Los gurús también lo dicen

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

Barranquilla fue escenario esta semana del Seminario Internacional del Sector Cárnico Bovino. Un enriquecedor debate que congregó a representantes del gobierno, gremios, productores, industriales y expertos internacionales, para refrendar los temores que de tiempo atrás hemos advertido frente a la profundización de los TLC. Las conclusiones fueron reveladoras y, lo más importante, abrazaron un ánimo propositivo y de trabajo conjunto, para desatar los nudos gordianos que limitan la competitividad de la cadena cárnica y la admisibilidad de nuestros productos en los mercados internacionales.

El evento, contó con la presencia de autoridades y protagonistas muy significativos en el sector cárnico procedentes de Brasil, Uruguay, Argentina, Reino Unido y Estados Unidos. Sus advertencias fueron en dos frentes: oportunidades y limitaciones. De un lado, alertaron sobre la disminución en la producción mundial de carne y, a su vez, el aumento en la demanda. Entre 2010 y 2020 podrían necesitarse 40 millones de toneladas adicionales, donde la bovina pasara de tranzar en el Mercado internacional 7,2 a 14,6 millones de toneladas. Un panorama que según Richard Brouwn, abre espacio para oferentes que, como Colombia, disponen de tierra, sol, agua y vocación ganadera.

Las malas noticias se centran en los requisitos para la comercialización de carne, cifradas en una legislación trasnacional exigente en el área fitosanitaria. Su alarma es clara: sin un sistema de control y vigilancia en materia de inocuidad alimentaria, sin trazabilidad animal y una mejora sustancial en la competitividad productiva del sector, Colombia nunca accederá a los mercados de Estados Unidos, la Unión Europea o Asia-Pacífico.

En otras palabras, todo aquel que quiera vender en esos mercados, tendrá que andar al mismo ritmo de otros jugadores de Talla mundial. No hay protocolos express para países amigos.

Si bien hemos avanzado, gracias a que hoy somos libres de aftosa con vacunación, las palabras de los expertos volvieron a poner sobre el tapete, la urgencia de acelerar los tiempos de la denominada agenda interna. Sin duda los Conpes Sanitarios de 2005 son la hoja de ruta de esa agenda de accesibilidad sanitaria y de inocuidad. Pero pasar de la formulación a la ejecución, ha resultado difícil.

Desde antes de negociara el TLC con USA, es decir hace más de diez años, conocíamos las amenazas y las debilidades. Pero no hemos hecho la tarea completa. Lo que nos convierte en carne de cañón, frente a los contingentes y desmontes arancelarios previstos en los TLC y, más aún, de cara a las restricciones sanitarias que hoy pesan sobre el sector. Al margen de lo que se pactó y en donde no fueron pocas nuestras voces de protesta, creemos que muchos propósitos siguen engavetados. Así ocurre con el Conpes para la reconversión de la Cadena Láctea y los Conpes sanitarios 3375 y 3376 de 2005. Su máximo desarrollo fue la expedición del Decreto 1500, cuyas prórrogas mantienen un sistema de sacrificio atrasado, financieramente irracional y que parece conminarnos al “doble estándar” que rechaza el comercio mundial. Lo que representa un enorme costo de oportunidad frente al TLC con Canadá o Estados Unidos.

Pero la invitación no fue sólo para el gobierno. El llamado para los productores, fue a escalar sistemas eficientes de producción, explorar tecnologías y aumentar la productividad por hectárea, incluyendo capacitación, formalización y manejo sostenible de la tierra y el agua, para evitar la dramática experiencia Mexicana que, de más de 280 mil ganaderos, hoy como resultado de su TLC con USA, apenas suman 32 mil productores.

Grosso modo, se trata de articular y ejecutar un plan de acción entre gobierno, gremio y productores, para gestionar una política exportadora identificada con el Programa de Transformación Productiva, del que hace parte la ganadería colombiana.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.

Las dudas del 6D

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

La marcha del 6 de diciembre convocó a la sociedad, una vez más, a repudiar el crimen de guerra cometido por las FARC contra los 4 uniformados que había secuestrado hace más de 12 años, sin olvidar los vejámenes y la violencia sin sentido, que ha protagonizado ese grupo terrorista contra los colombianos durante medio siglo. Pero “la calle”, que el 4 de febrero de 2008 sirvió para marcar un hito en el despertar de la protesta, esta vez no fue tan multitudinaria, tan rotunda, tan contundente. Prefiero pensar que la lluvia espantó los ánimos, en lugar de creer que a una parte de esta sociedad la está devorando una disfunción moral, que le impide reprobar la barbarie.

¿Qué está pasando? ¿Por qué no exhibimos el mismo rechazo que mostramos ayer para condenar el terrorismo? Ya lo hicimos contra los crímenes del paramilitarismo. Esta sociedad no dudó en descalificar sus atroces métodos y su brutalidad. No hubo ningún actor ni estamento público o privado, que no rechazara cualquier espacio que pudiera servir para reivindicar sus acciones. Sin embargo, no sucede igual con los crímenes de las FARC. ¿Por qué ese relativismo moral?

Al parecer ha prosperado el activismo de algunos sectores de la opinión, interesados en desplegar una ideología de tolerancia hacia la guerrilla. Pero a sus discursos reivindicativos, las FARC agradecen con un bombazo, masacre o secuestro.  Entre tanto, en el plano político ha echado raíces la ambigüedad y otra vez se oyen propuestas de diálogo que le hacen flaco favor al empeño de alinderar esfuerzos y cerrar filas contra el terrorismo.

Las enseñanzas de España son elocuentes. La dimisión de las armas de Eta, no fue el fruto de una negociación, ni del triunfo operativo de esa organización. Sus derrotas militares, políticas y morales precipitaron sus bases. La contundencia de las fuerzas de seguridad, una justicia operante, la proscripción de Batasuna y la condena a rabiar de la sociedad ibérica contra el terrorismo y su apoyo al Estado –incluso desde la izquierda Abertzale–, hicieron irreversible su desplome. Como escribió Santiago Montenegro: fue “un triunfo completo del Estado y la democracia española y una derrota del terrorismo”.

El grito de la sociedad española fue nítido y sin concesiones al terrorismo. “Deben rendirse incondicionalmente y pedir perdón a las víctimas”, han dicho. Colombia no puede dejarse engañar otra vez. La demanda de las FARC para un nuevo diálogo, en la conferencia de la recién inaugurada CELAC, es una desfachatez a pocos días de haber cometido un crimen de guerra. Esta sociedad tiene derecho a no creer después de década de chantajes, discursos apolillados y de un conflicto, marcado por las agresiones terroristas de las FARC, que se prolongaron y degradaron injustificadamente.

No estamos ante rebeldes, estamos ante criminales y para ello existe una legislación, aunque moralmente parece pesar más en la comunidad internacional que en la sociedad colombiana, al decir del intento de reforma constitucional para establecer un nuevo marco legal para la Paz y la Justicia Transicional, que le permitiría a los miembros de grupos armados que se desmovilicen –gracias a un proceso de paz– ser elegidos o nombrados en cargos públicos.

