Se cierra ominoso capítulo

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

La aprobación de la reforma al Fuero Penal Militar llega en un momento decisivo para nuestros hombres en armas. La medida equilibra la balanza de la justicia, pues mientras los uniformados permanecían degradados a la infame e injusta categoría de “criminales”, la guerrilla buscaba a través de sus cuadros, la victoria política que no logró en el campo militar. Bien por el Congreso. Deroga, como también lo acaba de hacer el Consejo de Estado, el convenio entre el MinDefensa y la Fiscalía –por el que tanto presionaron las ONG de izquierda en 2006– y restituye los derechos procesales y jurídicos a los militares. Imperó el interés nacional sobre el manoseo ideológico de los “defensores de derechos humanos”, que más parecían aves de rapiña expoliando el prestigio de la institución castrense.

Se cierra el capítulo que por 6 años, sometió las operaciones militares y los delitos cometidos por la Fuerza Pública –incluso los asociados con actos del servicio– al escrutinio de la Justicia Ordinaria. Una vía que anuló la Justicia Penal Militar y violó disposiciones constitucionales y legales –que establecían la competencia de cortes marciales y tribunales militares para juzgarlos– sometiendo a miles de militares y policías a juzgamientos arbitrarios. Un absurdo para un país en guerra que, de plano desconocía la milenaria evolución conceptual del fuero militar. Desde 2006 nuestros hombres no sólo debían ganar la guerra en el campo militar, sino también en el político y el judicial. La más dura de sus batallas.

Con el tiempo la mayoría de los procesos se trasladaron a la justicia civil, muchos asimilados erróneamente a “falsos positivos” o violaciones de derechos humanos, cuando se trataba de muertes en combates contra grupos irregulares, con enorme capacidad de fuego. Las cifras lo dicen: de los 4.311 casos que investiga la Fiscalía, 735 fueron trasladados a esa jurisdicción entre 1986 y 2005. Mientras que entre 2006 y 2012 –lapso en que no operó el fuero y rigió el convenio– un total de 3.576 pasaron a esa instancia, un aumento de 386%. Una peligrosa tendencia que afectaba el derecho al debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a una defensa técnica y a un tribunal especializado. Fallas que esperamos remontará la nueva ley.

Aplaudimos que el país haya sido superior a la campaña de debilitamiento de la Fuerza Pública –bien orquestada desde el exterior– que minó su moral de combate. Al menos 85% de los procesos quedo en tribunales que poco sabían del accionar militar y son muchos los casos  en los que les toco a los uniformados aceptar cargos sin tener ninguna responsabilidad, como única opción para acceder, al menos, a una rebaja de penas. Tremenda injusticia, luego de jugarse la vida en la manigua o en peligrosas barriadas de Cali, Medellín o Bogotá en defensa de la democracia y la soberanía, tenían que responder judicialmente. Mal paga esta sociedad a quien le protege.

Ha de saber Miguel Vivanco, de Human Rights Watch y las ONG internacionales y nacionales, que pretendieron regar su venenoso discurso, con afirmaciones tan temerarias como que el fuero otorgaba a los militares una “licencia para matar sin rendir cuentas a nadie”, que por unas pocas manzanas podridas no se puede demonizar y de paso desmoralizar a toda una institución de 500 mil efectivos. Por supuesto, es parte de su práctica de creerse “juez mundial” que mira la paja en el ojo ajeno, cuando en casa la viga traspasa fronteras.

Debe quedarle claro al señor Vivanco, que este país no transó su soberanía ni su autodeterminación, para dejarse imponer un fuero militar que recortaba la capacidad ofensiva de la tropa, como si los narcoterroristas de las FARC o del ELN hubiesen respetado en 50 años, los derechos y la dignidad de miles de civiles indefensos y de cientos de militares.

Están latentes secuestros, masacres y genocidios, que hoy desmienten con un cinismo calculado. Debe notificarse también al señor Vivanco, que esta sociedad no renuncia a perseguir el hampa, que honra a sus héroes de guerra y no comulga con “cadenas perpetuas” para ellos, mientras el narcoterrorismo obtiene indultos y se apoltrona, desde Cuba, en nuestras instituciones. A lo suyo señor Vivanco. El derecho Internacional Humanitario y la defensa de los Derechos Humanos no pueden tener sesgos antimilitaristas. Usted debería saberlo.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.

