El pecado de la usura

Pro José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

El término usura se utiliza para referirse a los intereses de los préstamos, cuando las tasas de interés se perciben como excesivamente altas. A propósito de la Semana Santa, ha sido la Iglesia Católica a lo largo de su historia la principal institución que ha censurado el alto cobro de intereses; por ejemplo, San Buenaventura, decía que con el cobro de intereses se vendía el tiempo. En ese sentido, bien vale preguntarse cuánto es el tiempo futuro y trabajo, entendido como generación de riqueza, que están entregando las personas que acceden a créditos y, si realmente el sistema financiero colombiano está contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los menos favorecidos o por el contrario está agudizando su pobreza. Hoy la tasa de usura en créditos corrientes y ordinarios es de 31,25% E.A., es decir, trece veces la inflación de 2012. Nada más desproporcionado.

Aquí hay dos variables que merecen ser analizadas. Una, la tasa de interés y dos, la inflación. Contrario a lo que afirmaban los escolásticos del Siglo de Oro Español, el dinero tiene un costo y su valor debe ser reconocido pagando una suma adicional al capital, que cubra el mayor valor de los bienes y servicios en un periodo determinado -inflación-, más el costo de oportunidad del dinero y una razonable utilidad al prestatario.

No suceden así las cosas. Digamos algo obvio: el sistema financiero es el motor dinamizador de cualquier economía, pero también aceptemos que, en el caso colombiano, existen unas altísimas tasas de interés en los diferentes portafolios que, además, van en contravía con las señales que el Banco de la República envía a la economía en general, a través de la tasa de referencia que hoy es de 3,25% E.A.; tasa que viene en descenso desde mediados de 2012, cuando estaba en 5,25% E.A. ¡Doscientos puntos básicos menos! Casi la mitad en un año.

Pero, mientras el Banco de la República baja sus tasas, no sucede igual con la usura ni tampoco con el microcrédito, que en teoría está estructurado para ayudar a las personas más humildes, pero que contradictoriamente, son sometidas a tasas mayores a las de usura. Se dirá que es el mercado el que la regula. Pero también es bueno decir que el mercado son los bancos, los mismos que les interesa que sea lo más alta posible para pegarse al techo y así poder ofrecer créditos a altas tasas a sus clientes. El pez que se come la cola, en un círculo perverso. ¿Qué explicación tiene una tasa corriente de microcrédito del 35,63% E.A., con tasa de usura del 53,45% E.A? Lo triste es que pocos colombianos acceden a un crédito y los que lo hacen deben pagar tasas impagables, como lo muestra la cartera vencida que creció en un 15%. Eso en lenguaje sencillo es amoral.

En el entretanto, el sector financiero alcanza utilidades cada vez cuantiosas. Solo en 2012 sus ganancias fueron de 39,6 billones de pesos, lo equivalente al 42% de lo que valen todos los predios rurales de Colombia. En solo enero de 2013 ya alcanzaba 6,1 billones. Podrían comprar todo el inventario de tierras en el país en dos años. Por eso no es gratuito que el sector financiero participe con el 19,8% del PIB; mientras que la industria y el agropecuario lo hagan cada vez menos, 7,7% y 6,2% respectivamente.

De ahí que he venido sosteniendo, entre las falacias de La Habana para acabar el conflicto, que no es la tierra ni el desarrollo rural el que cambiará la ecuación de pobreza y marginalidad. Son otros los sectores concentradores de riqueza los mismos que no han mostrado ninguna solidaridad cuando el gobierno afirma que NO negociara el modelo de desarrollo ni la economía de mercado con excepción del sector rural. Que no les pase lo que le pasó a aquellos que no quisieron oír al dramaturgo alemán cuando advertía sin éxito sobre las consecuencias del nazismo, hasta que no quedó uno en pie.

¿Qué tal que Márquez aplicando la sentencia de los escolásticos, resuelva que como el dinero no es productivo, todos los bancos practican la usura y ese sea el camino Chavista de la expropiación?

*Presidente Ejecutivo de Fedegán.

