@jflafaurie
El desarrollo rural y ambiental del país está
afincado, en buena medida, en la forma como se resuelvan las tensiones sobre el
uso del suelo y el subsuelo. Un asunto de fondo, que no ha ido más allá de
cuestionar las hectáreas dedicadas a ganadería y de apuestas que poco le
aportan al verdadero ordenamiento territorial y productivo de la tierra y a la
visión conservacionista del progreso. Pero esta tarea tantas veces aplazada,
hoy es inminente tras el empuje de la locomotora minero-energética, que ha
agudizado el debate entre las visiones apocalípticas de los ambientalistas y
quienes creemos que es falsa la dicotomía entre desarrollo rural y minero y la
protección del ecosistema.
Las recientes exploraciones tecnológicas, nos llevan a
pensar que es posible el desarrollo del trinomio: minería, sector agropecuario
y futuro ambiental y que las tres actividades son complementarias y
compatibles. Es la experiencia recabada con los Sistemas de Producción
Silvopatoriles Intensivos (SSPi) en explotaciones ganaderas tradicionales. La presencia de árboles y arbustos que los
caracterizan, generan beneficios ambientales en materia de biodiversidad y
retención hídrica. Pero, además, mitigan la desertificación, crean un
microclima que reduce las temperaturas
en más de 2 grados a lo largo del año, disminuyen las emisiones de metano en un
21% y actúan como sumideros de carbono, que ayudan a paliar otros gases de
efecto invernadero en más del 40%.
El establecimiento de estos sistemas en enclaves
minero-energéticos o cerca de donde se desarrollan, podrían contribuir a
generar bienes y servicios ambientales, con efectos positivos regionales,
nacionales y globales. Lo cual convierte a los sistemas ganaderos asociados con
árboles, en una oportunidad para el pago de compensaciones mineras por los
daños ecológicos causados, generando incluso usos alternativos que, además de la prevención o
rehabilitación de los ecosistemas, puedan albergar actividades productivas
agropecuarias y forestales, en
condiciones sostenibles y sustentables ambientalmente.
En zonas como el Cesar y La Guajira, en donde se
encuentra el mayor enclave de minería a cielo abierto –con más de un millón de
hectáreas comprometidas, para la extracción anual de cerca de 100 millones de
toneladas de carbón– la instauración de 200 o 300 mil hectáreas con SSPi,
podrían generar a la vuelta de una década, círculos virtuosos para mitigar o
restaurar los territorios de la vieja cuenca del río Cesar. Pero, además, con
dinámicas favorables en materia socio-económica y de generación de empleo.
No obstante, un desarrollo de esta naturaleza, no
puede hacerse en ausencia de políticas públicas coherentes con el reto de
crecer y conservar, de una institucionalidad fuerte y de una gobernanza que
facilite la afluencia de recursos, tanto del sector público como del privado,
para alimentar nuestro propio “Fondo verde” que, además de los incentivos
dispuestos por el gobierno a través del ICR, pudiera sumar un aliciente para
quienes decidan meterse la mano al dril para financiar la siembra de estos
sistemas boscosos.
Al menos tres verdades corren paralelas a la urgencia
de erigir una política de Estado, que haga posible las complementariedades
entre el desarrollo rural y minero con el ambiental. La primera, es que
necesitamos un crecimiento competitivo, pero responsable ambientalmente. La
segunda, es que no podemos prescindir de los recursos mineros o menguar la producción
agroalimentaria, ni hoy ni el futuro, de cara a las riquezas del país y las
oportunidades y retos del agro-negocio mundial. Y la tercera, es que la solución
al conflicto del uso de la tierra y el ordenamiento territorial y productivo,
debe gestarse en función de la vocación de los suelos, como única alternativa
para lograr el equilibro entre la conservación del ecosistema y la seguridad
alimentaria y energética.
*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN
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