Carrusel de versiones

José Félix Lafaurie Rivera*

@jlafaurie

Bajo el título “Tráfico de versiones” publiqué, en mayo de 2009, una columna similar en su contenido a esta, cuando empezaron a circular listas de ganaderos y empresarios de diversos sectores, extorsionados por abogados y delincuentes presos en el país y en el exterior, para no ser incluidos en sus injuriosas versiones ante la justicia. Dije entonces, que durante décadas fuimos víctimas de la extorsión de guerrillas y paramilitares, que nos obligaron a pagar por nuestro derecho a la libertad, la vida y el trabajo.

Tres años después, las circunstancias no han cambiado en lo sustancial. Enfrentamos un carrusel de versiones desde sectores, que buscan condenar a los ganaderos ante la sociedad. Mientras algunas voces afirman que hemos creado grupos anti-restitución en ¡400 municipios!, las de los paramilitares extraditados tienen a Jorge Visbal con medida de aseguramiento y empiezan a acusarnos de oscuras intrigas para nombrar fiscal, con versiones fantasiosas que incluyen a funcionarios de Fedegán recaudando dineros por maletadas, para sobornar a la Corte Suprema de Justicia.

De inverosímil han calificado esta versión columnistas objetivos. No dudo en afirmar que, de lo puro malintencionada y torcida, es sencillamente delirante. No sólo es otra arremetida contra la ganadería, lo cual es grave, sino una acusación a la Corte Suprema de la época (2005), de estar permeada por el narco-paramilitarismo. Algo verdaderamente desestabilizador para nuestras instituciones democráticas.

Los ganaderos, víctimas de guerrilleros y paramilitares, hoy empezamos a ser objetivo de otra victimización por parte de sectores interesados en estigmatizar al gremio y sabotear la restitución de tierras. No dudan en llevarse por delante a quien sea, con tal de satisfacer sus odios y mejorar su posición ante la justicia. Una vez más, están en juego nuestra libertad, nuestro buen nombre y nuestra vida.

Lo había advertido. Alerté a los ganaderos cuando, además, acepté la responsabilidad colectiva que les pudiera corresponder, por el pago a que se vieron obligados por falta de protección del Estado. Sostuve que quien hubiese violado la ley debía responder ante la justicia, pero que la contribución extorsiva no podía interpretarse como un auspicio o de “relaciones” de las que hoy persigue la justicia a partir de las versiones de desmovilizados.

Estamos ante un carrusel de versiones, de mentira por entregas, al vaivén de las conveniencias de delincuentes que hoy confiesan y mañana se retractan; hoy recuerdan que hablaron con fulano y mañana con zutano. Es una cacería de brujas, una oleada de desinformación e insólitos señalamientos. Podría decirse que “el que nada debe, nada teme”, pero no es así; el que nada debe, que también tema, ante la posibilidad de versiones infames y sin sustento.

Y qué mejor que un ganadero para acusarlo de paramilitar por los unos y vulgar delincuente por los mismos paramilitares. Infortunadamente, el gremio carga con estigmas, por haber vivido en medio de la violencia rural; violencia de la que fuimos víctimas, nunca victimarios. El libro
Acabar con el Olvido recoge la lista de 4.000 ganaderos secuestrados y asesinados, y es larga la de extorsionados y despojados. Resulta inadmisible que terminemos otra vez victimizados, ya no por la fuerza de las armas sino por la versión mentirosa de delincuentes.

Confiamos en la justicia, pero consideramos inaceptable que, sin que medie prueba, más allá del testimonio de un criminal, se vincule a una persona y se dicte medida de aseguramiento. Reitero la posición del gremio de colocar en el Estado la responsabilidad total de la defensa de los ciudadanos, porque el país No puede volverse a equivocar. Los ganaderos, víctimas de la extorsión durante medio siglo, no lo serán más, por cuenta de nadie. Tenemos derecho a nuestra libertad, a la vida y a nuestro buen nombre.

Presidente de Fedegán*

LINCHAMIENTO MORAL

José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

Desde hace medio siglo, cuando la guerrilla nos declaró objetivo militar y sus voceros urbanos objetivo de la guerra ideológica y política, el gremio ganadero ha lidiado con el estigma de ser un sector terrateniente, explotador y paramilitar; estigma que nuestros contradictores se han encargado de vocear en forma permanente e injusta con los 500.000 ganaderos colombianos, la mayoría pequeños y medianos trabajadores del campo, víctimas, como todos los pobladores rurales, de la violencia cruzada de guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes.

