Por: José Félix Lafaurie Rivera*
@jflafaurie
Los diálogos de La Habana son una perversa dictadura contra la
gobernabilidad. De eso dan cuenta los bandazos en el intento por corregir la
crisis del sector agropecuario. Aunque el MinAgricultura conoce la problemática
y las soluciones, carga con la camisa de fuerza que impuso la Mesa Nacional
Agropecuaria –MIA– para levantar el reciente paro nacional. Sus peticiones, que
parecen una copia de las irrealizables pretensiones agrarias de las Farc,
paralizan cualquier decisión sensata de política pública y absorben el
itinerario del Ministro Darío Lizarralde. Lo grave es el traslape y
confusión de agendas: la de Cuba y la interna para la competitividad
agropecuaria, que enredan al Gobierno. Un antecedente que puede reavivar el
inconformismo campesino.
La bancarrota de lecheros, paperos, cafeteros o cerealistas
está asociada al deterioro de sus sistemas productivos, la baja rentabilidad de
las actividades y la dramática caída del ingreso familiar. Pregunto, entonces,
si la inminente ruina de miles de hogares rurales, se refleja en el memorial de
agravios de la MIA que quiere, entre otras, modificar la política antidrogas, redistribuir la tierra, crear Zonas
de Reserva Campesina, cambiar la propiedad del subsuelo y establecer la
consulta previa para los campesinos. Esas son las exigencias del pliego de la
MIA y, por supuesto, del acuerdo del primer punto de La Habana.
Creo que coincidimos en que la respuesta es no. Son iniciativas que
podrían tomar 2 décadas e ingentes recursos públicos. Mientras que las
legítimas demandas de la protesta social, requieren soluciones inmediatas para
enfrentar la competencia del agro-negocio mundial. Ello pasa por controlar la
agresiva política de importaciones que avivó la firma de los TLC y frenar el
alza en los insumos agrícolas. Así mismo, activar la agenda zoosanitaria y la
lucha contra el contrabando, decisiones en materia de vías terciarias y
financiación para modernizar los sistemas productivos.
No es juego. La crisis del sector está a punto de hacer implosión. Se
necesita gobernar con base en realidades y la inminencia de los problemas
socio-económicos que hoy enfrentan los productores. Claramente, al
nuevo Ministro de Agricultura no lo han dejado coger ese toro por los cuernos.
Las demandas de la MIA y los esfuerzos para apagar incendios, lo tienen al
límite. Necesita espacio para avanzar en la agenda rural para la
internacionalización de la economía. Política suspendida por otros apremios
gubernamentales como la restitución de tierras y el Proyecto de Desarrollo
Rural, al punto de dejar sin piso un instrumento vital de planeación: el censo
agropecuario.
Es un elemento
estructural detrás de la crisis sectorial. La ausencia por más de 4 décadas de
estadísticas verídicas y robustas, ha sido nefasta. El Gobierno tenía la obligación
de realizar el censo en el segundo semestre de este año, pero no lo hizo.
Ahora, su afán para ejecutarlo a principios de 2014, contrasta con las trabas
presupuestales en momentos en que era técnicamente recomendable. Razón tiene
Bustamante, la cabeza que rodó por advertir los riegos de hacer el censo en una
coyuntura electoral y bajo condicionamientos de las Farc.
No nos llamemos a
engaños. Son realidades que pueden contaminar los recursos para el padrón rural y la calidad de las
cifras. Y es que quizá las Farc sean las primeras
interesadas en torcerle el rumbo al censo. Tengo la corazonada de que las
estadísticas reales, no van a ser favorables a su engañoso discurso sobre la
tierra. En consecuencia, así como el Gobierno no debe mezclar censo con
elecciones, tampoco puede gobernar trasponiendo la agenda de La Habana a las
legítimas motivaciones de la protesta social, ni desatender los derroteros para
llevar al sector agropecuario a un estadio superior de desarrollo humano. Por
fortuna, eso lo entiende el Ministro Lizarralde.
*Presidente
Ejecutivo de Fedegán
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