Día Nacional del Ganadero

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

El viernes 30 de septiembre, conmemoramos una vez más el “Día Nacional del Ganadero”. El valor simbólico de esta jornada, impregnada por el recuerdo del magnicidio de José Raimundo Sojo Zambrano a manos de las FARC, hace parte de la catarsis en la que estamos inmersos los productores desde hace 6 años, con la añoranza de poder sepultar en paz, algún día, a nuestros muertos. En 2009 contamos 3.923 almas inmoladas al fragor del brutal conflicto armado. Identidades consignadas en el libro “Acabar con el olvido” que entregamos a la justicia, sin que se hayan emprendido las investigaciones para hacer verdad, justicia y reparación en la compleja historia de horror y despojo contra los ganaderos.

Honrar la memoria de estas víctimas invisibles, es y será nuestra forma de seguir buscando el reconocimiento de esta sociedad, sobre la vulnerable condición de los productores del sector, frente a la violencia que ha surcado el campo por décadas. Es y será nuestra forma de romper el estigma que nos tachó injustamente de victimarios y nos colgó lápidas al cuello. Es y será nuestra forma de mantener la memoria de todos los colombianos y colombianas que han sido desplazados, extorsionados, secuestrados y asesinados por el hecho de ser ganaderos.

Como parte de este doloroso trance FEDEGÁN y FUNDAGAN han emprendido una cruzada en las regiones para acompañar a las víctimas ganaderas, incluidos quienes fueron despojados de sus tierras. El objetivo del proyecto es facilitar el camino del reconocimiento de su estatus de víctimas y apoyar las acciones tendientes a la reparación de sus derechos y la restitución efectiva de sus tierras. Es parte del aporte del gremio en la implementación de las iniciativas en las que está empeñado el Gobierno Nacional.

Estamos dispuestos a dar un paso adelante en el camino hacia la paz, a convertir en realidad la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras para los ganaderos y en apostar a favor del nuevo modelo de desarrollo rural, con la esperanza de que pronto podamos decir “nunca más”. Son políticas que, sin duda, deben hacer posible el acceso universal a los bienes públicos y garantizar la presencia del Estado en términos de vías, crédito, seguridad, infraestructura para la producción y asesoría técnica para el campo, pero también para desterrar la violencia y su círculo vicioso de pobreza.

Nuestro anhelo es que se consolide un modelo de desarrollo económico y humano que garantice la paz, la riqueza y el bienestar en el país rural, en donde toman asiento dos de las locomotoras más fuertes para el progreso. Y si los proyectos del gobierno apuntan en esa dirección, ahí estará la comunidad ganadera. Porque lo que no puede seguir pasando es que el campo sea el comodín para ajustar las finanzas públicas, a punta de más y asfixiantes impuestos para los productores. Son momentos de particular afugia. Apenas sobreaguamos al invierno, a la nueva oleada de criminalidad, a la pérdida del mercado venezolano y al tránsito hacia el libre mercado con monstruos mundiales en materia cárnica y láctea, como para poder soportar  un nuevo embate fiscal.

Los proyectos para modernizar el sector, fortalecer su competitividad y avanzar hacia modelos productivos sostenibles y sustentables, como premisas del desarrollo y la paz, no se van a lograr justamente por la vía de ahogar las escasas posibilidades de inversión que tienen los productores. Habrá que buscar las “justas proporciones”. Tenemos una deuda moral y económica inaplazable con el 80% de nuestros productores que tiene menos de 50 bovinos. No sólo para hacer realidad sus sueños de vivir sin el lastre de la violencia, sino para llevarles bien-estar.

