¿Hoy Petro… mañana las Farc?

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

La alcaldía de Bogotá ha permanecido acéfala en el último lustro. Con Samuel Moreno fuera de escena –por el carrusel de la contratación– y la pésima administración actual, la ciudad navega a la deriva. Si los mecanismos de participación hubieran actuado sin dilación, hace meses que Gustavo Petro habría sido destituido. Curioso que ahora la Registraduría habilite las urnas para revocar al Alcalde y que la abogada defensora acuda a notificarse, cuando antes evadía a los registradores. La estrategia es buscar una suspensión por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a través de recursos que interponga el ex-fiscal Iguarán ante un juez de garantías, para dar tiempo a la convocatoria y refrendar el mandato de Petro en las urnas, con el precario propósito de invalidar la destitución.

Pero Petro es sólo un eslabón de un engranaje complejo y peligroso. La artimaña está montada en nombre de la izquierda, la elección popular o el proceso de paz. La argumentación de que su destitución pone en peligro La Paz en nombre de una ideología, busca poner en entredicho la Constitución, la Ley y las instituciones que la soportan. Quienes cuestionamos los diálogos de La Habana, lo hemos advertido. La Paz no puede ser la claudicación de la sociedad frente a quienes durante más de 50 años no han dejado de cometer graves violaciones al DIH. El reclamo de una Constituyente es para imponer su modelo de sociedad, la misma que Petro intentó imponer violando la ley.

El mensaje para la democracia es demoledor. Significaría admitir una categoría especial de ciudadanos: aquellos que están por encima de la Ley. Aceptar el discurso del Alcalde, es como permitir que él birle la legitimidad y mañana lo hagan los reinsertados de las Farc. Bastaría que también argumentaran que son de “izquierda”, “bolivarianos” o “castro-chavistas” y su desacuerdo con el modelo de desarrollo, la economía de mercado, la libre empresa o la propiedad privada, como ocurrió con el esquema de recolección de basuras capitalinas. 

Petro no ha sido el primero ni el último funcionario destituido e inhabilitado por el Ministerio Público. Los descabezados –más de mil de todas las corrientes políticas– deben su fracaso a su propia gestión. Fueron elegidos para administrar y lo hicieron mal y, lamentablemente, cada día son más los escándalos por corrupción. Se dirá que no es el caso Petro, pero su estrategia le costó al bolsillo de los bogotanos más de $60.000 millones, sin contar el desgreño en otros frentes, que no ha podido solventar.

Es preciso poner la situación contexto. Aunque la opinión ha dado paso a la sensatez, para reconocer la actuación en derecho del ente acusador, Petro sigue aprovechando la coyuntura para desafiar la Ley. Sin embargo, no faltan los que cuestionan los poderes de la Procuraduría cuando es evidente que, pese a algunos casos con sanciones desproporcionadas, la corrupción es de lejos el principal factor que impide al Estado cumplir sus fines sociales. 

*Presidente Ejecutivo de Fedegán

Fedegán: medio siglo de historia

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

Celebramos con orgullo 50 años de vida gremial y podemos decir que hemos cumplido a cabalidad. La historia de Fedegán, que es la historia de 500 mil familias, en su mayoría pequeños y muy pequeños ganaderos que hoy derivan su sustento de la actividad, ha sido la de una lucha incansable por el bienestar de su gente y la esperanza puesta en el futuro del campo colombiano. Nuestra trayectoria remonta vicisitudes sociales, económicas, políticas y el abandono del Estado.

La labor de Fedegán supera la representación de los intereses de los productores. Ha sustentado su trabajo en una estrategia tripartita: el valor insoslayable de la base gremial en la construcción de democracia, el potencial del sector ganadero para garantizar la seguridad alimentaria y superar la pobreza y la capacidad transformadora de “lo rural” a partir de la tierra como activo productivo y bien intergeneracional, piezas del desarrollo sustentable. A eso le apostamos. Con recursos de la Federación y la Parafiscalidad –sin duda el más importante logro gremial en este medio siglo– se diseñó la modernización productiva y el soporte institucional para “hacer posible el futuro” de la ganadería, en mejores condiciones de competitividad.

A su manera, las 9 administraciones de Fedegán contribuyeron a materializar innumerables bienes y servicios, cuya presentación escapa a estas líneas. Pero es conocido el sistema de ciencia y tecnología que, desde distintos programas, permite reducir los costos de producción al ganadero, asegurar la formación de capital fijo y humano e incrementar la producción y productividad de los hatos. De esos empeños hacen parte la oferta virtual de agroinsumos, los bancos de genética, el plan alimentario animal y de mecanización, la implantación de sistemas silvopastoriles, la certificación como país libre de aftosa con vacunación y una infraestructura de frigoríficos, asistencia técnica y tecnológica y de capacitación, que ha rendido frutos en una mayor producción de derivados cárnicos y lácteos, con calidad de exportación.