Sin margen para la impunidad

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

El fallo de la Corte Constitucional, aún pendiente, por las demandas que pesan contra el “Marco Jurídico para la Paz”, tiene la delicada prerrogativa de definir la suerte de las negociaciones en La Habana. Supone el ciudadano del común, que se ratificarán los principios constitucionales que rigen actualmente nuestro Estado de Derecho y los compromisos asumidos en tratados internacionales, que protegen a las víctimas y tutelan sus derechos a la verdad, justicia y reparación. Un reconocimiento en el que esta sociedad no puede transar por razones morales y legales.

Sin embargo, recientemente se han escuchado voces que pretenden convertir los diálogos en una oportunidad, para levantar salvaguardias al lavadero de atrocidades cometidas por las Farc y permitir que este grupo narcoterrorista pueda hacer política, sin pagar un solo día de cárcel por sus graves crímenes y sin resarcir a las víctimas. No será fácil. El alcance del “Bloque de Constitucionalidad” que nos gobierna es claro. Hace compatibles los deberes y derechos consagrados en la Carta del 91, con los convenios o tratados internacionales sobre derechos humanos que hemos ratificado.

Además, cuando la Corte declaró exequible el Tratado de Roma, el más importante para estos efectos, fue absolutamente precisa en sostener que las “concesiones” –amnistías, indultos o perdones judiciales–, están sujetas a la observancia estricta de la Constitución y las normas del Derecho Internacional Humanitario aprobadas por Colombia, restringiéndolas a delitos políticos.

¿Qué significa entonces el fallo? Que los crímenes de guerra, genocidios y de lesa humanidad cometidos por las Farc, deben ser investigados y enjuiciados por Colombia, sin excepción y sin lugar a interpretaciones por el administrador de justicia. Con lo cual, será muy difícil evadir la responsabilidad de los genocidas de las Farc, que han bañado con sangre y lágrimas este país por 50 años. Como tampoco prevalecerá el intento de las Farc por borrar su barbarie de nuestra memoria histórica o el interés de la izquierda por banalizar el dolor y la dignidad de las víctimas.

Cierto es que bajo el actual ordenamiento constitucional, o aun reformándolo, el país no podría otorgar ningún beneficio jurídico o político –en términos de indultos totales o leyes de punto final– para los cabecillas de las Farc, que ordenaron o ejecutaron actos demenciales de lesa humanidad como las matanzas de Tacuyó o Bojayá, las 2 masacres de febrero de 2009 contra 27 indígenas Awá en Nariño, el asesinato con tiros de gracias de los 11 diputados del Valle o de los 8 concejales en Rivera (Huila), para sólo citar algunos.

Además, son responsables penalmente de otras múltiples violaciones contra el derecho internacional humanitario: homicidios, uso de minas, reclutamiento de niños, narcotráfico, secuestros, desapariciones, torturas y más del 30% del despojo de tierras, como para que ahora digan que esa barbarie es conexa al “delito político o culposo”. Bien lo dijo Naciones Unidas: no se pueden encarar las violaciones del pasado mediante amnistías o impunidad que infrinjan las obligaciones con las víctimas. Tendrá que pasar mucha agua bajo del puente, para que los victimarios de las Farc puedan hacer política de manera “abierta y legal”, como fantasea Iván Márquez.

Más aún, o Colombia ejerce su obligación de enjuiciar penalmente a las Farc o, vergonzosamente, enfrentará la intervención de la Corte Penal Internacional u otros tribunales de “Estados no parte en el conflicto”, para cumplir esas labores. Por el respeto a las víctimas y a sus derechos –en términos de verdad, justicia y reparación– es preciso que esta sociedad comprenda que la impunidad, es terreno movedizo de una paz frágil e insostenible, que envilece la reconstrucción del tejido social. La catarsis debe edificarse sobre la base de “hacer justicia” contra los perpetradores y de reconocer y proteger la dignidad de las víctimas. Está escrito en la impronta de la evolución del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, como para que ahora lo “lavemos” en la trampa “express” del obsceno show mediático de La Habana.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.