Postdata:

El “Premio Nacional de la Ganadería” que entregamos cada dos años, para promover la investigación y la creación de conocimiento aplicable a la modernización de la ganadería, así como reconocer la excelencia en el manejo de las empresas ganaderas, fue entregado en la versión 2010-2011 a: 

-Investigación en Ciencia y Tecnología para la Producción de Carne y Leche: otorgado al trabajo Sistemas Silvopastoriles Intensivos: Tecnología Inovadora Para una Ganadería Competitiva y Adaptada al Cambio Climático, presentado por el centro para la investigación en sistemas sostenibles de producción agropecuaria –CIPAV, Cali, Valle del Cauca.

-Excelencia Ganadera – Doble Propósito: otorgado a la Hacienda Fortaleza, presentada por Claudia Patricia Roldan Calle, de Montería, Córdoba.

- Excelencia Ganadera – Cría: otorgado a la Hacienda Brujas, presentada por Francisco González Arellano, de Puerto López - Meta.

-Excelencia Ganadera – Lechería Especializada: otorgado a la Hacienda Campoalegre presentada por G. E. Restrepo y Cía de Rionegro, Antioquia.

- Excelencia Ganadera – Empresas Sostenibles: otorgado a la Hacienda el Hatico, presentada por Reserva Natural El Hatico del Cerrito, Valle.

- Excelencia Ganadera – CEBA: otorgado a la hacienda el rancho presentada por Belmonte ltda. del municipio de Piedecuesta, Santander.

* Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN

¡ARAUCA!

¿Qué pasa en Arauca? ¿Por qué está siendo sometido nuevamente al terror? ¿Cómo puede ser que ‘la orden’ panfletaria de unos bandidos haya detenido la actividad en más de 23.000 kilómetros cuadrados y haya confinado a sus casas a más de 200.000 colombianos de bien?

Arauca ha sido un departamento ganadero desde siempre, y petrolero más recientemente, desde la década de los ochenta del siglo  pasado, cuando, por fin,  empezó a aparecer oro negro de este lado de la frontera. Es también uno de los departamentos de la Orinoquía que hoy miran con ojos codiciosos, además de las multinacionales  petroleras que se chupan el subsuelo, también las grandes empresas de agricultura extensiva que compiten por la tierra con la tradicional actividad ganadera, que en Arauca es además una verdadera cultura.

Pero Arauca hace parte, además,  de ese inmenso entorno rural que no ha logrado integrarse plenamente al desarrollo y a la modernidad, a pesar de los avances relativos financiados con la jugosa bolsa de las regalías. Por ello, Arauca ha sido, y lo que es peor, no ha dejado de ser escenario de la violencia de todas las marcas, que aún se resiste a desaparecer bajo la acción persistente y valerosa de la Fuerza Pública.

El Eln está celebrando, con más terror, la efemérides de más de tres décadas de terror de uno de sus frentes, y no encontró mejor forma que decretar un ‘paro armado’ con amenazas para quienes transitaran por las carreteras y abrieran sus comercios. No valió la convocatoria de las autoridades civiles y militares;  no valió la fuerte presencia militar en las carreteras y en los centros urbanos; los araucanos cedieron a la amenaza terrorista. Es desolador el panorama de toque de queda que mostraron los noticieros. ¿Por qué?

El terror paralizante es un fenómeno que afecta a los individuos y como tal es estudiado por la sicología, pero también afecta a las sociedades frente a una amenaza latente, que está ahí, que puede convertirse en desgracia.

Esto sucede en Arauca. Hoy hay un operativo impresionante para conjurar la amenaza del paro armado, pero lo araucanos saben que no puede ser permanente. Y lo que es peor, saben que, a pesar de la presencia importante de la Fuerza Pública, la guerrilla va y viene a uno y otro lado de ese Arauca vibrador que comparten con Venezuela. Para el gobernador Ataya, “La frontera es el problema número uno para el departamento de Arauca porque la guerrilla existe, se encuentra y sus campamentos están todavía en territorio venezolano…”

Por todo ello, a partir de un símil que me parece válido, le hago al señor ministro Pinzón y al Gobierno Nacional una propuesta en nombre de los ganaderos y de toda la comarca araucana. Los ganaderos colombianos, conjuntamente con el ICA y atendiendo requerimientos de las autoridades sanitarias internacionales, creamos en esa misma frontera una Zona de Alta Vigilancia –ZAV, con estrictos controles para evitar la circulación del virus de la fiebre aftosa proveniente de Venezuela, país que está muy lejos de nuestros esfuerzos sanitarios contra la enfermedad.

