@jflafaurie
La
aprobación de la reforma al Fuero Penal Militar llega en un momento decisivo
para nuestros hombres en armas. La medida equilibra la balanza de la justicia,
pues mientras los uniformados permanecían degradados a la infame e injusta
categoría de “criminales”, la guerrilla buscaba a través de sus cuadros, la
victoria política que no logró en el campo militar. Bien por el Congreso.
Deroga, como también lo acaba de hacer el Consejo de Estado, el convenio entre
el MinDefensa y la Fiscalía –por el que tanto presionaron las ONG de izquierda
en 2006– y restituye los derechos procesales y jurídicos a los militares.
Imperó el interés nacional sobre el manoseo ideológico de los “defensores de
derechos humanos”, que más parecían aves de rapiña expoliando el prestigio de
la institución castrense.
Se cierra
el capítulo que por 6 años, sometió las operaciones militares y los delitos
cometidos por la Fuerza Pública –incluso los asociados con actos del servicio–
al escrutinio de la Justicia Ordinaria. Una vía que anuló la Justicia Penal
Militar y violó disposiciones constitucionales y legales –que establecían la
competencia de cortes marciales y tribunales militares para juzgarlos–
sometiendo a miles de militares y policías a juzgamientos arbitrarios. Un
absurdo para un país en guerra que, de plano desconocía la milenaria evolución
conceptual del fuero militar. Desde 2006 nuestros hombres no sólo debían ganar
la guerra en el campo militar, sino también en el político y el judicial. La
más dura de sus batallas.
Con el
tiempo la mayoría de los procesos se trasladaron a la justicia civil, muchos
asimilados erróneamente a “falsos positivos” o violaciones de derechos humanos,
cuando se trataba de muertes en combates contra grupos irregulares, con enorme
capacidad de fuego. Las cifras lo dicen: de los 4.311 casos que investiga la
Fiscalía, 735 fueron trasladados a esa jurisdicción entre 1986 y 2005. Mientras
que entre 2006 y 2012 –lapso en que no operó el fuero y rigió el convenio– un
total de 3.576 pasaron a esa instancia, un aumento de 386%. Una peligrosa
tendencia que afectaba el derecho al debido proceso, la presunción de
inocencia, el derecho a una defensa técnica y a un tribunal especializado.
Fallas que esperamos remontará la nueva ley.
Aplaudimos
que el país haya sido superior a la campaña de debilitamiento de la Fuerza
Pública –bien orquestada desde el exterior– que minó su moral de combate. Al
menos 85% de los procesos quedo en tribunales que poco sabían del accionar
militar y son muchos los casos en los que les toco a los uniformados
aceptar cargos sin tener ninguna responsabilidad, como única opción para
acceder, al menos, a una rebaja de penas. Tremenda injusticia, luego de jugarse
la vida en la manigua o en peligrosas barriadas de Cali, Medellín o Bogotá en
defensa de la democracia y la soberanía, tenían que responder judicialmente.
Mal paga esta sociedad a quien le protege.
Ha de saber
Miguel Vivanco, de Human Rights Watch y las ONG internacionales y nacionales,
que pretendieron regar su venenoso discurso, con afirmaciones tan temerarias
como que el fuero otorgaba a los militares una “licencia para matar sin rendir
cuentas a nadie”, que por unas pocas manzanas podridas no se puede demonizar y
de paso desmoralizar a toda una institución de 500 mil efectivos. Por supuesto,
es parte de su práctica de creerse “juez mundial” que mira la paja en el ojo
ajeno, cuando en casa la viga traspasa fronteras.
Debe
quedarle claro al señor Vivanco, que este país no transó su soberanía ni su
autodeterminación, para dejarse imponer un fuero militar que recortaba la
capacidad ofensiva de la tropa, como si los narcoterroristas de las FARC o del
ELN hubiesen respetado en 50 años, los derechos y la dignidad de miles de
civiles indefensos y de cientos de militares.
Están latentes secuestros, masacres
y genocidios, que hoy desmienten con un cinismo calculado. Debe notificarse
también al señor Vivanco, que esta sociedad no renuncia a perseguir el hampa,
que honra a sus héroes de guerra y no comulga con “cadenas perpetuas” para
ellos, mientras el narcoterrorismo obtiene indultos y se apoltrona, desde Cuba,
en nuestras instituciones. A lo suyo señor Vivanco. El derecho Internacional
Humanitario y la defensa de los Derechos Humanos no pueden tener sesgos
antimilitaristas. Usted debería saberlo.
*Presidente
Ejecutivo de FEDEGÁN.
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