“Republiquetas” independientes

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

La cirugía extrema que proponen las FARC para las Zonas de Reservas Campesinas (ZRC) es absurda. Equiparar su estatus a los Resguardos Indígenas y los Consejos Territoriales de las comunidades negras, significa crear gigantescos enclaves impenetrables, en adelante, para el Estado de Derecho legítimamente constituido. Una especie de “paraestado”, con privilegios y protecciones excepcionales, para implantar su modelo de desarrollo rural retardatario, adoctrinar políticamente a los campesinos y establecer cabezas de playa, en áreas estratégicas del país rural para su accionar delictivo. Un despropósito, que lejos de generar riqueza y bienestar, conculca los derechos de los campesinos, quiebra el tejido social, desvirtúa la naturaleza actual de las ZRC y traspasa las políticas positivas por “etnia” y “raza”.

La dura reacción de las FARC sobre la posición del Ministro de Agricultura y por supuesto la que de tiempo atrás he venido sosteniendo, sobre la inconveniencia de las ZRC, no se hizo esperar. No es un tema de poca monta. Se puede constituir en el punto de quiebre de la negociación. Ha sido una pretensión de las FARC, que nació con las viejas ligas agrarias de los años 20 promovida por el Partido Comunista y sigue haciendo parte de su lógica de control territorial, que no está dispuesta a abandonar. Al “dejar las armas” necesitarán zonas homogéneas para su acción política y subversiva. El país no puede permitir que se institucionalice una inmensa colcha de retazos, con una visión jurídica descabellada.

Serían 17 millones de hectáreas de “territorios colectivos”: 6 millones de resguardos, comunidades “afros” y las 6 ZRC existentes, cuyos derechos han sido legalmente reconocidos. A ellas se sumaría 11.5 millones de hectáreas, provenientes del “fondo de tierras” y de las que usurparon, en donde se establecería las Zonas de Reserva Campesina “repotencializadas”. Tierras del Catatumbo, el Lozada- Guayabero, las cuencas de los ríos Güejar y Cafre en San Juan de Sumapaz, los Montes de María, el Cesar, Arauca y la zona del Ariari. En total, el 33% del universo agropecuario, en donde las instituciones cívicas, militares y judiciales no podrían hacer presencia.

No se trata de hacer oposición a las políticas con enfoque diferencial para poblaciones que, como los indígenas, afrodescendientes y campesinos, requieren una atención preferente. Pero, una cosa fue lo que estableció la Ley 160 del 94, para fomentar la economía campesina, dando apoyo y encadenamiento productivo y otra, muy diferente, la actual propuesta de las FARC. La pretendida autonomía política, administrativa, económica, social, ambiental, cultural y de justicia, sólo busca crear “Marquetalias” por todo el país con autogobierno, autogestión y autodeterminación.

Tremendo caldo de cultivo para encender más la hoguera del conflicto, que en nada solucionaría el problema de atraso y pobreza rural. Y, muy diciente, del empeño de las FARC por mantener a sangre y fuego el adoctrinamiento ideológico y el control poblacional y territorial. No es un secreto que la guerrilla ha hecho todo tipo de esfuerzos, para levantar la institucionalidad que llegó con las “zonas de consolidación” y la política de seguridad democrática, para perpetuar su statu quo de violencia, narcotráfico y terrorismo de los últimos 50 años, a costa de la vida y el desarrollo en la ruralidad. No en vano su propuesta se teje sobre zonas en donde históricamente han hecho presencia.

La visión separatista y segregacionista de las FARC no tiene cabida en pleno siglo XXI. El auténtico campesino sólo necesita que el campo sea objeto de una verdadera política pública de desarrollo rural estable, desde un Estado de Derecho legítimo y eficaz. Requiere que la institucionalidad avance al ritmo de las demandas históricamente aplazadas, en términos de bienes públicos, seguridad, justicia, infraestructura productiva, mercados y mecanismos financieros. Son los únicos derroteros ciertos, para sacar al campesinado del atraso, agravado entre otros, por la violencia guerrillera que ahora, cínicamente pretende resolver sus problemas, usándolos como trampolín político en La Habana.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.

