Se cierra ominoso capítulo

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

La aprobación de la reforma al Fuero Penal Militar llega en un momento decisivo para nuestros hombres en armas. La medida equilibra la balanza de la justicia, pues mientras los uniformados permanecían degradados a la infame e injusta categoría de “criminales”, la guerrilla buscaba a través de sus cuadros, la victoria política que no logró en el campo militar. Bien por el Congreso. Deroga, como también lo acaba de hacer el Consejo de Estado, el convenio entre el MinDefensa y la Fiscalía –por el que tanto presionaron las ONG de izquierda en 2006– y restituye los derechos procesales y jurídicos a los militares. Imperó el interés nacional sobre el manoseo ideológico de los “defensores de derechos humanos”, que más parecían aves de rapiña expoliando el prestigio de la institución castrense.

Se cierra el capítulo que por 6 años, sometió las operaciones militares y los delitos cometidos por la Fuerza Pública –incluso los asociados con actos del servicio– al escrutinio de la Justicia Ordinaria. Una vía que anuló la Justicia Penal Militar y violó disposiciones constitucionales y legales –que establecían la competencia de cortes marciales y tribunales militares para juzgarlos– sometiendo a miles de militares y policías a juzgamientos arbitrarios. Un absurdo para un país en guerra que, de plano desconocía la milenaria evolución conceptual del fuero militar. Desde 2006 nuestros hombres no sólo debían ganar la guerra en el campo militar, sino también en el político y el judicial. La más dura de sus batallas.

Con el tiempo la mayoría de los procesos se trasladaron a la justicia civil, muchos asimilados erróneamente a “falsos positivos” o violaciones de derechos humanos, cuando se trataba de muertes en combates contra grupos irregulares, con enorme capacidad de fuego. Las cifras lo dicen: de los 4.311 casos que investiga la Fiscalía, 735 fueron trasladados a esa jurisdicción entre 1986 y 2005. Mientras que entre 2006 y 2012 –lapso en que no operó el fuero y rigió el convenio– un total de 3.576 pasaron a esa instancia, un aumento de 386%. Una peligrosa tendencia que afectaba el derecho al debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a una defensa técnica y a un tribunal especializado. Fallas que esperamos remontará la nueva ley.

Aplaudimos que el país haya sido superior a la campaña de debilitamiento de la Fuerza Pública –bien orquestada desde el exterior– que minó su moral de combate. Al menos 85% de los procesos quedo en tribunales que poco sabían del accionar militar y son muchos los casos  en los que les toco a los uniformados aceptar cargos sin tener ninguna responsabilidad, como única opción para acceder, al menos, a una rebaja de penas. Tremenda injusticia, luego de jugarse la vida en la manigua o en peligrosas barriadas de Cali, Medellín o Bogotá en defensa de la democracia y la soberanía, tenían que responder judicialmente. Mal paga esta sociedad a quien le protege.

Ha de saber Miguel Vivanco, de Human Rights Watch y las ONG internacionales y nacionales, que pretendieron regar su venenoso discurso, con afirmaciones tan temerarias como que el fuero otorgaba a los militares una “licencia para matar sin rendir cuentas a nadie”, que por unas pocas manzanas podridas no se puede demonizar y de paso desmoralizar a toda una institución de 500 mil efectivos. Por supuesto, es parte de su práctica de creerse “juez mundial” que mira la paja en el ojo ajeno, cuando en casa la viga traspasa fronteras.

Debe quedarle claro al señor Vivanco, que este país no transó su soberanía ni su autodeterminación, para dejarse imponer un fuero militar que recortaba la capacidad ofensiva de la tropa, como si los narcoterroristas de las FARC o del ELN hubiesen respetado en 50 años, los derechos y la dignidad de miles de civiles indefensos y de cientos de militares.

Están latentes secuestros, masacres y genocidios, que hoy desmienten con un cinismo calculado. Debe notificarse también al señor Vivanco, que esta sociedad no renuncia a perseguir el hampa, que honra a sus héroes de guerra y no comulga con “cadenas perpetuas” para ellos, mientras el narcoterrorismo obtiene indultos y se apoltrona, desde Cuba, en nuestras instituciones. A lo suyo señor Vivanco. El derecho Internacional Humanitario y la defensa de los Derechos Humanos no pueden tener sesgos antimilitaristas. Usted debería saberlo.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.

Señales para la CIDH

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

Aunque los ganaderos lamentamos, en nuestra calidad de víctimas, no haber podido interactuar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como sí lo hicieron otras organizaciones de víctimas, quedamos atentos al tutelaje supranacional sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. La misión llegó en un momento sensible, pues si bien hay evidencias de avances, también persisten lunares que opacan la observancia de los mandatos internacionales. El rebrote de la violencia, las dificultades para la restitución de los derechos de las víctimas y el mismo proceso de paz, revalorizaron el escrutinio in situ del organismo hemisférico más importante en la materia.

La “rendición de cuentas” sobre estas problemáticas y las conclusiones a las que llegará la CIDH en su “informe país” –pendiente desde 1999–, podrían significar la salida de Colombia de la “lista negra” de naciones que transgreden los derechos humanos, en la que hemos estado largo tiempo. No será fácil. En el pasado las sindicaciones de la Comisión han sido duras pero, además, nuestros nacionales son los que más acuden a ella, para que sus denuncias lleguen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos –el brazo judicial de la Organización de los Estados Americanos– encargada de materializar las sentencias en los casos que la Comisión somete a su jurisdicción.

Sólo en 2011 el organismo recibió 1.658 denuncias de 35 naciones del hemisferio, de las cuales 20%, es decir 342 fueron interpuestas por ciudadanos o entidades no gubernamentales colombianas, 69 más que México, segundo país en la lista. Pero, además, la comisión recibió 67 solicitudes desde Colombia para imponer medidas cautelares –5 más que México, 24 por encima de Guatemala y 62 arriba de El Salvador– para prevenir daños irreparables a los derechos humanos de personas o colectivos, en casos graves y urgentes de amenaza. Esto debe decirnos algo y despertar susceptibilidades en la Comisión.

Por lo anterior, entendemos la preocupación de la CIDH con respecto al Fuero Militar, único asunto al que se refirió públicamente –pese a que se trata de una prerrogativa común en los países del hemisferio para los hombres en armas–, pero no comprendemos por qué guardó silencio sobre las violaciones de los derechos humanos por parte de las FARC. Nada dijo del pronunciamiento de la compañera de “Tirofijo”, cuando se refirió a los secuestrados como “prisioneros de guerra”, ni de la manera ladina como sus voceros en la mesa de negociación desmintieron esa práctica tenebrosa. Como tampoco de las denuncias del Defensor del Pueblo sobre el reclutamiento de menores en Vichada o las del Ministro de Defensa sobre los 80 uniformados desaparecidos por las FARC y el ELN. Cínicos y mentirosos los llamó como lo hacemos los ganaderos, a sabiendas de que mantienen también plagiados a 14 de los nuestros.

No obstante, para el sector la intervención de la CIDH es vital, considerando el elevado nivel de vulneración que han soportado los ganaderos. Desde la vigencia de la Ley 1448, conocida como Ley de víctimas y restitución de tierras, 6.554 ganaderos han acudido a Fundagán –en su condición de víctimas– por extorsión, abigeato, desplazamiento, secuestro y homicidio. Nombres como los de Jaime Triana, Mary Acosta y Nayro Vargas, asesinados sólo en noviembre, se sumaron a los 3.290 obituarios que publicamos en el libro “Acabar con el olvido”, en 2006, la inmensa mayoría en la más lacerante impunidad. Un ataque sistemático a 9.844 compatriotas y muchos más, que el próximo año identificaremos, para que se conozca el genocidio al que fue sometido el gremio ganadero.

Nuestro llamado a la CIDH es para que intervenga sobre esa otra realidad que permanece impune y obligue a las autoridades a consagrar la igualdad de todas las víctimas, sin importar su origen ni las motivaciones del agresor. La CIDH tiene la delicada misión de mantener la imparcialidad en su inspección sobre el reconocimiento de los derechos humanos. Condiciones que abren espacios para que otras memorias de vejación sean escuchadas, sin color político o ideológico. De lo contrario, ni las FARC, ni el ELN ni el EPL jamás revelarán dónde están los secuestrados y los restos mortales de miles de desaparecidos, ni frenarán el reclutamiento de menores, el uso de minas y el castigo a comunidades indefensas. Son las señales para la CIDH, de una violencia de cincuenta años que no cesa.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN

¿Un foro para qué?

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

El proceso de paz entre gobierno y FARC activó la participación de la sociedad civil y muchas organizaciones tomaron parte en la primera etapa de debates convocada por el Senado. No obstante, esa tremenda parafernalia –que aún no termina– no satisfizo las demandas de las FARC y nos aprestamos para un foro, previsto por los negociadores de La Habana para mediados de diciembre, cuya utilidad también está en entredicho. Miles de propuestas pueden salir de uno y otro intento pero, a la postre, el esfuerzo será inútil. Se impondrá la retórica dogmática y vindicativa de la guerrilla y sus sectores afectos que, difícilmente, se desprenderán de su anacrónico discurso de lucha de clases y de reforma agraria, montado sobre epítetos y estigmatizaciones injustas contra la ganadería.

No creemos que exista un verdadero interés en la guerrilla de obrar y decidir con rigor técnico, objetividad y plena conciencia sobre las tendencias mundiales y locales que rigen al sector rural y a la producción agroalimentaria en el presente siglo. Su oposición ha sido tan radical en temas fundamentales para el Desarrollo Agrario Integral, que ni siquiera cabe la duda. Por ejemplo, la urgencia de avanzar en la modernización de las estructuras de producción agropecuaria, hasta alcanzar escalas empresariales y óptimos resultados de productividad bruta por hectárea, es un “imposible categórico” para las FARC.

Y si este horizonte, que debería ser una consecuencia lógica del crecimiento sectorial es inadmisible para la guerrilla ¿qué podemos decir de su negacionismo para aprovechar el agro-negocio mundial de los biocombustibles, los servicios ambientales y la misma búsqueda de caminos para competir en un mundo globalizado? Allí no hay cómo consensuar con las FARC. Aunque existen temas más críticos, como el de la tierra, que está reabriendo la vieja lucha entre campesinos “sin tierra” y empresarios, que flaco favor le hace a la precaria paz rural y a la necesidad de cerrar las brechas de la pobreza.  Entonces ¿para qué un foro más sobre “Política de Desarrollo Agrario Integral”?

Si existiera un sincero interés en habilitar el camino del desarrollo rural, la guerrilla habría empezado por sincerar el debate de la tierra, para contarle al país cuántas fueron las propiedades que despojó a sangre y fuego durante medio siglo. Eso sí, mientras miente no escatima en ganar réditos políticos, con sus pretensiones de una reforma agraria expropiatoria “por contrato”. Son razones de peso que hacen indispensable e impostergable la ejecución del censo agropecuario, para construir el inventario de baldíos de la nación, de tierras extranjerizadas, de las usurpadas por guerrillas, paramilitares, narcos y Bacrim, de las que serán objeto de extinción de dominio y las que retornarán a manos de sus legítimos dueños con la Ley 1448 de 2011. Ahí está la verdadera reforma agraria.

Es claro entonces por qué Fedegán no le apuesta al iluso foro que se propuso en La Habana que, más allá de la “macartización” de los ganaderos, poco o nada le aportará al proceso de paz y menos a la ruralidad. Más aún porque la ganadería se trazó unos derroteros ambiciosos –que no comulgan con la caduca visión de la guerrilla– para alcanzar la competitividad sectorial y proteger al pequeño productor. Porque Fedegán no sólo representa los anhelos del gran empresariado, sino a más de 244 mil pequeños campesinos de 3 y 5 vacas –la mayoría en condición de subsistencia, por los menguados ingresos de la pequeña escala– hasta llegar a la no despreciable suma de 400 mil ganaderos. Esos que hacen parte del sector de la sociedad civil “convidada de piedra” en este proceso, cuyas demandas nunca serán atendidas en La Habana.

Mantenemos el escepticismo sobre el resultado del foro y no le vemos utilidad. Creemos que el escenario democrático y legítimo para dar la discusión sobre una política pública de desarrollo rural es el Congreso de la República y consideramos, que este tipo de audiencias, pueden hacer más daño que bien a las negociaciones de paz con las FARC. El cúmulo de iniciativas que difícilmente tendrá salida en la realidad, generará sentimientos de frustración o, simplemente, se convertirán en un cartapacio de buenas intenciones imprecisas, impracticables o sin peso en la urgente transformación de la ruralidad, de cara a los tiempos globales que están modificando la funcionalidad de la tierra y sus expectativas del desarrollo.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.

33 Congreso Nacional de Ganaderos

Por: José Félix Lafaurie Rivera*
@jflafaurie

A finales de esta semana, 29 y 30, más de mil ganaderos delegados de todas las regiones del país, se reunirán –como cada 2 años– en el 33 Congreso Nacional de Ganaderos que se celebrará en Santa Marta. El encuentro tiene particular importancia, no sólo porque en 2013 Fedegán llega a sus primeros 50 años de existencia y se cumplen 2 décadas de la Parafiscalidad Ganadera, sino porque asistimos a una coyuntura extremadamente sensible para el sector. Desde múltiples orillas, globales y nacionales, se han venido sumando retos y oportunidades, pero también riesgos y estrecheces, para alcanzar la competitividad y el desarrollo rural, así como para asegurar la resolución definitiva del conflicto por la tierra. Temas centrales de la agenda académica para este año.

Lo interesante es que el análisis técnico, científico, económico, social y político de estas preocupaciones, contará con la participación de especialistas en la materia y de los propios ministros de Transporte, Ambiente, Comercio, Defensa y Agricultura, en torno a 4 ejes. El primero, la problemática de la infraestructura para la competitividad rural, en particular, la asociada al pésimo estado de la red vial secundaria y terciaria que, con más de 30 años de atraso y los peores indicadores en calidad y cobertura en el ámbito latinoamericano, poco le aportan a la ruralidad para hacer frente a la internacionalización de la economía, que es el segundo aspecto de discusión en el congreso.

Aunque el sector ha venido advirtiendo, desde hace más de una década, sobre los peligros de avanzar en una política indiscriminada de exposición de la producción agropecuaria a las importaciones subsidiadas de los países desarrollados, hoy hemos suscrito tratados con más de 40 economías y al menos 11 de estos acuerdos rigen actualmente nuestras relaciones comerciales, en condiciones leoninas para la actividad ganadera. Pero, además, está próximo a ser ratificado el TLC con la Unión Europea, que bien podría significar la “muerte productiva” de más de 350 mil productores lecheros medianos y pequeños, para quienes aspiramos a encontrar respuestas a su problemática en este congreso ganadero.

Muy asociado a estas preocupaciones de carácter global está, en tercer lugar, el interés del sector en que se despeje el camino para la formulación de políticas públicas que materialicen, realmente, el desarrollo rural integral y de la actividad ganadera, en particular. No podemos seguir ignorando las señales y las exigencias de los mercados internacionales en orden a optimizar la producción y la productividad agropecuaria, establecer estándares de sostenibilidad ambiental –incluso en conexión con la industria extractiva minero-energética–, hacerle frente al cambio climático y a la mayor demanda de alimentos de origen animal y de agrocombustibles.

Finalmente, y no por ello el asunto menos importante en un contexto de negociaciones de paz con las FARC, está el tema de la seguridad humana y la jurídica de la propiedad rural en el campo. Sin duda, centro de múltiples incertidumbres que los ganaderos quieren despejar en esta reunión cumbre, considerando que el futuro del campo se debate entre las pretensiones de la guerrilla en La Habana, la nueva escalada de violencia y la implementación a marchas forzadas de la Ley de víctimas y restitución de tierras, la Ley de Extinción de Dominio y la definición de un proyecto de Desarrollo Rural.

La agenda es ambiciosa, como compleja la realidad que enfrentamos y los desafíos que se aproximan. Razón de más para que los ganaderos participen de manera proactiva en este congreso ganadero, con una mirada renovada sobre “lo rural”. Sabemos que debe primar el interés legítimo en la tierra como factor de producción y productividad de la “locomotora agropecuaria”, pero también una genuina preocupación por el malestar de miles de campesinos, que claman por políticas públicas que sopesen los costos sociales y ambientales de la urgente transformación que requiere el campo.

Con la premisa de que necesitamos ideas frescas que equilibren y complementen desde lo público, la tarea que desde hace 50 años ha venido realizando la institucionalidad ganadera gremial, hacemos un llamado a los productores pecuarios para seguir escribiendo la historia del sector y aportar insumos a los tomadores de las decisiones públicas, para que florezca un campo más incluyente, con paz y bienestar para todos.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN

¿Por qué no le apostamos a los TLC?

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

El TLC con la Unión Europea entró en la recta final. Su ratificación en el Congreso dará el banderazo inicial, a una dura competencia para el sector ganadero con gigantes mundiales y abrirá un escenario de mayores incertidumbres y quiebras, para la población más vulnerable de la ruralidad. No me cansaré de señalar las amenazas para la mediana y pequeña ganadería, no sólo del TLC con Europa, sino de la combinación de éste con los ya negociados −Mercosur y USA−. Lo peor, es que nada hace pensar que los renglones favorecidos, permitirán a los ganaderos hacer valer sus poderosas razones ante el Legislativo. No obstante, hace más de dos años radicamos ante el Congreso un extenso diagnóstico, con la advertencia de no acompañar la aprobación de la Ley ratificatoria, si persistían las condiciones actuales.

Las asimetrías siguen siendo notables y cambiarán la estructura productiva, tal y como ocurrió en México, en donde 2 de cada 3 ganaderos desaparecieron con la vigencia del Nafta. En Colombia será peor por las precarias condiciones de desarrollo intrarregional y la falta de infraestructura para la producción, en especial para los 244 mil ganaderos que tienen menos de 10 animales, entre los que campea la miseria y el hambre o de los 403 mil que poseen menos de 50 reses y cargan con las trampas y las estrecheces de la pobreza.

Desafortunadamente, las advertencias que el gremio ha reiterado cada vez que ha sido necesario volver sobre estos temas, no han tenido eco ni consecuencia alguna. Poco o nada se ha avanzado y el camino es duro y exigente. Veamos algunas de las más notables diferencias para comprender mejor el tamaño del desafío:

La tasa de natalidad bovina en USA o en UE es del 85%, mientras que en Colombia es de 53%. Esta distancia les permite tener tasas de extracción promedio de 35,7%, que en Colombia no pasa de 17,7%. Estados Unidos dispone de 9,1 millones de vacas lecheras, 1,7 millones más que en Colombia, pero produce 14 veces más leche. Para no hablar de la UE que tiene 23,5 millones de vacas −casi el equivalente al total del inventario bovino nacional− y produce 134 mil millones de litros al año, mientras que nosotros apenas acopiamos 6.400 millones.

La alimentación bovina en Europa o USA está soportada en pastos y granos forrajeros −especialmente maíz, que producen con enormes incentivos estatales− y sistemas de confinamiento y corrales de engorde, que favorecen ganancias de peso diario por animal de hasta 1,6 kilogramos. Este indicador en Colombia no pasa en promedio de 380 gramos. Ello explica por qué en Estados Unidos un animal alcanza un peso para el sacrificio de 600 kilos en 24 meses, mientras que nosotros necesitamos 42 meses para que lleguen a 457 kilos.

Los concentrados y sales mineralizadas representan cerca del 50% de los costos de producción de leche en Colombia, con precios que superan sustancialmente los que pagan sus competidores. Igual ocurre con las drogas veterinarias que cuestan más del doble. Pero hay más. En Colombia los recursos que llegan a la ruralidad −crediticios, fiscales o de inversión extranjera− son escasos, en esas economías el Estado sostiene los programas de certificación sanitarios y en muchas temporadas subsidia a los ganaderos por no producir. De hecho, reciben más subsidios por vaca, que el valor comercial de un bovino en Colombia.

En Europa y USA todos los productores son profesionales en ramas afines con la ganadería y cuentan con el respaldo de las principales universidades en programas de extensión, inversión, capacitación en buenas prácticas y tecnologías. En Colombia sólo el 1,6% de los profesionales que se graduaron en la última década, lo hicieron en programas agropecuarios y de ellos apenas 4.800 trabajan en el sector.

Alguien podría decir que los ganaderos no hicimos la tarea, pero han sido 50 años de violencia, sin vías, sin mercados y sin institucionalidad agropecuaria. Así es imposible. Ahora el problema no es sólo de reconversión productiva, lo es también social. Son 400 mil campesinos que quedarán al límite de su capacidad y de sus ingresos. Ignorarlos, es ignorar la suerte del país que, paulatinamente, sentirá el peso del drama de los excluidos del aperturismo comercial.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.

Relativismo económico

Por: José Félix Lafaurie Rivera

@jflafaurie

Avanza en el Congreso un proyecto de Acto Legislativo, que busca restringir la inversión extranjera en el sector rural. No deja de extrañar que siendo la actividad agropecuaria una de las más necesitadas de inversión, para superar su ancestral atraso tecnológico y las fallas estructurales de su capacidad competitiva, ahora se pretenda cercenar una fuente que, bien controlada, podría contribuir a financiar su crecimiento y desarrollo. El “agro” nunca ha gozado de una fluida irrigación crediticia o destinaciones presupuestales generosas. Mucho menos de inversión directa. Me pregunto si el Senado hubiera votado en favor de este despropósito, en ausencia de un proceso de paz con las FARC. La duda queda. Y afecta.

Lamentable que vuelva a operar cierto relativismo económico, que desde siempre ha jalonado beneficios para sectores pudientes y urbanos, en perjuicio del agropecuario, en donde urge corregir graves asimetrías. Están de por medio las formidables oportunidades del agro-negocio mundial y los retos de la puesta en vigor de leoninos TLC. Las cifras son dicientes: La participación del sector en el total de la inversión nacional de maquinaria y equipos para la producción o para desarrollar mejoras productivas –indicador que los economistas denominan Formación Bruta de Capital Fijo, FBKF– nunca ha pasado del 3% anual en más de una década y al primer semestre de este año cayó 2,4%, cuando la actividad contribuye con el 6,3% del PIB y el 18% del empleo. Aporte que podría ser más alto, si se eliminaran los sesgos en especial, para la inversión extranjera.

La razón es una: el campo no tiene como fondearse. El crédito Finagro apenas alcanza el 1,2% como proporción del PIB. Pero, además, de la cartera total de la banca tradicional, escasamente se destina el 3% a las actividades agropecuarias. A su turno, el gasto fiscal en el sector ha venido cayendo desde principios de los 90, cuando representaba el 0,66% como porcentaje del PIB al 0,36% en 2010. Aunque en los últimos años ha habido un relativo aumento es imposible superar la brecha y, en todo caso, el sector sigue siendo uno de los grandes marginados en las decisiones de inversión pública. Para 2013 su participación en el total del presupuesto no supera el 1,4%.

El asunto es, que justo ahora que empezaba a fluir un interés renovado de los inversionistas extranjeros –esos que este año han girado US$11.754 millones a nuestra economía, 82% para el sector petrolero– se diseña una política para limitar su ingreso, si tiene como destino el “agro”. Entonces, ¿cómo hacer posible la FBKF y elevar la competitividad de la locomotora agropecuaria? Creo que los temores son infundados. Es un hecho que la tierra es un bien inamovible y, por tanto, no se la pueden llevar. Pero, además, su explotación está regulada e incluso se puede endurecer la normatividad, para evitar que la producción sea exportada sin límite. Argentina, por ejemplo, fijó un arancel para la exportación de carne del 35%.

Por otra parte, las economías modernas están otorgando un mayor valor estratégico a los activos de las industrias de telecomunicaciones o del conocimiento, muy por encima del concedido a la tierra. Entre otras razones, porque ahí está la mayor acumulación de riqueza −no es gratuito que Carlos Slim o Bill Gates sean los más ricos del planeta−. Con una connotación adicional: sus externalidades, laborales o de comercialización, son más difíciles de administrar por parte del país receptor, pero a nadie se le ocurriría limitar la inversión extranjera. Lo que si ocurre con la tierra. Si no existiera un relativismo económico, que sesgara contra la ruralidad, no tendría explicación limitar la inversión extranjera, cuando es evidente que es el sector que más la necesita y mejor puede controlar la producción, el comercio y la mano de obra.

Es curioso: pero parece que entre más pobre y afectado el campo, mejor se tiene para abonar el discurso retardatario de la izquierda. Ya Márquez habló de la extranjerización de la tierra y también tildó a los inversionitas nacionales de filibusteros. Aquí, al parecer, nos damos el lujo de despreciar la inversión en la ruralidad. Eso sí, sorprenden los argumentos y hacen pensar –quizá por coincidencia de tiempos– que antes de empezar los diálogos, ya estamos cediendo a las pretensiones de las FARC.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN

La hora cero para el “agro”

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

Los diálogos con las FARC contribuyeron, irónicamente, a descongelar el debate sobre la política rural al más alto nivel del Estado y sus instituciones. Lamentable que hubiéramos tenido que esperar otro acercamiento con las guerrillas para ganar su atención y visibilizar las reiteradas demandas del sector. Pero preocupa que el futuro del campo se circunscriba al estrecho escenario de las mesas de negociación, donde priman intereses y visiones ilusas sobre su realidad. Un mal tratamiento a la cuestión rural o ceder a las presiones de la guerrilla, nos pueden dejar frente a una impracticable colcha de retazos de buenas intenciones o, en el peor de los casos, en el limbo del subdesarrollo.

Y es que luego del discurso de Márquez en Noruega, creo que nadie sabe para dónde va la negociación en materia de “Desarrollo Integral Rural”. Las posturas antagónicas, son apenas un indicio de lo mal que puede salir el experimento. El equipo negociador del gobierno ha mantenido una agenda acotada de seis temas –que no son de poca monta–. Entre tanto, el revisionismo de las FARC incluye todo lo que se mueva sobre el suelo, el subsuelo y el sobresuelo. Desde el modelo minero-energético, la propiedad de la tierra, el déficit presupuestal del sector, la institucionalidad y hasta el cierre a la internacionalización de la economía y la inversión extranjera.

Pregunto, por ejemplo, ¿Cómo desatar los nudos gordianos, para hacer compatible la posición extremista de las FARC frente a los TLC, con la política de Comercio Exterior que se trazó este gobierno? De hecho, 12 días antes de la inauguración de los diálogos en Oslo, empezó su tránsito por el legislativo el TLC con la Unión Europea, pese a que FEDEGÁN y el propio Ministerio de Agricultura –que entendemos asesorará al equipo del gobierno en el proceso de paz- advertimos sobre el impacto negativo de ese acuerdo para más de 350 mil productores lecheros medianos y pequeños.

Lo cierto es que estamos ante un momento retador para la humanidad, y el campo es un actor de primera línea en la configuración de esa nueva era –atada a la profundización de la globalización– que no podemos seguir ignorando. Allí están los recientes diagnósticos del PNUD, FAO, USDA y distintos “think thank” colombianos, en los que se ha llegado a un consenso: la urgencia de aprovechar la multifuncionalidad de la tierra, para concebir un desarrollo rural sostenible y sustentable, capaz de garantizar además del suministro agroalimentario, biocombustibles y servicios ambientales.

Pero nadie nos asegura que estas voces autorizadas serán escuchadas en La Habana. Esas mismas que saben que el problema del campesinado que tiene el 74% de la tierra –según el último informe del PNUD– no pasa por la concentración de la propiedad, sino que responde a fenómenos estructurales que –como la violencia, el narcotráfico, el aislamiento productivo y el abandono del Estado– se enquistaron en el modelo económico y minaron la posibilidad de generar ventajas competitivas. Un lastre que opacó las potencialidades comparativas del país rural y destruyó oportunidades de progreso para el capital social del campo.

Explican, sin duda, el predominio del modelo minifundista, incapaz de generar economías de escala, aprovechar las tecnologías o usufructuar el “agro-negocio” mundial. Con un reto para el Estado: pagar la deuda social que, en más de 200 años de vida republicana, acumuló con el campo. Es decir “administrar el bien-estar” para el 75% de los municipios del país que es rural. Nada menos que el 94% del territorio nacional –según el PNUD– y el 32% de la población –mientras que este último porcentaje apenas llega al 3% en Estados Unidos, por ejemplo– ¿Podemos con esa carga y, al tiempo, estimular una mayor fragmentación de la tierra?

Es el mapa que ya debería tener claro el equipo negociador del gobierno, pues toca temas relevantes que aflorarán en La Habana. Capacitación, transferencia de tecnología, innovación, encadenamientos productivos, bienes públicos, “aperturismo” a ultranza y, quizá la más importante: vías de comunicación para las zonas marginales. Ahí está el debate. En acordar los costos y la financiación del verdadero desarrollo rural. El campo no aguanta más discursos demagógicos. El ambiente que se respire el 15 de noviembre en Cuba, será clave para el futuro de la “Colombia rural” y su articulación con la “Colombia urbana”.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN

Tomar en serio a las FARC…

Por: José Félix Lafaurie Rivera

@jflafaurie

La mesa estaba servida, el momento cumbre e ideal el escenario, el que jamás soñó las FARC, para darse un respiro político y un baño de popularidad, después de más de una década de ostracismo internacional, desde cuando fue proscrita como una organización terrorista. Pero en realidad, la retórica de Márquez no sorprendió ni convenció. El sapo quizá lo tragarán en el viejo continente y habrá ofuscado a quienes ingenuamente creyeron en la sensatez de la guerrilla, para respetar los términos de la hoja de ruta de La Habana. Pero, para los demás, el pronunciamiento fue coherente con la visión obtusa, que desde hace 50 años mantienen. Ahora habrá que tomar en serio sus peligrosos anuncios, que sólo conducen a más pobreza y atraso, a mantener al país como paria de la globalización y al servicio de su causa.

Timochenko y los otros voceros de las FARC, ya habían anticipado la decepción que nos llevaríamos. Pero Márquez destapó todas las cartas y, para sorpresa de quienes se sentían a salvo y esperaban que sólo la ruralidad fuera llevada al patíbulo de la mesa de negociación, hoy nos encontramos con que sus intereses en materia económica también están en juego.  Afloró la misma agenda del Caguán y poco quedó de los cinco puntos acotados y aparentemente viables. Era evidente que sus reclamos irían al corazón de la verdadera riqueza nacional. Mientras el discurso del jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, se caracterizó por la mesura y la referencia exclusiva al pacto de Cuba, Iván Márquez se perdió en lo divino y lo humano.

Sus agresivos reclamos pasaron del “despojo legal” de la titulación de tierras de la administración Santos, pasando por el modelo de desarrollo, la economía de mercado, la propiedad privada, el ordenamiento democrático y el territorial. No escaparon a sus pretensiones la “extranjerización” de las tierras, el aperturismo, la política ambiental, la inversión extranjera y hasta el esquema de defensa y seguridad nacional. No escatimó en hacer señalamientos a dedo y con nombre propio, contra los más representativos empresarios del país, para referirse a lo que denominó el “hampa financiera que se está adueñando de la Orinoquia”. ¿Qué pensarán quienes comprometieron sus vidas y jugosas inversiones para construir riqueza, empleo y bienestar?

Pero si la alocución fue intimidante, también fue rica en omisiones y “mea culpa”. Las FARC reclama lo que nunca sembró: progreso y bienestar. Por el contrario, amén de la noche de terror que esparció, la guerrilla es responsable del atraso del país, en especial, del campo, escenario de su guerra. A ella debemos, en gran medida, la pobreza, la desigualdad, el daño ambiental, el incremento en los costos de producción, el lucro cesante de miles de parcelas plantadas con minas y la miseria de millones de campesinos despojados de sus tierras. Por supuesto, ahora pretende vender a la comunidad internacional la idea de que sólo el proceso de paz resolverá la deuda social que el Estado y los actores armados tienen con la ruralidad.

Tampoco habló de sus innumerables víctimas, del narcotráfico y los crímenes de su larga historia terrorista que hoy esperan verdad, justicia y reparación. En cambio,  condicionó la paz a cambios estructurales, mientras amenaza con más muertos y lisiados –“desmovilizarse es traición a la patria” – para tratar de imponer sus pretensiones, en una especie de revolución por contrato en la negociación de paz.

Ya está bueno. Debemos hablar de realidades, por lo menos en lo que toca al campo y los campesinos, que será el primer punto de la agenda en Cuba. Y si las FARC creen que es posible otro debate quimérico, para satisfacer sus viejas ideas de las luchas agrarias de principios del siglo pasado, el infructuoso discurso de la reforma agraria de los años 60 o sus anhelos de poder, la ruralidad y el sector agropecuario estarán perdidos. En el hipotético caso de que esta vez alcancemos la paz reconociendo su anacrónico discurso, habremos desperdiciado la última oportunidad, para que al menos echemos a andar las reformas que necesita el campo, para sellar su desarrollo y el bienestar de 11 millones de colombianos.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.

El costo de la Justicia Transicional

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie  

Tras el encuentro de esta semana en Oslo, el Congreso radicará casi de inmediato, los primeros proyectos reglamentarios del “Marco Jurídico para la Paz” e iniciará el conteo regresivo –de 4 años que otorga la enmienda constitucional– para regular la materia y alcanzar la paz negociada. Significa que, finalmente, esta sociedad definirá el tipo de Justicia Transicional que aplicará a las FARC, después de la experiencia con el paramilitarismo. Más vale que hayamos aprendido, porque replicar el esquema de “Justicia y Paz” –permeado por ánimos vindicativos y dilaciones para reparar a las víctimas– no es ideal para una reconciliación sanadora. Aunque bueno es reconocer que el sometimiento de los “paras” devolvió la tranquilidad a muchos colombianos. 

Los países que han aplicado exitosamente instrumentos de Justicia Transicional, son aquellos que han logrado irradiar los beneficios a TODOS los ciudadanos. Es decir, tanto a los actores armados, como aquellos que desde la sociedad civil padecen sus efectos. Los primeros, develando la verdad y reparando a sus víctimas y los segundos, aceptando un mínimo de justicia a cambio de poner fin a la incertidumbre social de combatir la criminalidad. Pero de esas premisas fundamentales, en Colombia sólo hemos percibido la cesación de la barbarie de quienes se acogieron a la Ley 975 de 2005. En lo demás, la sociedad quedó notificada de los falsos testigos y las injurias que algunos de ellos emplean, para retaliar política o personalmente, o distraer a los fiscales para evitar que sus fortunas reparen a las víctimas.

El tema no es de poca monta. Los postulados a la Ley de Justicia y Paz son 4.445 paramilitares y guerrilleros, pero sólo 14 han recibido sentencia y 128 cumplieron audiencias de legalización de cargos. Entre tanto, jueces y fiscales reciben a diario cientos de versiones libres, sin poder aclarar crímenes de lesa humanidad. ¿Cuál es la razón para que 7 años después, se mantenga el carrusel de versiones, y lo que ayer callaron hoy lo reivindiquen? El Fiscal fue categórico: aquellos que con falsas versiones afecten la aplicación de la justicia, saldrán de los beneficios de la Ley. Sin embargo, los hechos no lo acompañan: ni uno solo de los postulados ha sido retirado. Y es entendible, no es fácil para los operadores judiciales hacer una disección rigurosa entre los testimonios falsos y los verdaderos. Urgen reformas, pero también sanciones disuasorias. 

Estamos pagando los errores de haber replicado un sistema acusatorio, sin tener los instrumentos ni la cultura para garantizar su éxito. ¿Qué falló?: la poca capacidad de investigación del CTI, para no quedarse con la simple versión libre, sin adjuntar otras pruebas para controvertir hasta tener certeza. Y, más grave aún, nuestra educación que no privilegia la verdad. Los latinos somos más dados a mentir que los anglosajones, para sacar algún provecho. Los norteamericanos construyeron su sociedad sobre la base de creerle al ciudadano, hasta que la autoridad pruebe lo contrario. A partir de ahí, las cosas son a otro precio. Aquí es diferente y por el atajo de acusaciones descabelladas, no pocos inocentes están en cárceles o bajo detención preventiva, y a otros, como en mi caso, les fue mancillada su honra. ¿Hasta cuándo se puede mantener esta situación?

Sería deseable que la Fiscalía emprendiera ya la batalla, contra quienes buscan desviar la justicia, precipitar dictámenes erróneos y alimentar la impunidad. A fin de cuentas, ellos generaron una crisis en el sistema acusatorio y, de paso, en el primer intento de Justicia Transicional. No podemos esperar que a otros colombianos les pase lo mismo, para acometer las reformas o las acciones pertinentes. Son parte de las alarmas que debemos tener presentes, para reglar el escenario de Justicia Transicional para las FARC. Lo contrario en vez de habilitar la reconciliación, será fuente de mayores fracturas sociales.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.

Las víctimas ganaderas

Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

El pasado 30 de septiembre conmemoramos el “Día del Ganadero”. Una vez más recabamos en la memoria para honrar a nuestras víctimas. Desde el asesinato en cautiverio del primer ganadero, Oliverio Lara –en 1965–, pasando por el magnicidio de Raimundo Sojo, el atentado a Jorge Visbal y el genocidio de miles de ganaderos más, victimizados en medio siglo de conflicto. Una tragedia que aumenta con la indiferencia y el silencio institucional y, ahora más, con el discurso negacionista de las FARC en torno a los crímenes que perpetraron. Suficientes agravios para acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que nuestros NN recobren el rostro que aquí se pretende ignorar.

Desde que instituimos el “Día del Ganadero” para reclamar justicia, han pasado siete años sin respuestas, sin registros, sin memoria, sin duelo. Siete años en los que hemos percibido impunidad, relegados a “víctimas de segunda” y rotulados infamemente de “paramilitares” o “terratenientes”. Siete años en los que inclusive, tuvimos que levantar nuestro propio obituario. Uno a uno recogimos los nombres en una publicación que intitulamos “Acabar con el olvido”, cuya segunda versión entregaremos en el Congreso Nacional de Ganaderos. Compendio que servirá para visibilizar los crímenes de lesa humanidad contra ganaderos y para acudir a los estrados internacionales.

La Fundación Colombia Ganadera, Fundagán, instancia que sirve en el recaudo de información y acompañamiento a las víctimas, lidera ese proceso. Su labor no terminará hasta que no quede un solo ganadero sin haber narrado su historia de violencia y cuyos derechos hayan sido restablecidos. Fundagán y Fedegán tienen la obligación de luchar por la reivindicación de la condición de estos colombianos y reclamar para ellos el mismo trato consagrado en la Ley 1448 de 2011, exigiendo los mismos estándares internacionales en términos de verdad, justicia, igualdad, garantía de no repetición, restitución de tierras, atención, asistencia y reparación integral. 

Es nuestra forma de decir “nunca más” a los crímenes de lesa humanidad contra quienes trabajan el campo, por cuenta de guerrillas, paramilitares, narcotraficantes, delincuencia común y bandas criminales. Han sido miles los secuestrados, asesinados y desaparecidos. Hasta ahora, son 5.780 los que han solicitado la asesoría de Fundagán para reclamar sus derechos, cifra sin precedentes, no comparable con ningún grupo victimado en la sociedad colombiana –aunque similar al exterminio de los militantes de la Unión Patriótica–. No obstante, la expoliación a los nuestros incluyó, además, extorsión, abigeato, destrucción de fincas, desplazamiento forzoso, secuestro y un enorme atraso social y económico.

Razones para no detener nuestros cuestionamientos ante la indolencia general de las autoridades judiciales con el genocidio ganadero y repudiar, tanto el discurso de los jefes negociadores de las FARC –cuando aseguran que “nunca” expropiaron tierras, ni extorsionaron, que jamás hicieron “sufrir a nadie”, que no tienen secuestrados y que las FARC es una “víctima” más de esta guerra–; como también el de los jefes paramilitares, que años después de acogerse a la Ley de Justicia y Paz, distraen a jueces y fiscales, sin decir la verdad, sin reparar a sus víctimas y manteniendo sus fortunas en manos de testaferros.

En un escenario de diálogos de paz, estas palabras no rebotan en el inconsciente colectivo. Más aún, con un preacuerdo tan deleznable en el tema víctimas como el que se pactó en Cuba, el discurso de las FARC es una nueva afrenta, un motivo más de desconfianza en el proceso y una alerta ante el peligroso y ambiguo escenario de Justicia Transicional. Por ello, nos sumamos a las voces que piden un puesto en las negociaciones, para exigir toda la verdad, la reparación y la restitución para las víctimas y el máximo posible de justicia, para que los crímenes no sigan quedando en el limbo de amnistías e indultos. Son mínimos para habilitar la reconciliación.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.

LAFAURIE DESCALIFICA ACUSACIONES DE BENITO OSORIO

*Es otra invención de Mancuso, esta vez a través de un presunto testaferro, afirma el presidente de Fedegán.

Octubre 01 de 2012- Desde Wisconsin, donde se encuentra con 200 ganaderos colombianos realizando una gira técnica internacional, el presidente de FEDEGÁN, José Félix Lafaurie Rivera, rechazó las acusaciones de Benito Osorio, exgobernador encargado de Córdoba y exgerente del Fondo Ganadero del mismo departamento, las que calificó de cortina de humo de Mancuso, esta vez a través de un presunto testaferro, para distraer a los fiscales y evadir toda la verdad de sus delitos y la reparación de sus víctimas. 

Según la versión publicada por El Tiempo, Lafaurie habría buscado a las AUC para presionar ante la Corte Suprema la designación de Mario Iguarán como Fiscal General. Frente a esta versión, que calificó de ridícula, el dirigente gremial recordó que “primero fue el mismo Mancuso hace unos meses, quien convirtió un encuentro casual y momentáneo en el aeropuerto de Montería, en una cita para concretar un maquiavélico plan para presionar a la Corte, que incluía la novela de un maletín lleno de dólares recogidos por un funcionario de Fedegán entre los paramilitares de la zona. Ahora, como nadie le dio credibilidad a semejante novelón, por cuenta de uno de sus presuntos testaferros en busca de beneficios ante la justicia, aparece una nueva reunión, anterior a la del aeropuerto y mucho más importante -¿se le olvidó a Mancuso la primera vez o se la inventaron en el entretanto?-, en la que estuvo presente el señor Osorio y en la que soy mensajero del Ministro del Interior de la época para impulsar  una candidatura a la Fiscalía”.

“No sólo es una cortina de humo para engañar a la justicia, a las víctimas y al país, buscando además conservar su inmensa e ilícita riqueza -reiteró Lafaurie-, sino que es una versión realmente estúpida. Para esa época, el Ministro Pretelt se reunía legalmente con la cúpula de las AUC -y por supuesto con Mancuso- en el marco de las negociaciones de Santa fe de Ralito. No necesitaba mensajeros de ninguna clase. Pero además, pretender que el Ministro Pretelt me utilizó como mensajero ante una Corte permeada por el paramilitarismo, es sencillamente delirante, si tenemos en cuenta que se trata de la misma Corte que fue tan dura con los procesos de parapolítica. No solo es una falta de respeto con la Corte, que atenta contra la dignidad de ese alto tribunal, sino una acusación gravísima contra sus miembros, quienes seguramente habrán de pronunciarse sobre tal despropósito.

“Soy amigo de Sabas Pretelt. De él sí -añadió el presidente de Fedegán-, pero reniego de ser calificado como uno de “los mejores amigos” del señor Osorio, a quien conocí como parte de mis relaciones institucionales, como quiera que Benito Osorio fue Gerente del Fondo Ganadero de Córdoba y también Presidente de la Federación de Fondos Ganaderos. Y en esa condición, solo en esa, conocí al señor Osorio.

“Pero aun así -insistió Lafaurie-, también reniego de haber tenido siquiera “amistad institucional” por razones de mi oficio, con quien se confiesa -él sí- amigo cercano de paramilitares, amigo del alma de Sor Teresa, la mayor despojadora de tierras, y  de quien dice conocer, además, de cuerpos enterrados en las fincas del paramilitarismo, lo que lo convierte en presunto encubridor de estos crímenes.

Hasta cuándo -se preguntó finalmente el presidente de Fedegán- la justicia colombiana va a permitir que, al abrigo de la burla sistemática a la Ley de Justicia y Paz, presuntos delincuentes persistan en el carrusel de versiones que se les ocurren, de un momento a otro, para instrumentar su venganza contra el Gobierno que los extraditó y, de paso, llevarse por delante a quien sea, para evadir la verdad de conductas criminales y conservar la inmensa riqueza que usurparon”.

“En mi caso, debo reiterar que antes de ser llamado a la Presidencia de Fedegán estuve dedicado durante muchos años al servicio público en Bogotá, y ocupé, entre otras posiciones, la de Vicecontralor durante cuatro años y Superintendente de Notariado y Registro durante dos.  Quienes me conocen, saben que  estuve alejado voluntariamente del torbellino de violencia en que se desarrollaba la actividad  agropecuaria; saben que mi familia ni siquiera es de Córdoba y que nunca tuve relación con Mancuso, como para que alguien me considerara un buen intermediario. Definitivamente, la del señor Osorio es otra versión delirante de ese carrusel que está enredando a la justicia y alejando al país de la verdad.

Finalmente, Lafaurie manifestó que a su regreso  al país formulará las denuncias penales a que haya lugar, porque la calumnia no se puede entronizar en el país como un delito impune; y desde ya se pone a disposición de la Fiscalía para dar las explicaciones y aclaraciones que ésta considere necesarias.

Comunicado oficial de Fedegán