José Félix Lafaurie Rivera
@jflafaurie
Aunque pasó desapercibida en medio de la campaña electoral, El Tiempo
publicó una entrevista a Luis Carlos Villegas, quien, sin solución de
continuidad, pasó de ser presidente de la ANDI a negociador de paz y embajador
en Washington. Con la misma velocidad, acomodó su posición sobre
las condiciones de una negociación con las Farc.
En 2010, como presidente de la
ANDI y del Consejo Gremial Nacional, en un homenaje al saliente presidente
Uribe, no dudaba en afirmar que “…será la hora de cerrar
definitivamente el capítulo de la violencia. Sin concesiones distintas a las
que otorga la Constitución. Sin despejes distintos a los del cese unilateral de
la amenaza contra los colombianos”.
Dos años después, estas verticales posiciones se ablandaron para hacer
parte de un proceso que, de entrada, se olvidó del tal cese unilateral como
condición, y en representación de los empresarios, se olvidó también de la
mitad agropecuaria del país y se allanó a que se negociara el desarrollo rural.
Siempre me he preguntado cuál habría sido su posición si las Farc hubieran
exigido negociar el desarrollo industrial, o si comparte realmente con el
Gobierno que el desarrollo rural no hace parte integral del modelo de
desarrollo, es decir, que la producción agropecuaria y la economía rural no son
parte importante del desarrollo nacional y se pueden poner sobre la mesa sin
reparos para comprar el silencio de las armas narcoterroristas.
Ahora, desde la embajada, afirma que “Las Farc deben escoger si quieren
seguir vinculadas al crimen organizado o si se desarman y se convierten en un
partido político (…) Sin resolver este tema no habrá acuerdo”. Es
insólito que el embajador ante nuestro aliado en la política antinarcóticos
reconozca que el Gobierno la está negociando con un grupo que aún no resuelve
si continúa vinculado al crimen organizado del narcotráfico, así adopte ese
tono emplazatorio y enérgico que, definitivamente, ya no es el de sus épocas de
negociador en La Habana.
Sin resolver el tema de la
condición narcotraficante de las Farc, no solo no podría haber acuerdo, sino
que la discusión ni siquiera debió iniciarse sin la entrega previa de
plantaciones, laboratorios, rutas, condenados y cómplices. Pero nada de
eso ha sucedido, a pesar de las sentencias de la justicia colombiana, las
circulares rojas de Interpol y las millonarias recompensas de Estados Unidos,
las Farc insisten con cinismo en que no son narcotraficantes y, para poder
sentarse a la mesa, el Gobierno se hace el que les cree. Por lo menos es lo que
se desprende del comunicado donde afirman que “Tanto el Presidente de
la República, como sus plenipotenciarios en la mesa han afirmado que la
guerrilla de las Farc no es una organización narcotraficante y que por eso
están dialogando con ella”.
La verdad es otra. El Gobierno se debate entre sus compromisos con Estados
Unidos en la lucha antidrogas y los que negocia con el cartel de las Farc. Por
eso el lenguaje ambivalente del embajador, contundente al afirmar que Colombia
no renunciará a los instrumentos contra el narcotráfico, incluidas la
fumigación y la extradición, mientras deja colar la insinuación de que, de
firmarse un acuerdo, la extradición sería “el principal instrumento de
prevención de no reincidencia en el narcotráfico para las Farc”. Es decir,
se dejaría como garantía de no repetición hacia delante. Hacia atrás, las Farc
le apuestan a la impunidad total, el Fiscal al trabajo social, los Estados
Unidos al apoyo en micrófonos y extradición en sus estrados judiciales. ¿Y el
Gobierno?: Pues a la reelección a toda costa. Ya verán las declaraciones de
este viernes al cierre de la ronda, vísperas de elecciones.
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