Esas han sido las de cal. Las de arena en estas “bodas de oro” están atadas a la crudeza del “territorio” ganadero y la violencia asociada. Nos convertimos en víctimas de todos los actores armados y protagonistas de un genocidio sistemático y calculado. Más de 9.000 ganaderos asesinados y un sinnúmero de atentados.

Fedegán está listo para otra batalla de 50 años al lado de los ganaderos. Para eso fue instituida por los hombres visionarios que en 1963, sembraron la primera semilla de gremialidad ganadera.

*Presidente Ejecutivo de Fedegán.

Legalizar “tranquilandias”

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

Los cultivos ilícitos y el tráfico de narcóticos han sido las peores calamidades para Colombia. Coca, amapola y marihuana son el impúdico combustible de la pobreza y la cultura de violencia, codicia, corrupción e ilegalidad. Sus dineros malditos alimentaron las estructuras criminales farianas y su hermandad con elenos, paramilitares y Bacrim, para controlar un negocio de US$20 billones anuales. Sus “tranquilandias” –legado de Escobar para financiar masacres y bombazos– se levantaron sobre el desmote de la selva, el desplazamiento, la esclavitud de los “raspachines” y una aberrante contrarreforma agraria. Que las Farc nieguen esa realidad, no la hace menos cierta. Como tampoco su interés en despenalizar este crimen y subsanar las divisiones entre sus bloques que se resisten a abandonar el narcotráfico. Un palo en la rueda de las negociaciones de Cuba.

Pero claro, resulta infantil creer que por disposición de las Farc, el Gobierno Americano va  a flexibilizar su política anti-drogas. Premisa descartada el mismo día de la llegada de Santos a la cumbre con el Presidente Obama. Los elogios al proceso de paz, retórica del lenguaje diplomático, no pueden confundirse con la postura inalterable que han mantenido desde el ataque a las torres gemelas. Poco les interesa que en materia de paz en una nación como la nuestra, se haga una reforma agraria expropiatoria o se viole la Constitución y la Ley para dejar impunes a criminales de guerra, siempre y cuando el asunto de los narcóticos permanezca a raya. Es la verdad frente a los americanos.

La de las Farc, es la de la hipocresía. Difícilmente podrían estar interesados en defender la cultura del “mambeo” de nuestros indígenas o los usos medicinales de la hoja de coca. Sólo tenían que justificar sus propuestas, que van desde reconocer y estimular las siembras ilícitas y desmilitarizar las zonas de producción y tráfico de narcóticos; legalizar el consumo y hasta legislar unilateralmente, desconociendo las complejidades globales del flagelo de las drogas. Pero, claro es bien conocida la criminalización de sus frentes, poco dispuestos a desistir de una renta fácil que hoy manejan al dedillo. Un emporio que traslapa las Zonas de Reserva Campesina con plantaciones, cristalizaderos, compradores en el mercado interno –que no son otros que sus socios de las Bacrim– y rutas trasnacionales en alianzas con “Los Zetas” y el cartel de “Sinaloa”.

Pero lo más indignante del nuevo “viajado” de las Farc, es pretender que el fenómeno del narcotráfico se resuelve con una reforma agraria. A menos, claro, que ésta se aplique sobre las tierras usurpadas por los “causantes de los daños”. Es decir, sobre las robadas por las Farc, para retornar los derechos a sus auténticos dueños. La justicia social de la que hoy cínicamente hablan. Por supuesto, no es lo que se está acordando en Cuba. Al decir del Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, más parece confirmarse una reforma confiscatoria sobre patrimonios legalmente adquiridos y trato de delincuentes a propietarios honestos, con figuras como la “extinción de dominio”. Una herramienta consagrada para castigar bienes adquiridos ilícitamente, con dineros del narcotráfico y el lavado de activos.

Así, mientras las Farc planean cómo diseminar el modelo productivo de sus “tranquilandias”, sobre las propiedades que se extingan a ciudadanos probos y, de paso, consolidar las que sembraron en las Zonas de Reservas Campesinas, el campo irá a pique. Como si no fuera suficiente con el desaliento actual, ahora los productores honestos debemos cargar con nuevos desestímulos a la producción y las inversiones lícitas. Ese es el presente y futuro que está diseñando este Gobierno con sus nuevos mejores amigos en La Habana, a espaldas de los verdaderos campesinos y los legítimos representantes del sector agropecuario.

*Presidente Ejecutivo de Fedegán.