Los inamovibles

José Félix Lafaurie Rivera

@jflafaurie

Los inamovibles son “líneas rojas” que no se pueden traspasar en una negociación, porque hacen parte de fundamentales no transables.

En 2012, el presidente habló de conversaciones con límites, que “Se medirán en meses, no en años”. Dos años después, Márquez advierte que “No estamos en la recta final y lo que está por definirse, aún toma tiempo”.

El presidente anunció que “El tercer punto es el fin del conflicto armado. Esto incluye la dejación de las armas y la reintegración de las FARC a la vida civil”. Hoy Márquez encara al Gobierno para señalarle que “conceptos como transición, desmovilización y entrega de armas no existen ni en la gramática del acuerdo de La Habana, ni mucho menos en el lenguaje de la guerrilla”.

Junio de 2014: el presidente insiste en que "No hay la menor posibilidad de que lleguemos a un acuerdo en donde la guerrilla se quede con las armas". Hace pocos días, Andrés París riposta que “Nadie va a tener la foto de la entrega de armas de las Farc”; que "El desarme lo vemos como un largo proceso" y que la dejación de armas “implica la desmilitarización de la sociedad y del Estado”. Léase, la neutralización de todas las violencias y, principalmente, la disminución del ejército. Su última exigencia “urgente” es un “comando guerrillero de normalización”, para el desmonte de batallones de contrainsurgencia, reducción del pie de fuerza y reformas profundas a la doctrina militar. ¡Qué tal!

Agosto de 2013: las Farc exigen una Comisión de la verdad histórica del conflicto. El Gobierno sostiene que habrá una Comisión de la Verdad una vez suscritos los acuerdos, pero en 2014 cede nuevamente y crea la Comisión, con 12 delegados elegidos por partes iguales. Lo grave no es la comisión sino su objetivo. Para las Farc, "deberá estudiar el tema de la violencia partidista, la responsabilidad de los medios, de la iglesia oficialista, de las potencias extranjeras injerencistas (especialmente EE.UU.), de los latifundistas, de los empresarios y del sector financiero, hasta nuestros días". Es claro su objetivo de diluir y socializar la responsabilidad. ¡La culpa es de todos!

Noviembre de 2012: De la Calle afirma que “No vamos a negociar el modelo de desarrollo ni las políticas del Gobierno”. El primer punto fue el desarrollo rural, como si no fuera parte del modelo económico ni de las políticas públicas. Pero el presidente lo explicó bien en Miami, en julio de 2014: “Cuando hice la comparación sobre lo que yo quería hacer con el campo colombiano y lo que estos señores estaban proponiendo, no había una gran diferencia”. ¡Sin comentarios!

El segundo punto modifica el sistema de participación política, pero Santos explica que “Se trata de un proceso normal de cualquier democracia y lo tendríamos que hacer con o sin negociación”. Y el tercero es la política antidrogas, que toca a la justicia, la seguridad, las relaciones internacionales, la economía y hasta la salud. Nada de eso, para el Gobierno, tiene que ver con las instituciones, el modelo ni las políticas públicas.

El Gobierno insiste en referendo y las Farc en constituyente, el Gobierno en que no habrá impunidad y las Farc en que no pagarán cárcel; el Gobierno en que deben reconocer y reparar a sus víctimas, mientras las Farc las halagan en privado y las desprecian en público, y aseguran que “no tenemos nada que repartir”. ¡Pobrecitos!

Las Farc han sido coherentes y han alcanzado sus posiciones al ritmo en que el Gobierno ha cedido las suyas. ¿Quién controla esta negociación? ¿Por qué se mueven los inamovibles? ¿Quién tiene el timón y la brújula? 

El trino

José Félix Lafaurie Rivera

@jflafaurie

Debo aclarar que no intento asumir en estas líneas la defensa de María Fernanda Cabal –mi esposa– pero lo que sí pretendo defender con vehemencia, esperando no ser encausado por ello, es el derecho a la libre expresión, a la libertad de las ideas, porque cuando empezamos a ponerle cortapisas, ya conocemos en el vecindario a donde llevan esos caminos. López está incomunicado en una cárcel chavista, no por lo que haya hecho o dejado de hacer, sino por lo que dijo, o mejor, por lo que otros hicieron por lo que él dijo. Con esa lógica judicial perversa, para que nunca pase nada, es mejor nunca decir nada.

