Esta semana el mundo tenía sus ojos en el pleno de la OPEP. Desde muchas instancias se esperaba un aumento en la producción petrolera, suficiente para descolgar los precios del crudo. Empero, el fracaso en el consenso dejó un sabor agridulce, que no es ajeno a Colombia. En plata blanca significa más recursos para el gobierno –dueño del 90% de Ecopetrol–, pero también una expectativa de mayores precios para los combustibles. Uno de los rubros del grupo de productos y servicios regulados con tendencia onerosa, que el gobierno no puede seguir ignorando. A menos que esté dispuesto a sumar, paulatinamente, presiones inflacionarias.
La perspectiva de un mayor costo de vida –relativamente controlado por el momento– no es sólo del Emisor. Pagarían los transportadores, los hogares en especial los más vulnerables, los empresarios, la economía vía competitividad y los productores del sector agropecuario. Como si no tuviéramos suficiente con los estragos del invierno –que empezaron a sumar a los precios de los alimentos–, las elevadas bases gravables del Predial o los incrementos en concentrados y fertilizantes derivados del petróleo, como para sumar en peajes, fletes y pasajes. Costos que tendrían que trasladarse al consumidor final.
Y es que en el sensible tema del precio de los combustibles, surgen ambigüedades con un tinte más político que técnico y de conveniencia eminentemente fiscalista. Y, aunque no reñimos con eso, sí duele que para sectores como el agropecuario, sean más las de cal que las de arena. Lo cierto es que esa realidad nos dice que sería posible una intervención del Estado, para contener las previsibles alzas del combustible. El cuarto más costoso en el mundo, por encima incluso de Estados Unidos, con incrementos muy de lejos por encima del IPC.
Pregunto, por ejemplo, ¿por qué si las cotizaciones internacionales del crudo y la gasolina, actúan como predictores de los precios internos, la dinámica siempre funciona cuando van para arriba, pero no cuando descienden? Si es claro que la fórmula contiene un alto porcentaje de impuestos en su estructura –cerca de 30% por galón– ¿Quién responde por las inversiones de la sobretasa –12% de los ingresos tributarios locales– que deberían destinarse a malla vial? ¿Quién indica a los agricultores y ganaderos cómo sacar los productos hacia centros de consumo, si a todas luces la sobretasa nunca alcanzó para financiar vías terciarias?
Con todo respeto con el Ministro de Minas, pero el déficit del Fondo de Estabilización de Precios o la modernización de las refinerías, no pueden ser excusa. A fin de cuentas, sólo el 10% de Ecopetrol es capital privado. La coyuntura amerita una institucionalidad aguda, que no cuelgue más lastres a la demanda agregada –sentenciada por el Emisor, vía tasas de interés–. Así lo requiere la maltrecha locomotora agropecuaria, que está jalando el desempleo a la baja y puede mantener activo el consumo de los hogares. Y no, precisamente, el sector minero-energético, que apenas genera 1% del empleo y está empeorando la condición cambiaria –que ni siquiera se ha trasladado a las importaciones de los derivados del crudo–.
Necesitamos una salida que, sin afectar las finanzas territoriales, considere los costos de producción, nuestro ingreso per cápita, el elevado margen que se llevan los productores de gasolina y diesel y que, sobre todo, genere una sana lógica en el proceso y detenga las alzas. O quizá sea hora de considerar una propuesta del Ex Ministro Ocampo, en el sentido de financiar el subsidio de hidrocarburos con las regalías. Lo que no podemos hacer, es acomodarnos y recaudar impuestos y divisas, sin mirar a los lados de la boyante locomotora energética.
*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.
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