No quiero ser aguafiestas pero la reciente decisión de las firmas Standard & Poor’s y Moody’s para devolverle al país el grado de inversión, llega en un momento, francamente, complejo. La sorpresiva noticia –luego de más de una década de espera– deja la esfera económica para coger con pinzas. Los efectos de una mejor calificación para nuestra deuda pública, en una coyuntura de fuerte revaluación del peso frente al dólar y tasas de interés en ascenso, podrían sumarse para estrangular la economía. Todo puede pasar, a menos que vayamos más allá de los inútiles instrumentos de control de cambios y de la política contraccionista del Emisor.
En la práctica, el voto de confianza de las calificadoras significa, por un lado, que nuestro atractivo para la inversión extranjera –de por sí elevado– crecerá. Y, por otro, que el “riesgo país” se reduce a su mínima expresión. Con lo cual, el costo del capital externo se torna aún más barato, generando mayor endeudamiento, público y privado. Lo cual no es bueno, considerando que, justamente, el ingreso de dólares por estas fuentes, está ejerciendo una fuerte presión sobre la revaluación. Sólo en lo corrido de 2011 la IED aumentó 41% y, en el último año, el saldo de la deuda externa privada creció 54%.
Esto nos conduce al segundo tema: un sistema financiero poco competitivo, que nunca ha bajado sus tasas de colocación y que, ahora sigue nutriéndose de la escalada alcista de las tasas de intervención, que reiniciara el Banco de la República en febrero pasado. Una condición que presiona aún más el endeudamiento externo y, además, castiga el consumo, determinante para el crecimiento y la producción –maltrecha por los malos precios internacionales para nuestras mercancías–. Si me preguntan, creo que la inflación se convirtió en la horma del zapato del Emisor y por lo tanto no tiene interés en atajar la revaluación.
¡Peor el remedio que la enfermedad! Si no, rememoremos la recesión del 98 que tubo prácticamente los mismos canales de transmisión. O, para no ir tan lejos, el manejo de la política monetaria entre 2006 y 2008, mediante la cual el Banco aumentó fuertemente la tasa de intervención de 6% hasta 10%, haciendo que la tasa cambiaria se situara por debajo de los $1.700 y el PIB –que venía creciendo al 7%– terminara cayendo por debajo de 2%, con indicadores de desempleo por encima del 11%. Concluya.
Ahora que el país iniciaba una senda de reactivación, con un PIB al cierre de 2010 de 4,3%, que el índice de inflación básica se mantenía inalterado y que el IPC de abril fue inferior en 0,34 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior y 0,48 puntos por debajo del promedio del primer trimestre de este año –presentando un inflación controlada– y que el único problema, es con los precios de los productos regulados, no me atrevo, francamente, a especular sobre la lógica que está guiando las decisiones del Banco de la República para “frenar la inflación”.
No en vano el llamado del presidente Santos y hasta de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, así como los precios regulados, la política fiscal también está dejando un sinsabor. No se escucha por ningún lado el tema del ahorro fiscal y, por el contrario, lo que se aproxima es un mayor gasto, inducido indudablemente por las condiciones que dejó la ola invernal, la ley de víctimas, etc. Es evidente que el gobierno debe entender que en épocas de vacas gordas, es necesario hacer ahorro primario. Sin ese mecanismo, es imposible atajar la revaluación y, en consecuencia, el sector productivo puede verse afectado. ¡Ojo Señor Ministro!
*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN
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