Parafiscalidad agropecuaria

 José Félix Lafaurie Rivera

@jflafaurie

Además de los cuestionados “parafiscales laborales”, hay en Colombia otras formas de parafiscalidad no menos importantes, la agropecuaria entre ellas, que consiste en el aporte de contribuciones obligatorias por parte de los productores de diferentes renglones de la economía rural, destinadas al fomento de dichas actividades y administradas por sus gremios más representativos, bajo el control del Estado, a través de los llamados Fondos de Fomento.

Se trata de un instrumento de política pública que el país poco conoce, aunque está detrás de logros como la promoción internacional del café colombiano a través de la marca Juan Valdez, la certificación internacional del país como libre de fiebre aftosa, definitiva para la ganadería, el crecimiento del consumo nacional de carne porcina y de pollo, la investigación para el desarrollo del cultivo de palma africana y un sinnúmero de resultados en otros renglones, que nunca se habrían logrado con los recursos siempre escasos del presupuesto nacional para el sector agropecuario.

No obstante, la parafiscalidad agropecuaria también ha recibido ataques periódicos desde diferentes frentes: los gurús que defienden teorías económicas en boga sin conocer la realidad rural más allá de sus fincas de recreo; los competidores internacionales que intentaron exigir su eliminación en las negociaciones de los TLC; e incluso los gobiernos en respuesta a presiones de sectores interesados, ya sea en la eliminación de las contribuciones o en hacerse a su administración. Un exministro de Agricultura llegó a proponer, hace varios años, echar a una sola olla todos los renglones de la producción y hacer un solo fondo agropecuario –literalmente un sancocho–, imposible de administrar y de controlar.

Otro exministro más reciente decidió usar la parafiscalidad para retaliar contra quienes osaban asumir posiciones legítimas pero apartadas de las del Gobierno, lo cual derivó en una verdadera persecución contra Fedegán principalmente, como entidad administradora del Fondo Nacional del Ganado, persecución que hacía parte también de un singular desprecio por la institucionalidad gremial, para dar protagonismo a movimientos más “populares” que apoyaran las negociaciones de La Habana, aunque terminaron mordiéndole la mano a su protector y protagonizando los paros agrarios más violentos y perjudiciales de los últimos tiempos.

Se prendió una chispa que hoy es incendio amenazante para la parafiscalidad agropecuaria y la institucionalidad gremial. El Ministerio de Agricultura del primer gobierno Santos llegó a contratar una auditoría externa millonaria – ¡mil millones del erario público! – contra el Fondo del Ganado y otros dos fondos, contratación que no solo desestimó la función fiscalizadora de la Contraloría General de la República, sino que fue cuestionada por este órgano de control del Estado.

No obstante, la Contraloría misma, contagiada del mismo mal, lanzó un libro sobre el tema que deja muchas dudas en cuanto a su objetividad, no solo por sus imprecisiones, el sesgo en sus conceptos y el manejo de PERCEPCIONES ANÓNIMAS, sino por el bochornoso espectáculo que propició en el acto académico de su lanzamiento, en el que Fedegán, uno de sus invitados, fue objeto de un ataque absurdo y calumnioso por parte de uno de esos actores espurios que alimentó el exministro Restrepo para deslegitimar la institucionalidad gremial, sin que la entidad anfitriona hiciera algo por preservar su obligada neutralidad.

A la parafiscalidad agropecuaria la defienden sus resultados. Es hora de que los funcionarios públicos entiendan que se deben a la Ley y no a subalternos intereses, utilizando sus cargos y las instituciones del Estado para retaliar contra quienes opinan diferente, así se lleven por delante un instrumento tan valioso como la parafiscalidad.  Mientras este país sea un Estado de derecho, defenderemos nuestras instituciones. 

El Procurador

José Félix Lafaurie Rivera

@jflafaurie

Se volvió lugar común el tema del gran poder del Procurador, sobre todo por su competencia de investigación, juzgamiento y sanción –incluidas destitución e inhabilidad– a funcionarios elegidos en las urnas, esta última recién ratificada por la Corte Constitucional, muy a pesar de quienes abanderan la campaña por la disminución de tal poder. Son centenares de funcionarios, sancionados o en investigación, que estarían felices con una Procuraduría gris, comenzando por el alcalde Petro, cuyo caso llevó el tema al debate público. 

Uno puede no estar de acuerdo con algunos veredictos de la Procuraduría, pero despajando los casos susceptibles de controversia, lo que hay detrás de semejantes resultados en la vigilancia de la conducta de los servidores públicos no es una cacería de brujas, sino un fenómeno de corrupción y abuso de poder, que conocemos de sobra, que es pan de cada día, comidilla de coctel y tertulia de taxista, y sobre el que el país pide una acción decidida de las autoridades. 

No puede ser que cuando alguien ejerce con decisión esa acción de vigilancia y sanción, entonces ese mismo país se levanta contra el presunto poder excesivo del Procurador.  Tenemos que ser serios. En realidad, su gran poder no radica en que tenga demasiadas competencias sobre demasiadas personas, sino en el ambiente de descomposición social en que le corresponde ejercerlas. 

