Por: José Félix Lafaurie Rivera*
@jflafaurie
El informe sobre el acuerdo rural de La Habana, deja inmensas
inquietudes por las propuestas que revela y las amenazas que oculta. La ratificación
de instrumentos como la extinción de dominio y la expropiación discrecional y
sumaria de tierras, no ya como una propuesta de política pública sino como un
compromiso con las Farc, genera dudas sobre el pulso final entre Gobierno y
guerrilla, de cara al derecho a la propiedad privada legítimamente adquirida. Un precepto constitucional, que el gobierno se
ha comprometido a respetar, pero sobre el cual no advierte una palabra el
documento. Y, por supuesto, está de por medio la solución a los baldíos, que
deja al gobierno en posición incómoda ante los “nuevos concentradores de
tierra”, unos ilegales y otros legales.
Sorprende el ánimo
expropiatorio sobre la propiedad legal. No fue
la información que recibimos los ganaderos en la Junta de Fedegán, a la que
asistieron los negociadores del gobierno. El Fondo de Tierras, como instrumento
central del acuerdo, busca “...desconcentrar y promover una distribución
equitativa de la tierra”. Es decir, quitarla a quienes tienen “mucha” –así sea
legal y con base en algún parámetro arbitrario– para entregarla a quienes no
tienen. Para ello, además de la extinción judicial del dominio y la
recuperación de baldíos, “…se fortalecerá (…) la aplicación de otros procesos
contemplados en la legislación como la extinción administrativa de dominio para
tierras inexplotadas que incumplan la función social y ecológica de la
propiedad, de la adquisición de tierras o la expropiación con indemnización por
motivos de interés social o de utilidad pública…”.
Ahí están las encrucijadas. La primera
tiene que ver con el nivel de concentración de la tierra que se requiere, para
generar escalas competitivas para la producción agroalimentaria y de
biocombustibles; frente a los niveles de desconcentración para fomentar la
producción campesina y el modo de vida rural, todo ello en un entorno de
globalización. La segunda se relaciona con la solución al “tierrero” de los
baldíos, que surgió gracias a la combinación de normatividad confusa, mensajes
de promoción a la inversión que no calzaban con la legislación y la proclividad
de hacerle el “esquince a Ley”, en un ambiente de fragilidad institucional que
reproduce la corrupción.
La solución no debería representar una
encrucijada, si no mediaran 2 factores. Los graves efectos socio-económicos de nulidad sobre los actos de
adjudicación de baldíos de la Nación. Entre ellos, la pérdida de
inversiones, demandas, desbandada del capital privado y hasta consecuencias
políticas, por los vasos comunicantes entre los grupos económicos y la
política. Y, de otro, las negociaciones en La Habana, en las cuales el Gobierno
se allanó a la posición ideológica de las Farc, según la cual la utopía
comunista –de igualdad, erradicación del narcotráfico y terminación del
conflicto–, se logra con la redistribución de la tierra.
La encrucijada del gobierno es de marca
mayor. Si se deslinda de sus compromisos con las Farc y favorece a los nuevos
concentradores, afrontará un juicio ético, legal y político, perdiendo
argumentos para introducir los instrumentos expropiatorios del Primer Informe
Conjunto. Una “solución” inaceptable para los ganaderos o cualquier propietario
legal en la ruralidad. Pues mientras los grandes empresarios lograrían sortean
sus argucias y blindar sus propiedades, los demás tendríamos que enfrentar la
expropiación y la extinción de dominio en procesos sumarios y discrecionales.
Si, por el contrario, continúan las
negociaciones, comulgando con la idea de la guerrilla de centrar el desarrollo
rural en la redistribución de la tierra y el fomento a la economía campesina,
tendrá que desmarcarse de favorecer a los nuevos concentradores y aplicar la
Ley. Aunque también tendrá que seguir avalando políticas que van de lance en
ristre contra la propiedad tradicional y la opción de aprovechar los vientos
globales. Necesitamos claridad. La promesa del Presidente según la cual “en
nuestro modelo para el agro caben empresarios y campesinos”, no la vemos. No es
claro el balance entre una adecuada concentración para proyectos empresariales
competitivos y la redistribución para fomentar una economía campesina viable.
*Presidente Ejecutivo de Fedegán.
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