Por: José Félix Lafaurie Rivera*
@jflafaurie
El fallo de la Corte Constitucional, aún
pendiente, por las demandas que pesan contra el “Marco Jurídico para la Paz”,
tiene la delicada prerrogativa de definir la suerte de las negociaciones en La
Habana. Supone el ciudadano del común, que se ratificarán los principios
constitucionales que rigen actualmente nuestro Estado de Derecho y los
compromisos asumidos en tratados internacionales, que protegen a las
víctimas y tutelan sus derechos a la verdad, justicia y reparación. Un
reconocimiento en el que esta sociedad no puede transar por razones
morales y legales.
Sin embargo, recientemente se han
escuchado voces que pretenden convertir los diálogos en una oportunidad, para
levantar salvaguardias al lavadero de atrocidades cometidas por las Farc y
permitir que este grupo narcoterrorista pueda hacer política, sin pagar un solo
día de cárcel por sus graves crímenes y sin resarcir a las víctimas. No será
fácil. El alcance del “Bloque de Constitucionalidad” que nos gobierna es
claro. Hace compatibles los deberes y derechos consagrados en la Carta del 91,
con los convenios o tratados internacionales sobre derechos humanos que hemos
ratificado.
Además, cuando la Corte declaró
exequible el Tratado de Roma, el más importante para estos efectos, fue
absolutamente precisa en sostener que las “concesiones” –amnistías,
indultos o perdones judiciales–, están sujetas a la observancia estricta de
la Constitución y las normas del Derecho
Internacional Humanitario aprobadas por Colombia, restringiéndolas a
delitos políticos.
¿Qué significa entonces el fallo? Que
los crímenes de guerra, genocidios y de lesa humanidad cometidos por las Farc,
deben ser investigados y enjuiciados por Colombia, sin excepción y sin
lugar a interpretaciones por el administrador de justicia. Con lo cual,
será muy difícil evadir la responsabilidad de los genocidas de las Farc, que
han bañado con sangre y lágrimas este país por 50 años. Como tampoco
prevalecerá el intento de las Farc por borrar su barbarie de nuestra memoria
histórica o el interés de la izquierda por banalizar el dolor y la
dignidad de las víctimas.
Cierto es que bajo el actual
ordenamiento constitucional, o aun reformándolo, el país no podría
otorgar ningún beneficio jurídico o político –en términos de indultos
totales o leyes de punto final– para los cabecillas de las Farc, que ordenaron
o ejecutaron actos demenciales de lesa humanidad como las matanzas de Tacuyó o
Bojayá, las 2 masacres de febrero de 2009 contra 27 indígenas Awá en Nariño, el
asesinato con tiros de gracias de los 11 diputados del Valle o de los 8
concejales en Rivera (Huila), para sólo citar algunos.
Además, son responsables penalmente de
otras múltiples violaciones contra el derecho
internacional humanitario: homicidios, uso de minas, reclutamiento de
niños, narcotráfico, secuestros, desapariciones, torturas y más del 30% del
despojo de tierras, como para que ahora digan que esa barbarie es conexa al
“delito político o culposo”. Bien lo dijo Naciones Unidas: no se pueden encarar
las violaciones del pasado mediante amnistías o impunidad que infrinjan las
obligaciones con las víctimas. Tendrá que pasar mucha agua bajo del puente,
para que los victimarios de las Farc puedan hacer política de manera “abierta y
legal”, como fantasea Iván Márquez.
Más aún, o Colombia ejerce su obligación
de enjuiciar penalmente a las Farc o, vergonzosamente, enfrentará la
intervención de la Corte Penal Internacional u otros tribunales de “Estados no
parte en el conflicto”, para cumplir esas labores. Por el respeto a las
víctimas y a sus derechos –en términos de verdad,
justicia y reparación– es preciso que esta sociedad comprenda que la impunidad,
es terreno movedizo de una paz frágil e insostenible, que envilece la
reconstrucción del tejido social. La catarsis debe edificarse sobre la
base de “hacer justicia” contra los perpetradores y de reconocer y proteger la
dignidad de las víctimas. Está escrito en la impronta de la evolución del
Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, como para que ahora
lo “lavemos” en la trampa “express” del
obsceno show mediático de La Habana.