En otras palabras, si los funcionarios fueran realmente servidores de la sociedad, si la pulcritud en el manejo de la cosa pública fuera la norma y no la excepción, si el robo de los recursos que aportamos con esfuerzo no estuviera a la orden del día, si reapareciera una refundida ética pública de servicio desinteresado, si el ejercicio de la política volviera a ser dignificado y dignificante, entonces el Procurador, por sustracción de materia, no tendría ese poder inmenso y, además, muy poco oficio. Su poder se deriva de que mucha gente le tiene miedo, y le tiene miedo, sencillamente, porque “el pecado acobarda”. Su poder se deriva de que, en medio de la corrupción reinante, tiene mucho oficio. 

Pero como estamos acostumbrados a vender el sofá, a buscar el muerto rio arriba y a meter la cabeza en un hueco para no ver el desastre que nos rodea, pues la solución es fácil: para evitar tan molesta vigilancia y tan peligrosas sanciones, para seguir pelechando de la corrupción y el desorden, hagamos a un lado al juez y pongamos uno que no pueda juzgarnos ni castigarnos. Entonces perderá poder, mas no porque tenga menos funciones, sino porque nadie le temerá.  

La disciplina que tanto admiramos en otros países es producto de la educación, pero también del temor a una justicia que funciona. El profesor estricto es incómodo; el policía insobornable es incómodo; es incómodo el catón que rechaza la impunidad para criminales que hablan de paz mientras atacan a los colombianos. El procurador Ordóñez es incómodo para muchos y por eso hay que sacarlo a como dé lugar, así haya que cambiar de opinión jurídica como quien cambia de camisa. “Se voltea una tractomula…” dicen por ahí, ¿por qué no se puede voltear el magistrado Yepes en apenas dos meses? 

Y no es un pequeño cambio de matiz, es una voltereta de 180 grados; es estar hoy aquí y mañana en las antípodas. Esperemos que la Sala Plena del Consejo de Estado enderece el rumbo para bien del país. Esperemos que las reformas que se vienen no cercenen la actividad de la Procuraduría. Luchemos por el imperio de la Ley, pero no eliminando al vigilante, sino la necesidad de ser vigilados.   

¡Qué viene El Niño!

José Félix Lafaurie Rivera

@jflafaurie

En la fábula de Esopo, el pastorcito mentiroso asustó tanto a sus vecinos con el lobo, que cuando de verdad llegó la fiera, se tragó las ovejas sin que nadie hiciera algo por evitarlo. Algo similar sucede con el IDEAM frente a los pronósticos sobre El Niño para 2014. Y digo similar porque está lejos de mí tildar de mentirosa a una institución que, por el contrario, valoro por su seriedad en el manejo de las predicciones climáticas.

En medio de pronósticos de agencias internacionales, que van desde un Niño moderado hasta una sequía catastrófica, reconozco consistencia en los informes y alertas del IDEAM, que a comienzos de año daba un 47% de posibilidades, suficiente apenas para encender una alerta temprana. Pero en abril las probabilidades de que el evento comenzara a mediados de año habían subido a 68%, y a 79% para su fase crítica en el último trimestre de 2014. En el último boletín publicado en la página del IDEAM –julio 2014– la probabilidad es de 73% para la fase inicial y 82% para su desarrollo entre octubre y diciembre, extendido hasta el primer trimestre de 2015.

Es decir, El Niño se nos vino encima y aunque el IDEAM ha alertado a las instancias gubernamentales, no ha sido escuchado y muy poco o nada se ha hecho para prepararse. Ni los alcaldes, los gobernadores, las CAR o el Ministerio de Ambiente, han reaccionado a la amenaza, en medio de las pasiones del debate electoral primero, y de la anestesia mundialista después.

Aunque el Fenómeno presenta diferentes comportamientos regionales, yo tengo mi propio pronóstico sobre lo que he podido constatar en mi terruño. Nunca había visto tan secos a los ríos  Guatapurí y el Cesar en el Cesar, y al Ranchería en la Guajira, que están al 20% o menos de su caudal para el mes de julio. En Casanare, el agua que están recibiendo las llanuras inundables –enormes reservorios para el verano– es inferior al histórico y será insuficiente para resistir la sequía, en un departamento que aún no se recupera de la catástrofe.

El país no olvida las imágenes de reses y chigüiros muertos en el desértico paisaje casanareño de comienzos de año, pero parece que las autoridades sí las han olvidado. A instancias de Fedegán, el Ministerio de Agricultura y el Fondo Nacional del Ganado, adelantan un programa de suministro de suplementos alimenticios subsidiados a través de 25 bodegas en el país, importante pero insuficiente para la emergencia, pues no solo se necesitaría duplicar o triplicar ese esfuerzo, sino garantizar el consumo mínimo de agua para los animales.

En un país que aplaza soluciones de largo plazo, pues lo urgente desplaza a lo importante, el Gobierno debe atacar esas urgencias con programas de contingencia, quizás costosos pero necesarios para evitar un desastre económico, ambiental y social en las regiones afectadas. Y más allá de la urgencia se debe pensar en lo estratégico, pues los desarreglos ambientales cada vez nos obligan a enfrentar Niños y Niñas más intensos y frecuentes. 

Pero no vemos esa urgencia. El Ministerio de Ambiente afirma que no es entidad ejecutora sino de política, pero tampoco vemos las políticas. Mientras tanto, es patético el peloteo entre las CAR, los entes territoriales y las entidades de prevención y atención de desastres.  Habría que hacer una versión moderna de la fábula, en que el pastorcito no es mentiroso y grita angustiado: ¡Qué viene el Niño!, pero sus vecinos, ya no por incredulidad sino por irresponsable indolencia, hacen oídos sordos y se resignan a la tragedia que los amenaza.