El “recorderis” del Ministro

¡Al caído… caerle! Ese parece ser el objetivo del pronunciamiento del Ministro de Hacienda, de cara a los damnificados por el invierno, con su “recorderis” sobre la obligación de pagar impuestos, aunque estén con el agua al cuello. Su perentorio llamado es tan desafortunado como la decisión de la Corte, al declarar inexequibles los alivios tributarios de la emergencia, cuando pudo fallar modularmente para dar tiempo al gobierno de enmendar sus errores, sin prejuicio del rigor constitucional.  Lo que no puede pasar es que la tecnocracia se conforme con advertencias. Su obligación es buscar salidas, para atemperar los pagos no sólo de Renta y Patrimonio, sino del Predial que afecta a pequeños y medianos campesinos y productores, que ni siquiera lograron salvar las escrituras de sus predios.

Cualquiera que ponga un pié en los miserables albergues donde malviven los afectados o en las zonas de cultivos y ganadería convertidas en barrizales, advierte la crítica situación que atraviesan. Así como no tienen para pagar los inexistentes servicios públicos, menos para los impuestos de Renta y Patrimonio o el Predial de una casa en ruinas o de una finca improductiva. Una realidad que convierte en confiscatorio los cobros de los impuestos.

Y es que después de un año de lluvias ininterrumpidas, el país parece no darse cuenta del drama de 3 millones de colombianos, que hoy exigen al Estado el efectivo reconocimiento y protección de sus derechos fundamentales. No creo que los afectados en Gramalote, Villapinzón, Ubaté, San Vicente de Chucurí, Tunja, la Mojana o la Costa Caribe, estén en condición de esperar el trámite de una reforma tributaria. Muchos de ellos ni siquiera han sido reconocidos como damnificados y no han podido acceder al primer auxilio del gobierno.

Se necesita una acción urgente, que consulte las maltrechas condiciones productivas y la precariedad de los ingresos presentes y futuros de los arruinados por el invierno. Más aún porque la Corte ni siquiera dejó en pié el decreto que buscaba crear los empleos de emergencia. Razones que llevaron a FEDEGÁN a elevar una solicitud al Presidente, consciente de las limitaciones constitucionales y legales para modificar el Predial. Nuestra propuesta es que, como parte de su convocatoria a la solidaridad nacional, inste a los Consejos Municipales para que eximan a ese 7% de los colombianos, del pago de este gravamen en las próximas dos vigencias.

Es una petición relacionada con principios de justicia, flexibilidad, coherencia, neutralidad y equidad, que se deberían predicar de todo sistema impositivo. Quizá sea hora de entrar al debate de la teoría fiscal, sobre la necesidad de medir la capacidad de pago de los contribuyentes para asumir las cargas fiscales y asignarlas en consonancia con el ingreso, productividad o renta de la tierra, consumo y riqueza: “dar trato igual a iguales y gravamen adecuado a personas en situación diferente”. Pero, además, con base en la eficiencia y calidad en la asignación y el gasto público que se financia con esos recaudos, medidas en términos de desarrollo de quienes los pagan.

Una postura que bien podría habilitar una política diferencial, que tienda al equilibrio y justicia en la imposición, no sólo entre contribuyentes, sino entre sectores o incluso ámbitos geográficos, que acusan marcadas asimetrías, como entre la periferia y el sector urbano. Supuesto que difícilmente se podría derivar del pago del Predial. La carga no sólo ha aumentado más que desproporcionalmente entre unos y otros, sino que la asignación actual dista mucho de consultar la productividad de la tierra o el bolsillo del contribuyente. El cobro a los damnificados es sólo el vergonzoso colofón, de una teoría fiscal aplicada a rajatabla.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.