Algo así no habría sucedido hace algunos años, cuando la información y las opiniones eran dominio exclusivo de los medios, que hoy han tenido que entregar esa dictadura a la democratización de las redes sociales. Si yo denunciara a los funcionarios, periodistas, columnistas y terceros que, por tuiter y en los medios, me tildan de paramilitar, guerrerista y enemigo de la paz, la justicia estaría muy ocupada.

Por ello lo que también rechazo es la intención detrás de semejante polvareda. La parlamentaria del Centro Democrático, movida por su legítimo desacuerdo con unas negociaciones que no solo a ella no convencen, sino a millones de colombianos –siete para ser más exactos–, se limitó a hacer unas preguntas válidas y, al margen  de si el personaje era o no un guerrillero, a juzgar por las reacciones, abrió otra puerta a quienes buscan deslegitimar, estigmatizar –ellos sí– a todo el que se oponga a esa universalización de las víctimas que solo busca hacer invisibles a las de las Farc.

Me quedan muchas preguntas: ¿Por qué la denuncia? ¿Por qué tan rápida y agresiva condena de los medios, el Gobierno, el jefe negociador, la Fiscalía y hasta las Farc, hacia quien, paradójicamente, no ha hecho sino defender a las víctimas? ¿Qué autoridad tiene Márquez para acusar de odios y sentimientos guerreristas? ¿Qué desvergüenza le permite acusar a un trino de sabotear el proceso? ¿Acaso no son los tiros y los bombazos de las Farc los verdaderos saboteadores?  ¿Cuáles fueron los criterios de escogencia de las víctimas? ¿Por qué las de las Farc son minoría frente a las de otros victimarios? Ese no es un asunto apenas aritmético ¿Acaso el Gobierno no sospecha que la ‘comisión histórica’ busca concluir que la clase política y la sociedad, desde hace 60 años, son los responsables de la violencia? ¿Acaso no adivina –blanco es…, gallina lo pone– que las Farc buscan con ello legitimar su lucha con total impunidad?

Es también inquietante la situación de los congresistas frente al derecho a la libre opinión, que adquiere en este caso relevancia, pues no en vano representan ellos la Voz del Pueblo, como está tallado en piedra en el recinto del Senado. ¿Acaso existe en Colombia delito de opinión? ¿Dónde quedan la autonomía del Congreso y el equilibrio de poderes? ¿Hasta dónde se está judicializando la política? ¿Cómo hizo la Fiscalía para individualizar la responsabilidad, ¡en solo un día!, frente a una denuncia indeterminada? ¿Cómo compulsa copias a la Corte Suprema sin investigación alguna? ¿Es acaso la misma Fiscalía que lleva décadas sin aclarar los asesinatos de Galán y Gómez Hurtado, y se resiste a declarar este último de lesa humanidad? ¿Por qué tanta premura? ¿A lo que estamos asistiendo acaso es a la politización de la justicia?

Menos retórica y más respuestas. Más trinos en libertad y menos tiros como amenaza extorsiva. Eso es lo que espera el país.

Las víctimas al estrado

José Félix Lafaurie Rivera

@jflafaurie

Se veía venir. Entrando al tema de víctimas, las Farc harían lo posible no solo para dilatar las negociaciones -ya este año tampoco será, según Márquez-, sino para eludir sus responsabilidades y meterle conejo al país en una parodia por capítulos. 

Primero fue un reconocimiento que el Gobierno amplificó con entusiasmo a pesar de su ambigüedad -“...también ha habido crudeza y dolor provocado desde nuestras filas”-, una confesión más bien ‘babosa’, si se me permite la expresión, pero acompañada de un verdadero Caballo de Troya: la exigencia de una comisión histórica, a la que el Gobierno había dicho que no, pero terminó diciendo que sí, y a cuyos resultados habrá que esperar, aunque se sabe que responderán al objetivo de las Farc de dejar sentado que la violencia y, por tanto, todas las víctimas, son responsabilidad del Estado y de toda la sociedad durante sesenta años.

Segundo. Luego vendrían los grandes foros, exigidos también desde la isla sin unos entregables claros, pero con una estrategia, esa sí muy clara, para privilegiar la participación de todas las víctimas diferentes a las de las Farc, a lo cual ayudó la quizás un poco ingenua falta de coordinación de las víctimas de la narcoguerrilla, que nunca sintieron la necesidad de organizarse como tales para exigir políticamente su condición. Los cientos de testimonios y propuestas de esta escenificación buscaban lo mismo: eclipsar a las víctimas de las Farc y acabar de diluir la responsabilidad por los crímenes de la guerrilla a partir de una curiosa socialización de la culpa.