¿Qué vamos a decir a las víctimas? ¿Cómo vamos a pasar por alto el Derecho Internacional Humanitario, los protocolos de Ginebra y la Corte Penal Internacional? Los crímenes de lesa humanidad ya no prescriben. Volvemos a tambalear, dudamos y si algo sabemos es que la duda mata. Y, mientras tanto, después de 9 años de la más fuerte arremetida contra las FARC, su frente 41 vuelve a poner un retén en Becerril-César con saldo de varios vehículos incendiados. 

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.

El crimen de las FARC

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

La reciente invitación del Presidente Santos, para abrir algún camino hacia la negociación del conflicto armado, no pudo recibir una respuesta más cobarde de parte de las FARC. La masacre de los uniformados, no sólo descorazonó la construcción del marco constitucional de Justicia Transicional, sino que echó por tierra las pretensiones de algunos sectores de la opinión pública, que insisten en presentar a las guerrillas como rebeldes a sabiendas de que no son más que criminales. Por enésima vez, estamos delante de la verdadera cara de los victimarios y nos estremece preguntar si puede haber un proceso de paz con perpetradores de crímenes de lesa humanidad.

No es la primera vez que lloramos a nuestros muertos o nos rasgamos las vestiduras por la indolencia y la infamia de las guerrillas contra los secuestrados, sus madres, esposas e hijos. Condenaron en vida a ciudadanos colombianos a ser devorados por la selva, aniquilaron su futuro y sus sueños por más de una década y finalmente los ultimaron a mansalva, indefensos y por la espalda. Un horror que no ha dejado de atormentarnos, incluso en todas las coyunturas en que esta sociedad, muy generosamente, accedió a dialogar sin recibir nada a cambio, salvo más terror e indignación.

Entonces, vuelvo a preguntar ¿qué es lo que vamos a “negociar” a cambio de décadas de dolor, vejámenes y burlas? ¿Qué vamos a entregar en contraprestación por las miles de víctimas de masacres, extorsiones o minas antipersonal, de las vidas destrozadas de nuestros secuestrados o del aparatoso retraso del campo?

 ¿Cómo justificar el discurso bizantino de mano tendida, con una horda terrorista que arremete con una barbarie demencial e incongruente con las propias causas que dice reivindicar?

Reconozcamos, de una vez por todas, que la historia ha demostrado que la estrategia del diálogo nunca sirvió ni servirá para hacer posible la paz en Colombia. No porque hayamos sido incapaces de abocarla como sociedad, sino porque la propia guerrilla envileció y deshumanizó el conflicto y despreció los gestos de apertura que se tendieron desde el gobierno del Presidente Belisario Betancur.

El exitoso pulso de la estrategia militar en la lucha frontal contra la guerrilla, debe sugerirnos algo. Han sido nueve años en los que el campo ha resucitado, en que miles de ganaderos –víctimas por antonomasia de las guerrillas– han podido volver a producir sin el terror a cuestas. Años en que los asesinatos, secuestros y extorsiones disminuyeron ostensiblemente.

Años en que logramos configurar el monopolio de las armas para el Estado con una superioridad sin precedentes, que ha permitido desmantelar de manera irreversible a esa organización terrorista. Entonces ¿Por qué menguar el combate frontal si ha mostrado resultados, más aún si una rendición incondicional parece inviable, como lo hicieron saber Cano y ahora Timochenko?

El “nuevo plan de guerra” que están diseñando los generales parece más aconsejable, que el ambiguo discurso de abrir la puerta de la paz y otorgar prerrogativas políticas a desmovilizados que cometieron crímenes de guerra.

Necesitamos proteger los derechos humanos y caminar en pos de la nueva legislación que los tutele. Un escenario que constriña las posibilidades de los terroristas e inste la liberación de los secuestrados y la dejación de las armas como un acto de rendición unilateral, fruto del reconocimiento de la inferioridad militar de las guerrillas, de su derrota moral y de la ausencia de una justificación plausible para un conflicto éticamente inaceptable. 

Esta sociedad no puede ser inferior a su responsabilidad histórica. No queremos más tomas de Patascoy o Las Delicias. No queremos más campos de concentración en medio de la selva, ni más ajusticiamientos. Pero tampoco queremos más Caguanes. Son verdades de apuño, que pasan por demandar al Estado, al Gobierno Nacional y a sus fuerzas Militares que sigan cumpliendo sus obligaciones constitucionales de proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de nuestra nación.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.

TLC con Turquía no convence

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@Jflafaurie

Antes de iniciar las negociaciones del TLC con Turquía, el gobierno hizo explícita su postura de llevar al sector agroalimentario en su agenda de intereses ofensivos. Los escenarios para los productos cárnicos y lácteos eran promisorios y existía un compromiso claro de no volver a “feriar” el campo, como lo reiteró el Ministro de Agricultura. No obstante, la ronda de Ankara nos dice que la historia se repetirá. No nos convencen los avances. No percibimos reciprocidad y no sería serio renegociar el acuerdo una vez Turquía ingrese a la UE. Así las cosas, es mejor abstenernos hasta que existan las condiciones para un intercambio equitativo.

Nos dijeron que Turquía podía ser el canal de entrada al Asia y una vía para profundizar nuestro acercamiento a la UE. Aunque también hacia los Balcanes y el Cáucaso –en donde la ganadería ya puso una pica en la Federación Rusa–. Es, además, uno de los 10 poderes emergentes, con un PIB de 8.9% en 2010 y asiento en la OCDE. Su explosión demográfica, una clase media en ascenso jalonando la demanda agroalimentaria –en momentos de presiones inflacionarias e ineficiente abastecimiento– y su apertura desde 2006 a los mercados suramericanos, concentraban nuestro interés. Era el primer tratado en el que aspirábamos a salir bien librados.

Las opciones eran claras, al decir del declive en la dinámica del sector primario turco, en especial del subsector bovino cárnico. Los costos de producción, la merma en áreas de pastoreo, los bajos precios de la leche y los brotes de enfermedades, expulsaron a cientos de productores de la actividad. Las cifras oficiales turcas dan cuenta de un inventario de 11,4 millones de cabezas y una producción de 325.286 ton. de carne en 2009. Aunque extraoficialmente se habla de 688.701 ton. es en todo caso deficitaria para sus 75 millones de habitantes. Colombia con 46 millones consume 932 mil toneladas, no obstante su bajo consumo percápita.

El exiguo suministro explica los altos precios de la carne en Turquía –entre US$15/kg y US$17/kg, la más cara del mundo–, así como el bajo nivel de consumo percápita –13,3 kg, lejos del estándar europeo de 43Kg–. Con lo cual, la demanda, oferta y precios dependerán de la política de importación turca. Que, de hecho, se ha suavizado en los últimos 2 años, vía reducción de aranceles, eliminación de barreras sanitarias y cuotas para ganado en pie, carne en canal y deshuesada. La noticia es que esta apertura no se ha hecho extensiva a la mesa agropecuaria del TLC binacional.

