@jflafaurie
El deterioro de la seguridad dejó de ser un asunto de simple percepción
ciudadana. En el último año y medio, la ola de criminalidad ha sido exponencial
en casi todo el país. Los actos terroristas, los hostigamientos contra la
fuerza pública, las masacres,el secuestro y el hurto se reactivaron a niveles
que no veíamos en el último lustro. ¿Qué está pasando? Me atrevería a decir que
los factores generadores de violencia volvieron a tomar vida e inclusive se
repotenciaron, con la connivencia de nuevos fenómenos, que están socavando el
delicado tejido de nuestra cohesión social. Con un agravante: no hemos
sincerado el debate.
La situación en el Urabá antioqueño y chocoano no es aislada. Los
habitantes del Magdalena, del sur de Bolívar, de la Serranía del Perijá, de los
Montes de María, del Catatumbo o del norte del Cauca hablan de lo mismo: de las
alianzas siniestras entre guerrillas, bandas criminales y narcotráfico. El
explosivo coctel evidencia los enormes boquetes que se abrieron en el
combate al narco-terrorismo, cuyas estructuras –que otrora fueron el centro de
la exitosa estrategia de la política de seguridad– lucen intactas.
La estrategia es vox populi en zonas semi-urbanas y rurales del
país, en donde el sentimiento de frustración crece, pues la paz que creíamos
cercana, se diluye ante la nueva amenaza. Quienes la viven, saben que volvimos
a un escenario de guerra asimétrica. De un lado, están las alianzas criminales
que funcionan no sólo para la producción de ilícitos, el narcomenudeo o el
rasponazo a la producción minera y petrolera. También se activan para ejecutar
la guerra de guerrillas contra la población civil, impulsar los paros armados o
las invasiones ilegales de predios.
Del otro lado, están nuestras fuerzas armadas, que afrontan la
indefensión jurídica y una animadversión que crece, por cuenta de una campaña
mediática sin precedentes. A la carencia de una defensa técnica y jurídica, se
sumó la lucha ideológica en contra del derecho constitucional del Fuero Penal
Militar. Una cruzada avivada por activistas profesionales de ONG´s, afectos al
narco-terrorismo y de una izquierda recalcitrante que, incluso ha aprovechado
el desconcertante discurso de la “llave de la paz” y del mal llamado proyecto
de ley de justicia transicional. En las tropas la disyuntiva es la misma: no
tiene sentido combatir para ser empapelado o para ver en un futuro al enemigo
riendo desde las mesas de negociación.
Más aún, las redes de informantes que funcionaban en la ruralidad al
amparo de la fuerza pública, han venido siendo desmanteladas. Malo para nuestro
Ejército y nuestra Policía, pues estas estructuras eran parte de los ojos en la
retaguardia de las tropas. Y muy malo para la ruralidad, que vuelve a enfrentar
la desprotección, la imposibilidad de la denuncia y los ánimos caldeados que
están instigando quienes están interesados en mantener los odios y evitar que
prospere la paz en el país de la mano del monopolio de las armas del Estado.
Necesitamos hacer un alto. La reorientación de la estrategia militar de
la que hablaron los Generales Navas y Mantilla, es sólo la punta de iceberg que
requerimos, para afrontar el enorme desafío que hoy supone la obscena articulación
de la criminalidad, extendida en casi toda la geografía nacional. Para superar
los odios que se están sembrando en región por cuenta de los enormes retos,
económicos, sociales y jurídicos de la restitución de tierras. Para cerrar las
puertas giratorias de nuestras fronteras al hampa y para consolidar una
política anti-narcóticos que ponga fin a la financiación del conflicto.
*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.
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