*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.
Dr. Lafourie,
ResponderEliminarSi la Corte constitucional cumpliera a cabalidad su deber tumbaria el "marco jurídico para la paz", pero será que le cumple al país o se dejara convencer del bello discurso de paz del gobierno y las Farc? Será que los Majistrados dejan a un lado sus tendencias izquierdistas y fallan en derecho?...
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarMuy claro y concreto el artículo del doctor LAFOURIE. Sin embargo no me extraña que en nuestra justicia, con visos de politizada y mamerta, invente una de sus doctrinas político-jurídicas para fallar en favor de semejante "gorila" que nos impuso el E-lentísimo Señor Presidente, al brindarle a las FARC impunidad sin ningún límite, Santos les ha otorgado, con esta ley para la paz: licencia para matar, ahora y cuando quieran, ya que es una ley que no señalo ningún limite, ni en el tiempo y ni en los delitos que se deben excluir. Una Corte que no tuvo ningún inconveniente de legalizar la droga -bajo la forma de dosis personal- para que nuestros jóvenes desarrollen su personalidad de drogadictos, algo así como decirles a los escolares que hagan fraude en los exámenes, para que aprendan a ser falsificadores. No hay argumento válido para decir que los Tratados Internacionales no cobijan a las FARC...No me extraña que nuestra Corte declare constitucional la ley sobre el marco para la paz, dando como argumento que el Derecho a la Paz está por encima de los Tratados Internacionales. Espero que no se estén nombrando familiares de los Magistrados de la Corte en el servicio exterior, tal como hizo Samper cuando el proceso 8.000. La ley de impunidad con la que van a premiar a o FARC a cambio de apuntalar la re-elección de Santos, no puede tener tranquilos a todos los bandidos de esta organización delictiva, a la que Colombia no les debe nada...pues en el momento que sus víctimas los vean en el Congreso, montados en carros blindados y con escoltas pagados por el pueblo colombiano y disfrutando de 9 millones de hectáreas organizadas como republiquetas independientes... no me extraña que se expida la LEY DEL TALIÓN. Es la ley expedida por el resentimiento de las víctimas, tal como hizo TIROFIJO al organizar las Autodefensas Campesinas Liberales, para vengar las fechorías que le hizo la chusma Goda a su familia o con los hermanos Castaño, quienes para vengar el secuestro y muerte de su padre, crearon las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- y que decir del Presidente Alvaro Uribe... quien tenía la vivencia del secuestro y muerte de su señor Padre de manos de los bandidos de las FARC, motivo por el cual no me extraña que al llegar a la Presidencia, no dudó ni un segundo en alinear todo el poder del Estado contra las fechorías de las FARC. No se, si el E-lentísimo Señor Presidente se ha preguntado la ofensa y desmoralización que han de sentir nuestras Fuerzas Armadas y de Policía, ver a los delincuentes de las FARC, van a ser premiados por todo el daño que han hecho y que el Estado se olvide de todo el sacrificio que han dado nuestros héroes. No es fácil tragarnos "el sapo" de ver que el Señor SANTOS firme acuerdos con una espurea < ALTA PARTE CONTRATANTE> sin que los colombianos podamos conocer que es lo que van acordando, violando el principio de la Transparencia, que debe acompañar toda actuación de la Administración Pública. Nuestros líderes políticos tienen el deber moral de abrirle los ojos a la Opinión Pública. Otro sí... en caso de que la Corte declare constitucional la denominada ley , se denominara la ley FAR-SANTE ó la ley de los FARC-SANTOS.
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