Pero las cosas están pasando de castaño a oscuro. De un tiempo para acá, asistimos a un verdadero “linchamiento moral”, por parte de una especie de cofradía de columnistas y “formadores de opinión”, concentrados en una perversa estrategia de desprestigio de los ganaderos y de la ganadería como sector. Y en ese empeño no han dudado, inclusive, en llevarse por delante la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

En efecto, en el arranque del inédito y enorme ejercicio de justicia que representa el proceso de restitución, la Corporación Nuevo Arco Iris le lanzó una carga de profundidad al afirmar ante la opinión pública –no ante las autoridades, como correspondía– que los ganaderos del Cesar habían conformado grupos armados antirestitución. Muy rápido, el representante Cepeda, cuantificó en 200 el número de municipios con presencia de estos grupos, para luego rectificar irresponsablemente y ajustarlo a 400 municipios. Es decir, según Cepeda, en un santiamén, la tercera parte del país se infestó de grupos antirestitución financiados por ganaderos.

En el entretanto, La Silla Vacía sacó de contexto unas declaraciones mías de 2006, y con ellas pretendió hacer creer que los ganaderos financiaron grupos paramilitares. No. Lo que dije fue diferente y hoy lo puedo repetir. Luego de veinte años de victimización, los ganaderos apoyaron las Convivir, creadas por el Gobierno  como parte de una política de seguridad rural y amparadas por la exequibilidad de la Corte Constitucional. Fueron concebidas como un servicio privado de seguridad, análogo al que existe en las ciudades, pero al ser infiltradas por el narcotráfico,  el Gobierno decidió proscribirlas, y el gremio ganadero las rechazó, como siempre ha rechazado cualquier  opción de seguridad al margen de la Ley.

Dije también, que quien tuviera responsabilidades penales, las asumiera; pero que el ganadero extorsionado, no podía ser encausado como “financiador”, por cuenta de la vacuna impuesta por el terror. Planteé que la ganadería, como colectivo, aceptaba su responsabilidad, que no era menor a la de otros sectores de la economía ni a la del Estado, responsable del abandono que convirtió al campo en feudo de guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes. Una realidad que significó el asesinato de miles de los nuestros, como quedó registrado en el libro “Acabar con el Olvido”, incontestado por los administradores de justicia y aún en la más vergonzosa impunidad.

El mismo medio digital, no solo se unió para condenar a Jorge Visbal, sino que la emprendió contra la ganadería y contra Fedegán, endilgándole responsabilidades para con las víctimas del paramilitarismo, en otra aberrante generalización que no se compadece con la realidad del gremio ni con su condición de víctima de la violencia.

¿Por qué Fedegán? ¿Por qué los ganaderos? ¿Quién está detrás de esta estrategia de linchamiento moral? ¿Quién será el próximo? Las preguntas se imponen. Tal vez yo, o cualquier otro, sólo se necesita la acusación perversa de uno de tantos malquerientes de la ganadería. Lo reitero: los ganaderos hemos sido víctimas y, en consecuencia,  Fedegán continuará defendiendo la dignidad de 500.000 colombianos dedicados a esta actividad. Se lo debemos a nuestras víctimas, al futuro de la ganadería y al campo colombiano.

*Presidente ejecutivo de Fedegán.

Persisten las fuerzas del conflicto

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

El deterioro de la seguridad dejó de ser un asunto de simple percepción ciudadana. En el último año y medio, la ola de criminalidad ha sido exponencial en casi todo el país. Los actos terroristas, los hostigamientos contra la fuerza pública, las masacres,el secuestro y el hurto se reactivaron a niveles que no veíamos en el último lustro. ¿Qué está pasando? Me atrevería a decir que los factores generadores de violencia volvieron a tomar vida e inclusive se repotenciaron, con la connivencia de nuevos fenómenos, que están socavando el delicado tejido de nuestra cohesión social. Con un agravante: no hemos sincerado el debate.

La situación en el Urabá antioqueño y chocoano no  es aislada. Los habitantes del Magdalena, del sur de Bolívar, de la Serranía del Perijá, de los Montes de María, del Catatumbo o del norte del Cauca hablan de lo mismo: de las alianzas siniestras entre guerrillas, bandas criminales y narcotráfico. El explosivo coctel evidencia los enormes boquetes que se abrieron en el combate al narco-terrorismo, cuyas estructuras –que otrora fueron el centro de la exitosa estrategia de la política de seguridad– lucen intactas. 

La estrategia es vox populi en zonas semi-urbanas y rurales del país, en donde el sentimiento de frustración crece, pues la paz que creíamos cercana, se diluye ante la nueva amenaza. Quienes la viven, saben que volvimos a un escenario de guerra asimétrica. De un lado, están las alianzas criminales que funcionan no sólo para la producción de ilícitos, el narcomenudeo o el rasponazo a la producción minera y petrolera. También se activan para ejecutar la guerra de guerrillas contra la población civil, impulsar los paros armados o las invasiones ilegales de predios.

Del otro lado, están nuestras fuerzas armadas, que afrontan la indefensión jurídica y una animadversión que crece, por cuenta de una campaña mediática sin precedentes. A la carencia de una defensa técnica y jurídica, se sumó la lucha ideológica en contra del derecho constitucional del Fuero Penal Militar. Una cruzada avivada por activistas profesionales de ONG´s, afectos al narco-terrorismo y de una izquierda recalcitrante que, incluso ha aprovechado el desconcertante discurso de la “llave de la paz” y del mal llamado proyecto de ley de justicia transicional. En las tropas la disyuntiva es la misma: no tiene sentido combatir para ser empapelado o para ver en un futuro al enemigo riendo desde las mesas de negociación.

Más aún, las redes de informantes que funcionaban en la ruralidad al amparo de la fuerza pública, han venido siendo desmanteladas. Malo para nuestro Ejército y nuestra Policía, pues estas estructuras eran parte de los ojos en la retaguardia de las tropas. Y muy malo para la ruralidad, que vuelve a enfrentar la desprotección, la imposibilidad de la denuncia y los ánimos caldeados que están instigando quienes están interesados en mantener los odios y evitar que prospere la paz en el país de la mano del monopolio de las armas del Estado.

Necesitamos hacer un alto. La reorientación de la estrategia militar de la que hablaron los Generales Navas y Mantilla, es sólo la punta de iceberg que requerimos, para afrontar el enorme desafío que hoy supone la obscena articulación de la criminalidad, extendida en casi toda la geografía nacional. Para superar los odios que se están sembrando en región por cuenta de los enormes retos, económicos, sociales y jurídicos de la restitución de tierras. Para cerrar las puertas giratorias de nuestras fronteras al hampa y para consolidar una política anti-narcóticos que ponga fin a la financiación del conflicto.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.

¿Y de las políticas de desarrollo rural qué?

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

Desde enero, cuando entró en vigencia la Ley de Víctimas, el tema de la propiedad rural eclipsó el debate nacional y destapó un polvorín, que apenas empezamos a percibir. Preocupa, que en medio de la velocidad de las marchas para reclamar derechos amparados por la Ley 1448 –que los ganaderos, en nuestra condición de víctimas también abrigamos– han tenido lugar otros levantamientos, menos mediáticos pero igual de inflamables, que nadie atiende. Demandan acceso a insumos, riego, mercados o vías. Exigencias de ayer que se mezclarán, irremediablemente, con las del batallón de almas que retornarán al campo y que terminarán por encender la mecha.

Tristemente, el discurso ideológico se ha dirigido en forma exclusiva a estigmatizar a la ganadería, por ocupar más área de la recomendada para su vocación, pero ha sido incapaz de poner el dedo en las llagas que, históricamente, han convulsionado la ruralidad. Hoy como ayer, nos asedian las deficiencias en cobertura de bienes públicos y activos productivos –tecnología, infraestructura, recursos financieros, organización social o comercialización–, la desarticulación de cadenas y la inexperiencia del capital humano. Aún así, nos acosan para competir en los TLC leoninos para la producción agropecuaria.

El ejemplo de cientos de productores, que han intentado volver a sembrar algodón en el norte del Cesar, es emblemático de la frágil situación “agraria”. A los desarrollos tecnológicos de las semillas transgénicas y de un precio de referencia, se sumó un camino de abrojos, que da cuenta de viejas deficiencias en los encadenamientos entre el sector primario y el transformador. Los costos de producción, derivados de los altos precios de semillas, fertilizantes, combustibles y transporte por trochas, no se conduelen con las imposiciones de los industriales, que han dejado sin desmote, sin mercado y sin canales de comercialización a 3.500 toneladas de fibra y 5.000 toneladas de semilla motosa.

¿Qué ha pasado con las políticas públicas para el campo? No es admisible que un cultivo como el algodón –que de 400 mil hectáreas sembradas en 1978, pasó a casi 0 a principios de los noventa, por cuenta de modelos antiagraristas– intente renacer sobre el esfuerzo exclusivo de un puñado de agricultores, pero también sobre su propio descalabro financiero. Pero esta realidad de los algodoneros, encarna preocupaciones de mayor calado que conectan, inevitablemente, con el proceso de restitución y con la misma transformación productiva y territorial en que está empeñado el Gobierno.

Si el país no tiene instrumentos de política para reactivar 100.000 o 200.000 hectáreas en algodón, me pregunto ¿cómo garantizar la permanencia de 350.000 familias que retornarán a no menos de 2 millones de hectáreas, en el envión inicial de la restitución? Difícilmente son sujeto crédito o asesoría técnica y estamos lejos de asegurar la productividad de sus cultivos, un mercado para venderlos o incluso su protección. Más aún ¿cómo reconvertir de la noche a la mañana 10 millones de hectáreas, 3 o 4 millones de ellas a usos agrícolas? No en vano se produjo la “ganaderización” del campo, de la que se habla con tanta maledicencia. Fue la única salida para miles de productores que expulsó la apertura económica a la quiebra, aunque hoy pretendan desconocerlo quienes adoctrinan desde poltronas en las ciudades.

