Los anuncios del Ministro de
Defensa, Juan Carlos Pinzón, dieron en el blanco en dos de las grietas que están
resquebrajando los resultados en materia de seguridad: el primero, mantener una
política unívoca para derrotar a los violentos. Y, en segundo lugar, la
urgencia de mejorar el bienestar de la fuerza pública. Un propósito que pasa,
según sus palabras, por fortalecer el Fuero y la Justicia Penal Militar. ¡En
hora buena! Son los fundamentos para restablecer el estímulo de nuestros
hombres en armas y un mensaje para narcoterroristas y sectores de la sociedad,
que piensan que la criminalidad no puede ser derrotada.
No soy de los que cree que el
desánimo de la fuerza pública, sea porque la cúpula esté comandada o no por un
marino. Por supuesto, si el Ejército lleva el mayor peso de la guerra, cuánto
mejor que el más sobresaliente de sus generales, asuma la responsabilidad del
comando general de las FFAA. Pero el problema no está allí. Sino en la base, en
aquellos que están en el frente de batalla y ven cómo sus compañeros de armas,
después de una operación exitosa, son acusados por ONG´s que se mantiene al
acecho y juzgados por la justicia ordinaria, sin el apoyo de una defensoría
técnica judicial que les garantice su derecho al debido proceso.
Hablemos claro. Hoy asistimos
a la derrota moral de quienes tienen que empuñar las armas, para proteger a una
sociedad indiferente. Casos como el del General Plazas o el del Capitán Romero
Padilla, o unos más recientes, como los del Coronel Mejía Gutiérrez o los diez
militares en Antioquia, cuya condena a 30 años de prisión por un supuesto
“falso positivo”, fue revocado por el Tribunal Superior de Medellín, empiezan a
ser emblemáticos de la destorcida ideológica y judicial que ronda a la fuerza
pública.
Son casos que han desnudado
las imperfecciones del aparato judicial y las irregularidades procesales, con
las que se decide el destino de los involucrados. Montajes, violaciones en la
cadena de custodia, omisiones, falsos testigos y pruebas, manoseo político del
algunas ONG y, especialmente, el conflicto de competencias jurisdiccionales,
entre la Justicia Penal Militar y la Ordinaria, están habilitando tribunales,
que no aseguran el derecho al debido al proceso o una defensa técnica.
Y es que en Colombia ha vuelto
a hacer carrera el argumento de la imposibilidad de la derrota militar de la
guerrilla y los mismos sectores que han vendido esa idea, han aupado una guerra
política y judicial contra la fuerza pública. Estrategia que está inclinando la
balanza y dándole un respiro a los alzados en armas. Hoy, detrás de cada
operativo militar, están los autodenominados defensores de derechos humanos,
prestos a empapelar y poner en la picota pública a militares y policías. Y, lo
más grave: son retirados de la institución, antes de que se produzcan los
fallos.
¿Puede la fuerza pública
vencer la criminalidad en estas condiciones? La respuesta es no. Y ellos lo
saben. Por esos sus adláteres hacen eco a inconvenientes procesos de
paz, al ritmo que incrementa la guerra política y judicial con la tesis de que
la guerrilla no se puede derrotar. ¿Qué pueden estar pensando los militares de
Antioquia, cuando su vida casi se convierte en una pesadilla de 30 años de
prisión y ven que sus falsos acusadores son hoy los potenciales beneficiarios
de una paz negociada? Señor Ministro, adelante sin vacilaciones. Una democracia
plena como la nuestra puede y debe derrotar a los violentos y lo hará de la
mano del Fuero Militar. No olvidemos que las guerras se ganan en el corazón de
los soldados.
Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN
Sígueme en Twitter
@jflafaurie
No hay comentarios:
Publicar un comentario