“Contrarrevolución” agraria

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

Las propuestas oficiales para adelantar la “gran revolución agraria en el país” sorprenden, pero no por novedosas. Además de no resolver los problemas estructurales del campo, podrían desatar un impacto negativo sobre la frágil economía rural. La creación del fondo para distribuir parcelas entre labriegos “sin tierra”, necesitará más de un blindaje contra el fracaso, para no repetir 50 años de reformas agrarias, que terminaron por abandonar al campesino y alimentar la acumulación patrimonial de narcotraficantes, guerrilleros y narcotraficantes. Pero hoy vuelven sobre la equivocada visión fiscalista de la “actualización catastral”. Una vía que puede convertir esta herramienta y al Impuesto Predial, en una exacción ruinosa para campesinos y productores.

El paro por la dignidad cafetera que ayer se conjuró, deja entrever la verdadera realidad del campo. Un campo de pequeños y muy pequeños productores, con rentabilidades negativas y graves necesidades insatisfechas. Pero, la caracterización del café no difiere sustancialmente de la condición de otros sectores, incluido el ganadero. Aunque se le acuse de latifundista, la realidad muestra que 415 mil propietarios –82% del total sectorial– mantienen una economía campesina, con rentabilidades que en el último lustro cayeron más del 17%. En consecuencia gravarlos como se ha venido haciendo, a través de onerosas estimaciones catastrales, es profundizar la brecha de pobreza, más aún en momentos que requieren reconvertirse para hacer frente a los TLC.

Un Impuesto Predial más alto para un campesino, es como quitarle el pan de la boca. Y no sería extraño, que muchos se vieran abocados a dejar de pagarlo, acosados por la creciente estructura de costos para producir o atender su precario bienestar. Cuando no a enfrentar el límite de sus posibilidades económicas, hasta el punto de vender su predio y salir expulsado de la ruralidad. La contribución se convierte así, en una exacción que aprovechan los grandes y, especialmente, aquellos que no necesitan la tierra para trabajar, sino como instrumento de control territorial o para actividades, en no pocos casos, criminales.

Sabemos que existe un conflicto entre vocación y uso del suelo y que necesitamos definir una política catastral que genere dinámicas productivas y socio-económicas virtuosas, de tal manera que con el tiempo se logre calzar la vocación con el uso. Pero ello sólo será posible en la medida en que el catastro sirva, además de los fines fiscales, como un instrumento de reordenamiento espacial de la producción rural, que incentive el uso adecuado y castigue, económicamente, los conflictos que hoy se derivan del uso que no corresponde con la vocación.

El avalúo catastral rural subió 213% en la última década, al pasar de $30 billones a $94 billones. Es más, en 46 municipios donde se hizo actualización y formación catastral en 2012 los aumentos superaron el 300% y el 500%. En Barranco de Loba o en Norosí (Bolívar) –donde más del 80% de la población rural tiene necesidades básicas insatisfechas– la variación fue de 1.022% y 912%. Igual ocurrió en Piamonte (Cauca) y Ayapel (Córdoba) donde crecieron más del 700%. Ello explica por qué en muchas áreas donde el tamaño del la UAF sólo busca compensar las deficiencias agroecológicas de los suelos para producir, las tarifas del Impuesto Predial terminan siendo superiores por unidad de superficie que las más pequeñas. Recordemos que de 50 millones de hectáreas agropecuarias, sólo 541.304 son “excepcionales”. Las demás requieren inversiones. Pero, contra toda lógica, la política impositiva en lugar de estimular, reprende.

Urge definir una política catastral. En eso estamos de acuerdo. El ajuste –que debe contemplar una reforma en la legislación del Impuesto Predial– debe partir de una nueva metodología para fijar los avalúos, en consonancia con la capacidad productiva y la rentabilidad de los predios –acorde con la riqueza de los suelos, vocación y rentabilidad de cada actividad productiva–. Con una prerrogativa: un régimen de estímulos a la inversión para el uso adecuado de la tierra. Es decir, progresividad y equidad fiscal, para habilitar un campo sostenible y sustentable.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN