y absorben el itinerario del Ministro Darío Lizarralde. Lo grave es el traslape y confusión de agendas: la de Cuba y la interna para la competitividad agropecuaria, que enredan al Gobierno. Un antecedente que puede reavivar el inconformismo campesino.

La bancarrota de lecheros, paperos, cafeteros o cerealistas está asociada al deterioro de sus sistemas productivos, la baja rentabilidad de las actividades y la dramática caída del ingreso familiar. Pregunto, entonces, si la inminente ruina de miles de hogares rurales, se refleja en el memorial de agravios de la MIA que quiere, entre otras, modificar la política antidrogas, redistribuir la tierra, crear Zonas de Reserva Campesina, cambiar la propiedad del subsuelo y establecer la consulta previa para los campesinos. Esas son las exigencias del pliego de la MIA y, por supuesto, del acuerdo del primer punto de La Habana.

Creo que coincidimos en que la respuesta es no. Son iniciativas que podrían tomar 2 décadas e ingentes recursos públicos. Mientras que las legítimas demandas de la protesta social, requieren soluciones inmediatas para enfrentar la competencia del agro-negocio mundial. Ello pasa por controlar la agresiva política de importaciones que avivó la firma de los TLC y frenar el alza en los insumos agrícolas. Así mismo, activar la agenda zoosanitaria y la lucha contra el contrabando, decisiones en materia de vías terciarias y financiación para modernizar los sistemas productivos.

No es juego. La crisis del sector está a punto de hacer implosión. Se necesita gobernar con base en realidades y la inminencia de los problemas socio-económicos que hoy enfrentan los productores. Claramente, al nuevo Ministro de Agricultura no lo han dejado coger ese toro por los cuernos. Las demandas de la MIA y los esfuerzos para apagar incendios, lo tienen al límite. Necesita espacio para avanzar en la agenda rural para la internacionalización de la economía. Política suspendida por otros apremios gubernamentales como la restitución de tierras y el Proyecto de Desarrollo Rural, al punto de dejar sin piso un instrumento vital de planeación: el censo agropecuario.

Es un elemento estructural detrás de la crisis sectorial. La ausencia por más de 4 décadas de estadísticas verídicas y robustas, ha sido nefasta. El Gobierno tenía la obligación de realizar el censo en el segundo semestre de este año, pero no lo hizo. Ahora, su afán para ejecutarlo a principios de 2014, contrasta con las trabas presupuestales en momentos en que era técnicamente recomendable. Razón tiene Bustamante, la cabeza que rodó por advertir los riegos de hacer el censo en una coyuntura electoral y bajo condicionamientos de las Farc.

No nos llamemos a engaños. Son realidades que pueden contaminar los recursos para el padrón rural y la calidad de las cifras. Y es que quizá las Farc sean las primeras interesadas en torcerle el rumbo al censo. Tengo la corazonada de que las estadísticas reales, no van a ser favorables a su engañoso discurso sobre la tierra. En consecuencia, así como el Gobierno no debe mezclar censo con elecciones, tampoco puede gobernar trasponiendo la agenda de La Habana a las legítimas motivaciones de la protesta social, ni desatender los derroteros para llevar al sector agropecuario a un estadio superior de desarrollo humano. Por fortuna, eso lo entiende el Ministro Lizarralde.

*Presidente Ejecutivo de Fedegán

El tiempo perdido de La Habana

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

Resulta improcedente suspender temporalmente el proceso de paz. La única opción es terminarlo. Es una negociación sin respaldo político ad portas de elecciones para un nuevo mandato. Además, al cabo de un año no hay avances y el delicado asunto del narcotráfico nunca arrancó. En este punto, el maridaje de las Farc con los carteles –nacionales o mexicanos– hará parte de otro fracaso anunciado. Cuesta “imaginar un acuerdo con las Farc para erradicar la coca”, como sugirió el Presidente Santos. El Gobierno cayó en la trampa de la legalización, con la falsa premisa de que las guerrillas entregarán rutas, laboratorios, “mulas” y canales del microtráfico. La “traba ideológica” de las Farc va por otro lado: ocultar su pasado mafioso, volver conexo el narcotráfico al delito político y convertir a Cuba en lavadero de dineros ilícitos. 

Pero las decisiones sobre este tema y los demás que terminaron en punta, serán del resorte del Presidente que se posesionará en agosto de 2014, tanto como la suerte de las negociaciones de paz. El nuevo Gobierno no olvidará que esta sociedad ha pagado un altísimo costo humanitario y económico, que hace inviable moral y políticamente un acuerdo con los victimarios, levantar la prohibición para el narcotráfico o tender un manto de olvido sobre las víctimas. Por décadas sólo hemos escrito obituarios de magnicidios en la frustrante lucha contra el narcoterrorismo, cargamos con el estigma de ser el mayor productor y exportador de coca y sus derivados y afrontamos un problema de salud pública por el aumento del consumo entre nuestros jóvenes.

El traslape del mapa del narcotráfico y la presencia de una de las guerrillas más antiguas del mundo, no es casual. El increíble poder de las mafias para reinventarse y mantener la captura de una renta fácil, no conoce límites. Eso lo saben las Farc. Aunque recibieron el estatus de “negociadores” no son más que un cartel de drogas, el primero en Colombia y el tercero en el mundo. Según Naciones Unidas los ingresos superan los US$370 millones anuales en el eslabón primario, pero la mercancía alcanza otros US$10.000 millones puesta en el exterior. Entre tanto el Gobierno alardea con la reducción del área sembrada, aunque lo cierto es que unas 135.000 has tuvieron ilícitos en algún momento de 2012.

Nariño, Putumayo, Chocó, Norte de Santander, Cauca, Caquetá, Meta, Guaviare o Vichada, son emblemáticos de la acción criminal y los enclaves de ilícitos. Allí se crearon nuevas variedades de alta productividad, que explican la reducción del área en el país más que la aspersión o la erradicación, que incluso disminuyeron 3% y 11% frente a 2011. De hecho, la suspensión de la erradicación fue una de las pocas demandas del Paro Agrario atendida por el Gobierno, con fuerte relación con Zonas de Reservas Campesinas. En Norte de Santander, por ejemplo, el área aumentó 825% entre 2006 y 2012, no se asperja desde 2011 y la erradicación manual ha sido mínima. El 90% de las hectáreas está en Catatumbo, donde incluso se duplicaron en el último año.

Juega el Gobierno con candela. Los problemas en La Habana no sólo pasan por la refrendación de los acuerdos, la suspensión de penas, la fórmula de usurpación de la propiedad privada rural o la participación de los farianos en política. Otro capítulo, inédito en Cuba: el narcotráfico, plantea la imposibilidad de llegar a buen puerto. Eso lo sabe el General Naranjo a quien el Gobierno puso a saltar a dos bandas, después de su brillante carrera contra las mafias. Un cálculo bien alejado de la urgencia de domesticar la bestia del narcoterrorismo, a cambio de votos.

*Presidente Ejecutivo de Fedegán.

“Voceros” de primera y segunda

Por: José Félix Lafaurie Rivera

@jflafaurie 

Las comitivas que entran y salen de La Habana son vox populi. La romería no es sólo de políticos, también académicos, periodistas y activistas de derechos humanos. Aunque se dice que la bitácora incluye otras visitas “non sanctas”, de ONG “farianas” y hasta de militantes de grupos narcoterroristas internacionales. El itinerario es tan exigente que parece operar una oficina de relaciones públicas, sin que ninguna voz –a no ser la del Procurador– advirtiera el descaro. Habría que constatar los avales del Presidente para saber quién más viajó sin autorización y que sea la justicia y el Ministerio Público el que entre a resolver. Dejar pasar el episodio impunemente, es admitir que existe una clasificación arbitraria: unos voceros de “primera” a quienes se otorga pergaminos y otros de “segunda” que reciben autos de detención.

Sorprenden las declaraciones del Fiscal, quien sostuvo que "no es delito acudir a La Habana sin permiso del Presidente”. Entre otras razones porque no ha sido el común denominador en este tipo de casos. En el proceso del precandidato presidencial, Luis Alfredo Ramos, es evidente el doble rasero de los tribunales. ¿Por qué si éste reconoció su encuentro en 2004 con “Ernesto Báez” –cabecilla de las Autodefensas– la Corte Suprema dictó medida de aseguramiento para oírlo en indagatoria, a sabiendas de su solicitud –durante 3 años– para que lo escuchara en versión libre?

El contexto de los hechos que se le imputan prácticamente lo absuelve, pues ni siquiera mediaba una justa electoral en la que estuviera inscrito, por tanto, no se puede argumentar un posible concierto para delinquir. Su postulación a la Gobernación de Antioquia se produjo en 2007, cuando la desmovilización de las AUC ya era un hecho y parte de sus líderes estaban extraditados. Antecedentes que debieron considerarse para que se le respetara la presunción de inocencia. 

Las circunstancias fueron claras. No fue un encuentro clandestino. Desde 2004 el Gobierno legitimó el proceso con las AUC –Resolución 091– y reconoció como representantes de esa organización a 3 de sus miembros, incluido Iván Roberto Duque –Resolución 233–. Por tanto, no había órdenes de captura en su contra, podían movilizarse por el país y ofrecer audiencias bajo el amparo de un expreso salvo conducto que, en el caso de Ramos fue público y con testigos.

Podemos tener la legislación más dura o, incluso, la más laxa que se pueda diseñar, lo que no es admisible son las interpretaciones amañadas y no exentas de sesgos políticos para el denominado “concierto para delinquir”. La “reunionitis” en La Habana, cuya intensidad e intenciones desconoce el Gobierno, es una oportunidad para evaluar la asimetría que reina en la administración de justicia. De un lado: benevolencia para quienes se congraciaron con los farianos en el Caguán o ahora en La Habana. Y del otro: condenas para quienes obraron con ingenuidad en muchos otros casos.

¿Cuántos de los que han desfilado por La Habana, pueden demostrar que acudieron con la intención de promover la reconciliación y el logro de la paz? ¿Por qué un caso como el de Ramos, en el que sus contertulios de ocasión, autorizados por el Gobierno, si acusa un concierto para delinquir, cuando no mediaba elecciones a la vista? 

El efecto negativo de esta sin razón ha sido protuberante, en especial sobre el sistema de partidos. Lo grave, es que la cacería se profundiza con base en testimonios vindicativos o falsos testigos que enlodan el buen nombre de personalidades que, curiosamente, están del otro lado de las posiciones ideológicas y políticas de los nuevos mejores amigos del Gobierno. La injusticia que cae sobre Ramos tiene un tinte político. Su caso, como el de otros de la denominada “parapolítica, no se conduele con el ocultamiento de la “farcpolítica” que se pavonea por La Habana. La Corte tiene una oportunidad para corregir y fallar en derecho. Está de por medio el proceso político que apenas arranca de cara a las elecciones 2014.

Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.