Señales para la CIDH

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

Aunque los ganaderos lamentamos, en nuestra calidad de víctimas, no haber podido interactuar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como sí lo hicieron otras organizaciones de víctimas, quedamos atentos al tutelaje supranacional sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. La misión llegó en un momento sensible, pues si bien hay evidencias de avances, también persisten lunares que opacan la observancia de los mandatos internacionales. El rebrote de la violencia, las dificultades para la restitución de los derechos de las víctimas y el mismo proceso de paz, revalorizaron el escrutinio in situ del organismo hemisférico más importante en la materia.

La “rendición de cuentas” sobre estas problemáticas y las conclusiones a las que llegará la CIDH en su “informe país” –pendiente desde 1999–, podrían significar la salida de Colombia de la “lista negra” de naciones que transgreden los derechos humanos, en la que hemos estado largo tiempo. No será fácil. En el pasado las sindicaciones de la Comisión han sido duras pero, además, nuestros nacionales son los que más acuden a ella, para que sus denuncias lleguen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos –el brazo judicial de la Organización de los Estados Americanos– encargada de materializar las sentencias en los casos que la Comisión somete a su jurisdicción.

Sólo en 2011 el organismo recibió 1.658 denuncias de 35 naciones del hemisferio, de las cuales 20%, es decir 342 fueron interpuestas por ciudadanos o entidades no gubernamentales colombianas, 69 más que México, segundo país en la lista. Pero, además, la comisión recibió 67 solicitudes desde Colombia para imponer medidas cautelares –5 más que México, 24 por encima de Guatemala y 62 arriba de El Salvador– para prevenir daños irreparables a los derechos humanos de personas o colectivos, en casos graves y urgentes de amenaza. Esto debe decirnos algo y despertar susceptibilidades en la Comisión.

Por lo anterior, entendemos la preocupación de la CIDH con respecto al Fuero Militar, único asunto al que se refirió públicamente –pese a que se trata de una prerrogativa común en los países del hemisferio para los hombres en armas–, pero no comprendemos por qué guardó silencio sobre las violaciones de los derechos humanos por parte de las FARC. Nada dijo del pronunciamiento de la compañera de “Tirofijo”, cuando se refirió a los secuestrados como “prisioneros de guerra”, ni de la manera ladina como sus voceros en la mesa de negociación desmintieron esa práctica tenebrosa. Como tampoco de las denuncias del Defensor del Pueblo sobre el reclutamiento de menores en Vichada o las del Ministro de Defensa sobre los 80 uniformados desaparecidos por las FARC y el ELN. Cínicos y mentirosos los llamó como lo hacemos los ganaderos, a sabiendas de que mantienen también plagiados a 14 de los nuestros.

No obstante, para el sector la intervención de la CIDH es vital, considerando el elevado nivel de vulneración que han soportado los ganaderos. Desde la vigencia de la Ley 1448, conocida como Ley de víctimas y restitución de tierras, 6.554 ganaderos han acudido a Fundagán –en su condición de víctimas– por extorsión, abigeato, desplazamiento, secuestro y homicidio. Nombres como los de Jaime Triana, Mary Acosta y Nayro Vargas, asesinados sólo en noviembre, se sumaron a los 3.290 obituarios que publicamos en el libro “Acabar con el olvido”, en 2006, la inmensa mayoría en la más lacerante impunidad. Un ataque sistemático a 9.844 compatriotas y muchos más, que el próximo año identificaremos, para que se conozca el genocidio al que fue sometido el gremio ganadero.

Nuestro llamado a la CIDH es para que intervenga sobre esa otra realidad que permanece impune y obligue a las autoridades a consagrar la igualdad de todas las víctimas, sin importar su origen ni las motivaciones del agresor. La CIDH tiene la delicada misión de mantener la imparcialidad en su inspección sobre el reconocimiento de los derechos humanos. Condiciones que abren espacios para que otras memorias de vejación sean escuchadas, sin color político o ideológico. De lo contrario, ni las FARC, ni el ELN ni el EPL jamás revelarán dónde están los secuestrados y los restos mortales de miles de desaparecidos, ni frenarán el reclutamiento de menores, el uso de minas y el castigo a comunidades indefensas. Son las señales para la CIDH, de una violencia de cincuenta años que no cesa.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN

¿Un foro para qué?

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

El proceso de paz entre gobierno y FARC activó la participación de la sociedad civil y muchas organizaciones tomaron parte en la primera etapa de debates convocada por el Senado. No obstante, esa tremenda parafernalia –que aún no termina– no satisfizo las demandas de las FARC y nos aprestamos para un foro, previsto por los negociadores de La Habana para mediados de diciembre, cuya utilidad también está en entredicho. Miles de propuestas pueden salir de uno y otro intento pero, a la postre, el esfuerzo será inútil. Se impondrá la retórica dogmática y vindicativa de la guerrilla y sus sectores afectos que, difícilmente, se desprenderán de su anacrónico discurso de lucha de clases y de reforma agraria, montado sobre epítetos y estigmatizaciones injustas contra la ganadería.

No creemos que exista un verdadero interés en la guerrilla de obrar y decidir con rigor técnico, objetividad y plena conciencia sobre las tendencias mundiales y locales que rigen al sector rural y a la producción agroalimentaria en el presente siglo. Su oposición ha sido tan radical en temas fundamentales para el Desarrollo Agrario Integral, que ni siquiera cabe la duda. Por ejemplo, la urgencia de avanzar en la modernización de las estructuras de producción agropecuaria, hasta alcanzar escalas empresariales y óptimos resultados de productividad bruta por hectárea, es un “imposible categórico” para las FARC.

Y si este horizonte, que debería ser una consecuencia lógica del crecimiento sectorial es inadmisible para la guerrilla ¿qué podemos decir de su negacionismo para aprovechar el agro-negocio mundial de los biocombustibles, los servicios ambientales y la misma búsqueda de caminos para competir en un mundo globalizado? Allí no hay cómo consensuar con las FARC. Aunque existen temas más críticos, como el de la tierra, que está reabriendo la vieja lucha entre campesinos “sin tierra” y empresarios, que flaco favor le hace a la precaria paz rural y a la necesidad de cerrar las brechas de la pobreza.  Entonces ¿para qué un foro más sobre “Política de Desarrollo Agrario Integral”?

Si existiera un sincero interés en habilitar el camino del desarrollo rural, la guerrilla habría empezado por sincerar el debate de la tierra, para contarle al país cuántas fueron las propiedades que despojó a sangre y fuego durante medio siglo. Eso sí, mientras miente no escatima en ganar réditos políticos, con sus pretensiones de una reforma agraria expropiatoria “por contrato”. Son razones de peso que hacen indispensable e impostergable la ejecución del censo agropecuario, para construir el inventario de baldíos de la nación, de tierras extranjerizadas, de las usurpadas por guerrillas, paramilitares, narcos y Bacrim, de las que serán objeto de extinción de dominio y las que retornarán a manos de sus legítimos dueños con la Ley 1448 de 2011. Ahí está la verdadera reforma agraria.

Es claro entonces por qué Fedegán no le apuesta al iluso foro que se propuso en La Habana que, más allá de la “macartización” de los ganaderos, poco o nada le aportará al proceso de paz y menos a la ruralidad. Más aún porque la ganadería se trazó unos derroteros ambiciosos –que no comulgan con la caduca visión de la guerrilla– para alcanzar la competitividad sectorial y proteger al pequeño productor. Porque Fedegán no sólo representa los anhelos del gran empresariado, sino a más de 244 mil pequeños campesinos de 3 y 5 vacas –la mayoría en condición de subsistencia, por los menguados ingresos de la pequeña escala– hasta llegar a la no despreciable suma de 400 mil ganaderos. Esos que hacen parte del sector de la sociedad civil “convidada de piedra” en este proceso, cuyas demandas nunca serán atendidas en La Habana.

Mantenemos el escepticismo sobre el resultado del foro y no le vemos utilidad. Creemos que el escenario democrático y legítimo para dar la discusión sobre una política pública de desarrollo rural es el Congreso de la República y consideramos, que este tipo de audiencias, pueden hacer más daño que bien a las negociaciones de paz con las FARC. El cúmulo de iniciativas que difícilmente tendrá salida en la realidad, generará sentimientos de frustración o, simplemente, se convertirán en un cartapacio de buenas intenciones imprecisas, impracticables o sin peso en la urgente transformación de la ruralidad, de cara a los tiempos globales que están modificando la funcionalidad de la tierra y sus expectativas del desarrollo.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.