Señor Ministro: Para que los araucanos puedan superar ese terror paralizante, consolide una Zona de Alta Vigilancia, una ZAV militar con estrictos y permanentes controles para que el virus de la inseguridad no circule libremente desde una país que, al parecer, a pesar de los logros diplomáticos recientes, todavía está muy lejos de nuestros esfuerzos militares contra la violencia. A los ganaderos nos ha funcionado.

Presidente ejecutivo de FEDEGÁN

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Choque de competencias

La postura unánime que asumieron el Ministro de Defensa y el Comandante General de las Fuerzas Armadas en torno a la necesidad de fortalecer la Justicia Penal Militar, habla de la sensibilidad que está generando en los altos mandos el conflicto de competencias entre los tribunales militares y los de jurisdicción ordinaria. Comparto con el General Navas su propuesta de revisar a fondo, las contradicciones que pesan para el pleno reconocimiento y aplicación del derecho constitucional del Fuero Penal Militar. Un proceso que implica, en sus términos, “cambiar leyes de ángeles para combatir demonios”, formar a jueces y fiscales en la estrategia militar y reconocer el conflicto armado.

 

El mismo General Navas aclaró: no se trata de erigir tribunales de impunidad, pero tampoco de indefensión. Se trata de disponer de un régimen jurídico especial y especializado –en lo sustancial y procesal– para la Fuerza Pública. ¿La razón?, las funciones asignadas constitucionalmente para defender el territorio, mantener el orden público, garantizar el ejercicio de derechos y libertades y preservar el Estado de Derecho. Así como se les entrega el monopolio legítimo de las armas, su misión los obliga a operar en condiciones extremas y, de ser necesario, a entregar la vida por la causa. Realidades extraordinarias, que los convierten en ciudadanos “especiales”, fuera del común.

 

El objetivo es constituir una instancia en la que prevalezcan los principios de transparencia, independencia, equilibrio, imparcialidad, presunción de inocencia, respeto al debido proceso y a una defensa técnica. Una justicia garantista, tanto para los militares y policías que están siendo investigados, como para la sociedad en su conjunto. Una justicia que no esté ensombrecida por la duda, el manejo político o mediático, los procesos amañados y los dictámenes sesgados.

 

He hecho hincapié en tres propuestas para corregir las fallas que están minando el fuero militar, que coinciden con los postulados del General Navas. La primera, definir linderos entre las jurisdicciones. Se requiere establecer con claridad incuestionable, cuáles son las conductas delictivas en las que incurre un miembro de la fuerza pública, derivadas “de actos cometidos en servicio activo y en relación con el mismo”. En otras palabras, se ha vuelto difusa la frontera que definía el conocimiento de los delitos entre una y otra justicia. Hoy muchas conductas o infracciones del resorte interno de la estrategia militar, de sus manuales de operación y de la conducción de la guerra y las hostilidades, han dejado de ser de la estricta competencia de la jurisdicción castrense.

 

La segunda está relacionada con el desconocimiento que existe en la justicia ordinaria sobre las tácticas y estrategias de la guerra. ¿Cómo explicar que un poder disciplinario y judicial, que ignora los principios básicos de la práctica del combate y la naturaleza de las operaciones militares investigue, juzgue y sentencie a quienes hacen parte del cuerpo armado legítimo de la sociedad? Ello explica, pero no justifica, el sesgo ideológico y político que se ha producido y que, tristemente, ha terminado en fallos injustos a quienes cumplían con su deber.

 

Finalmente, el país tiene que valorar la diferencia entre los tiempos de paz y los tiempos de guerra. La existencia del “conflicto armado” ha sido reconocida, pero no se ha incorporado a las normas que regulan la institución castrense – tal y como existe en otros ordenamientos jurídicos del mundo–. Necesitamos dotar de garantías a los hombres y a las operaciones militares. Estamos en mora de despejar el camino a nuestros héroes anónimos. Necesitamos reconocer la naturaleza de estos hombres y aliviar el desasosiego que acompaña la tarea de ser militar hoy en Colombia. El momento es crucial. No podemos equivocarnos.

 

 

Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN

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Bienvenido señor Ministro

Los anuncios del Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dieron en el blanco en dos de las grietas que están resquebrajando los resultados en materia de seguridad: el primero, mantener una política unívoca para derrotar a los violentos. Y, en segundo lugar, la urgencia de mejorar el bienestar de la fuerza pública. Un propósito que pasa, según sus palabras, por fortalecer el Fuero y la Justicia Penal Militar. ¡En hora buena! Son los fundamentos para restablecer el estímulo de nuestros hombres en armas y un mensaje para narcoterroristas y sectores de la sociedad, que piensan que la criminalidad no puede ser derrotada.

No soy de los que cree que el desánimo de la fuerza pública, sea porque la cúpula esté comandada o no por un marino. Por supuesto, si el Ejército lleva el mayor peso de la guerra, cuánto mejor que el más sobresaliente de sus generales, asuma la responsabilidad del comando general de las FFAA. Pero el problema no está allí. Sino en la base, en aquellos que están en el frente de batalla y ven cómo sus compañeros de armas, después de una operación exitosa, son acusados por ONG´s que se mantiene al acecho y juzgados por la justicia ordinaria, sin el apoyo de una defensoría técnica judicial que les garantice su derecho al debido proceso.

Hablemos claro. Hoy asistimos a la derrota moral de quienes tienen que empuñar las armas, para proteger a una sociedad indiferente. Casos como el del General Plazas o el del Capitán Romero Padilla, o unos más recientes, como los del Coronel Mejía Gutiérrez o los diez militares en Antioquia, cuya condena a 30 años de prisión por un supuesto “falso positivo”, fue revocado por el Tribunal Superior de Medellín, empiezan a ser emblemáticos de la destorcida ideológica y judicial que ronda a la fuerza pública.

Son casos que han desnudado las imperfecciones del aparato judicial y las irregularidades procesales, con las que se decide el destino de los involucrados. Montajes, violaciones en la cadena de custodia, omisiones, falsos testigos y pruebas, manoseo político del algunas ONG y, especialmente, el conflicto de competencias jurisdiccionales, entre la Justicia Penal Militar y la Ordinaria, están habilitando tribunales, que no aseguran el derecho al debido al proceso o una defensa técnica.

Y es que en Colombia ha vuelto a hacer carrera el argumento de la imposibilidad de la derrota militar de la guerrilla y los mismos sectores que han vendido esa idea, han aupado una guerra política y judicial contra la fuerza pública. Estrategia que está inclinando la balanza y dándole un respiro a los alzados en armas. Hoy, detrás de cada operativo militar, están los autodenominados defensores de derechos humanos, prestos a empapelar y poner en la picota pública a militares y policías. Y, lo más grave: son retirados de la institución, antes de que se produzcan los fallos.

¿Puede la fuerza pública vencer la criminalidad en estas condiciones? La respuesta es no. Y ellos lo saben. Por esos sus adláteres hacen eco a inconvenientes procesos de paz, al ritmo que incrementa la guerra política y judicial con la tesis de que la guerrilla no se puede derrotar. ¿Qué pueden estar pensando los militares de Antioquia, cuando su vida casi se convierte en una pesadilla de 30 años de prisión y ven que sus falsos acusadores son hoy los potenciales beneficiarios de una paz negociada? Señor Ministro, adelante sin vacilaciones. Una democracia plena como la nuestra puede y debe derrotar a los violentos y lo hará de la mano del Fuero Militar. No olvidemos que las guerras se ganan en el corazón de los soldados.

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La renuncia del Ministro

Agradecemos al saliente Ministro de Defensa sus buenos oficios, en la difícil labor de mantener la lucha contra la insurgencia, el crimen organizado y el narcoterrorismo. Infortunadamente, la reciente escalada de violencia evidencia grietas en la estrategia ofensiva, que montaron la política de seguridad en una bicicleta estática, como él mismo reconociera ante los miembros de la Junta Directiva de FEDEGÁN. La pregunta es, entonces, en qué estamos fallando. Creo que en al menos dos frentes. El primero, es que no hemos podido eliminar los sustratos que alimentan la guerra. Y, en segundo lugar, nos encargamos como sociedad de minar la moral de combate de nuestras tropas.

No es nuevo escudriñar en la correlación que existe entre narco-pobreza y crimen. La connivencia de esta fuerza tripartita, ha desgarrado por décadas al país. Con un agravante. Los avances en la guerra contra la producción y comercialización de estupefacientes –de lejos la mayor fuente de financiación de la insurgencia y las bandas criminales–, parecen esfumarse tras el espurio manto de nuevas modalidades de delitos, que están nutriendo la compra de armas. Insumo que está elevando el estatus de las BACRIM a la de poderosos carteles, pero también reactivando la presencia de los comandos guerrilleros.

Para quienes vivimos o producimos en la ruralidad, escenario por antonomasia de la violencia y, en particular, para los ganaderos –víctimas no siempre bien ponderas del conflicto–, es palpable que el hampa está innovando. Al micro tráfico de narcóticos, se han venido sumando la micro extorsión, el robo de maquinaria y un renovado abigeo, que en muchas partes de nuestra geografía, ha llegado a sumar numerosas cabezas de ganado en el último mes, con cero posibilidades de denunciar. En otras palabras, se está remozando peligrosamente la “economía de guerra” y estamos atrapados en su juego.

El modelo económico poco ayuda. Antes bien, ha diseminado desamparo, falta de oportunidades y precariedad de bienes públicos en el campo, justo donde los criminales reclutan sus milicianos. A pocos kilómetros de Cartagena, cerca del caserío de Ballestas, el hampa se disputa una vulgar “bolsa de empleo”. Los secuestradores, extorsionistas, sicarios y cuatreros del Atlántico se contratan allí, mientras que la gente buena, que es mucha, tiene que callar. Allí confluye la necesidad, con lo que se pueda hacer para ganarse la vida. Otro tanto ocurre cerca de Maicao, Ituango, Caucacia, Ariari, Vistahermosa, Tierralta, Aguachica o el norte del Huila o Cauca. Muchas de ellas zonas que se había recuperado, pero que hoy viven el resurgir del miedo.

A este panorama se adiciona la mengua en la moral de nuestros soldados y policías. Su miedo está en que la justicia y la sociedad, se volvieron en su contra y se nutre de una estrategia de desprestigio mediático de la institución. Han venido asistiendo al peligroso desmonte de la Justicia Penal Militar y muchos casos que debían ser de su competencia, han pasado a la Ordinaria.

Son estos algunos de los retos que asume el nuevo jefe de la cartera, Juan Carlos Pinzón. Usted, señor Ministro, tendrá la obligación de hacer confluir a las instituciones y las políticas públicas, para frenar las nuevas amenazas que están emergiendo para la seguridad. Es un hecho que mientras no se ataquen las fuentes que alimentan la guerra, que mientras no acabemos con el círculo vicioso de pobreza en el campo que nutre las filas de la insurgencia y las BACRIM y que mientras no recobremos la moral de combate del Ejército y la Policía, la espiral de violencia continuará. Ahora usted tiene la palabra. Le deseamos los mayores éxitos y cuente con el apoyo de los ganaderos.

Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN

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