Las negociaciones contemplan un contingente de 500 toneladas anuales para Colombia de quesos y mantequilla, con desmonte parcial del arancel ad-valorem, que no hace atractivo el esfuerzo exportador. En contrapartida, solicitan abrir el mercado lácteo –en especial de quesos, en donde Turquía es sensible– y excluir al subsector cárnico. No existe, además, interés en establecer un sistema de control fitosanitario que incluya regionalización y equivalencias o en desmontar los subsidios a sus exportaciones.

Nos preguntamos para dónde va el proyecto exportador y qué protagonismo se le otorgará a la “locomotora” agropecuaria. Nos resistimos a creer que la ganadería siga siendo menospreciada, para beneficiar a sectores industriales que siempre quieren ganar. Los mismos que solicitaron excluir al agro de este tratado y los que se avecinan.

La apertura exige complementariedades por razones estratégicas. Este debe ser el común denominador para los TLC con Turquía, Corea o Japón. Nos negamos a avanzar sin que exista en la contraparte la voluntad de abrir su mercado de bienes agroalimentarios, sin barreras para-arancelarias ni subsidios que generen asimetrías. Necesitamos sentar un precedente: no más acuerdos que en lugar de abrir, cierran las puertas.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.

La lección Mexicana

Por José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

La modernización de la ganadería pasa por ver experiencias exitosas. Las giras técnicas se constituyen en la mejor vitrina para revisar nuestra apuesta a los mercados. Van 17 nacionales y con la de México, 5 internacionales, después de visitar Argentina, Uruguay, Brasil y USA. En cada una, más de 200 ganaderos tienen la oportunidad de comprobar qué hacer frente a la competencia. ¿Qué ha pasado, entonces, con la economía ganadera del país azteca?

México ha recorrido un gran trecho con el TLCAN firmado en 1994 con unos resultados positivos y en muchos aspectos, pero en otros no, por el alto costo económico y social que ha debido pagar, y cuyas consecuencias aun no han terminado. Para Colombia la entrada en vigencia del TLC con EE.UU., a juzgar por la experiencia de México, promete ser un tortuoso recorrido en donde miles de productores quedarán en la calle víctimas de un Acuerdo que a todas luces es asimétrico, no sólo por el tamaño de las dos economías, sino por el poder de negociación de la contraparte.

¿Qué ha ocurrido en los 16 años del TLCAN? Mucho. México tenía pequeños y medianos productores que han ido desapareciendo del mercado. Para los analistas, incluso del mismo Gobierno, el TLC “no ayudó a la economía mexicana a crecer al mismo ritmo que la demanda de empleo”. “Entre 1994 y 2002, perdió 1.3 millones de empleos agrícolas”. La explicación: en la primera década de vigencia, las importaciones desde EE.UU. crecieron 234%, el salto más alto de los tres países, y desde Canadá bordearon los US$136 mil millones, al pasar de US$2,9 mil millones a US$8,8 mil millones.

En el caso colombiano, la ganadería está compuesta en un 82% por pequeños productores, es decir, 403.000, de los cuales, es probable que un elevado número salga del mercado debido a sus bajas posibilidades de competir, y en especial, por las restricciones sanitarias que México no tenía por gozar de similar estatus cuando se puso en marcha el Tratado. El sector lácteo colombiano -donde está la mayor parte de los pequeños productores- tendrá una amenaza adicional derivada de la entrada sin límites y con arancel cero de los lactosueros (EE.UU., produce más de 5.250 toneladas al día, esto es, más que las importaciones anuales de Colombia).

Mirando el tema desde la otra cara de la moneda, el sector pecuario mexicano se ha transformado profundamente. Los ganaderos piensan en función de la competitividad, analizan profusamente la estructura de costos y las tecnologías disponibles para precisar dónde obtener ventajas comparativas, lo que  ajustó la rentabilidad de su negocio y derivó en una concentración de la producción. Los establecimientos ganaderos son grandes en número de bovinos e igualmente en producción, con 30 litros de leche por vaca al día. Altos niveles de eficiencia,  generación de valor agregado, integración en la cadena y la eliminación de la informalidad, fue su tabla de salvación.

¿Podrán los productores colombianos avanzar en esa dirección? El reto es importante porque la ganadería especializada no supera en promedio los 17 litros vaca-día.

De contera, con sólo recorrer un pedazo de este México del Alma, se puede comprobar, como ya se hizo en los otros países en los cuales se han hecho giras técnicas, que el ganadero encontró la ruta de la competitividad gracias a una infraestructura de transporte envidiable, tanto en la red vial como férrea -con vías de trocha ancha adecuada para el transporte de grandes volúmenes- a la par de ayudas internas, desde subsidios en las tarifas de energía eléctrica hasta créditos abundantes y a costos bajos. 

¿Cuáles vías tiene el sector rural colombiano para sacar los productos así sean solo para el mercado Interno? Infortunadamente esos grandes proyectos viales, que tardíamente se están construyendo, van a servir pero para que ingresen los productos de los competidores a los centros de consumo, mientras nuestra producción quedará atrapada por la desastrosa red terciaría nacional.  Ya lo estamos sintiendo  a propósito del debate sobre el desabastecimiento de productos lácteos.

Lo que hay que hacer es mucho y él tiempo no está de nuestra parte. Pero no podemos morir en el intento. Tendremos que intentar recuperar el tiempo perdido, y sin vacilaciones, hacer un gran esfuerzo para evitar la pérdida de empleos y la ruina de cientos de miles de productores pequeños y medianos que sin duda se llevarán la peor parte.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.

TLC, en el partidor y sin pista

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

La reciente visita del grupo de legisladores estadounidenses para evaluar  la puesta en vigencia del TLC, coincidió con la misión técnica presidida por Miriam Shapiro, funcionaria de  USDA – APHIS, para poder exportar carne y leche a USA. Son dos caras de la misma moneda. Caras que desafortunadamente implican para unos, especialmente los sectores industriales, oportunidades y para el sector ganadero grandes riesgos,  desajustes y pérdidas.

Los ganaderos no estamos en desacuerdo con los TLC. Por el contrario, a partir de la parafiscalidad ganadera, hace ya 17 años, y con mayor énfasis en el último lustro, la ganadería ha orientado sus esfuerzos hacia una proyección exportadora, a partir de la modernización productiva y mejor integración en las cadenas para el logro de la competitividad. Pero como la competitividad no depende exclusivamente del productor, sino de factores exógenos –ni qué decir de las condiciones de las vías terciarias–, planteamos hasta el cansancio nuestros temores frente a las asimetrías estructurales de ambas economías, la competitividad artificial derivada de los subsidios y ayudas internas para los productores estadounidenses y las barreras paraancelarias, en especial las sanitarias.

Y es esta última la verdadera razón de nuestros reclamos, porque, al margen de si este u otro TLC fue bien o mal negociado, las dinámicas de los mercados generan grandes posibilidades que el día de mañana pueden aprovecharse. Pero si no nos dan admisibilidad sanitaria, todo queda reducido al papel, mientras la ruina toca las puertas de 400 mil pequeños productores.

Cuál es nuestra realidad? Los estudios más optimistas, realizados por el ICA, dan cuenta de 4 años para cumplir las exigencias de Estados Unidos. Aunque la estimaciones conjuntas del ICA e Invima prevén que no estaremos listos antes de 2018, porque a los temas sanitarios asociados con las enfermedades de control oficial, como la aftosa, se suman los requerimiento en materia de inocuidad. Por lo cual, se debe adoptar y poner en plena vigencia el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control de alimentos y la Trazabilidad en el encadenamiento productivo para la carne y la leche.

Entretanto, Estados Unidos podrá poner en Colombia, desde el primer día, una cantidad ilimitada de sus “Hight Quality Beef” –que son el 50% de su mercado doméstico, es decir más de 7 millones de tonelada–, en cambio nosotros tenemos la dudosa y frágil opción de un contingente de 63 mil toneladas compartido con otros países, pero sólo si somos elegibles. Y esa elegibilidad depende, justamente, de la admisibilidad sanitaria que no tenemos, pese a que hemos invertido más de US$500 millones para erradicar la aftosa y tenemos más de 600 mil animales trazados.

Serán 8 años en los que el sector quedará expuesto a una competencia injustificada, plagada de asimetrías originadas en la negociación del TLC, la propia naturaleza de los mercados y la ausencia de voluntad política del gobierno americano para reconocerlas y compensarlas. Sería deseable que la reciente visita de los representantes del Congreso americano sirviera para sacar el proceso de admisibilidad sanitaria de la actual “operación tortuga”.

Necesitamos un trámite más expedito, para avanzar a mayor velocidad y con un trato más equitativo. Sin esa garantía, poco o nada podemos hacer. La comisión sólo tiene que echar un vistazo a las enormes sensibilidades que generará para la ganadería colombiana este TLC. La derrota moral y política del acuerdo sería inatajable, si los beneficios sólo se perciben en una sola vía, la del más fuerte. Y no solamente no es justo sino que abre espacios innecesarios al reclamo y le da argumentos a los que ideológicamente se muestran contrarios a los acuerdos comerciales.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.

Mapiripán, ¿Y la justicia para los demás?

Por: José Félix Lafaurie Rivera*
@jflafaurie

Indigno, desafiante, y hasta desesperanzador resulta ser para todos los colombianos lo que hasta ahora se ha descubierto: la deplorable tramoya jurídica, perversamente montada sobre la llamada “masacre de Mapiripán”. Este es uno de los casos en donde la realidad supera la imaginación –la demoledora frase de García Márquez para recrear nuestra cotidianidad–, y en donde la corrupción y el aprovechamiento indebido de un marco de política, en este caso de justicia transicional para atender las víctimas de esta cruel guerra, da lugar a actuaciones reprochables del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), pero también, deja al descubierto la precaria capacidad del Estado para defender a la sociedad colombiana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la vergüenza de los fallos que continuamente se profieren con un alto cargo a los recursos públicos.

Los hechos son de evidente gravedad. El Colectivo de Abogados no sólo logró engañar y enlodar a todo nuestro sistema jurídico, sino que sus actuaciones comprometen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y a la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en momentos en que Colombia da pasos sensibles para alcanzar nuevos escenarios en los que la verdad, la justicia y la reparación, son un derecho de los ciudadanos y una obligación de Estado. Usar, como en efecto se usó, un instrumento del alcance y significación para reparar a particulares de crímenes por parte de agentes del Estado, de manera fraudulenta y con claro ánimo de lucro es, sin duda, una deformación ética de consecuencias imprevisibles.

¿Fue sólo el caso de Mapiripán, en el que se condenó a 42 años al General Uscategui, o, por el contrario, son otros más? ¿Cuántos fallos ha proferido la CIDH contra Colombia? ¿En cuántos ha intervenido ésta u otras organizaciones similares? ¿Cuál es el monto del aprovechamiento que cada uno de estos casos ha generado?

No podemos olvidar que son los peticionarios, es decir, estas ONG como el Colectivo de Abogados, los que cobran las indemnizaciones y no las víctimas de manera directa, por lo que el sistema facilita que estos intermediarios se queden con una porción no despreciable de los recursos pagados por el Estado colombiano. Estas preguntas no pueden quedar sin respuesta. Porque lo que está en juego no sólo es la dignidad nacional, sino el engranaje mismo del sistema interamericano de DDHH.

El país tiene que pedir cuentas a estas organizaciones. Pero también tendrá que pedirle cuentas al resto de la institucionalidad, porque abocó al Estado colombiano a una situación de indefensión ante la justicia internacional.

El reto es desafiante, porque hoy –reestrenando Ministerio de Justicia–, y con la recién sancionada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, tendrá que emplearse todo el aparato gubernamental a fondo, para recuperar la credibilidad y evitar que situaciones como esta vuelvan a suceder. Lo contrario sería una invitación al fraude y a costear una Ley que, por sus implicaciones, muy seguramente arruinará todo esfuerzo fiscal del país.

En el entretanto, muchos colombianos, pero especialmente los ganaderos que somos víctimas de la violencia, seguimos esperando que los crímenes cometidos contra miles de los nuestros, no sigan en la más vergonzosa impunidad. Es sólo ojear las 3.923 víctimas del documento de memoria histórica “Acabar con el Olvido”, publicado por la Fundación Colombia Ganadera, Fundagán, para darse cuenta de la iniquidad en que estamos.

*Presidente ejecutivo de Fedegán.

A León Valencia II

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

Si existe un tema sobre el que el gremio ganadero ha realizado una reflexión reposada y mesurada, es con respecto al asunto de la tierra. Contrario a lo expresado por León Valencia, hemos manifestado la urgencia de acometer un reordenamiento territorial productivo en el campo. Pero reconocemos que es un tema álgido, que puede generar debates irracionales cargados de “ideologismos”, en lugar de ser una oportunidad para precisar la visión que el país debe tener sobre el desarrollo rural y sus inmensas posibilidades.

Sabemos que en la ruralidad existe un conflicto de uso del suelo, fundado sobre el desplazamiento de la producción pecuaria desde sus zonas de vocación natural, hacia tierras agrícolas y de ambas actividades –ganadería y agricultura– hacia áreas poco aptas para su desarrollo. Pero éstas no han sido las únicas responsables. La expansión de los cultivos ilícitos hacia zonas agropecuarias, parques naturales y regiones selváticas y el avance de las actividades minero-energéticas, han contribuido invadiendo cultivos y praderas, dañando ecosistemas frágiles y al desmote de la selva.

Pero este reacomodo espontáneo de la producción rural se produjo al son de las fuerzas que presionaron y presionan las estructuras productivas. Para empezar, el mismo fracaso de reformas agrarias. Las razones están atadas a la práctica ambigua e incipiente de entregar tierras sin el acompañamiento institucional, sin un norte de producción, sin una oferta de bienes y servicios públicos básicos, en ausencia de una política de democratización del crédito, asistencia técnica y garantías de inserción en los mercados, en las que tanto hemos insistido. A la postre, sólo se habilitó la conformación de minifundios de insubsistencia, improductivos e inviables financiera y económicamente.

Desde el 2006, en nuestro plan de desarrollo, PEGA 2019, dijimos abiertamente que la ganadería no puede continuar en 40 millones de hectáreas, cuando lo puede hacer en 20 millones, incluso doblando el hato. Hemos hablado de la urgencia de instaurar una ganadería intensiva y de dar paso a una agricultura moderna, capaces de resolver los temas de biocombustibles y mejorar la oferta agrícola, en aras de la seguridad alimentaria y ambiental. Una visión que pasa por la reconversión productiva y el buen uso de los suelos. Pero también implica nuevos recursos para crédito y mucha más inversión en infraestructura e institucionalidad pública en la ruralidad. ¿Podemos contar con eso? ¿Esta el país dispuesto a repensar el sector rural y generar las condiciones de inversión pública y privada para una verdadera reconversión productiva, que elimine el conflicto en el uso de la tierra?

Contrario a estas urgencias, que son el meollo de la Colombia del siglo XXI para dar respuesta a la crisis agroalimentaria de que habla la FAÓ,  agobia la parálisis propositiva que no ha madurado más allá del discurso demagógico de la reforma agraria, aderezado con la peregrina invitación a elevar las tasas impositivas sobre la propiedad y la producción rural, ya de por sí onerosas. Agregue las acusaciones temerarias que, como las de León Valencia, desconocen de plano los esfuerzos de modernización que hemos emprendido con recursos privados y el apoyo del Banco Mundial, para establecer desarrollos de ganadería sostenible.  

Aún así, me pregunto: cuál es el concepto de desarrollo rural al que se está apostando, que no termina de poner sobre la mesa todas las piezas y que más parecen avanzar otra vez, como lo fue en los 60s, a generar un debate anacrónico y funesto, para que la tierra, convertida en bandera política, no sea una variable productiva para generar riqueza y bienestar en el campo colombiano? Otra vez la tierra y quienes vivimos honestamente de ella, no tenemos por qué estar condenados a repetir los errores de la historia.  

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.

La hora de la Verdad de los TLCs

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@Jflafaurie

Quisiéramos compartir la euforia por la firma del TLC – USA pero no tenemos motivos. Por eso el Ministro de Agricultura en un acto de sinceridad técnica, reivindica las preocupaciones que formulamos desde el inicio del proceso en torno a las iniquidades que se estaban configurando para el sector pecuario en los tratados comerciales. Aunque el Ministro ha salido a poner la cara, es claro que las explicaciones a las “ingenuidades” –como él llama a los errores cometidos en los acuerdos– tendrán que darlas los líderes de los equipos negociadores, especialmente, Hernando José Gómez, quien hoy ejerce como director del DNP.

Y es que pese a la buena oferta ganadera y a la certificación como país libre de aftosa, la actividad ha sido gran perdedora. Para la muestra un par de botones. En 2013 cuando entre en vigencia el TLC - USA, llegarán a nuestro mercado: lactosueros, leches líquidas o cortes finos de res sin restricciones. Pero, además 6.400 toneladas de carnes industriales y vísceras, 5.000 de leche en polvo, 2.100 de quesos y 1.900 de otros productos lácteos. Sólo para el primer año, en adelante podrán sumar 5% más y sin desmontar los subsidios internos a sus productores. En contrapartida, nosotros eliminamos el SAFP y, hoy, cruzamos los dedos para que algún día acepten nuestro estatus sanitario y nos permitan el ingreso de los productos.

La negociación con la Unión Europea nos dejó un panorama más gravoso en lácteos. En 2013, a las 9.000 toneladas que estamos importando, se sumarán 10.900 toneladas que le concedimos al viejo continente entre quesos, leche en polvo, lactosueros y derivados lácteos. Con una connotación adicional, la salvaguardia que se habilitó a nuestro favor sólo puede activarse cuando la sobreoferta haya deprimido irreparablemente los precios internos al productor. Ellos nos recibirían 5.600 toneladas en carne y desgravarían en 7 años sus aranceles de leche, pero condicionado al lleno de sus requisitos sanitarios. Con el TLC con Suiza, hay poco que decir, salvo las 500 toneladas de queso concedidas sólo para el primer año.

Gracias al tratado con Mercosur, en nuestras góndolas ya encontramos carne argentina. En cambio Colombia no ha podido llevar un kilo a estas plazas. Desde agosto Canadá empezó a hacer uso de los contingentes que le permiten poner en Colombia 5.250 toneladas de carne sin arancel, pero en contrapartida, nuestra carne –exenta de aranceles de manera inmediata– está “vetada” por restricciones sanitarias. Los lácteos fueron excluidos del acuerdo.

¿Cuál es el balance neto? El “acceso preferencial” otorgado por Colombia en los TLC permitirá que en esta década ingresen al país, vía contingentes sin arancel, un total de 33.731 toneladas de leche en polvo y 15.259 de queso, más un volumen estimado de 10.000 de lactosueros. Esto es equivalente al 24% de la producción formal, casi 6 veces nuestros inventarios naturales y 8 veces la enlechada de 2009. Y nosotros con los mercados cerrados por admisibilidad sanitaria.

La única noticia alentadora es la postura del Ministro de Agricultura: por un lado, la promesa de que el sector agropecuario no volverá a ser un comodín en los nuevos TLC que se están negociando con Corea y Turquía, y por otro, que “hay tiempo para recobrar lo perdido y ponernos a tono a fin de sacarles jugo”. Lo que de plano indicaría que el gobierno está dispuesto a superar, en tiempo récord, lo que no hemos hecho desde 2004 en materia de agenda interna y, especialmente, en el frente sanitario. No nos queda más remedio que creerle señor Ministro. A fin de cuentas, “después del ojo afuera…”.

*Presidente ejecutivo de Fedegán.

A León Valencia I

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

 @jflafaurie  

La ambigüedad o la distorsión de los hechos que han marcado nuestro conflicto armado interno, se le perdonarían a alguien que intenta estudiarlo a priori o sin conocimiento de causa. Pero para quienes han sido protagonistas de una las facciones de esta brutal guerra, como es el caso de León Valencia, resultan menos que inadmisibles. Durante 23 años hizo parte del Comando Central del ELN y aunque aplaudo su valor para transitar hacia la democracia, causa escozor que no apele a su memoria y recabe en las órdenes que se impartían desde el COCE para decidir asesinatos, secuestros, extorsiones y abigeatos, que tanta miseria generaron entre los ganaderos.

Asegurar que los ganaderos financiaron en el pasado la formación y expansión paramilitar es una verdad a medias. La magnitud que exhibió su desmovilización, hace dudosa la premisa y cobardes sus conclusiones. Afirmar que hoy, en 2011, somos promotores de la violencia es una falacia. Me sorprende sí, el vacío de información y los juicios parcializados sobre el complejo asunto de la tierra, al que me referiré en mi próxima columna. Y aún más, la tergiversación que algunos tejen sobre el contexto histórico de la victimización de los ganaderos y la brutal connivencia entre guerrillas, paramilitarismo, narcotráfico, BACRIM y delincuencia común. Estos sí auspiciadores de primer orden de la barbarie.

Y es que el plan de Valencia de estigmatizarnos como victimarios, no habla de la crueldad que impusieron en las zonas rurales y semiurbanas, primero las guerrillas y luego, como consecuencia de ello, las autodefensas, todas contaminadas por el narcotráfico. Configuraron un nuevo Estado para administrar justicia y tributos basados en el terror, mecanismos para alterar la tenencia de la tierra, levantar narcocultivos y laboratorios de coca. Callar era el único salvoconducto para conservar la vida, aunque una inmensa mayoría tuvo que pagar o huir. Y la sociedad entera silenció la muerte y ruina de los ganaderos.

Estas dinámicas que estoy seguro no desconoce León Valencia, entre otras razones, porque financiaron la barbarie que aún nos enluta y cuya ideología él compartió, se mantuvo oculta hasta la desmovilización del paramilitarismo y las primeras deserciones  guerrilleras. Con ellas surgió una versión recortada de la verdad histórica, a la espera de la rendición de las guerrillas. Porque si la primera evidenció la contrarreforma agraria de las autodefensas y la “parapolítica”, la otra hablará del despojo de tierras de “Tiro fijo” y “Jojoy”, de elenos y FARC financiando políticos, de las minas antipersonal, la toma de presupuestos locales y también de sus “financiadores”.

Si bien reconocí que en ciertas  regiones algunos ganaderos vieron con buenos ojos a las primeras autodefensas, lo hicieron porque el ELN y las FARC los asesinaban, secuestraban y extorsionaban por miles. No por ello se puede recurrir irresponsablemente a generalizaciones, a enlodar la actividad y generar ánimos vindicativos que conviertan a productores honestos en blanco de nuevos odios y continuar sumando al obituario. En 2009 contamos 3.923 víctimas ganaderas que Fundagán compiló en el libro “Acabar con el olvido”. Lo invito a leerlo, porque los ganaderos tenemos capacidad de reconciliación, pero no olvidamos quienes fueron nuestros verdugos.

Creo que hoy la verdad, la justicia y la reparación se convirtieron en mercancías brumosas, que se “acomodan” al intérprete de turno de acuerdo con su pasado, posición actual, intereses, prejuicios y hasta sus frustraciones. No es el camino que necesitamos recorrer para la reconciliación. Seguimos en mora de un debate franco y abierto, en lugar de la peligrosa trampa de acusaciones temerarias, que flaco favor le hacen a la paz y de propuestas populistas que no consultan la realidad del sector rural colombiano.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.

Para cerrar un capítulo

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie  

La emotiva jornada del Día Nacional del Ganadero, contribuyó a clausurar la controversia sobre la supuesta intervención de FEDEGÁN, en la política para controlar las exportaciones de ganado en pie. Para desazón del puñado de productores interesados en distorsionar la información y dañar la imagen del gremio –por razones que ignoro–, fue el propio Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, el encargado de aclarar los determinantes técnicos que llevaron a su cartera a establecer la restricción y reiterar la autonomía gubernamental para expedir el Decreto 2000. Aclaraciones que él había expresado en Sincelejo y que refrendó en El Nogal.

Con estas premisas, yo también quiero precisar el alcance de FEDEGÁN en este asunto. Los antecedentes los consigné en la carta que dirigí al Ministro en agosto de 2010 y que mis detractores publicaron, arguyendo que había originado la decisión que adoptó el Gobierno un año después –junio de 2011– para limitar el comercio de reses. Mi comunicación buscaba advertir las dificultades que enfrentaba la ganadería. En 2009 Venezuela había roto relaciones con Colombia y la bonanza que en 2008 generó divisas ganaderas por US$750 millones, había terminado.

Algunos indicadores daban cuenta de una caída del 99% en las exportaciones y aumento en costos de producción. El precio del kilo en pie que había crecido, cayó entre 20% y 25%, pero no ocurrió lo mismo con el precio al consumidor. Perdimos 4 kilos en el consumo interno y se desplomó en 30% el ingreso de los productores. Recogíamos las consecuencias de concentrar nuestras ventas en una plaza inestable y de un intercambio signado por la especulación y las distorsiones cambiarias.

El proceso había propulsado de manera irreal el precio del ganado, estimulando la liquidación del hato, especialmente de hembras, para responder a la demanda venezolana de carne y principalmente de animales vivos de Colombia, que entre 2005 y 2008 aumentó en 275%. La meta para algunos importadores venezolanos fue ganar el diferencial cambiario entre la tasa oficial y la del mercado y, para los nuestros, aprovechar la bonanza, que algunos interpretaron como “todo vale”, incluso recurrir a exportaciones ficticias.

Mi solicitud nunca fue otra, que la de andar con pies de plomo en la reapertura del mercado venezolano. Necesitábamos atajar una corrida masiva de animales que afectara el inventario –maltrecho por el comercio irregular y la ola invernal– y sus efectos en inflación y consumo. Así lo refrendé en otra carta de principios de este año, cuando prosperaban las mesas binacionales, en las que se esbozó el interés de Venezuela en adquirir 220.000 animales vivos y ni un kilo en canal.

Para entonces, cuajaban nuestros intentos para diversificar mercados de exportación y nos tomó por sorpresa la Resolución 161 del 21 junio, que autorizaba cupos de máximo 90 animales para cualquier destino y abría la exportación hacia Venezuela. Reiteré mis prevenciones –en la misiva del 1 de julio– y advertí la inconveniencia de la medida en una coyuntura sustancialmente diferente. De hecho, cerraba cualquier posibilidad de entrar a El Líbano, que nos exigía 9.500 animales por envío.

La liberación de las exportaciones de bovinos machos, conservando medidas preventivas en materia de vientres, cerró para mí este lamentable capítulo. Sólo he vuelto al mismo para comprometer a los ganaderos en temas de envergadura. El futuro pasa por comprender las transformaciones de la economía mundial, sofisticar la oferta y golpear en donde podamos entrar con diferencial de precios y pago transparente. Será un futuro matizado por una agenda crítica para al campo, que vuelve a ser bandera política con el fantasma de la reforma agraria redistributiva y más impuesto sobre el predial.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.

Día Nacional del Ganadero

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

El viernes 30 de septiembre, conmemoramos una vez más el “Día Nacional del Ganadero”. El valor simbólico de esta jornada, impregnada por el recuerdo del magnicidio de José Raimundo Sojo Zambrano a manos de las FARC, hace parte de la catarsis en la que estamos inmersos los productores desde hace 6 años, con la añoranza de poder sepultar en paz, algún día, a nuestros muertos. En 2009 contamos 3.923 almas inmoladas al fragor del brutal conflicto armado. Identidades consignadas en el libro “Acabar con el olvido” que entregamos a la justicia, sin que se hayan emprendido las investigaciones para hacer verdad, justicia y reparación en la compleja historia de horror y despojo contra los ganaderos.

Honrar la memoria de estas víctimas invisibles, es y será nuestra forma de seguir buscando el reconocimiento de esta sociedad, sobre la vulnerable condición de los productores del sector, frente a la violencia que ha surcado el campo por décadas. Es y será nuestra forma de romper el estigma que nos tachó injustamente de victimarios y nos colgó lápidas al cuello. Es y será nuestra forma de mantener la memoria de todos los colombianos y colombianas que han sido desplazados, extorsionados, secuestrados y asesinados por el hecho de ser ganaderos.

Como parte de este doloroso trance FEDEGÁN y FUNDAGAN han emprendido una cruzada en las regiones para acompañar a las víctimas ganaderas, incluidos quienes fueron despojados de sus tierras. El objetivo del proyecto es facilitar el camino del reconocimiento de su estatus de víctimas y apoyar las acciones tendientes a la reparación de sus derechos y la restitución efectiva de sus tierras. Es parte del aporte del gremio en la implementación de las iniciativas en las que está empeñado el Gobierno Nacional.

Estamos dispuestos a dar un paso adelante en el camino hacia la paz, a convertir en realidad la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras para los ganaderos y en apostar a favor del nuevo modelo de desarrollo rural, con la esperanza de que pronto podamos decir “nunca más”. Son políticas que, sin duda, deben hacer posible el acceso universal a los bienes públicos y garantizar la presencia del Estado en términos de vías, crédito, seguridad, infraestructura para la producción y asesoría técnica para el campo, pero también para desterrar la violencia y su círculo vicioso de pobreza.

Nuestro anhelo es que se consolide un modelo de desarrollo económico y humano que garantice la paz, la riqueza y el bienestar en el país rural, en donde toman asiento dos de las locomotoras más fuertes para el progreso. Y si los proyectos del gobierno apuntan en esa dirección, ahí estará la comunidad ganadera. Porque lo que no puede seguir pasando es que el campo sea el comodín para ajustar las finanzas públicas, a punta de más y asfixiantes impuestos para los productores. Son momentos de particular afugia. Apenas sobreaguamos al invierno, a la nueva oleada de criminalidad, a la pérdida del mercado venezolano y al tránsito hacia el libre mercado con monstruos mundiales en materia cárnica y láctea, como para poder soportar  un nuevo embate fiscal.

Los proyectos para modernizar el sector, fortalecer su competitividad y avanzar hacia modelos productivos sostenibles y sustentables, como premisas del desarrollo y la paz, no se van a lograr justamente por la vía de ahogar las escasas posibilidades de inversión que tienen los productores. Habrá que buscar las “justas proporciones”. Tenemos una deuda moral y económica inaplazable con el 80% de nuestros productores que tiene menos de 50 bovinos. No sólo para hacer realidad sus sueños de vivir sin el lastre de la violencia, sino para llevarles bien-estar.

Postdata:

El “Premio Nacional de la Ganadería” que entregamos cada dos años, para promover la investigación y la creación de conocimiento aplicable a la modernización de la ganadería, así como reconocer la excelencia en el manejo de las empresas ganaderas, fue entregado en la versión 2010-2011 a: 

-Investigación en Ciencia y Tecnología para la Producción de Carne y Leche: otorgado al trabajo Sistemas Silvopastoriles Intensivos: Tecnología Inovadora Para una Ganadería Competitiva y Adaptada al Cambio Climático, presentado por el centro para la investigación en sistemas sostenibles de producción agropecuaria –CIPAV, Cali, Valle del Cauca.

-Excelencia Ganadera – Doble Propósito: otorgado a la Hacienda Fortaleza, presentada por Claudia Patricia Roldan Calle, de Montería, Córdoba.

- Excelencia Ganadera – Cría: otorgado a la Hacienda Brujas, presentada por Francisco González Arellano, de Puerto López - Meta.

-Excelencia Ganadera – Lechería Especializada: otorgado a la Hacienda Campoalegre presentada por G. E. Restrepo y Cía de Rionegro, Antioquia.

- Excelencia Ganadera – Empresas Sostenibles: otorgado a la Hacienda el Hatico, presentada por Reserva Natural El Hatico del Cerrito, Valle.

- Excelencia Ganadera – CEBA: otorgado a la hacienda el rancho presentada por Belmonte ltda. del municipio de Piedecuesta, Santander.

* Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN

¡ARAUCA!

¿Qué pasa en Arauca? ¿Por qué está siendo sometido nuevamente al terror? ¿Cómo puede ser que ‘la orden’ panfletaria de unos bandidos haya detenido la actividad en más de 23.000 kilómetros cuadrados y haya confinado a sus casas a más de 200.000 colombianos de bien?

Arauca ha sido un departamento ganadero desde siempre, y petrolero más recientemente, desde la década de los ochenta del siglo  pasado, cuando, por fin,  empezó a aparecer oro negro de este lado de la frontera. Es también uno de los departamentos de la Orinoquía que hoy miran con ojos codiciosos, además de las multinacionales  petroleras que se chupan el subsuelo, también las grandes empresas de agricultura extensiva que compiten por la tierra con la tradicional actividad ganadera, que en Arauca es además una verdadera cultura.

Pero Arauca hace parte, además,  de ese inmenso entorno rural que no ha logrado integrarse plenamente al desarrollo y a la modernidad, a pesar de los avances relativos financiados con la jugosa bolsa de las regalías. Por ello, Arauca ha sido, y lo que es peor, no ha dejado de ser escenario de la violencia de todas las marcas, que aún se resiste a desaparecer bajo la acción persistente y valerosa de la Fuerza Pública.

El Eln está celebrando, con más terror, la efemérides de más de tres décadas de terror de uno de sus frentes, y no encontró mejor forma que decretar un ‘paro armado’ con amenazas para quienes transitaran por las carreteras y abrieran sus comercios. No valió la convocatoria de las autoridades civiles y militares;  no valió la fuerte presencia militar en las carreteras y en los centros urbanos; los araucanos cedieron a la amenaza terrorista. Es desolador el panorama de toque de queda que mostraron los noticieros. ¿Por qué?

El terror paralizante es un fenómeno que afecta a los individuos y como tal es estudiado por la sicología, pero también afecta a las sociedades frente a una amenaza latente, que está ahí, que puede convertirse en desgracia.

Esto sucede en Arauca. Hoy hay un operativo impresionante para conjurar la amenaza del paro armado, pero lo araucanos saben que no puede ser permanente. Y lo que es peor, saben que, a pesar de la presencia importante de la Fuerza Pública, la guerrilla va y viene a uno y otro lado de ese Arauca vibrador que comparten con Venezuela. Para el gobernador Ataya, “La frontera es el problema número uno para el departamento de Arauca porque la guerrilla existe, se encuentra y sus campamentos están todavía en territorio venezolano…”

Por todo ello, a partir de un símil que me parece válido, le hago al señor ministro Pinzón y al Gobierno Nacional una propuesta en nombre de los ganaderos y de toda la comarca araucana. Los ganaderos colombianos, conjuntamente con el ICA y atendiendo requerimientos de las autoridades sanitarias internacionales, creamos en esa misma frontera una Zona de Alta Vigilancia –ZAV, con estrictos controles para evitar la circulación del virus de la fiebre aftosa proveniente de Venezuela, país que está muy lejos de nuestros esfuerzos sanitarios contra la enfermedad.

Señor Ministro: Para que los araucanos puedan superar ese terror paralizante, consolide una Zona de Alta Vigilancia, una ZAV militar con estrictos y permanentes controles para que el virus de la inseguridad no circule libremente desde una país que, al parecer, a pesar de los logros diplomáticos recientes, todavía está muy lejos de nuestros esfuerzos militares contra la violencia. A los ganaderos nos ha funcionado.

Presidente ejecutivo de FEDEGÁN

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Choque de competencias

La postura unánime que asumieron el Ministro de Defensa y el Comandante General de las Fuerzas Armadas en torno a la necesidad de fortalecer la Justicia Penal Militar, habla de la sensibilidad que está generando en los altos mandos el conflicto de competencias entre los tribunales militares y los de jurisdicción ordinaria. Comparto con el General Navas su propuesta de revisar a fondo, las contradicciones que pesan para el pleno reconocimiento y aplicación del derecho constitucional del Fuero Penal Militar. Un proceso que implica, en sus términos, “cambiar leyes de ángeles para combatir demonios”, formar a jueces y fiscales en la estrategia militar y reconocer el conflicto armado.

 

El mismo General Navas aclaró: no se trata de erigir tribunales de impunidad, pero tampoco de indefensión. Se trata de disponer de un régimen jurídico especial y especializado –en lo sustancial y procesal– para la Fuerza Pública. ¿La razón?, las funciones asignadas constitucionalmente para defender el territorio, mantener el orden público, garantizar el ejercicio de derechos y libertades y preservar el Estado de Derecho. Así como se les entrega el monopolio legítimo de las armas, su misión los obliga a operar en condiciones extremas y, de ser necesario, a entregar la vida por la causa. Realidades extraordinarias, que los convierten en ciudadanos “especiales”, fuera del común.

 

El objetivo es constituir una instancia en la que prevalezcan los principios de transparencia, independencia, equilibrio, imparcialidad, presunción de inocencia, respeto al debido proceso y a una defensa técnica. Una justicia garantista, tanto para los militares y policías que están siendo investigados, como para la sociedad en su conjunto. Una justicia que no esté ensombrecida por la duda, el manejo político o mediático, los procesos amañados y los dictámenes sesgados.

 

He hecho hincapié en tres propuestas para corregir las fallas que están minando el fuero militar, que coinciden con los postulados del General Navas. La primera, definir linderos entre las jurisdicciones. Se requiere establecer con claridad incuestionable, cuáles son las conductas delictivas en las que incurre un miembro de la fuerza pública, derivadas “de actos cometidos en servicio activo y en relación con el mismo”. En otras palabras, se ha vuelto difusa la frontera que definía el conocimiento de los delitos entre una y otra justicia. Hoy muchas conductas o infracciones del resorte interno de la estrategia militar, de sus manuales de operación y de la conducción de la guerra y las hostilidades, han dejado de ser de la estricta competencia de la jurisdicción castrense.

 

La segunda está relacionada con el desconocimiento que existe en la justicia ordinaria sobre las tácticas y estrategias de la guerra. ¿Cómo explicar que un poder disciplinario y judicial, que ignora los principios básicos de la práctica del combate y la naturaleza de las operaciones militares investigue, juzgue y sentencie a quienes hacen parte del cuerpo armado legítimo de la sociedad? Ello explica, pero no justifica, el sesgo ideológico y político que se ha producido y que, tristemente, ha terminado en fallos injustos a quienes cumplían con su deber.

 

Finalmente, el país tiene que valorar la diferencia entre los tiempos de paz y los tiempos de guerra. La existencia del “conflicto armado” ha sido reconocida, pero no se ha incorporado a las normas que regulan la institución castrense – tal y como existe en otros ordenamientos jurídicos del mundo–. Necesitamos dotar de garantías a los hombres y a las operaciones militares. Estamos en mora de despejar el camino a nuestros héroes anónimos. Necesitamos reconocer la naturaleza de estos hombres y aliviar el desasosiego que acompaña la tarea de ser militar hoy en Colombia. El momento es crucial. No podemos equivocarnos.

 

 

Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN

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Bienvenido señor Ministro

Los anuncios del Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dieron en el blanco en dos de las grietas que están resquebrajando los resultados en materia de seguridad: el primero, mantener una política unívoca para derrotar a los violentos. Y, en segundo lugar, la urgencia de mejorar el bienestar de la fuerza pública. Un propósito que pasa, según sus palabras, por fortalecer el Fuero y la Justicia Penal Militar. ¡En hora buena! Son los fundamentos para restablecer el estímulo de nuestros hombres en armas y un mensaje para narcoterroristas y sectores de la sociedad, que piensan que la criminalidad no puede ser derrotada.

No soy de los que cree que el desánimo de la fuerza pública, sea porque la cúpula esté comandada o no por un marino. Por supuesto, si el Ejército lleva el mayor peso de la guerra, cuánto mejor que el más sobresaliente de sus generales, asuma la responsabilidad del comando general de las FFAA. Pero el problema no está allí. Sino en la base, en aquellos que están en el frente de batalla y ven cómo sus compañeros de armas, después de una operación exitosa, son acusados por ONG´s que se mantiene al acecho y juzgados por la justicia ordinaria, sin el apoyo de una defensoría técnica judicial que les garantice su derecho al debido proceso.

Hablemos claro. Hoy asistimos a la derrota moral de quienes tienen que empuñar las armas, para proteger a una sociedad indiferente. Casos como el del General Plazas o el del Capitán Romero Padilla, o unos más recientes, como los del Coronel Mejía Gutiérrez o los diez militares en Antioquia, cuya condena a 30 años de prisión por un supuesto “falso positivo”, fue revocado por el Tribunal Superior de Medellín, empiezan a ser emblemáticos de la destorcida ideológica y judicial que ronda a la fuerza pública.

Son casos que han desnudado las imperfecciones del aparato judicial y las irregularidades procesales, con las que se decide el destino de los involucrados. Montajes, violaciones en la cadena de custodia, omisiones, falsos testigos y pruebas, manoseo político del algunas ONG y, especialmente, el conflicto de competencias jurisdiccionales, entre la Justicia Penal Militar y la Ordinaria, están habilitando tribunales, que no aseguran el derecho al debido al proceso o una defensa técnica.

Y es que en Colombia ha vuelto a hacer carrera el argumento de la imposibilidad de la derrota militar de la guerrilla y los mismos sectores que han vendido esa idea, han aupado una guerra política y judicial contra la fuerza pública. Estrategia que está inclinando la balanza y dándole un respiro a los alzados en armas. Hoy, detrás de cada operativo militar, están los autodenominados defensores de derechos humanos, prestos a empapelar y poner en la picota pública a militares y policías. Y, lo más grave: son retirados de la institución, antes de que se produzcan los fallos.

¿Puede la fuerza pública vencer la criminalidad en estas condiciones? La respuesta es no. Y ellos lo saben. Por esos sus adláteres hacen eco a inconvenientes procesos de paz, al ritmo que incrementa la guerra política y judicial con la tesis de que la guerrilla no se puede derrotar. ¿Qué pueden estar pensando los militares de Antioquia, cuando su vida casi se convierte en una pesadilla de 30 años de prisión y ven que sus falsos acusadores son hoy los potenciales beneficiarios de una paz negociada? Señor Ministro, adelante sin vacilaciones. Una democracia plena como la nuestra puede y debe derrotar a los violentos y lo hará de la mano del Fuero Militar. No olvidemos que las guerras se ganan en el corazón de los soldados.

Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN

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