El tercer capítulo es la selección de las víctimas que irán a La Habana. Mientras terminaba de escribir estas líneas se conoció el listado de las doce primeras, y el debate se encendió de inmediato cuando se supo que solo cinco de ellas eran víctimas de las Farc, y cuando los señores Fabrizio Hochschild y Alejo Vargas confesaron que la escogencia se hizo con la mayor ponderación y siguiendo ‘los criterios de la mesa’.

No entiendo tal ponderación. ¿Acaso no estamos negociando con las Farc el cese de SU violencia y el reconocimiento y reparación de SUS víctimas? ¿Acaso los agentes del Estado no están siendo sometidos a la justicia con ejemplar dureza y sus víctimas reparadas por esa vía? ¿Acaso las de los paramilitares no hacen parte de la instancia transicional de la Ley de Justicia y Paz? ¿Qué hacen allá entonces? Como colombiano me indigna que el Gobierno se someta voluntariamente a semejante claudicación, que no solo desequilibra las negociaciones en favor de las Farc, sino que está minando la credibilidad del proceso y la posibilidad de que el pueblo lo refrende en las urnas.

Ya imagino la frotada de manos de Márquez y Santrich cuando desfilen siete víctimas de agentes del Estado y de paramilitares para sellar con contundencia su tesis y su estrategia: todos somos víctimas, todos victimarios, luego las Farc no están obligadas a reconocer sus crímenes ni a responder ante ningún tipo de justicia, así sea transicional y generosa, por lo menos hasta que no lo haga el Estado y todo el país con ellos.

Y cuarto, Finalmente, las víctimas subirán al estrado en varias tandas, pero a juzgar por la inicial, el resultado neto no será la confrontación a las Farc para exigirles verdad, reconocimiento y reparación, sino para escribir el último capítulo de la exculpación por todos sus crímenes. Y lo peor de todo, mientras los siguen cometiendo.

Nota bene. Después del punto final registro la información radial de otro atentado de las Farc en Tumaco, con tres civiles heridos, dos menores de edad. Sin comentarios.

Iragorri: el Agro II

José Félix Lafaurie Rivera

@jflafaurie

Cuando estas líneas lleguen a los lectores habrá iniciado un período que ya se ha dado en llamar “Santos II”, y se habrá hecho oficial la designación de Aurelio Iragorri Valencia como Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural en esta definitoria etapa para el campo colombiano: el Agro II.

Ya arrancaron las calificaciones: que no es técnico sino político, que no conoce el sector, que es gran conciliador; y también los consejos de quienes se dicen expertos: la exministra Cecilia López lo invita sin empacho a hacer a un lado a los gremios, “que ellos se defienden solos”, para que “escuche más bien a aquellos sin voz”, desconociendo que los gremios también representan a los pequeños productores y que todos, grandes y pequeños, tienen el mismo derecho constitucional a ser escuchados por el Estado.

Lo invita también a desestimar los “subsidios para calmar emergencias”, olvidando que este país, por el abandono histórico del campo y la falta de planeación estratégica para la competitividad, pues vive de emergencia en emergencia, de Niño en Niña y de TLC en TLC, enfrentando a la naturaleza y a mercados internacionales con productores altamente subsidiados -a ellos sí no les hacen daño-, compitiendo con los nuestros, siempre huérfanos de política pública y hasta de seguridad como base del desarrollo.

Yo también prefiero los bienes públicos a los subsidios. Nuestros competidores tienen ambos con profusión, pero en Colombia no tenemos ni los unos ni los otros. Parafraseando el principio de la tan de moda Tercera Vía: el campo necesita toda la infraestructura que sea posible, porque la deuda es inmensa, y mientras tanto, todos los subsidios que sean necesarios para calmar emergencias.  

No me atrevo a darle consejos al nuevo ministro; no obstante, pienso que para serlo con éxito se requieren dos cosas: sentido común y voluntad política. El primero ya ha demostrado tenerlo Iragorri, y la segunda depende de la importancia que le conceda el Gobierno a la recuperación del campo, no solo para la paz, sino para el desarrollo del país, en un entorno de creciente demanda mundial de alimentos y con evidentes ventajas comparativas, hoy desaprovechadas por una precaria competitividad.

La recuperación del campo es un imperativo con negociaciones o sin ellas. Siempre ha debido serlo, como lo han pedido a gritos los gremios y el país rural sin encontrar respuesta. El Desarrollo Rural no es algo que -¡Eureka!- esté descubriendo este Gobierno en La Habana. Los gobiernos siempre han sabido qué hacer en un campo sobrediagnosticado, pero no han tenido voluntad política para hacerlo.

Por eso mismo, los problemas del campo no dan espera a que se firmen o no acuerdos con las Farc, ni a los resultados del censo o a los de otra Misión Rural. La actual tiene una agenda a 20 años, pero hace menos de 20 hubo una, también con grandes especialistas e importantes recomendaciones. Lo dicho: Lo importante, señor ministro, es sentido común y voluntad política para la acción.

Nota bene. Dos opiniones, que no consejos: 1. Un Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Rural, que así debería llamarse para no excluir al subsector pecuario, con dos viceministerios: de Desarrollo Agropecuario, dedicado a la producción, y de Desarrollo Rural, a articular las condiciones para el desarrollo económico y social del campo. 2. La Unidad de Tierras, tan importante como la Ley que la soporta, debería ser hasta un Ministerio pro tempore o, en cualquier caso, sacarse del MADR, pues rebosa sus competencias y absorbe al Ministro, en desmedro de la atención integral de la problemática rural, como en efecto ha sucedido.  

En homenaje a Isa y Yurani

José Félix Lafaurie Rivera

@jflafaurie

Postulo a Rónal Ruiz y Elmelinda Muse para ser las primeras víctimas que viajen a La Habana. De su representatividad nadie podrá dudar, porque sus hijas, dos niñas indefensas, en la última semana fueron carne de cañón de la absurda sevicia de quienes dicen estar negociando la paz.

Que Santrich abandone su  risa socarrona y su burlón “quizás, quizás, quizás”, y aunque no pueda verla, le dé la cara  a Elmelinda y le explique por qué tenía que morir su hija Yurani, de apenas dos años, cuando un tatuco cayó sobre su vivienda indígena en Miranda, Cauca.

Que Márquez se despoje de su cinismo y convenza a Rónal de que Isabela, su hijita de tres años, tenía que morir por el solo hecho de que él es patrullero de la Policía; que le explique por qué esa muerte, con una granada de fragmentación lanzada a un CAI en Arauca, no es responsabilidad de las Farc, como pregona con arrogancia, sino de políticos y terratenientes, de la prensa y la iglesia, del presidente de la República y hasta del gobierno de Estados Unidos.

Y postulo al general Mendieta, por supuesto, aunque el Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional -¿en qué pensará?-, comulgue con las Farc en que los soldados y policías no son secuestrados sino “retenidos”, en una clara referencia a que se trata de “prisioneros de guerra”, para así excluir al general, al intendente Pinchao y a miles de héroes secuestrados y asesinados.

Si ese es el criterio de quienes seleccionan a las víctimas, ¿qué podemos esperar? Mientras en los foros -falta el show nacional de Cali- se ha tratado de esconder a las víctimas de las Farc y resaltar las de paramilitares y agentes del Estado; mientras las Farc exigen incluir a Cano como víctima y juzgar al presidente como victimario, la Universidad excluye a los militares, policías y a sus familiares. Razón tiene el general (r) Rey para solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que requiera al Estado colombiano para que informe si los miembros de la Fuerza Pública serán considerados víctimas o tratados como “iguales a las Farc”.

En nada ayuda la declaración presidencial de que: "Estamos en guerra, pero la guerra es entre combatientes, entre los soldados y policías de nuestras Fuerzas Militares…”. Error. El Estado colombiano, que yo sepa, no está en guerra contra nadie, ni los terroristas que asesinaron a Isa y a Yurani pueden considerarse “combatientes” de causa alguna. Nuestros soldados no “combaten” a una fuerza con derecho a imponer su modelo de sociedad y Estado, porque, sencillamente, el Estado colombiano es legítimo. Si no lo fuera, si la violencia de las Farc hiciera parte de una guerra legítima, el general Mendieta habría sido, efectivamente, un “prisionero”; y el general Méndez y el subintendente Muñoz, asesinados, a golpes el primero y degollado el segundo, no serían víctimas sino caídos en combate de esa guerra -¿cuál guerra?- contra las Farc.

No. La Fuerza Pública está defendiendo a la sociedad de unos narcoterroristas que, ahora mismo, la extorsionan con víctimas fatales todos los días -Yuris e Isabelas- y con actos terroristas contra la población, para imponer sus ideas en la mesa, culpar al mundo de su barbarie y lograr impunidad y poder. Y lo peor es que insisten en llamar a eso “proceso de paz”.

Nota Bene. Del patrullero Ruíz, un bogotano que lo perdió todo en Arauca y no sabe si puede perdonar: “Arauca es otra Colombia, un territorio sitiado por la guerrilla y olvidado. Todos lo saben y no hacen nada…”.