El clima insano que están atizando los activistas profesionales, que manosean la Ley de Víctimas como bandera política y la ausencia de “gobernanza rural”, no hacen parte del rompecabezas de la transformación “agraria” o la restitución de tierras. O lo que es lo mismo: del desarrollo de los que están y los que vuelven, de los sistemas de producción establecidos y los 10 millones de hectáreas a reconvertir. Son procesos que requieren la misma profundidad y compromiso estatal. La tierra per sé no hace posible el crecimiento económico y el desarrollo humano integral. Privilegiar el asunto de la tierra, sin construir, en forma paralela, mejores condiciones de vida en el campo, sólo nos llevará a transitar por otros 50 años de violencia.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN

Se imponen las compensaciones ecológicas

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

El desarrollo rural y ambiental del país está afincado, en buena medida, en la forma como se resuelvan las tensiones sobre el uso del suelo y el subsuelo. Un asunto de fondo, que no ha ido más allá de cuestionar las hectáreas dedicadas a ganadería y de apuestas que poco le aportan al verdadero ordenamiento territorial y productivo de la tierra y a la visión conservacionista del progreso. Pero esta tarea tantas veces aplazada, hoy es inminente tras el empuje de la locomotora minero-energética, que ha agudizado el debate entre las visiones apocalípticas de los ambientalistas y quienes creemos que es falsa la dicotomía entre desarrollo rural y minero y la protección del ecosistema.

Las recientes exploraciones tecnológicas, nos llevan a pensar que es posible el desarrollo del trinomio: minería, sector agropecuario y futuro ambiental y que las tres actividades son complementarias y compatibles. Es la experiencia recabada con los Sistemas de Producción Silvopatoriles Intensivos (SSPi) en explotaciones ganaderas tradicionales. La presencia de árboles y arbustos que los caracterizan, generan beneficios ambientales en materia de biodiversidad y retención hídrica. Pero, además, mitigan la desertificación, crean un microclima que reduce las temperaturas en más de 2 grados a lo largo del año, disminuyen las emisiones de metano en un 21% y actúan como sumideros de carbono, que ayudan a paliar otros gases de efecto invernadero en más del 40%.

El establecimiento de estos sistemas en enclaves minero-energéticos o cerca de donde se desarrollan, podrían contribuir a generar bienes y servicios ambientales, con efectos positivos regionales, nacionales y globales. Lo cual convierte a los sistemas ganaderos asociados con árboles, en una oportunidad para el pago de compensaciones mineras por los daños ecológicos causados, generando incluso usos alternativos que, además de la prevención o rehabilitación de los ecosistemas, puedan albergar actividades productivas agropecuarias y forestales, en condiciones sostenibles y sustentables ambientalmente.

En zonas como el Cesar y La Guajira, en donde se encuentra el mayor enclave de minería a cielo abierto –con más de un millón de hectáreas comprometidas, para la extracción anual de cerca de 100 millones de toneladas de carbón– la instauración de 200  o 300 mil hectáreas con SSPi, podrían generar a la vuelta de una década, círculos virtuosos para mitigar o restaurar los territorios de la vieja cuenca del río Cesar. Pero, además, con dinámicas favorables en materia socio-económica y de generación de empleo.

No obstante, un desarrollo de esta naturaleza, no puede hacerse en ausencia de políticas públicas coherentes con el reto de crecer y conservar, de una institucionalidad fuerte y de una gobernanza que facilite la afluencia de recursos, tanto del sector público como del privado, para alimentar nuestro propio “Fondo verde” que, además de los incentivos dispuestos por el gobierno a través del ICR, pudiera sumar un aliciente para quienes decidan meterse la mano al dril para financiar la siembra de estos sistemas boscosos.

Al menos tres verdades corren paralelas a la urgencia de erigir una política de Estado, que haga posible las complementariedades entre el desarrollo rural y minero con el ambiental. La primera, es que necesitamos un crecimiento competitivo, pero responsable ambientalmente. La segunda, es que no podemos prescindir de los recursos mineros o menguar la producción agroalimentaria, ni hoy ni el futuro, de cara a las riquezas del país y las oportunidades y retos del agro-negocio mundial. Y la tercera, es que la solución al conflicto del uso de la tierra y el ordenamiento territorial y productivo, debe gestarse en función de la vocación de los suelos, como única alternativa para lograr el equilibro entre la conservación del ecosistema y la seguridad alimentaria y energética.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN